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Venezuela

Acusan a Fiscalía venezolana de estar al servicio de Cuba

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presenta su programa radial y televisivo "En contacto con Maduro".

Creen que la orden de aprehensión para Arria, Burelli y Koesling obedece a órdenes del gobierno cubano.

Los opositores venezolanos Diego Arria y Pedro Burelli aseguraron hoy que en Venezuela existe una dictadura y que el sistema judicial está a su servicio y que responde a órdenes directas de La Habana.

Así se pronunciaron luego que se anunciara que sobre ellos pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de ese país.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los anuncios de orden captura a esos políticos hecho por el Ministerio Público hay que "acatarlos y acompañarlos" y adelantó que el Ejecutivo solicitará la aprehensión a través de Interpol.

La Fiscalía venezolana anunció este miércoles que solicitó la detención del exembajador Arria y los opositores Pedro Burelli y Ricardo Koesling por su participación en un supuesto plan magnicida, después de que uno de ellos no acudiera a una citación y ante la presunción de que los otros no lo hagan.

Los solicitados, que viven fuera de Venezuela, no han manifestado su voluntad de comparecer ante la Justicia del país caribeño y Arria y Burelli restaron credibilidad a la Fiscalía, institución a la que acusaron de trabajar al servicio del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, al que califican de "dictadura".

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, indicó que ha "solicitado que se ordene las aprehensión de estos ciudadanos" y explicó que "ya las boletas fueron libradas" después de que "la primera persona que fue citada (Burelli) no compareció ante el
Ministerio Público".

Ortega dijo tener la "certeza, la seguridad" de que Arria y Koesling tampoco comparecerán y adelantó que solicitará a Interpol su captura, en vista de que estos ciudadanos no se encuentran en el país.

"Me citan como TESTIGO y 24 horas antes ordena mi captura. Si me imputaba la Fiscal al servicio Cuba ordenaba mi fusilamiento", escribió Arria en su cuenta de Twitter en la que también indicó que todos los que luchan "por la libertad de Venezuela" están "en peligro".

Burelli, empresario y exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que reside en EE.UU. desde hace años, rechazó este miércoles en entrevista a Efe la petición de búsqueda y captura dictada en su contra por la Fiscalía y señaló que estudiará con sus abogados las posibles acciones judiciales.

Añadió que la iniciativa de la Fiscalía venezolana no tiene ninguna credibilidad y acusó a ese órgano judicial de "trabajar a favor" del Gobierno de Maduro.

Más temprano, el empresario señaló en su cuenta de Twitter: "'Justicia' venezolana es parte del andamiaje opresor de la dictadura. La ¿? es: ¿todo esto es montaje de Cuba o lo hacen a motu propio?".

En otro mensaje también indicó: "Dictar órdenes en la #Venezuela de Cilia Flores (primera dama de Venezuela) no se traduce en mucho en el mundo de verdad. Interpol a fin de cuentas sabe de dictaduras".

Burelli agregó en otro escrito que "con voz de quien se cree ungida, la Sra. Fiscal gritó (por milésima vez): Somos una DICTADURA y como tal no nos importa la LEY!".

Al igual que Maduro, el presidente del Parlamento y dirigente delgobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también celebró la emisión de las boletas de captura contra los opositores.

"La justicia se abre paso ante la conspiración, golpe de estado, terrorismo y magnicidio: orden de aprehensión para Arria, Burelli y Koesling", escribió Cabello en su cuenta de Twitter.

Las órdenes de detención se producen después de que el 28 de mayo pasado el también dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, denunciara "un complejo plan dirigido a acabar con la paz" que ya fue abortado y que, según dijo, incluía un "magnicidio" y un "golpe militar" contra Maduro.

Para apoyar esa denuncia, Rodríguez mostró varios correos atribuidos a la opositora María Corina Machado en los que se leen mensajes a diferentes actores de la oposición venezolana, entre ellos Arria, en los que señala que llegó la hora de acumular esfuerzos y obtener "financiamiento para aniquilar a Maduro".

Además había mensajes de Burelli a Arria y de Koesling que, para el oficialismo, constituyen pruebas de ese plan.

