Enlaces de accesibilidad

Derechos Humanos

20 organizaciones piden a Bachelet que ponga su vista sobre Cuba

Bachelet en Cuba durante una visita realizada en el 2018 donde fue recibida por el gobernante Raúl Castro. Foto Archivo

Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba.

Los firmantes exigen a la Alta Comisionada que demande al gobierno de Cuba "la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, honrando la exigencia de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, la cual establece que los miembros del Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar con el Consejo”.

Además instan a la funcionaria a que exija al régimen cubano “cumplir con el compromiso al que está obligado ante todos los mecanismos del Sistema Universal de Protección, particularmente con los Procedimientos Especiales y los más importantes tratados de Derechos Humanos”.

La carta recuerda que “los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema”.

El texto recuerda que Cuba mantiene por más de 60 años el mismo sistema de gobierno de partido único.

“Su nueva Constitución reafirmó tal condición, continúa limitando gravemente el ejercicio de derechos civiles y políticos, y contrario a la mayoría de las constituciones de América Latina desconoce rango superior a la normativa internacional de derechos humanos”, indica el texto.

"El pueblo de Cuba necesita expresiones de solidaridad de la comunidad internacional que presionen para limitar los abusos a los derechos humanos y lograr cambios reales”, alertan.

La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de Derechos Humanos en este nuevo período de tres años, entre 2021 y 2023 tales como:

1) La ratificación de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales así como otros trascendentes tratados en materia de Derechos Humanos incluyendo la aceptación de todos los procedimientos de quejas individuales existentes

2) La aceptación de invitaciones permanentes a todos los procedimientos especiales de la ONU, en particular permitiendo las visitas de los/as Relatores/as sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la situación de los defensores de derechos humanos; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre los derechos culturales; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; sobre detenciones arbitrarias; sobre el derecho a la privacidad; sobre la libertad de religión y creencias; sobre formas contemporáneas de esclavitud incluyendo sus causas y consecuencias; sobre tráfico de personas, especialmente mujeres y niños; sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual; sobre independencia de jueces y abogados; así como a los Grupos de Trabajos sobre la detención arbitraria; y sobre los pueblos Afrodescendientes.

3) Su integración a las prácticas de América Latina y el Caribe que incluyen el reconocimiento a una diversidad de iniciativas, opiniones y expresiones pacíficas de su sociedad, garantizando el derecho humano a la libertad de asociación sin restricciones ideológicas y con su respectivo derecho de acceder a la cooperación internacional.

Los firmantes son: Alessandra Pinna (Freedom House, Estados Unidos); Angelita Baeyens (Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Estados Unidos); Erik Jennische (Civil Rights Defenders, Suecia); Rafael Uzcátegui (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Venezuela); Adriana León (Instituto Prensa y Sociedad, Perú); Lucia Argüellová (People in Need, República Checa); Inés Pousadela (CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Sudáfrica); Yevgeniy Zhovtis (Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law, Kazajistán); María Teresa Blandón (Programa Feminista La Corriente, Nicaragua); Jakub Klepal (Forum 2000, República Checa); Srirak Plipat (Freemuse, Dinamarca); Eleanor Openshaw (International Service for Human Rights, Estados Unidos); Gabriel Salvia (CADAL, Argentina); Raúl Silesky Jiménez (Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, Costa Rica); Leopoldo Maldonado (Article 19, México); Mauricio Alarcón Salvador (Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador); Christina Fetterhoff (International Institute on Race, Equality and Human Rights, Estados Unidos); Diana Arias (Fundación Impulsos, Colombia); Mariana Aylwin (Fundación Patricio Aylwin, Chile) y Javier Larrondo (Prisoners Defenders, España).

Vea todas las noticias de hoy

Más de mil presos políticos en Cuba al cierre de julio, entre ellos 38 menores

Arresto de un menor durante las protestas del 11 de julio en Cuba. (Captura de video/Amnistía Internacional)

La organización Prisoners Defenders (PD) denunció este lunes la existencia en Cuba de 1.002 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de julio, un año después del histórico 11J.

“La lista ha sumado 20 casos nuevos en julio. No solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta el total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros”, explicó Javier Larrondo, presidente de PD.

Algunas personas fueron encarceladas en julio, “pero la mayoría han aflorado” al aparecer ahora “documentos de sentencia de casos no presentes en lista alguna en todos estos meses”.

En la lista de presos políticos hay 38 menores de edad, detenidos el 11J.

Declaraciones de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:26 0:00

Prisoners Defenders recordó que el estudio presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos aleatorios, “demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% tres tipos de tortura o más, incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat”.

En julio salieron de la lista 17 presos políticos, “la mayoría por cumplimiento de la totalidad de la pena”, y algunos como consecuencia de “liberaciones selectivas, bajo fuertes multas, amenazas, seguimiento y vigilancia”.

