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América Latina

Piden el fin de "pies secos, pies mojados" en la Cumbre de la ONU sobre migrantes

Fotografía cedida por la Presidencia de México hoy, lunes 19 de septiembre de 2016, de el presidente de México, Enrique Peña Nieto (c-d) durante la mesa redonda de respuesta a desplazamientos de refugiados y migrantes, en el período 71 de sesiones de la A

Los presidentes y cancilleres latinoamericanos destacaron que es imprescindible atacar las razones que generan los movimientos de personas y dejar de considerar a los migrantes como delincuentes.

América Latina expresó desazón el lunes ante el limitado alcance de un documento de las Naciones Unidas que busca aliviar las penurias de refugiados y migrantes.

La Asamblea General de la ONU adoptó el lunes por consenso la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, un documento que reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de esas personas.

La Declaración fue pactada por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas el mes pasado.

En el texto, los jefes de Estado y de Gobierno prometen que protegerán a cabalidad los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, sin importar su estatus, y que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito.

"La comunidad internacional, las Naciones Unidas y las organizaciones de asistencia están desbordadas y yo diría desorientadas", expresó la canciller colombiana María Ángela Holguín. "Aparte de la ayuda humanitaria precaria, no hay soluciones planteadas hasta el momento y no hay consensos que nos puedan guiar".

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon dijo que el acuerdo aprobado el lunes en la primera Cumbre sobre el Movimiento de Refugiados y Migración que realiza el organismo marcaba un "hito" en los esfuerzos internacionales por aliviar las penurias de esa gente. El documento, no obstante, no es de cumplimiento obligatorio y para muchos no toma el toro por las astas.

Los temas del acuerdo de Nueva York firmado en la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes.
Los temas del acuerdo de Nueva York firmado en la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes.



Los presidentes y cancilleres latinoamericanos destacaron que es imprescindible atacar las razones que generan los movimientos de personas y dejar de considerar a los migrantes como delincuentes. Subrayaron asimismo que este es un problema que solo una acción conjunta de la comunidad internacional puede resolver.

"Si no enfrentamos las raíces profundas y estructurales de las muchas injusticias de este mundo, no lograremos dar respuestas duraderas a esta situación", afirmó el canciller de Ecuador Guillaume Long.

Long se quejó de que Estados Unidos deporta millones de migrantes (2,5 millones durante el gobierno de Barack Obama) al tiempo que "alienta la migración riesgosa de ciudadanos cubanos" mediante su política de "pies secos, pies mojados", que permite a los cubanos quedarse en el país si pisan suelo estadounidense.

América Latina en general y Centroamérica y México en particular tienen muchos migrantes que intentan llegar ilegalmente a Estados Unidos y son además países de tránsito, que no están en condiciones de hacer frente a los problemas que generan estos desplazamientos de personas.

Las muertes de migrantes del 2014 a 2016 por regiones.
Las muertes de migrantes del 2014 a 2016 por regiones.



La canciller colombiana Holguín dijo que "es hora de avanzar hacia un sistema de movilidad internacional segura y transparente, que proteja los derechos de todos los migrantes, aumente su contribución positiva al desarrollo, fomente la cohesión en ambientes multiculturales y mejore la percepción pública de los migrantes como miembros vitales de nuestra sociedad".

"Es una tarea que, por su naturaleza, resulta imposible de implementar de manera unilateral, se requieren acciones y estrategias coordinadas", añadió. "Los países de tránsito no están preparados y no pueden activar mecanismos de permanencia porque los migrantes buscan llegar a los destinos del mundo en desarrollo".

Pocos aludieron a la crisis generada por la llegada de miles de cubanos empeñados en llegar a México que quedaron varados en países de América Latina.

El presidente de México Enrique Peña Nieto sostuvo que "la historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas".

"No las hay naturales y tampoco artificiales", expresó Peña Nieto, quien hace poco estuvo en el ojo de una tormenta por haber invitado al palacio presidencial a Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que tiene posturas radicales contra la inmigración ilegal, ha tildado a los mexicanos de delincuentes y violadores, y promete construir un muro en la frontera que dice México debe pagar.

