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Derechos Humanos

Padres judíos en Cuba retiran la kipá a sus hijos ante amenazas de cárcel

Olaine Tejada junto a su esposa y dos hijos.

Bajo la amenaza de prisión, y ante la vigilancia de la policía política, la familia de dos niños judíos Bnei Anusim de Nuevitas, en Camagüey, decidieron llevar a sus hijos a clases y les quitaron la kipá a la entrada del centro estudiantil.

"Habían oficiales de la Seguridad del Estado en ambas escuelas. La madre entró y le dijo a la guía, María Teresa Hernández, que ya no había Kipá en la cabeza del niño. Explicó que quien la quitó fue el padre biológico [del hijo mayor], el señor Martínez Fonseca, bajo presión total", dijo a Radio Martí Olaine Tejada.

Tejada añadió que "la fiscal de Menores, Mary Vidal, le hizo firmar un acta de advertencia, igual que a nosotros, donde se le amenazaba con una sanción de hasta un año de privación de libertad por detener el desarrollo normal de un menor".

La suegra de Tejada también recibió amenazas de cárcel si no intervenía. Fue ella quien condujo al más pequeño a la escuela y le retiró la kipá a la entrada, explicó Tejada.

Muchos Bnei Anusim sefardíes residentes en el exterior han establecido contacto con esta familia dentro de Cuba para expresarle su solidaridad, y le han recomendado ganar tiempo para evitar ser llevados a prisión, con la esperanza de que "el gobierno reconsidere su actitud y se retracte".

Autoridades violan libertad religiosa de familia judía en Camagüey
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Tejada asegura que la familia continuará el proceso legal en contra de Educación Municipal, con la apelación ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Camagüey, para intentar revertir esta situación.

"Nosotros continuamos en nuestra lucha legal porque es un derecho. Ningún gobierno tiene que reconocer ningún derecho de los ciudadanos, sino más bien respetarlo", subrayó Tejada.

El pasado 20 de diciembre, la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó en contra de Tejada y Yeliney Lescaille. Ambos fueron amenazados con recibir una condena de cárcel bajo el delito de “otros actos contra el normal desarrollo del menor”, si no le quitaban la Kipá a sus hijos antes entrar a sus respectivas escuelas a partir de este lunes 6 de enero.

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En Cuba "no hay pausa para la violación de los derechos humanos", denuncia informe

Coronavirus en Cuba. (AP/Ramon Espinosa)

"No ha importado para nada la pandemia, la dictadura ha continuado reprimiendo a los opositores y también al pueblo", denunció este lunes la opositora Martha Beatriz Roque Cabello en el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, organización que dirige.

En Cuba "no hay pausa para la violación de los derechos humanos", subrayó.

El gobierno ha tomado medidas parciales para controlar la propagación del COVID-19, como el confinamiento en los hogares y el aislamiento social, pero "nada se habla de liberar a los presos, ni al menos aquellos sancionados con pocos años de privación de libertad o los que tienen aplicada la peligrosidad predelictiva, que ni siquiera han cometido un delito", señaló Roque Cabello.

"¡Y qué decir de los presos políticos!", añadió.

El informe denuncia el juicio a Omar Portieles Camejo, detenido por "peligrosidad social el 13 de marzo en la localidad Pedro Betancourt, en Matanzas, y condenado a un año de privación domiciliaria.

También refiere el encarcelamiento del activista de la Unión Patriótica de Cuba, en Guantánamo, Yanier Joubert Cisneros, condenado a tres años de privación de libertad por impago de multas.

El reporte critica el traslado a una prisión de Las Tunas, alejada de su lugar de residencia, de la Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz. "No hay que decir el recorrido que tiene que hacer la familia para poder ir a ver a esta mujer. Hay 609 kilómetros de distancia y unas 8 horas de viaje, con pésimas condiciones de transporte", entre la prisión y su hogar en la capital del país.

El Centro Cubano de Derechos Humanos recoge, además, en el informe un análisis del caso del artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado durante semanas y liberado en marzo, sobre las irregularidades cometidas en su caso.

Roque Cabello anunció la elaboración de "un Resumen Trimestral de este Informe, que será puesto en circulación en breve".

ETECSA sale a relucir en otro interrogatorio de Seguridad del Estado

Edificio de ETECSA, donde estuvo la International Telephone and Telegraph Company.

La activista Marisol Peña, integrante del Partido Libertario Cubano, asegura que recibió amenazas de muerte durante un interrogatorio policial que tuvo lugar la pasada semana, en la ciudad de Camagüey.

Peña dijo a Radio Martí que todo se debe a las críticas que hace al régimen cubano en las redes sociales, especialmente en Facebook.