Luis Manuel Otero Alcántara en celda tapiada y confinado en solitario

El preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

El líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra encerrado en una celda tapiada y aislada en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

A través de un comunicado, el Movimiento San Isidro expresó su preocupación por la situación del preso político quien es víctima de violencia física y psicológica dentro de la cárcel.

Su familia lo visitó esta semana y conoció que Otero Alcántara fue víctima de una agresión de un preso común y "que, tras ese hecho, los oficiales de Guanajay lo han seguido colocando en situación de riesgo".

Además, según el comunicado, al artista se le ha impedido tener acceso a cartas de personas amigas como Katherine Bisquet, Coco Fusco o Anamely Ramos y tuvo "decomisado" por días sus materiales para dibujar.

La organización recordó el mal estado de salud en el que se encuentra el activista quien ha realizado tres huelgas de hambre exigiendo su liberación. "Luis sigue frecuentando calambres en manos y pies, y no ha recibido atención médica o diagnóstico al respecto", subrayó la comunicación.

El Movimiento San Isidro responsabilizó al régimen cubano de la integridad de Otero Alcántara y aseguró que la violencia en contra del opositor ejercida por algunos presos enviados por la Seguridad del Estado o incluso de algunos oficiales de la prisión de Guanajay "es la única herramienta que tiene el régimen para intentar amedrentar y coaccionar a los #opositores cubanos".

Detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse al estallido de protestas populares en todo el país, Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión “en un juicio amañado” dijeron testigos.

Se agrava estado de salud de huelguista Walfrido Rodríguez Piloto

El opositor Walfrido Rodríguez Piloto.

El preso político Walfrido Rodríguez Piloto tuvo que ser trasladado a la Sala de Penados del Hospital Nacional en el municipio habanero Boyeros, porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio exigiendo su libertad.

“Yo estoy aquí en el hospital donde trajeron, el miércoles, a mi hermano muy mal y se niega a la asistencia médica. Me dejaron verlo cinco minutos. Estoy tratando que deje la huelga que no va a resolver nada muriéndose. Está muy flaquito, ya casi no puede hablar, está muy débil”, explicó a Radio Televisión Martí su hermana, Marly Sonia Rodríguez Piloto.

“Los doctores me dijeron que, si se niega, ellos no pueden hacer nada, que yo tengo que dar el consentimiento. Y yo se lo dí porque tengo mucho miedo de que mi hermano se me muera”.

La alimentación forzada por vía intravenosa a quienes se mantienen en huelga de hambre es legal en la Isla, con la aprobación de familiares de los huelguistas.

please wait

No media source currently available

0:00 0:01:46 0:00

El opositor condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta.

La huelga de hambre se convierte en una lucha política retando los límites que puede soportar el cuerpo humano frente a la impasibilidad de las autoridades a las cuales se le está pidiendo atención con la protesta.

En referencia a la huelga de hambre, el gobierno cubano ha asegurado, en la prensa oficial, que no cede ante las "presiones y chantajes". Así afirmó durante la huelga de hambre en 2010 del opositor Guillermo Fariñas, que demandaba la excarcelación de 53 presos políticos del Grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra.

La huelga de hambre es una herramienta de protesta de los presos políticos cubanos que, generalmente, son asistidos médicamente cuando su condición lo requiere. Pero desde 1959 hasta la fecha, fallecieron al menos 25 reos a causa de huelgas de hambre, según una investigación de la organización Archivo Cuba, que, sin embargo, estima que la cifra podría ser mayor.

Los casos más conocidos de presos políticos cubanos muertos en huelga de hambre son los de Pedro Luis Boitel (en 1972), Orlando Zapata Tamayo (en 2010) y Wilmar Villar Mendoza (en 2012).

El Tribunal Municipal de Playa encontró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de Instigación a delinquir, Desórdenes públicos, Desacato, Atentado y Portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Además del activista, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelián Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad; Richard Echavarría López, sentenciado a 11 años; Adonis Garvizo Otero, a 9; y José Eduardo Jardines Rodríguez, a 7 años de prisión.

"La situación del país es extremadamente grave": informe revela cómo ha sido la escalada represiva en el aniversario del 11J

Boinas negras con perros recorren el Paseo del Prado en el primer aniversario del estallido del 11 de julio.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves que durante el mes de julio los cubanos sufrieron una arremetida en acciones represivas, en ocasión de conmemorarse el primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

El grupo con sede en Madrid registró un total de 790 acciones represivas, de las cuales 136 fueron detenciones arbitrarias, 353 operativos para sitiar viviendas y 159 casos de hostigamiento.

También han registrado incidentes que implicaron amenazas, citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje al extranjero, exilio forzado, entre otras acciones represivas contra la población civil.

Sin embargo, Yaxis Cires, jefe de estrategias de esta ONG, en declaraciones a Radio Martí, alertó que los datos de la represión podrían ser peores que los ofrecidos en el informe.