"Para cada río ha habido siempre un puente, para cada obstáculo ha habido siempre un camino", dijo Peña Nieto.

Destacó asimismo que México es "un país que es origen, tránsito, destino y retorno de personas" en alusión a las estadísticas que afirman que en la actualidad son más los mexicanos que regresan de Estados Unidos que los que ingresan ilegalmente a ese país.

El presidente brasileño Michel Temer, en tanto, señaló que su país está a punto de aprobar leyes que facilitan la inmigración, cuyo objetivo es "garantizar sus derechos y no criminalizarlos".

Por primera vez Temer dijo que Brasil ha recibido 95.000 refugiados. Hasta ahora hablaba sólo de menos de 10.000 y no incluía a 85.000 haitianos.

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La SIP condena nueva represalia del gobierno venezolano contra El Nacional

Un hombre sostiene un papayo (cometa) con un mensaje de apoyo al periódico El Nacional (AP Photo/Fernando Llano).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución de los cuerpos de seguridad de Venezuela en contra del jefe de Redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros periodistas del periódico, en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen.

El 25 de enero un fiscal del Ministerio Público (MP) y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se apersonaron en la vivienda de Meza y lo llevaron detenido "para declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Hasta ahora, solo investigación", informó el editor en sus redes sociales. Al día siguiente, Meza fue a la Fiscalía 94 Nacional, donde le devolvieron su teléfono celular, según divulgó en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, alertó en Twitter sobre la "arremetida" y reveló que el MP también emitió citaciones contra él y otros cinco trabajadores del medio; entre estos, la gerente de Recursos Humanos. Denunció además que las familias de dos periodistas que están fuera del país fueron amenazadas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron "las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en señalar: "No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione".

Otero consideró que la intimidación está relacionada con las investigaciones periodísticas publicadas a principios de enero en la web del diario "sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón", presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela. Los hermanos Morón fueron sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Otero, quien está exiliado en España, afirmó: "Vamos a seguir trabajando; no nos vamos a silenciar". El Nacional, que ha sido blanco de las presiones del gobierno, solo se publica en su versión digital. Además, desde 2022 están bloqueados el portal del diario y los de otros medios independientes.

Los directivos de la SIP mencionaron que la represión del régimen se ha manifestado también en los más de 300 medios cerrados en la última década y la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 muestra a Venezuela en el puesto 21, el penúltimo país en la tabla que mide el estado de la libertad de prensa en la región. El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.

El informe sobre Venezuela, presentado en la pasada Asamblea General de la SIP en Madrid, destacó que: "se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras". La SIP también emitió en esa reunión una resolución en la que instó a "promover reuniones para denunciar esta situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos y otros organismos, con el fin de restaurar los derechos vulnerados a la información activa y pasiva del pueblo venezolano".

(Comunicado de la SIP)

Amnistía Internacional expresa su preocupación por Venezuela en carta abierta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 24 de enero de 2023 en Caracas. (Leonardo Viloria/Reuters).

Amnistía Internacional en una carta abierta firmada por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de esta organización, expresó su preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, en el marco de su visita al país.

A continuación el texto completo:

Estimado Sr Volker Türk,

En los últimos años, Amnistía Internacional ha formado parte del esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales que buscan asegurar la vigencia y continuidad de mecanismos de escrutinio y justicia internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población venezolana. Algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo han determinado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) y nuestra propia investigación.

Si bien desde el año 2019 su Oficina ha contado con presencia en el terreno, con un doble mandato de informar sobre la situación de derechos humanos en el país y otro de cooperación técnica, en Amnistía Internacional mantenemos una seria preocupación por la forma en que las autoridades venezolanas mantienen vigente una política de represión contra toda forma de disidencia o critica al gobierno y de impunidad rampante alrededor de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Adicionalmente, continúa deteriorándose el acceso de la población a los derechos económicos y sociales. Por ello, nos permitimos sugerirle tenga a bien prestar especial atención a los siguientes aspectos en su visita al país:

- Cierre del espacio cívico y estigmatización de la defensa de derechos humanos

La sociedad civil venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y activistas, el personal de ayuda humanitaria y, en general, todas las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Venezuela realizan sus labores bajo constantes amenazas, intimidaciones y ataques que buscan silenciarles y neutralizar sus denuncias. Desde hace años, las autoridades venezolanas han utilizado distintos mecanismos administrativos, judiciales y de propaganda para frenar la labor de estas personas, erosionando el espacio cívico, el acceso a la justicia y la independencia de los poderes públicos.

