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Cuba

Opositores: Destrucción de democracia en América Latina se debe a mafia de La Habana

Participantes en el foro "¿Gobiernos revolucionarios o Estados mafiosos?" (izq a der) Laura Rojas, Bolivia; José Dávila (Nicaragua);Miguel Angel Martín (Venezuela); Rosa María Payá (Cuba); Enrique Sáenz (Nicaragua); y Vilma Petrash (Venezuela)

Este sábado se celebró en Miami el foro “Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos? Perspectivas y horizontes", con participación de destacados opositores y especialistas del área. La fortuna del "revolucionario" Daniel Ortega.

La necesidad de crear un frente común coordinado de las víctimas de la red mafiosa internacional que, manejada desde Cuba, ha destruido la democracia en Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y la de gestionar la intervención de los organismos internacionales de justicia, fueron ideas recurrentes en el foro “¿Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos?, Perspectivas y horizontes”, que se desarrolló en Miami este sábado 8 de septiembre

En el evento convocado por la Fundación “Unidos por Nicaragua” participaron la cubana Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide; el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma (vía telefónica); Miguel Angel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio; Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense; José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania; y Laura Rojas, presidenta del Movimiento Resistencia Femenina en Bolivia

La moderadora fue Vilma Petrash, especialista venezolana en ciencias políticas y relaciones internacionales.

En su introducción, Payá delineó el tema central de la discusión: los pueblos de estos países no se enfrentan a un gobierno o a una dictadura, sino a una mafia internacional organizada, encabezada por Cuba: el Estado cubano no se contenta con tener el control en su país y afectar las vidas de sus ciudadanos, sino que a través de su aparato de inteligencia procura infiltrarse, coordinar y expandir su poder en la región.

En ese empeño, prepara a candidatos afines para que se hagan con el poder en las urnas y luego se perpetúen en él, subvirtiendo el orden democrático─ una vez que han secuestrado todos los poderes─ con mascaradas como una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Cuando lo consideran necesario, no vacilan en eliminar brutalmente a los opositores.

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Participando por vía telefónica el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma se refirió al ejemplo de Nicaragua. Mientras que la Carta Democrática Interamericana define el comportamiento de los estados como Estados de Derecho, con respeto a los derechos humanos, elecciones libres y separación de poderes, en la “dictabrujería” (sic) nicaragüense todos los poderes están controlados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos, a pesar de tener en contra prácticamente a todo el pueblo ─estudiantes, sector privado, conferencia episcopal─ han desatado una feroz represión en la que han ultimado a cerca de 500 ciudadanos.

Justicia transnacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Miguel Angel Martín Tortabú, ratificó que los pueblos de estos países se enfrentan a una conspiración internacional que ha resquebrajado hasta su tejido social y se ha convertido en una amenaza a la región. No se trata de casos de corrupción aislados, sino de crimen organizado transnacional protagonizado por Estados forajidos y que, por ejemplo, usa el dinero del narcotráfico para financiar al terrorismo.

Aunque estos gobiernos demandan que se respete su soberanía nacional, la misma queda limitada desde el momento en que descuidan los derechos humanos de sus ciudadanos, señaló el jurista.

Llamó a enfrentarlos mediante la justicia transnacional universal: instrumentos jurídicos internacionales como la Corte Penal Internacional que se ocupa de los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Dijo que hay que exigir la intervención de estos organismos y la cooperación de jefes de Estado de países democráticos, como requieren algunos de estos mecanismos, y para que se abran en sus países procesos judiciales que conduzcan a órdenes de captura o sanciones económicas, como ha hecho Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA bajo la Ley Magnitsky.

"Revolucionarios" con fortunas

Los intereses de estos conspiradores no son solo de control político, sino también económicos, indicó por su parte el economista y ex diputado nicaragüense Enrique Sáenz.

Explicó cómo no se puede comprender a la dictadura de Ortega en su país sin tomar en cuenta la cooperación petrolera venezolana. Señaló como a través de la Caja Rural Nacional, Caruna, y de Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, ambas controladas por la familia presidencial, los Ortega imponen sus precios en la electricidad y el combustible. El servicio eléctrico es el más caro de Centroamérica, mientras que por el carburante, los nicaragüenses pagan 50 centavos de dólar más que el promedio centroamericano, lo cual reporta unos $100 millones anuales que van a las arcas del binomio gobernante, afirmó Sáenz.

