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Cuba

Opositores: Destrucción de democracia en América Latina se debe a mafia de La Habana

Participantes en el foro "¿Gobiernos revolucionarios o Estados mafiosos?" (izq a der) Laura Rojas, Bolivia; José Dávila (Nicaragua);Miguel Angel Martín (Venezuela); Rosa María Payá (Cuba); Enrique Sáenz (Nicaragua); y Vilma Petrash (Venezuela)

Este sábado se celebró en Miami el foro “Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos? Perspectivas y horizontes", con participación de destacados opositores y especialistas del área. La fortuna del "revolucionario" Daniel Ortega.

La necesidad de crear un frente común coordinado de las víctimas de la red mafiosa internacional que, manejada desde Cuba, ha destruido la democracia en Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y la de gestionar la intervención de los organismos internacionales de justicia, fueron ideas recurrentes en el foro “¿Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos?, Perspectivas y horizontes”, que se desarrolló en Miami este sábado 8 de septiembre

En el evento convocado por la Fundación “Unidos por Nicaragua” participaron la cubana Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide; el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma (vía telefónica); Miguel Angel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio; Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense; José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania; y Laura Rojas, presidenta del Movimiento Resistencia Femenina en Bolivia

La moderadora fue Vilma Petrash, especialista venezolana en ciencias políticas y relaciones internacionales.

En su introducción, Payá delineó el tema central de la discusión: los pueblos de estos países no se enfrentan a un gobierno o a una dictadura, sino a una mafia internacional organizada, encabezada por Cuba: el Estado cubano no se contenta con tener el control en su país y afectar las vidas de sus ciudadanos, sino que a través de su aparato de inteligencia procura infiltrarse, coordinar y expandir su poder en la región.

En ese empeño, prepara a candidatos afines para que se hagan con el poder en las urnas y luego se perpetúen en él, subvirtiendo el orden democrático─ una vez que han secuestrado todos los poderes─ con mascaradas como una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Cuando lo consideran necesario, no vacilan en eliminar brutalmente a los opositores.

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Participando por vía telefónica el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma se refirió al ejemplo de Nicaragua. Mientras que la Carta Democrática Interamericana define el comportamiento de los estados como Estados de Derecho, con respeto a los derechos humanos, elecciones libres y separación de poderes, en la “dictabrujería” (sic) nicaragüense todos los poderes están controlados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos, a pesar de tener en contra prácticamente a todo el pueblo ─estudiantes, sector privado, conferencia episcopal─ han desatado una feroz represión en la que han ultimado a cerca de 500 ciudadanos.

Justicia transnacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Miguel Angel Martín Tortabú, ratificó que los pueblos de estos países se enfrentan a una conspiración internacional que ha resquebrajado hasta su tejido social y se ha convertido en una amenaza a la región. No se trata de casos de corrupción aislados, sino de crimen organizado transnacional protagonizado por Estados forajidos y que, por ejemplo, usa el dinero del narcotráfico para financiar al terrorismo.

Aunque estos gobiernos demandan que se respete su soberanía nacional, la misma queda limitada desde el momento en que descuidan los derechos humanos de sus ciudadanos, señaló el jurista.

Llamó a enfrentarlos mediante la justicia transnacional universal: instrumentos jurídicos internacionales como la Corte Penal Internacional que se ocupa de los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Dijo que hay que exigir la intervención de estos organismos y la cooperación de jefes de Estado de países democráticos, como requieren algunos de estos mecanismos, y para que se abran en sus países procesos judiciales que conduzcan a órdenes de captura o sanciones económicas, como ha hecho Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA bajo la Ley Magnitsky.

"Revolucionarios" con fortunas

Los intereses de estos conspiradores no son solo de control político, sino también económicos, indicó por su parte el economista y ex diputado nicaragüense Enrique Sáenz.

Explicó cómo no se puede comprender a la dictadura de Ortega en su país sin tomar en cuenta la cooperación petrolera venezolana. Señaló como a través de la Caja Rural Nacional, Caruna, y de Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, ambas controladas por la familia presidencial, los Ortega imponen sus precios en la electricidad y el combustible. El servicio eléctrico es el más caro de Centroamérica, mientras que por el carburante, los nicaragüenses pagan 50 centavos de dólar más que el promedio centroamericano, lo cual reporta unos $100 millones anuales que van a las arcas del binomio gobernante, afirmó Sáenz.