"Siempre advertimos que no tenemos un alcance para llegar a todos los pueblos y ciudades del país, para documentar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en éstas. Por tanto, lo que decimos es que la situación es todavía más grave de hecho de lo que estamos denunciando", indicó.

Declaraciones de Yaxis Cires, Director de Estrategias del OCDH
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:50 0:00

En un comunicado el OCDH advirtió acerca del "alarmante deterioro de la situación económica y social en Cuba, de la mano de condiciones epidemiológicas y sanitarias graves, carencia de alimentos y medicamentos, apagones masivos y el incremento de la represión contra activistas y ciudadanos que protestan".

“Apoyamos el derecho del pueblo cubano a protestar y expresarse pacíficamente en las calles. El gobierno de Cuba tiene la obligación de respetar ese derecho y no tomar ninguna acción para coartar o reprimir a los manifestantes. Una vez más, pedimos a la comunidad internacional que presione al régimen de Cuba para que respete esos derechos y escuche las demandas de la gente”, expresó el comunicado.

Cires ofreció un panorama de la realidad que vive Cuba en estos momentos: "La situación del país es extremadamente grave y como es lógico la gente se tira a las calles, a los espacios públicos, para reclamar los cambios políticos económicos y sociales que el país necesita y el régimen, que sabe que el sistema es un fracaso, que sabe los cambios que hay que hacer, no los hace y sale con unas medidas inventadas, improvisadas que no van para ninguna parte y algunas, de hecho, van en contra de los intereses de los propios ciudadanos y por otro lado lo que hace es reprimir, como demuestra este informe".

(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)

Violaciones a la libertad de culto en Cuba son abordadas por la Comisión de EEUU sobre Libertad Religiosa Internacional

Practicantes de la religión yoruba durante un ritual en la presentación de la Letra del Año, en La Habana. (Adalberto ROQUE / AFP).

El informe de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, “Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba”, publicado a principios de julio, dice que a pesar de las protecciones constitucionales para la libertad religiosa que existen en la Constitución cubana del 2019, las comunidades religiosas independientes continúan experimentando violaciones de la libertad de religión o creencias.

El informe señala que 52 de 56 clérigos y líderes laicos encuestados por vía remota dijeron que son reprimidos, 21 dijeron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanalmente, que incluyen amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio.

Nueve de los encuestados habían sido obligados a emigrar. Todos excepto uno dijeron creer que la Oficina de Asuntos Religiosos del gobierno cubano controla y limita arbitrariamente el ejercicio de la libertad de religión, sin consideración de las garantías constitucionales.

En un encuentro virtual para discutir el informe de la Comisión, el vicepresidente de la misma, Abraham Cooper, recordó que recomendaron al Departamento de Estado que vuelva a colocar a Cuba en su lista especial de vigilancia por cometer violaciones graves de la libertad religiosa en el 2021.

“El gobierno cubano continuó utilizando el acoso de vigilancia e interpretaciones ad hoc de la legislación para reprimir la libertad religiosa y perseguir a los defensores de la libertad religiosa”, dijo el comisionado Cooper.

El informe de la Comisión señala que la Constitución no cumple con los estándares internacionales, sus derechos no son ejecutables, no llega a ser una ley suprema, y cede ante leyes que pueden entrar en conflicto con derechos constitucionales establecidos.

Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, declaró que “el Partido Comunista y la familia Castro controlan todo, controlan la religión, controlan todos los poderes del Estado”.

“La Constitución, por supuesto, otorga algunos derechos, pero luego está subordinada a la ley porque quieren controlar cuáles son los derechos que se otorgan y los que no. Con ese tipo de comportamiento en 63 años, no creo que haya esperanza de reforma… la única esperanza es que el pueblo y los estados democraticos les presionen”, declaró Larrondo.

En el encuentro también participó Rosa Parris Richter, jefa de gabinete del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión y Creencias. Ella opinó que “las violaciones de la libertad de religión son a menudo una indicación de que se están violando una variedad de otros derechos civiles y politicos”.

Por su parte, Kirk Dahlgren, consultor independiente y exoficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, mencionó que otro punto importante del reporte es que la represión del gobierno cubano se adapta a cada grupo religioso.

Dio como ejemplo que con la Iglesia Católica, cuya institucionalización el gobierno acepta, el tipo de represión que utilizan es “un tipo de chantaje” para que los obispos se vean obligados a asegurar que los sacerdotes cumplan, mientras que a las iglesias evangélicas se les niega personalidad jurídica y registro.

El informe también menciona que los Testigos de Jehová mantienen una postura apolítica que reduce su visibilidad y disminuye la necesidad de represión por parte del régimen y que tanto los yorubas como los musulmanes son reprimidos, y el crecimiento en sus comunidades religiosas es activamente desalentada por el gobierno.

Cargar más

XS
SM
MD
LG