Recientemente, ha resurgido la posibilidad de que se apruebe una ley de fiscalización y regulación de la cooperación hacia organizaciones no gubernamentales. Dicha iniciativa, que durante años ha servido de amenaza en contra de personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, tiene como finalidad controlar, supervisar arbitrariamente, amedrentar e impedir la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país. Consideramos de máxima prioridad que su Oficina interceda para ponerle freno a esta iniciativa en virtud del grave riesgo que conllevaría para organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo humanitario, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, cuyas labores son esenciales para la defensa y protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Referencia: AMR 53/6371/2023 Volker Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas 26 de enero del 2023 www.amnesty.org

- Liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos

Las organizaciones de derechos humanos y su propia Oficina han documentado el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con las distintas organizaciones en el país que se dedican a la defensa legal de estas personas, en la actualidad alrededor de 300 personas se encuentran aún detenidas arbitrariamente por estos motivos, y cientos de personas que han sido objeto de detenciones en el pasado, aún cuentan con fuertes restricciones a la libertad. Ello, al estar sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías judiciales. Las autoridades venezolanas deben poner fin a la política de represión y de detenciones arbitrarias sistemáticas.

Resulta de particular preocupación las detenciones del periodista Roland Carreño o de personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental FUNDAREDES, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021, como retaliación de su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional reitera el llamado a que se ponga fin de inmediato e incondicionalmente a tales detenciones, y que se proteja su salud e integridad durante el tiempo que estén privados de la libertad.

Es de señalar que estas detenciones constituyen una violación grave de los derechos humanos, pero también envía un mensaje desalentador y atemorizante al resto de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier intento de avanzar hacia una mejora de la situación en Venezuela debe tomar en cuenta la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y en especial de las personas defensoras de derechos humanos.

- Fortalecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos de escrutinio internacional

Amnistía Internacional ha acompañado al movimiento de derechos humanos de Venezuela en la búsqueda de mecanismos para el escrutinio internacional sobre la grave situación de derechos humanos en este país. Por ello, la organización ha acompañado los llamados de establecimiento de mandatos específicos para su Oficina y también del establecimiento de la Misión, con miras a que ambas instancias puedan de manera complementaria incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos y aumentar las probabilidades de procesos de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional considera indispensable fortalecer la presencia de su Oficina en el terreno, no sólo con capacidades financieras y recursos humanos, sino con el respaldo institucional para que su labor de denuncia en el país tenga un real efecto disuasorio de prevención de violaciones graves de derechos humanos y sirva de protección para las personas que defienden derechos humanos en el país.

Asimismo, es fundamental que la valiosa labor de asistencia técnica, monitoreo y denuncia que ha llevado a cabo por años su Oficina, también sostenga una observación rigurosa y pública sobre cómo las autoridades avanzan o retroceden respecto de las recomendaciones hechas en años anteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que la falta de seguimiento a su implementación erosione la importancia y credibilidad de su mandato.

Para aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela, también resulta de suma importancia que se realicen gestiones pertinentes para que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas visiten el país. Tal como fue acordado con su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, Venezuela había asumido un compromiso de diez visitas para los próximos años. Al respecto, es de señalar que no solo se han concretado apenas tres visitas, sino que además ninguno de los mecanismos que han obtenido invitación oficial por parte de Venezuela corresponden a mandatos de monitoreo de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, consideramos una prioridad que su Oficina insista con las autoridades para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial contra la Tortura y la Relatoría Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como otros mandatos relacionados con derechos civiles y políticos puedan visitar el país en un futuro cercano. Por otra parte, Amnistía Internacional valora como un hito el trabajo realizado por la Misión instalada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado hasta 2024. La organización hace un llamado a que los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos de su Oficina funcionen de manera complementaria y coordinada con la Misión. Esta Misión tiene como mandato la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y ha establecido que hay elementos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que los esfuerzos de su Oficina de documentar y brindar cooperación técnica al gobierno venezolano, deben –al menos- y en función www.amnesty.org de mantener coherencia entre ambos mandatos, considerar la naturaleza sistemática y generalizada de las violaciones de derechos humanos y su correspondencia con una política que se deriva del más alto nivel gubernamental.