Una reciente auditoría a Bancorp, un banco también creado por Ortega y que recibió en fideicomiso la administración del patrimonio de Caruna determinó que el valor de este era de unos $2.500 millones, comparado con un Producto Interno Bruto nacional de apenas $13.000 millones anuales.

Y estos ingresos, dijo el ponente, son solo los comerciales registrados. El economista citó un informe de la CEPAL que estima que el lavado de dinero en Nicaragua, el tercero mayor de la región, asciende a $450 millones anuales.

En un testimonio ante un Comité del Senado estadounidense el investigador Douglas Farah dijo que la organización IBI Consultants LLC había podido detectar más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC colombianas por parte de Albanisa.

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Estudiantes "terroristas"

También de Nicaragua, el exembajador de ese país en Alemania, José Dávila se refirió al secuestro de las instituciones democráticas, en relación con la ley sobre terrorismo y lavado de dinero que el gobierno de Ortega hizo endurecer recientemente a los legisladores, para aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a los capturados en su actual cacería de jóvenes opositores. Sin embargo, dijo, no hay un solo militar o paramilitar responsable de matar, violar o torturar señalado en los tribunales.

Dávila dijo que el régimen de Ortega ya no es un gobierno, sino una especie de califato, usurpadores del poder que se prestan como peones en la lucha geopolítica de Rusia y China contra Estados Unidos.

Bolivia dijo no, pero...

También se refirió al secuestro y manipulación de las instituciones democráticas la líder opositora boliviana Laura Rojas.

Ella recordó como el presidente Evo Morales perdió por un 51,3 % de los votos un referendo para que, a despecho de lo que prevé la constitución, se le autorizara reelegirse para un cuarto mandato. “Bolivia dijo no”, recordó Rojas. Pero Morales se las agenció para que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso de un grupo de parlamentarios de su partido para suspender los artículos que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas.

“Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero estos estados mafiosos se disfrazan de revolucionarios para perpetuarse en el poder”, apostilló Rojas.

En unas breves conclusiones la doctora Vilma Petrash recordó que Venezuela ya tiene 18 años resistiendo este “nacionicidio” que, con la ayuda de Cuba, se extendió desde ese a otros países, mientras es obvio para muchos que el actual éxodo desesperado desde Venezuela es una Cuba con fronteras, un Mariel extendido por toda Latinoamérica.

La especialista concidió sobre la necesidad de buscar salidas jurídicas internacionales. Lamentó que la comunidad mundial suela quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana, pero dijo que “el disfrazado régimen de Díaz-Canel”, que ahora refuerza su disfraz con una Constitución, “debe ser responsabilizado por este horror que está viviendo América Latina”.

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Activista pide a gobiernos que denuncien la política de "regulados" que impone Cuba

El rapero cubano Osvaldo Navarro conocido como "Navy Pro"

Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro ha hecho un llamado a la comunidad internacional pidiendo que intervenga a favor de los ciudadanos cubanos a quienes el régimen les impide viajar, manteniéndoles bajo la etiqueta de “Regulados”.

En conversación con Radio Martí, Navarro explicó que “el Estado cubano usa este eufemismo (regulados) para impedir la salida a cubanos, principalmente activistas de derechos humanos, personas relacionadas y comprometidas con la causa de la democracia en Cuba”.

El rapero se refirió, en primer lugar, a la situación específica que atraviesan él y su pareja, la activista feminista Marthadela Tamayo, a quienes les fue impedido viajar para asistir a la novena Cumbre de las Américas, al Foro de Sociedad Civil de Actores Sociales, que se celebró en 2022 en la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos.

Más recientemente, le prohibieron participar en una conferencia, junto a la activista María Elena Mir Marrero.

"Lo que se nos dijo fue que estábamos regulados por que éramos ‘objetivo de Seguridad Nacional’, sin más explicaciones. La vez anterior, en el caso de la Cumbre, ‘Pues, no hay Cumbre y no hay nada’, fue lo que dijo el funcionario. Esto es un tema generalizado y afecta por supuesto el funcionamiento de nuestro trabajo y el de otras organizaciones", denunció.