Tanto Arria como Burelli denunciaron que los correos son falsos, al igual que Machado, que respondió asegurando que esos mensajes no son suyos y que ella ni quiere magnicidio ni golpe de Estado sino que Maduro renuncie, lo que fue rechazado el martes por el PSUV.

Se espera que el próximo lunes Machado atienda a una citación para declarar en calidad de testigo sobre ese supuesto plan magnicida, un compromiso que la dirigente ha dicho que atenderá.

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EEUU extiende por tres meses protección de Citgo de acreedores

La refinería Citgo Petroleum, en Sulphur, Luisiana, EE.UU., el 12 de junio de 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el martes por tres meses una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, de los acreedores que intentan embargar activos para cobrar deudas impagas.

"Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono PDVSA 2020 de 8,5 % están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC", informó la oficina en su página web.

La OFAC también dijo que en caso de cualquier acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020, se pueden aplicar requisitos de licencia adicionales.

"La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencia favorable hacia dicho acuerdo", agregó.

Persisten violaciones de DDHH en Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, encargado del caso de Venezuela.

Miembros de la sociedad civil e instancias internacionales reiteran las denuncias de que en Venezuela persiste un “patrón” de persecución y violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal registra, a la fecha, 277 presos políticos, 154 de ellos militares y 123 civiles.

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.

Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.

Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información.

A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Organización No Gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria.

Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.

“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la Voz de América.

Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DDHH, José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.

Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

Actualmente en Venezuela la mayoría de los presos políticos son militares, lo que, para Himiob, envía un “mensaje claro”: se busca controlar a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y evitar focos de “disidencia, queja y protesta”.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la FAN, sostiene que en el país se han cometido “atrocidades” y precisa que ha ocurrido una “deformación” en el trato de “torturas hacia militares cometidos por militares rompe en dos la historia de tradiciones de la FAN”.

Muro de contención

Uno de los episodios que marcó 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela fue la renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), desconocida por el Estado venezolano, que le acusa de presentar “acusaciones falsas y sin fundamento”.

En su más reciente informe, la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

Además, Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, durante una votación directa y secreta de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General, celebrada en octubre, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.

Para los activistas, la renovación del mandato es una “buena noticia” debido a que implica que, de alguna manera, se mantiene “la lupa” sobre la situación de los derechos humanos en el país y se convierte en un “muro de contención” aunque el Estado mantenga su posición “represiva”.

“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.

A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones activistas más antiguas de Venezuela, la FFM se ha convertido en el mecanismo “más contundente de verdad” sobre lo que ocurre en el país y califica como una “victoria amarga”, las ocasiones en las que la Misión divulga un documento.
“Ayuda a que la situación a lo interno no sea peor de lo que ahora es, como mecanismo de disuasión y de temor que tienen los funcionarios de verse reflejados en esos documentos”, señaló en un reciente evento sobre derechos humanos celebrado en España.

Avances en La Haya

En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.

“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.

Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.

Himiob, uno de los 4 abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.

Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.
“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.

SIP alerta sobre desaparición de periodismo independiente en Venezuela bajo represión gubernamental

Una protesta contra la censura a los medios de comunicación en Venezuela. (FEDERICO PARRA/ AFP/ Archivo)

Decenas de medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en Venezuela por instituciones del Estado en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado el domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Durante su 78 Asamblea General, la organización subrayó que, en este período, se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el Gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras.

El informe recuerda que en Venezuela "hace tiempo, prácticamente, desapareció la prensa escrita", en alusión al cierre de periódicos en la última década, de los que responsabilizó al Gobierno.

La SIP señaló que las estaciones de radio y los canales de televisión están a merced de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador que tiene "poderes ilimitados" para ejercer "censura absoluta".

En los últimos cuatro meses, Conatel ha cerrado, al menos, 40 estaciones de radio, de acuerdo con los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, según un reporte de la agencia EFE.

Venezuela ocupa el número 21, de 22 países, en la zona de países "sin libertad de expresión, junto a Cuba y Nicaragua, en el Índice Chapultepec de la Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la SIP.