En conclusión, las autoridades venezolanas continúan con la férrea política de represión de la disidencia que amenaza con silenciar a aquellas personas que son consideradas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la situación de acceso a los derechos económicos y sociales se precariza aún más día a día, obligando a la población a reclamar sus derechos, por lo que la coexistencia de estas realidades pone en riesgo y vulnerabilidad a las personas que están a merced de la arbitrariedad de las autoridades.

Como consecuencia a la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, para finales del 2022, la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimaba que 7.13 millones de personas venezolanas han abandonado el país, el 84% buscando protección en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de estas personas han enfrentado diversos obstáculos en el acceso a su derecho a solicitar asilo o recibir protección internacional, en muchas ocasiones experimentan violaciones a los derechos humanos, que van desde la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, hasta la muerte y desaparición forzada.

La Oficina que Usted dirige tiene un rol privilegiado de acceso frente a otras instancias internacionales, y esto, a nuestro entender, debe ponerse al servicio de la protección de las víctimas y sobrevivientes que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, dentro y fuera del país, así como de las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela.

Finalmente, Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que Usted y su Oficina intercedan por el mantenimiento del espacio cívico; la protección de personas defensoras de derechos humanos; la liberación de personas detenidas por motivos políticos y personas defensoras de derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona; la protección de activistas sindicales y trabajadores, así como otros activistas sociales, que fuertemente reivindican su derecho a un salario y condiciones de vida dignas. Asimismo, que aboguen por el fortalecimiento y apertura del escrutinio internacional a través de la presencia de su Oficina en el país; también por la invitación efectiva de procedimientos especiales y órganos de tratado relevantes para las denuncias de la sociedad civil; y que se establezca un diálogo y retroalimentación con el mandato de la Misión internacional e independiente de determinación de los hechos.

Declaración final de la CELAC pide fin del embargo a Cuba  

De izquierda a derecha: Mandatarios de Argentina Alberto Fernández; ministro de Exteriores de Argentina Santiago Cafiero; Barbados, Mia Mottley; Chile, Gabriel Boric; Cuba, Miguel Díaz-Canel, Haití, Ariel Henry, (CELAC-CUMBRE 2023)

Bajo el llamado a una mayor integración regional y a defender la democracia de la extrema derecha, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró el martes en Buenos Aires su séptima cumbre marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos.

El presidente argentino y anfitrión Alberto Fernández celebró el regreso de Brasil al foro político de la mano de su tres veces presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, luego de que su antecesor, el derechista Jair Bolsonaro, apartó al país hace tres años alegando que se había convertido en un escenario que daba protagonismo a los gobiernos izquierdistas y "autoritarios" de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía", sostuvo Fernández.

El foro de concertación política nació en 2011 por iniciativa del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para diferenciarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionada por ese y otros dirigentes izquierdistas por su "alineamiento" con Estados Unidos.

"Brasil está de vuelta en el mundo", destacó Da Silva, histórico dirigente de izquierda que este mes regresó al poder por tercera vez. La cumbre de CELAC en Buenos Aires fue parte de su primera gira al exterior desde que asumió a principios de enero.

"Es importante resaltar que somos una región pacífica, que repudia el extremismo, el terrorismo y la violencia política", acotó el mandatario brasileño semanas después de las violentas manifestaciones de seguidores de Bolsonaro ocurridas en las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Brasilia.

Al respecto, Fernández -un férreo aliado de Lula en la región- advirtió que la democracia está en riesgo luego de que sectores de la ultraderecha "se han puesto de pie" en algunos países e instó a no permitir que "la derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad".