Una reciente auditoría a Bancorp, un banco también creado por Ortega y que recibió en fideicomiso la administración del patrimonio de Caruna determinó que el valor de este era de unos $2.500 millones, comparado con un Producto Interno Bruto nacional de apenas $13.000 millones anuales.

Y estos ingresos, dijo el ponente, son solo los comerciales registrados. El economista citó un informe de la CEPAL que estima que el lavado de dinero en Nicaragua, el tercero mayor de la región, asciende a $450 millones anuales.

En un testimonio ante un Comité del Senado estadounidense el investigador Douglas Farah dijo que la organización IBI Consultants LLC había podido detectar más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC colombianas por parte de Albanisa.

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Estudiantes "terroristas"

También de Nicaragua, el exembajador de ese país en Alemania, José Dávila se refirió al secuestro de las instituciones democráticas, en relación con la ley sobre terrorismo y lavado de dinero que el gobierno de Ortega hizo endurecer recientemente a los legisladores, para aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a los capturados en su actual cacería de jóvenes opositores. Sin embargo, dijo, no hay un solo militar o paramilitar responsable de matar, violar o torturar señalado en los tribunales.

Dávila dijo que el régimen de Ortega ya no es un gobierno, sino una especie de califato, usurpadores del poder que se prestan como peones en la lucha geopolítica de Rusia y China contra Estados Unidos.

Bolivia dijo no, pero...

También se refirió al secuestro y manipulación de las instituciones democráticas la líder opositora boliviana Laura Rojas.

Ella recordó como el presidente Evo Morales perdió por un 51,3 % de los votos un referendo para que, a despecho de lo que prevé la constitución, se le autorizara reelegirse para un cuarto mandato. “Bolivia dijo no”, recordó Rojas. Pero Morales se las agenció para que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso de un grupo de parlamentarios de su partido para suspender los artículos que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas.

“Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero estos estados mafiosos se disfrazan de revolucionarios para perpetuarse en el poder”, apostilló Rojas.

En unas breves conclusiones la doctora Vilma Petrash recordó que Venezuela ya tiene 18 años resistiendo este “nacionicidio” que, con la ayuda de Cuba, se extendió desde ese a otros países, mientras es obvio para muchos que el actual éxodo desesperado desde Venezuela es una Cuba con fronteras, un Mariel extendido por toda Latinoamérica.

La especialista concidió sobre la necesidad de buscar salidas jurídicas internacionales. Lamentó que la comunidad mundial suela quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana, pero dijo que “el disfrazado régimen de Díaz-Canel”, que ahora refuerza su disfraz con una Constitución, “debe ser responsabilizado por este horror que está viviendo América Latina”.

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Activistas temen ir a prisión por impago de multas

El opositor Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT). (Foto tomada de Facebook)

El juicio sorpresivo y el traslado directo a la cárcel es un temor con el que viven en la isla decenas de activistas de derechos humanos, quienes han sido multados durante el 2019 por los supuestos delitos de "violar dispositivos de seguridad", "desacato a las autoridades" y no "haber pagado multas".

La aplicación de multas arbitrarias y la encarcelación de algunos por impagos sigue siendo la espada que pende sobre los opositores. Es el método preferido de las autoridades policiales para "sacarnos de las calles" o para que abandonemos el activismo, aseguraron varios opositores consultados.

Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue sancionado esta semana a un año y medio de privación de libertad por el impago de multas que se fueron acumulando.

Andy Rivera, del grupo opositor Delibera, vive con la incertudumbre de que en cualquier momento lo citen y lo sometan a un proceso judicial.

El padre de Andrés Avelino Domínguez Beltrán, también activista de FACOZT, indicó que el encarcelamiento del hijo esta semana fue sorpresivo.

"Lo citaron el lunes para que estuviera el martes en el tribunal de 100 y 33 y de ahí, tras celebrarle el juicio, se lo llevaron a la cárcel de Valle Grande, en las afueras de La Habana", relató.

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Al "juicio" solo le permitieron entrar a él y a la esposa de Domínguez García. El hijo no tuvo acceso a un abogado y en el tribunal sólo había tres jueces, que se encargaron de informarle que estaba sancionado a un año y medio de cárcel, explicó.

