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América Latina

Opositores y representantes de Maduro se reunieron en secreto en Santo Domingo

La conversación estuvo moderada por los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernándezde República Dominicana y Manuel Torrijos de Panamá

Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos opositores se reunieron el viernes en República Dominicana, segun informaron varios medios de prensa.

"TeleSUR ha logrado confirmar que se dio la reunión exploratoria para el diálogo y el mantenimiento de La Paz , el respeto a la soberanía nacional, la constitución y el bienestar del pueblo venezolano. Por el gobierno del Pdte Nicolas Maduro asistieron el diputado Elias Jaua, el alcalde Jorge Rodríguez y la canciller Delcy Rodríguez . Por las oposiciones asistieron los diputados Alfonso Marquina, Luis Aquiles y Timoteo Zambrano. La reunión tuvo lugar durante esta jornada en República Dominicana con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.", dijo la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, en su cuenta de Facebook a última hora del viernes.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba negó que se tratara de una reunión entre el gobierno y la oposición.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Torrealba informó que los representantes de la MUD tuvieron un encuentro con los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernándezde República Dominicana y Manuel Torrijos de Panamá para reiterar los puntos indispensables de la oposición ante un posible diálogo.

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Persisten violaciones de DDHH en Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, encargado del caso de Venezuela.

Miembros de la sociedad civil e instancias internacionales reiteran las denuncias de que en Venezuela persiste un “patrón” de persecución y violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal registra, a la fecha, 277 presos políticos, 154 de ellos militares y 123 civiles.

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.

Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.

Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información.

A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Organización No Gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria.

Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.

“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la Voz de América.

Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DDHH, José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.

Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

Actualmente en Venezuela la mayoría de los presos políticos son militares, lo que, para Himiob, envía un “mensaje claro”: se busca controlar a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y evitar focos de “disidencia, queja y protesta”.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la FAN, sostiene que en el país se han cometido “atrocidades” y precisa que ha ocurrido una “deformación” en el trato de “torturas hacia militares cometidos por militares rompe en dos la historia de tradiciones de la FAN”.

Muro de contención

Uno de los episodios que marcó 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela fue la renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), desconocida por el Estado venezolano, que le acusa de presentar “acusaciones falsas y sin fundamento”.

En su más reciente informe, la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

Además, Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, durante una votación directa y secreta de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General, celebrada en octubre, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.

Para los activistas, la renovación del mandato es una “buena noticia” debido a que implica que, de alguna manera, se mantiene “la lupa” sobre la situación de los derechos humanos en el país y se convierte en un “muro de contención” aunque el Estado mantenga su posición “represiva”.

“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.

A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones activistas más antiguas de Venezuela, la FFM se ha convertido en el mecanismo “más contundente de verdad” sobre lo que ocurre en el país y califica como una “victoria amarga”, las ocasiones en las que la Misión divulga un documento.
“Ayuda a que la situación a lo interno no sea peor de lo que ahora es, como mecanismo de disuasión y de temor que tienen los funcionarios de verse reflejados en esos documentos”, señaló en un reciente evento sobre derechos humanos celebrado en España.

Avances en La Haya

En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.

“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.

Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.

Himiob, uno de los 4 abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.

Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.
“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.

Pedro Castillo es detenido, una nueva presidenta asume el poder en Perú

Manifestaciones en Lima, Perú, el 7 de diciembre de 2022. (Reuters/Alessandro Cinque).

El Congreso de Perú aprobó el miércoles a primera hora de la tarde la vacancia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

"Defendiendo nuestra democracia y la Constitución, el Pleno Del Congreso aprobó, con 101 votos a favor, la vacancia contra el presidente Pedro Castillo", informó el Congreso por medio de un tuit. Más tarde, también compartió en redes la resolución que declara la vacancia de Castillo.

La decisión tuvo lugar poco después de que Castillo anunciara en horas de la mañana la disolución del Congreso, en un momento en que enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción.

Durante la sesión plenaria, la vicepresidenta Dina Boluarte, cuya asunción al poder estaba aún por llegar, rechazó además la decisión de Castillo de suspender el Congreso. "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", aseguró Boluarte.

Apenas un par de horas más tarde, Boluarte asumió la jefatura de Estado anunciado la convocatoria de elecciones legislativas y la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional.

"Desde este momento hasta el 27 de julio de 2026, defenderé la soberanía nacional, la idoneidad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, cumpliré y haré cumplir la Constitución y las leyes del Perú, reconoceré la libertad de culto y la formación plural y moral de los peruanos", señaló Boluarte al momento de jurar ante José Williams, titular del Parlamento.

"Asumo el cargo de presidenta siendo consciente de la responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses", agregó la nueva mandataria.

Luego, Boluarte se dirigió a la oposición para una "tregua política" en lo que serán sus primeros meses de administración. "Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones", apuntó.

Finalmente, la presidenta de Perú pidió a la Fiscalía General y a la Contraloría a que sigan con las investigaciones de los presuntos actos de corrupción de la gestión de Castillo.

Tras la decisión del Congreso, Castillo fue detenido por la Policía cuando abandonaba el Palacio de Gobierno. El ya expresidente de Perú fue trasladado a la prefectura de Lima, a donde llegó la fiscal general, Patricia Benavides, para recoger sus descargos por haber tomado la decisión de disolver el Parlamento.

Castillo se encuentra acompañado por Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas. Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía, renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a la Voz de América que la Fiscalía General solicitará la prisión preventiva para Castillo por el presunto delito de conspiración al tratar de cerrar el Parlamento, cuya pena de cárcel podría ser de 20 años. Además, las seis investigaciones por casos de corrupción de su gobierno avanzarán más rápido.