"La citación fue simplemente por las publicaciones que hemos hecho los activistas en las redes sociales denunciando la situación del régimen castrista. Las amenazas de multas de 3000 pesos si seguíamos publicando y amenazas de muerte. A mi me amenazaron de muerte y me dijeron que si llegaba a caerse el comunismo vendrían casa por casa a matarnos", asegura la opositora quien explicó que fue interrogada por el jefe de enfrentamiento de Camagüey que se identificó como "Christian".

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Peña indicó que las multas serían aplicadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. ETECSA, la empresa del Estado que tiene el monopolio de la Internet y la telefonía en Cuba.

La semana pasada, el opositor Ovidio Martín Castellanos, denunció la implicación de ETECSA en otro interrogatorio de la Seguridad del Estado.

"Me llevaron a un teatro que se encuentra dentro de esta misma unidad y allí se encontraban dos agentes, según ellos instructores de ETECSA que me iban a imponer una multa de 3000 pesos", dijo a Radio Televisión Martí el activista de la Unión Patriótica de Cuba.

La Ley de vigilancia electrónica, aprobada en 2019, legaliza el acceso del Ministerio del Interior a los sistemas computarizados de la ciudadanía, lo mismo que a la escucha y grabación de las telecomunicaciones

[Con reporte de Ivette Pacheco]

Exigen libertad de presos políticos y alertan sobre salud de Ernesto Borges

El preso político Ernesto Borges, en marzo del 2020, durante un permiso para asistir al sepelio de su madre. (Foto tomada del Facebook del activista Mario Félix Lleonart)

Voces dentro de Cuba exigen la libertad de los presos políticos en la isla, ante la crisis del coronavirus y alertan sobre la salud de Ernesto Borges, quien sufre una severa infección pulmonar, que lo pone en riesgo de muerte si es contagiado con el virus.

El expreso político Félix Navarro, presidente del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, declaró a Radio Televisión Martí este sábado "que es urgente" liberar a los presos políticos cubanos, con énfasis en el caso de Ernesto Borges, confinado en la cárcel Combinado del Este, de La Habana y quien ha sufrido una recaída en su salud".

Exigen libertad de presos políticos y de los que no hayan cometido delitos mayores
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Navarro recordó que Borges es un preso político que "tiene una significación especial y es interés de Raúl Castro, por eso no lo ponen en libertad", y alertó sobre la infección pulmonar que padece y ha empeorado en este momento.

"Exigimos que lo liberen de inmediato por sus padecimientos de salud, es un preso político que no representa peligro para la sociedad", agregó.

Navarro también abogó porque el régimen ponga en libertad a todos los encarcelados que no han cometido delitos mayores.

Un reporte en las redes sociales el viernes confirmó que la salud de Borges también preocupa a su familia.

El activista Claudio Fuentes, de Estado de Sats, precisó en su perfil de Facebook que el prisionero político sufre una infección pulmonar severa y requiere de atención especializada urgente.

"Está presentando falta de aire, y el médico del penal ha dicho que es importante hacer lo antes posible una placa de pulmones, que hasta hoy no se ha logrado", destacó en su mensaje.

La crisis de Borges ocurre en un momento en que en la isla aumentan los casos de personas afectadas por el coronavirus.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido a las autoridades que liberen a todos los prisioneros políticos.

La afección pulmonar que padece Borges es consecuencia de una huelga de hambre que realizó en el 2012 para reclamar su libertad condicional que, según las leyes cubanas, debía otorgársele.

Tras la protesta, sufrió de un enfisema pulmonar y desde entonces su condición respiratoria se ha visto afectada, precisó la información.

Borges hizo saber a sus familiares que al penal han llegado mascarillas faciales, que están fumigando con cloro los pasillos y baños, permiten ver el televisor todo el día hasta las 12 de la noche, pero se mantienen los apagones por 12 horas diarias dentro de las celdas, de 7 am a 7 pm, indicó Fuentes en su texto de Facebook.

La preocupación del encarcelado -amplió Fuentes- es que los guardias no están acuartelados en la prisión y continúan saliendo a sus casas diariamente, con el riesgo de contaminar a la población penal.

Al respecto Fuentes alertó que los presos hoy son más vulnerables que nunca a contraer el COVID-19.

Pastor bautista celebra libertad de Ferrer y activistas de UNPACU
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El pastor Bautista Mario Félix Lleonart recordó el viernes, al celebrar la libertad del opositor José Daniel Ferrer, la importancia de que el régimen abra las puertas de las prisiones y permita que los presos políticos regresen a sus casas.

En julio, Borges cumplirá 22 años en prisión, de los 30 a los que fue condenado en 1998 por supuesto espionaje, tras un juicio sin garantías procesales.