Domínguez García había sido multado por las autoridades en varias ocasiones, algunas fueron cuando realizaba su trabajo como bicitaxista. No pagó esas multas por considerarlas injustas.

Otras, que tampoco pagó, fueron impuestas durante su participación en actividades y reuniones convocadas por la organización a la que pertenece.

Los integrantes del FACOZT participan en actividades y reuniones. Por lo general, casi siempre que entran a los locales donde realizan sus eventos, la policía los multa por "violar el dispositivo de seguridad". En rechazo a esa sanción los opositores no pagan las multas.

Domínguez Beltrán y otros opositores de esa organización no han pagado las multas y no descartan que en cualquier momento los citen y los lleven a prisión por la misma razón.

Ellos consideran que reunirse en lugares públicos o privados como organización opositora no es un delito.

Andy Rivera, del grupo opositor Delibera, ha sido multado durante su trabajo como cuentapropista pero también cuando participa en protestas públicas.

El temor de ir a prisión por multas arbitrarias
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La más reciente de las multas le fue impuesta a finales del año pasado, mientras apoyaba a otra activista de ese grupo que reclamó sus derechos.

En ese evento, él y los demás activistas de Delibera fueron multados con 2.000 pesos cada uno por "portar carteles". Asegura que no pagará esa multa, que califica de arbitraria, y sabe que en cualquier momento lo pueden citar a los tribunales y de ahí llevarlo a prisión.

Según Rivera, ese método de la policía es para "sacar de las calles" a los activistas y presionarlos para que abandonen los grupos opositores.

Las Damas de Blanco y activistas de otras organizaciones opositoras también fueron multados en el 2019 por "violaciones del dispositivo de seguridad, atentado y desacato", entre otros.

El informe anual de Human Rights Watch a inicios de este año incluyó las multas como uno de los métodos más usados por las autoridades contra la oposición y los periodistas independientes en la isla durante 2019.

Activista crea proyecto para proteger a los animales

Un gato de la calle en La Habana, en una foto de febrero del 2016.

Preocupado por el maltrato a los animales en Cuba, y con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de su cuidado, el activista Dennis Valdés Pilar creó el proyecto Manos y Corazón, que opera en Sancti Spíritus, en el centro de la isla, y otras provincias del país.

"Siempre he sido un ambientalista y un animalista desde muy pequeño", comentó Valdés.

"A este país le hacen falta muchos proyectos que tengan que ver con algún tipo de trabajo con los animales", precisó.

Manos y Corazón, un proyecto independiente en defensa de los animales en Cuba
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El activista presentó su idea al gobierno municipal, pero todavía está a la espera de respuesta.

"(El proyecto) se le presentó al gobierno para dejar las cosas claras sobre cuál es nuestro objetivo, porque estamos recibiendo ayuda desde el exterior: dinero, medicamentos..., Al que me atendió le gustó la idea. Él esperaba que alguna entidad, alguna persona se vinculara con esto.

"Incluso, hasta nos ofrecieron un terreno en un futuro, si se aprobara el proyecto. También (nos ofrecieron) materiales para construir alguna clínica para perros. Hemos recibido ese apoyo de palabra", explicó.

Valdés aseguró que, aunque hay mucho de responsabilidad individual en el tema del maltrato a los animales, el Estado tiene que cumplir un rol primordial.

Subrayó que "cada vez que hay una nota informativa en la televisón, la radio o los periódicos, no incluyen a los animalistas, como si quisieran minimizar el problema, que cada día está tomando más fuerza producto del maltrato animal que hay aquí en este país".

El Ministerio de Agricultura cubano aseguró a finales de diciembre pasado que estaba revisando una ley sobre el bienestar de los animales. Ello ocurre después de que el movimiento independiente de protectores de los mismos en la isla abarrotara las redes sociales y llevara a cabo manifestaciones públicas con el objetivo de reclamar leyes que protejan a los animales.

(Esta nota fue elaborada sobre la base de un reporte de la periodista de RadioTV Martí Yolanda Huerga)

Vicepresidenta del Parlamento Europeo exige liberación de Ferrer

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová. (Foto tomada de Twitter)

Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, se unió este viernes a la campaña internacional impulsada por Cuba Decide a favor de la liberación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Charanzová aparece con un cartel en el que afirma: "Me uno a la campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. @jdanielferrer lleva más de 100 días detenido de forma arbitraria, torturado y maltratado, y hay muchos casos como el suyo occuriendo hoy en Cuba. #FreeFerrer".