La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado; así como por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.

Presidente Castillo anuncia disolución del Congreso peruano y oposición acusa golpe de Estado

Concentración de personas ante el Congreso de Perú después de que el presidente Pedro Castillo dijera que disolverá el Congreso en Lima.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció sorpresivamente el miércoles la disolución temporal del Congreso, cuando quedaban pocas horas para que enfrentara un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición, que calificaron la decisión como un golpe de Estado.

Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, dijo que se establecería un gobierno de "excepción", al tiempo que convocará en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

El presidente anunció asimismo la reorganización del Poder Judicial, la fiscalía y el Tribunal Constitucional, y refirió que durante el periodo de "interregno" por el cierre del Congreso se respetará el actual modelo económico del país.


Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

Aún no estaba claro, ante las versiones contrapuestas del presidente y la oposición, si el mandatario estaba facultado por ley a ordenar el cierre del Congreso.

"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia", dijo Castillo en un discurso.

Castillo declaró un toque de queda a nivel nacional desde las 22.00 hora local (0300 GMT del jueves) hasta la madrugada del día siguiente y pidió a los que poseen armas ilegales las entreguen a la policía en un plazo de 72 horas, bajo pena de cárcel si no lo hacen.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un "golpe de Estado" e hicieron llamados a las fuerzas armadas para "restablecer el orden constitucional".

La fiscalía general declaró que Castillo violó la Constitución, ya que no se cumplía la norma legal para decretar el cierre del Poder Legislativo.

Castillo había sido convocado al Congreso unicameral a las 15.00 horas local (2000 GMT) para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso dijo que seguirá adelante con el debate de juicio político.

Ante las disposiciones del presidente Castillo, Roberto Chiabra Congresista de la República del Perú, quien se presenta en su cuenta de Twitter como "Patriota. Líder de las Tropas Peruanas que pelearon y vencieron en el Cenepa, Lima", reaccionó pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas del país y además, retuiteó un comunicado emitido al respecto por dicha institución.

Para expulsar a Castillo se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La tercera moción de "vacancia presidencial" fue aprobada la semana pasada con 73 votos, la mayoría de partidos de derecha.

Tras la decisión de Castillo, los ministros de Economía Kurt Burneo y de Relaciones Exteriores anunciaron su renuncia por Twitter.

"En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso (...) violando la Constitución", dijo el ahora excanciller César Landa.

"Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo", agregó Landa.


En dos encuentas realizadas el pasado mes de julio por la emperesa CID GALUP, el presidente peruano Pedro Castillo obtuvo sólo un 19% de aprobación popular.

Kirchner condenada a seis años por fraude al Estado

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habla en una reunión en Pilar, Argentina, el viernes 4 de noviembre de 2022.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el martes a seis años de prisión por fraude al Estado argentino y ha sido inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Tras escuchar la sentencia de los tres jueces que la encontraron culpable de administración fraudulenta, la expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta dijo que sus enemigos políticos, los medios opositores y los jueces federales solo quieren verla “presa o muerta me quieren”.

“La condena real es la inhabilitación perpetua”, dijo la política de 69 años, aliada del régimen de La Habana, en una alocución desde su despacho en el Senado.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, sentenció Kirchner, a pesar de que el fallo del Tribunal puede ser apelado y un veredicto de la Corte Suprema de Justicia pudiera demorarse años.

La vicepresidenta fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.

Foto Archivo. Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución en La Habana, el 19 de septiembre de 2015.
Foto Archivo. Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución en La Habana, el 19 de septiembre de 2015.

El mandatario argentino Alberto Fernández se solidarizó con su vicepresidenta y dijo que "es víctima de una persecución absolutamente injusta".

"Se de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado", escribió Fernández en sus redes sociales.

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su perfil de Twitter, dijo que rechazaban "los procesos judiciales políticamente motivados" y mostró solidaridad hacia la vicepresidenta argentina con las etiquetas #CubaTeAbraza y #TodosConCristina.

De igual manera, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también manifestó la "solidaridad" de su país con Fernández de Kirchner por un juicio que considera que "tiene claros fines políticos"

En septiembre, el General Raúl Castro le envió un mensaje de respaldo a su amiga, al conocer sobre un intento de atentado contra la exmandataria ocurrido en Buenos Aires.

Fernández de Kirchner resultó ilesa porque el arma que portaba el agresor no se disparó pese a estar cargada con cinco balas.

Castro, que ha hecho contadas comparecencias públicas y pronunciamientos desde su retiro de la política en abril de 2021, manifestó "solidaridad y apoyo ante el vil atentado", y le envió un abrazo a su aliada.

Un año de violencia letal contra la prensa

En Managua, venta del diario La Prensa. (AP/Ariel Leon).

Este 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 38 periodistas asesinados en la región.

Así lo señaló este lunes Paula Roko, coordinadora en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión con representantes de medios, Gobiernos y entes reguladores en Washington.

"La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional", dijo Roko, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Los ataques contra la prensa se dan en un ambiente en que políticos y funcionarios de los propios Gobiernos hablan de manera "estigmatizante" sobre los profesionales de la comunicación, apuntó la experta.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95% de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

"Requerimos acciones", sentenció Cardozo, quien pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

El responsable de Fepalc citó "el clima de impunidad, el avance del crimen organizado y la permanente represión a quien investiga" como algunos de los factores de violencia contra los reporteros.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó este lunes los ataques a la prensa y rechazó "cualquier forma directa o indirecta de restricción" contra la libertad de expresión.

"El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos", dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

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