"Lo vimos hace pocos días cuando la locura llegó a las calles de Brasilia... y aquí en Argentina también cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", señaló Fernández en alusión al frustrado ataque a la dirigente peronista el 1 de septiembre por el que tres jóvenes están detenidos y procesados.

La cita de CELAC se produce en momentos convulsos en Sudamérica a raíz también de las protestas de disidentes políticos en Perú y Bolivia.

Perú sufre una ola de protestas luego de que Pedro Castillo fue destituido y encarcelado en diciembre tras disolver el Congreso. Las manifestaciones para exigir la renuncia de su reemplazante, Dina Boluarte, han dejado más de medio centenar de muertos.

En Bolivia también ha habido protestas luego de la detención del líder opositor y gobernador de la provincia de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a fines de diciembre.

Si bien la declaración final de la cumbre no incluyó una referencia directa a las crisis de ambos países, el canciller argentino Santiago Cafiero dijo en una posterior rueda de prensa que durante el cónclave algunas delegaciones se refirieron "a la violación de los derechos humanos que se está llevando adelante en Perú con respecto a la violencia institucional. Para todos fue un tema de relevancia".

"Para el conjunto de los países que integramos CELAC el respeto a los derechos humanos es esencial... Es necesario que aquellos países que están transitando estas situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos", indicó Cafiero.

Fernández instó a "respetarnos en la diversidad" en alusión a las críticas que despierta la participación de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua —sus presidentes estuvieron ausentes— y Cuba en la cita entre la oposición argentina. "Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos", afirmó el mandatario.

También exhortó a "levantar la voz" en contra de los bloqueos económicos que Estados Unidos aplica a Cuba y Venezuela por ser "un método perverso" contra los pueblos.

En contraposición, su colega uruguayo Luis Lacalle Pou respondió que "hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones". Y recalcó: "No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica".

El mandatario uruguayo también reclamó dejar a un lado las discusiones ideológicas y avanzar en acuerdos comerciales que mejoren la calidad de vida de los países de la región.

"¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. ¿No podremos avanzar en ese sentido?", planteó el mandatario uruguayo de centro-derecha.

"Muchas de nuestras economías son complementarias. Estoy seguro de que podríamos avanzar en ese sentido".

"Practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Para que este tipo de foros subsistan en el tiempo tienen que generar esperanzas y esta se genera sobre el camino andado", acotó.

El mandatario cubano Miguel Díaz Canel participó del encuentro, mientras su par de Venezuela, Nicolás Maduro, desistió en medio de las peticiones de opositores argentinos para que fuera detenido por la orden de arresto que pesa sobre él en Estados Unidos por presunto narcotráfico y envió a su canciller.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco acudió y envió a representantes de su gobierno.

En la declaración final, los miembros de la CELAC respaldaron que haya "diálogo y negociación" entre el gobierno venezolano y la oposición, "fomentado por los gobiernos de México y Noruega". También pidieron el fin del embargo comercial a Cuba, pero no hubo mención a Nicaragua.


En tanto que el presidente colombiano Gustavo Petro exhortó a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. "¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos en vez de estar en esta mesa?", reclamó.

Petro recalcó que recientemente invitó a Maduro a reingresar a ese sistema e invitó a un "pacto democrático en el que las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar físicamente a su contrincante… En Latinoamérica no tiene que haber un solo preso político".

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó a sus pares "a establecer responsabilidades compartidas frente a los flujos migratorios".

"No podemos responder de manera individual. Tenemos que abordarlo en conjunto, regionalmente", insistió. Y propuso "reactivar durante el primer semestre de este año las reuniones sobre migraciones de la CELAC, que han estado paralizadas varios años".

Otro ausente de peso fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien fue un fuerte impulsor de la CELAC al inicio de su mandato, pero declinó viajar a Buenos Aires por compromisos internos.

Entre los mandatarios que asistieron también estuvieron Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos -invitado al encuentro, aunque que no es miembro de la CELAC- envió al asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd.

En el cierre del encuentro, San Vicente y Granadinas —uno de los países más pequeños del continente— asumió la presidencia pro-témpore de CELAC.