Se intensifican las campañas por la liberación de José Daniel Ferrer
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Según su perfil en internet, Charanzová es una política y diplomática checa que ha sido miembro del Parlamento Europeo desde el 2014 y es graduada de la Escuela Diplomática de España.

Tras el arresto de Ferrer, confinado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, han sido múltiples las muestras de apoyo al líder opositor.

Este jueves en la madrugada, un grupo de jóvenes chilenos se manifestó frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile “para recordar a los presos políticos cubanos, que después de 60 años siguen sufriendo la tiranía y la dictadura castrista”, según un video colocado en Youtube.

Personalidades de la política como el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, en otros, han mostrado su respaldo al opositor.

Cuban Prisoners Defenders quiere dar voz a víctimas del castrismo (VIDEO)

Entrevista a Javier Larrondo Presidente y co-fundador de Prisoners Defenders
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Javier Larrondo, presidente y co-fundador de Cuban Prisoners Defenders (CPD), el grupo independiente que documenta la situación de los presos políticos en Cuba, enfatizó en la importancia de dar a conocer al mundo las denuncias desde la Isla comunista.

El ingeniero, residente en España, visitó este viernes las instalaciones de Radio Televisión Martí y concedió una entrevista al periodista Luis Guardia, donde hizo referencia a las tácticas desarrolladas por el régimen castrista para intimidar, mediante detenciones y arrestos de corta duración, a la oposición interna en Cuba.

Larrondo hizo especial énfasis en el caso de José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), al que mantienen en una celda de castigo desde hace más de cien días bajo serias acusaciones.

CPD mantiene el compromiso de ser la voz de quienes sufren las represalias del castrismo, enfatizó Larrondo, al tiempo que destacó la labor de Ferrer y asegura que "el régimen no lo va a doblegar".

CSW: Cuba ha plantado informantes en las organizaciones religiosas

Una creyente cubana sostiene velas. REUTERS/Alexandre Meneghini

El gobierno cubano continúa violando rutinaria y sistemáticamente la libertad de religión en la isla y ha infiltrado las organizaciones religiosas, asegura el más reciente informe del grupo Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés), publicado esta semana.

En 2019, CSW recibió 260 casos documentados de violaciones a las libertades religiosas en la isla y la mayoría son perpetradas por el Estado, según declaró a Radio Televisión Martí la portavoz de esta organización, Kiri Kankhwende.

Denuncian al Estado cubano como mayor violador de libertades religiosas en la isla
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La nueva constitución aprobada en la isla el año pasado “debilita las protecciones para las libertades religiosas y el derecho asociado de libertad de conciencia”, indica el reporte de CSW que habla de un incremento en el hostigamiento de líderes religiosos, prohibiciones de salida del país, amenazas y casos de detenciones arbitrarias.

Algunos casos involucraron cargos falsos presentados contra los líderes religiosos o los defensores de los derechos a la libertad de culto.

"A veces, el hostigamiento toma una forma más sutil, más difícil de documentar, dirigida a los hijos de líderes religiosos en la escuela", indica el informe.

CSW asegura que “el gobierno, a través del Ministerio del Interior, continúa plantando sistemáticamente informantes en todas las organizaciones religiosas. En algunos casos, la seguridad del estado se ha acercado a miembros y líderes de organizaciones para persuadirlos o intimidarlos para que actúen como informantes. El objetivo es monitorear e intimidar a los líderes religiosos, informar sobre el contenido de los sermones y otros eventos y observar e informar sobre quién asiste a los servicios”.

El reporte denuncia también que los miembros de grupos religiosos experimentan rutinariamente discriminación en instituciones educativas y en sus centros de trabajo.

Precisamente este viernes la embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en sus redes sociales el testimonio del pastor Mario Félix Lleonart, actualmente exiliado en EEUU, sobre el acoso que sufrió siendo un líder religioso en la isla.

En diciembre de 2019 Washington decidió incluir a Cuba a la lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa.

[Con reporte de Carmen María Rodríguez de Radio Martí]

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