Rapero contestatario pide ayuda para los "regulados" dentro de Cuba
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"Hemos tenido notificación de otros y otras activistas que han venido enfrentando este tipo de problemas y, bueno, también por otra parte, está la coacción de la Seguridad del Estado, que nos ha dicho expresamente que, para salir de Cuba, tenemos que irnos de manera definitiva”, relató Navarro.


Respecto a la imposición del exilio forzoso como única alternativa por parte de la policía política del régimen cubano, el rapero contestatario consideró: “Es como mantenernos presos dentro del país, incluso sin podernos mover a ninguna otra provincia, porque nos tienen prohibido la salida de La Habana".

"Es una situación que agradeceríamos a los gobiernos democráticos que denuncien en espacios internacionales (que) el gobierno cubano no da señales de flexibilizar la salida de los activistas a espacios internacionales para participar en eventos culturales, en eventos relacionados con derechos humanos. Esto hay que denunciarlo enérgicamente; no hay de otra”, concluyó Navarro.

(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)

Tapachula: Más de tres mil inmigrantes cubanos entre la incertidumbre y la espera

Migrantes duermen frente al centro de detención Siglo XXI mientras buscan visas humanitarias para cruzar el país y llegar a los EEUU, en Tapachula, el 11 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García

Tapachula, en el estado de Chiapas, desde 2017 es una de las ciudades receptoras de extranjeros en tránsito en el sur de México y pese a los esfuerzos del gobierno por contener el flujo migratorio, la crisis ha sido inevitable y prolongada.

Migrantes consultados por Radio Televisión Martí calculan que en estos momentos hay más de 3 mil cubanos varados en la pequeña localidad situada a menos de 10 kilómetros de Guatemala, y reconocida como un punto de tránsito, de estancia temporal y de destino.

Buscan llegar a la frontera norte y, no pocos, desafiando el recién instituido programa de visas de parole humanitario vigente desde el pasado 6 de enero para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y desde octubre de 2022 para los venezolanos.

Uno de los requisitos del programa establece no haber cruzado irregularmente la frontera mexicana o panameña después del 9 de enero de 2023.

Migrantes esperan en fila para regularizar su situación migratoria fuera de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) de México en Tapachula, estado de Chiapas, México, 10 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García
Migrantes esperan en fila para regularizar su situación migratoria fuera de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) de México en Tapachula, estado de Chiapas, México, 10 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García


Para recorrer el territorio azteca los extranjeros necesitan un permiso de tránsito por 30 días que emite el Instituto Mexicano de Inmigración. Si son detenidos y no tienen el documento, van a parar a la Estación Migratoria Siglo XXI, la de mayor capacidad a nivel nacional con capacidad para poco más de 900 personas, pero que históricamente ha sido señalada por hacinamiento y condiciones precarias.

No obstante, el proceso migratorio se ha visto ralentizado, lo que convierte a la ciudad en un embudo continental.

El cubano Ricardo Escobar llegó a Tapachula hace varias semanas y forma parte de los de siete mil indocumentados de Venezuela, Haití, del Triángulo del Norte de Centroamérica y países del continente africano y europeo que están estancados en esta urbe y que gestionan el documento regulatorio para avanzar hacia el norte.

“Aquí hay gente que lleva esperando cuatro meses por ese permiso, hay retraso y estamos desesperados”, dijo el antillano que salió de Cuba a Nicaragua el pasado 2 de diciembre.

Es que Tapachula está hasta el tope, los migrantes acampan y permanecen en plazas y otros espacios públicos porque los albergues están saturados.

“No solo la espera se hace interminable, es que en muchos casos las condiciones de vida rayan lo inhumano”, indicó el hombre que como miles de cubanos viajó a Nicaragua aprovechando la decisión de ese país de declarar libre visado para los cubanos y para después iniciar un peligroso recorrido por Centroamérica guiados por coyotes.

Migrantes de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití, entre otros, denunciaron a la agencia EFE que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les dan documentos con la promesa de regularizar su estancia en México, pero en realidad los dejan “atrapados” porque solo les permiten llegar a Arriaga, unos 247 kilómetros de Tapachula.

“Estoy a la espera de la visa humanitaria para poder llegar al norte de México y pedir una cita en la frontera porque para Cuba no puedo regresar”, dijo a Radio Televisión Martí, una cubana que pidió ser identificada solo como Yaima.

En sus declaraciones, la joven agregó que los cubanos siguen arribando a Tapachula y de lo que ha podido conocer por los recién llegados, nada indica que el flujo se detendrá.