Avanza en Venezuela una propuesta del chavismo para regular las ONG

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el asambleísta y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente Pedro Infante y la segunda vicepresidenta América Pérez tras la apertura del período legislativo de 2023.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que, según representantes de la sociedad civil, busca “aniquilar” la autonomía de las ONG.

El chavismo argumenta que existen 62 ONG que operan con fines “absolutamente políticos” y que son financiadas por otros gobiernos, entre ellos, Estados Unidos.

“Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero. Comenzaron con fines sociales, humanitarios, hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente todas con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización”, dijo el parlamentario Diosdado Cabello, considerado una de las figuras clave del gobierno y quien presentó la propuesta.

En ese sentido, Cabello mencionó específicamente a organizaciones como el Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las más antiguas del país; Súmate, Futuro Presente, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos.

“Llegó la hora de legislar sobre este tema. Sobre el financiamiento, el que recibe recursos, cómo los invierte, fiscalización. La actuación, qué hacen las ONG, se dedican a la política o a la labor social. Si es a la política, inscríbanse como partido político”, expuso durante su intervención en la sesión de la Asamblea el martes por la tarde.

La organización PROVEA reaccionó asegurando que se busca “ilegalizar” a las ONG y precisó que, según la propuesta de ley que circuló en redes sociales y a la que la Voz de América tuvo acceso, las organizaciones que incumplan con la legislación serían multadas hasta con 200 petros o el equivalente a unos 12.000 dólares.

Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país, cuestionó que se haya vuelto una práctica de la Asamblea Nacional el discutir y aprobar proyectos “bajo opacidad”, debido a que el contenido de la ley no se ha hecho público de manera oficial.

“Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ONG y Afines, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela”, expuso, en Twitter, Acceso a la Justicia.

También dijo esperar que la iniciativa no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el “régimen nicaragüense, a fin de reprimir el derecho de asociación en ese país”.

Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch (HWR) calificó como grave lo que definió como “un nuevo intento de restringir el importante y valiente trabajo que hacen las organizaciones de DDHH en Venezuela”.

“Se trata de un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años”, continuó en un mensaje de Twitter.

Desde hace varios meses, diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y advirtieron que una ley de este tipo amenaza con restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro.

Además, subrayan que podría tener consecuencias negativas para los sectores más vulnerables.

De momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo la segunda discusión.

SIP rechaza presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en cumbre de Buenos Aires

Alberto Fernández da la bienvenida a Miguel Díaz-Canel en la cumbre de Celac en Argentina.

La presencia en la séptima cumbre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel así como de los cancilleres de Venezuela y Nicaragua, Gil Pinto y Denis Moncada, fue criticada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que se trata de "los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas".

"Lamentamos que estos dirigentes que violan los derechos humanos y descreen de la democracia hayan sido invitados por una organización que, entre sus objetivos, incluye la promoción de un diálogo respetuoso capaz de construir consenso sobre temas de interés común", afirmó el funcionario.

Refiriéndose a los postulados de la Carta Democrática Latinoamericana que “obliga a todos los países del continente a respetar las libertades de prensa y expresión”, Greenspon advirtió que, "sin ese compromiso asumido, ningún gobierno puede ser considerado democrático”.

Según la SIP, la invitación a estos tres países sólo sería justificable "si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente" lo cual demanda de "un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos".

“Las tres dictaduras ocupan los últimos tres puestos de 22 países en el Índice Chapultepec, un barómetro que mide el estado de las libertades de prensa y expresión en las Américas”, señaló la SIP.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que los gobiernos participantes en la cumbre deben exigir a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua “que pongan freno a la represión contra periodistas, dirigentes sociales y disidentes políticos".

"La democracia se basa en el respeto al pluralismo, el control ciudadano sobre quienes gobiernan, la periodicidad de los mandatos, el equilibrio de poderes, el libre acceso a información pública y el respeto a los derechos humanos esenciales, entre los cuales la libertad de expresión es una pieza central", recordó Jornet.

Jornet, director del periódico La Voz del Interior, de Argentina, instó a dichos gobiernos a liberar a las “decenas de presos de conciencia que fueron condenados en juicios sin derecho de defensa. También a que cese la persecución contra quienes se atreven a criticar las políticas públicas en esos países".

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