Las autoridades siempre le han negado la libertad condicional.

A través de sus redes sociales, Estado de Sats señaló que "urge la liberación de los presos políticos, la mayoría de ellos con una salud precaria".

Estado de Sats precisó que "la excarcelación bajo prisión domiciliaria de José Daniel Ferrer junto a 3 activistas de UNPACU, muestra la preocupación existente por parte del régimen ante el agravamiento de la situación epidemiológica en el país y su impacto en las prisiones".

Denuncian incremento de represión en Cuba en medio de la pandemia

Una cola para adquirir aliemntos en Cuba en medido de medidas de restricción por el coronavirus. (@jangelmoya)

Marzo, en medio de medidas restrictivas para contener la propagación del coronavirus, fue "el mes más represivo en Cuba en lo que va de 2020", con un incremento de las violaciones a las libertades civiles y las activistas mujeres entre las más afectadas, denunció en un informe el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

"Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país, y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva", dijo a Radio Martí Yaxis Cires, asesor de la organización.

Marzo, el mes más represivo en Cuba en lo que va de 2020
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De un total de 192 detenciones arbitrarias, 114 fueron contra mujeres. La red del OCDH en la isla registró, además, 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente, entre ellos periodistas.

Con estas citaciones, la policía política busca amedrentar a los comunicadores "para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles", subrayó Cires.

El informe subraya que entre las acciones represivas más utilizadas por el régimen estuvieron las "detenciones con violencia, multas y amenazas", además de "actos de repudio, agresiones, golpizas" y sitios policiales a viviendas.

El OCDH, con sede en Madrid, España, alerta en su reporte que "en las próximas semanas, el gobierno de Cuba puede escudarse en la situación de la pandemia para limitar todavía más la libertad de expresión y otros derechos civiles".

El régimen podría, entre otras acciones, "aumentar la represión contra los activistas independientes que se hagan eco de la realidad de la isla" en medio del descontento social por el agravamiento de la crisis económica.

El Observatorio recuerda que en el pasado "el gobierno cubano ha utilizado los grandes acontecimientos globales para arremeter contra la oposición interna".

(Incluye reporte de Michel Suárez para Radio Martí)

Multas y amenazas a opositores por comentar sobre el coronavirus en la isla

Cubanos almacenan agua en La Habana en medio de la crisis por el coronavirus. Las autoridades están amenazando y multando a miembros de la sociedad civil que reporten sobre la situación de la pandemia en la isla.

Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron citados, multados y amenazados el miércoles por "hablar mal de los dirigentes del gobierno y tratar el tema de coronavirus" en sus publicaciones en las redes sociales, explicaron a Radio Televisión dos integrantes de ese grupo opositor.

Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU en Santiago de Cuba, fue detenido ayer por más de 8 horas en una unidad de la Policía conocida por El Palacete, donde dos agentes se presentaron "como instructores de ETECSA" y le informaron que sería multado.

El activista indicó que cuando indagó las razones de las multas, uno de los agentes dijo que eran porque "andaba en las redes hablando mal de los dirigentes del gobierno y hablando de la situación que hay en el país con el coronavirus".

Aunque no las firmó, pidió constancia de las mismas para "hacer la reclamación pertinente".

El opositor recibió una multa de 3.000 pesos, por las publicaciones en internet, y otra de 200 pesos, por unas octavillas que aparecieron en algunos lugares de la ciudad y con las que aparentemente intentan relacionarlo.

Martín Castellanos calificó el incidente de "maniobra" contra su persona.

El Decreto 370 regula en la isla el uso de la internet y contempla multas hasta de 3.000 pesos.

También el miércoles, en Camagüey, la policía política citó para una estación policial al activista Adrián Quesada, de la UNPACU.

"Un funcionario del tribunal, que no se identificó, junto a un agente de la Seguridad del Estado, me hicieron una acta de advertencia por mis publicaciones en internet y me dijeron que podrían multarme con 3.000 pesos", detalló el opositor.

Activista de UNPACU citado y amenazado por la policía política de Camagüey
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Quesada agregó que le abrieron un expediente de "peligrosidad" porque, según ellos, la Seguridad del Estado considera que tiene "potencial delictivo".

Durante las últimas semanas, activistas de otras organizaciones opositoras y periodistas independientes han denunciado que las autoridades policiales los han multado con 3.000 pesos por fotografiar aglomeraciones de personas para comprar alimentos.

La periodista independiente Camila Acosta fue multada la pasada semana. por violar, según las autoridades, el decreto 370; mientras que también el comunicador Julio Aleaga Pesant fue citado y amenazado con ser llevado a prisión bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva.

(Con entrevistas de Ivette Pacheco e Idolidia Darias)

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