“Cada día llegan más cubanos y me dicen que las colas (en Cuba) son kilométricas para sacar el pasaporte y poder salir de aquel infierno”, dijo.

En 2022, 18.087 cubanos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En total, el año pasado México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.

Cuba: cero pluralismo político y muy pocas libertades civiles, señala Índice de Democracia 2022

Los dirigentes cubanos en una reunión. Foto Archivo. Estudios Revolución.

Cuba aparece en el lugar 139 del Índice de Democracia 2022, entre 165 estados independientes, dio a conocer este jueves la revista británica “The Economist”. Una vez más, el país clasifica como “régimen autoritario”.

El peor indicador es el de procesos electorales y pluralismo, donde el régimen cubano puntúa cero. A continuación, desaprueba en todos los demás renglones: libertades civiles (2,94 sobre 10), funcionamiento del gobierno (3,21), participación política (3,33) y cultura política (3,75).

Según la revista, Venezuela (puesto 147) y Nicaragua (143) son también regímenes autoritarios y presentan una situación peor que Cuba, a juzgar por su ubicación en el índice. En igual categoría aparece Haití (135).


América Latina y el Caribe “experimentan su cuarto año consecutivo de declive”. Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú son considerados “regímenes híbridos” del continente americano, mientras que Chile, Costa Rica y Uruguay son las únicas “democracias plenas”.

“Con algunas excepciones, los latinoamericanos tienen un bajo nivel de confianza en las instituciones estatales; la región alberga algunos de los países más desiguales y corruptos del mundo”, asegura el informe.

Estados Unidos permanece en la categoría de “democracia defectuosa”, donde se encuentra desde 2016; y España y Francia regresan a la condición de “democracia plena”, principalmente por la “reversión de las medidas pandémicas que habían vulnerado las libertades ciudadanas”.

De acuerdo con el índice de la Unidad de Inteligencia de “The Economist”, más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario (36,9%), gran parte en China y Rusia, y solo el 8% reside en una “democracia plena”.

Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia y Finlandia encabezan el ránking de democracia de 2022, mientras Afganistán, Myanmar, Corea del Norte, República Centroafricana y Siria, en ese orden, son los peores regímenes del mundo.

"Están en un limbo": incertidumbre legal de balseros cubanos que logran llegar a EEUU

Balseros cubanos llegan a las costas de Estados Unidos por Stock Island, cerca de Key West, el 12 de agosto de 2022.

Con el cierre de la frontera terrestre con México por primera vez en décadas, el número de cubanos que trata de alcanzar las costas de la Florida se ha disparado, a pesar de que la situación que les espera ya no es la misma y el camino a la regularización migratoria se hace cada vez más difícil.

Cientos de cubanos han arribado a Estados Unidos entre 2022 y lo que va de 2023 como parte de un histórico éxodo que ha roto récords de crisis anteriores. Ahora, con la restricción de entradas irregulares por la frontera sur, muchos se lanzan al mar con la esperanza de llegar a territorio estadounidense.

Sin embargo, el país que antes recibía a los isleños con brazos abiertos ha cambiado y la realidad que les espera ya no es tan acogedora como hace años atrás.

A Landry González, de 38 años, el estrecho de la Florida le daba terror. "Desde chiquito oía los cuentos de mucha gente que se quedó en el camino cuando (la Crisis de) los Balseros en los 90s y me imaginaba a los tiburones dando vueltas y todavía me dan escalofríos", confesó a la Voz de América.

A pesar de todo, González emprendió la travesía el pasado 2 de enero junto a 16 personas en una pequeña embarcación, salida de un punto en la costa cercana al Mariel, localidad al oeste de La Habana que da nombre a otra de las grandes crisis migratorias cubanas.

"Pensé que me iba a morir más de una vez, pero aquí estoy", insistió el chofer de profesión, que contó cómo llegó con sus compañeros a uno de los cayos del sur de la Florida, donde las autoridades declararon el estado de emergencia al verse desbordados por la inusual llegada de migrantes en la primera semana del año.

Sin embargo, al llegar las autoridades no le dieron al cubano el parole que le permite luego regularizar su estatus migratorio - y en el caso de los nacidos en la isla caribeña, aplicar a la residencia al año y un día bajo la Ley de Ajuste Cubano -, sino que en su lugar recibió un formulario I-220A, una orden de libertad que establece condiciones como asistir a audiencias en la corte de inmigración.