Lula da Silva aboga por elecciones libres en Venezuela: "no hay ningún presidente insustituible"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un foro en Sao Paulo el 22 de agosto de 2022. (Reuters/Carla Carniel).

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abogó por la celebración de elecciones libres en Venezuela y planteó la alternancia política en el poder, alegando que "no hay ningún presidente insustituible".

"Tenemos que tratar a Venezuela con respeto y siempre queriendo que sea lo más democrática posible", dijo este lunes el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que espera que puedan celebrarse finalmente unos comicios que sean aceptados por todos los actores políticos, según reporta el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Lula da Silva ha dejado caer la posibilidad de un futuro para Venezuela sin el chavismo. "Yo defiendo la alternancia de poder en Venezuela y en todos los países", ha dicho durante un acto en Sao Paulo.

Lula da Silva, que durante su mandato fue un socio político clave del difunto Hugo Chávez, encara este nuevo esfuerzo a ganar las elecciones presidenciales con un discurso más moderado sobre Venezuela, pese a que sigue apoyando al actual presidente, Nicolás Maduro, informó la agencia Europa Press.

Folha de Sao Paulo comentó que sus declaraciones son también "una crítica indirecta" a su rival, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro no reconoce a Maduro como mandatario legítimo de Venezuela y, en cambio, respalda al opositor Juan Guaidó. Si Lula se impone en las elecciones de octubre, como apuntan los sondeos, este marco de relaciones previsiblemente cambiará.

Bolsonaro, no obstante, declaró en una reciente entrevista radiofónica que "no cierra las puertas a nadie" en Sudamérica y que, en caso de ser reelegido, también mantendrá relaciones con los gobiernos de izquierda.

(Con información del rotativo Folha de Sao Paulo y la agencia Europa Press)

Activistas denuncian patrón de persecución contra sindicalistas en Venezuela

Diannet Blanco, expresa política, exige la liberación de su esposo, el activista humanitario Gabriel Blanco, detenido a principios de julio durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el viernes, 12 de agosto de 2022.

Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios de julio e insisten en que en el país existe una “ola de detenciones selectivas”.

Al elevar su voz en las inmediaciones de la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, Diannet Blanco, expresa política y esposa del sindicalista y activista humanitario, Gabriel Blanco, expuso lo “duro” que ha sido revivir sus momentos de “injusto encarcelamiento”.

“Fui víctima de una detención arbitraria igual que mi esposo, sabiendo toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo”, dijo a la VOA en medio de una manifestación en el este de la capital venezolana.

Blanco fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”, pero se negó y, decenas de vecinos salieron a resguardarlo, detalló en ese entonces la ONG Provea.

Esa madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron con una orden de aprehensión en la que se le imputaban los delitos de “terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)”.

Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron los dirigentes sindicales privados de libertad el mes pasado. A la lista se suma Douglas González, directivo sindical de la empresa estatal Venalum, por incumplir con el régimen de presentación por delitos relacionados con un paro de trabajadores en 2018.

“Es otra acción represiva contra el movimiento sindical que está reclamando sus derechos”, comentó a la VOA Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV).

“Un patrón”

Para la abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, en el país se registra un “patrón” de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores, ellos han venido denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente”, expuso a la VOA.

Forero llamó a “no dejar solos” a los hombres y mujeres que “luchan por los derechos humanos” y considera importante “tocar todas las puertas” para lograr la liberación de los presos políticos.

Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, reitera que en Venezuela persiste un patrón de detenciones arbitrarias y procedimientos contrarios a la Constitución y a la ley.

“Una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden emitida por un tribula de la República, previa motivación de la fiscalía general y si en efecto son sorprendidos cometidos un hecho punible, ninguno de estos dos supuestos se cumple”, explicó en referencia a varios casos registrados recientemente.

En Venezuela, la política antisindical ha ido avanzando progresivamente hacia formas más “represivas “y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, reveló una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA que, entre 2015 Y 2020, documentó 82 casos de violencia contra defensores de derechos laborales y líderes sindicales.

A pesar del escenario de criminalización de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre de este año y 1.642 de las manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para DDHH de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria.

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