Un puerto cada vez menos seguro

Por décadas los cubanos que llegaban a territorio estadounidense recibían beneficios automáticos bajo la política de Pies secos, Pies Mojados, establecida por el gobierno de Bill Clinton en 1995. Aquellos que son interceptados en el mar son devueltos a Cuba.

El fin de esa política, decretada por el exmandatario Barack Obama en enero de 2017, y un endurecimiento en las condiciones para la entrada de migrantes, en gran parte debido a la actual crisis migratoria en la frontera sur de EEUU, dificultan cada vez más la entrada, también ahora por mar.

"El del formulario I-220A realmente es un tema bien delicado porque literalmente no es un parole", explicó a la VOA la abogada de Inmigración, Rosaly Chaviano, quien advierte que en esta situación no están solo los balseros, sino cientos de otros migrantes irregulares que han entrado en los últimos meses.

Chaviano detalló que en la mayoría de las ocasiones las citas para las cortes de asilo están demorando meses debido al atraso y el alto volumen de casos, sobre todo en la Florida, uno de los destinos a donde más llegan migrantes.

"Están en un limbo. Le llamo así por las personas con este formulario pueden aplicar a un caso de asilo, tratar de probar un caso de miedo creíble (de regresar a Cuba), pero van a estar con un asilo pendiente, renovando sus permisos de trabajo cada dos años, hasta que eventualmente tengan su fecha de entrevista, si es que la aprueban", indicó.

La abogada precisó que no es el caso de los que reciben parole o son admitidos legalmente al país, que sí pueden acogerse al beneficio de la Ley de Ajuste Cubano.

Chaviano agregó que para la defensa de los casos de cubanos sin el permiso legal de entrada, ella y sus colegas están utilizando el "argumento legal de que sí deben tratar el I-220A como un parole, porque estas personas solo pueden ser liberadas bajo palabra, aunque el documento que reciban no lo sea".

"No importa que sea bajo la Ley de Ajuste cubano, no importa que sea un proceso reclamación, cualquier tipo de solicitud en los EEUU, requiere que la persona sea inspeccionada, admitida, o que tenga un parole y ellos, aunque sea con un I-220A, son de alguna manera admitidos", dijo Chaviano, quien admitió que esta es una batalla todavía larga.

En el limbo, "pero aquí"

Para Landry González el proceso de comenzar una nueva vida "ha sido más difícil que lo que pensaba" cuando planeó su viaje. "Tres amigos que llegaron hace un año y les dieron parole, a mi hermano que llegó en 2016, recibió todos los beneficios, yo tuve mala suerte de que me dieran el I-220A", afirmó.

Mientras espera la fecha para su audiencia en la corte, González, junto a dos de sus compañeros de travesía - también con el mismo formulario - trabajan "en lo que pueden" y duermen en un pequeño cuarto rentado "entre la familia de los tres".

"Estamos apretados, no tenemos en qué movernos, extrañamos a la familia, pero estamos aquí. Cualquier cosa es mejor que estar en Cuba, donde no hay futuro, no hay comida, no hay nada", reconoció.

González aseguró que conoce a muchos que todavía planean "lanzarse" al mar a pesar de la constante amenaza de deportación si son descubiertos a medio camino.

"Cualquier cosa es mejor que quedarse allá, eso sí es morirse en vida", afirmó tajante.

¿Migración económica o política?

Un récord de 224.607 cubanos intentaron entrar a territorio de EEUU en el años fiscal 2022, que terminó en septiembre, según datos oficiales. En el mismo periodo 6,182 cubanos fueron interceptados por guardacostas estadounidenses, el mayor registro en seis años.

Solo en los últimos cuatro meses, la Guardia Costera reportó 5,321 encuentros con balseros de la isla, que vive una de sus peores situaciones económicas en décadas, que coincide a su vez con una seria crisis política.

Si bien es cierto que el éxodo está impulsado por el deterioro de la calidad de vida, analistas como Jorge Duany, afirman que "resulta problemático trazar una línea tajante entre los motivos políticos y económicos de cualquier éxodo, particularmente el cubano".

El director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida dijo a la VOA que "no hay duda de que la severa crisis económica (que también es social y política) que vive actualmente la isla está empujando a miles de personas a irse, por cualquier medio posible".

Sin embargo, "el enorme grado de control de la economía, la política y los medios de comunicación por parte del Estado cubano hace que prácticamente cualquier decisión que tomen los ciudadanos tenga connotaciones políticas", señaló.

La profesora de la Universidad de Boston, Susan Eckstein, agregó que "en los años 1960 y 1970 muchos cubanos también se fueron por razones económicas, además de políticas, pero porque la reestructuración de la economía bajo Castro amenazaba su estilo de vida. Ahora, los cubanos están huyendo en desesperación económica".

"Por supuesto, si estás desesperado económicamente, también tienes razones políticas para irte", añadió Eckstein, autora de 'El privilegio cubano: la formación de la desigualdad migratoria en EEUU'.

En esto también coincide el presidente de la Cátedra Emilio Bacardí Moreau de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, para el que "tratar de establecer una división limpia entre migraciones políticas y económicas es un ejercicio inútil".

"En el caso cubano actual, como en otros, confluyen muchos factores: primero, la peor crisis económica desde los 90 (producto de incremento de sanciones de EEUU desde 2017, la pandemia, así como malas decisiones internas) y segundo, un profundo malestar político, sobre todo por parte de jóvenes, como vimos estallar en las protestas inéditas a lo largo de la isla el 11 de julio 2021", recordó el profesor asociado de Historia.

En la migración actual, "hay cubanos que han sido directamente víctimas de represión por su participación en actividades políticas no afines al gobierno cubano, así como los que se están huyendo principalmente de un colapso de la economía, pero que los ha llevado a oponerse radicalmente al gobierno", añadió Bustamante.

CRF acusa a Cuba de cambiar las normas sobre gestión de la deuda ante su litigio

Periodistas apostados frente al Tribunal Superior de Londres. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

El abogado del fondo inversor CRF, Jawdat Khurshid, ha acusado este jueves al Estado cubano de modificar sus normas sobre la gestión de la deuda externa histórica de Cuba ante su pleito para cobrar 72 millones de euros derivados de préstamos suscritos en los años 80.

Khurshid puso en duda la posición del Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, los demandados en este caso, al concluir sus alegatos ante la jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior de Londres, que debe decidir si el grupo registrado en 2009 en las islas Caimán es el acreedor legítimo de esa deuda.

La parte cubana, que esta tarde dará su réplica, argumenta que fue "inválida" la cesión a CRF de los derechos contractuales que antes tenía el banco ICBC, autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el ex director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en su país.

Khurshid sostuvo que Olivera y otros miembros del BNC también condenados en mayo de 2021 en La Habana por presuntamente incumplir los procedimientos actuaron en realidad conforme a las normas, y dijo que Cuba trata de manipular el caso para eludir sus obligaciones de pago.

El abogado disputó el argumento de las autoridades cubanas, representadas por Alison Macdonald, de que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de deuda externa del BNC, debían consultar con el Ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros antes de autorizar la reasignación a CRF.

Según su argumento, este requisito no se incluye en el estatuto del BNC y Cuba "solo lo planteó" ante la demanda presentada por el grupo inversor el 18 de febrero de 2020.

"En base a su manual el BNC podía consentir una cesión de deuda externa histórica sin la aprobación del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros", afirmó el letrado.

Si resulta que en verdad era un requisito, "no lo sabían las personas más involucradas en la cesión de la deuda: ni Olivera, ni Martí, ni (la secretaria legal, María Teresa Compte) Zubeldía", añadió.

Khurshid apuntó que el manual del BNC permite al presidente del banco delegar la autoridad en los altos directivos y solo menciona al ministerio en procesos no relacionados con las asignaciones de deuda.

La parte cubana alegó la semana pasada, mediante el testimonio del perito legal Juan Mendoza, que el decreto ley de 1998 dejó al BNC con competencias "solo administrativas" y le requiere consultar al Gobierno para reasignar la deuda adquirida antes de la fundación en 1997 del Banco Central de Cuba (BCC).

Este jueves, asiste al juicio en Londres el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, como parte de la comitiva oficialista, mientras que lo siguen en directo desde otra sala miembros de la disidencia cubana y firmas inversoras en deuda cubana que calibran cómo este litigio afectará a sus intereses.

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