Venezuela
Oficialismo saca al menos ocho toneladas de oro de Banco Central de Venezuela
CARACAS - Al menos ocho toneladas de oro salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela en la última semana en camionetas del oficialismo para presuntamente ser vendidas fuera del país, dijeron un diputado opositor y tres fuentes de gobierno que tuvieron conocimiento de los movimientos.
En los tres días en los que fue retirado el oro no había personal de custodia del banco, y se contó con apoyo de vehículos de gobierno, denunció el legislador Ángel Alvarado.
Otras tres fuentes del Gobierno confirmaron a Reuters el traslado de los lingotes de las reservas y la falta de los guardias regulares en esos días, en los que el jefe del ente, Calixto Ortega, estaba de viaje.
"Han estado sacando oro en cuatro camionetas por las puertas 3 y 4 del banco, usando un acta con fecha del año pasado para despistar", dijo Alvarado. "Pretenden venderlo de contrabando fuera del país", agregó sin dar detalles del supuesto destino de las barras.
El Banco Central de Venezuela (BCV) no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Comunicaciones tampoco contestó el pedido de declaraciones de Reuters.
La Casa Blanca y decenas de países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, por considerar que Nicolás Maduro ganó su reelección en comicios que no tuvieron garantías democráticas y en los que no se pudieron presentar los principales líderes opositores.
En busca de cercar financieramente a la administración de Maduro, Estados Unidos ha establecido sanciones y ha pedido a compradores internacionales de oro dejar de hacer negocios con su gobierno.
Después de ese exhorto, la firma Noor Capital en Abu Dabi, que había comprado tres toneladas de oro al Banco Central venezolano en enero, dijo que no tenía previsto adquirir más barras en Caracas hasta que se estabilizara la situación.
Y el Banco Central tuvo que suspender la venta de al menos otras 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones, según fuentes de alto gobierno a Reuters.
Las ventas de lingotes son casi la única alternativa que tiene Maduro para obtener liquidez, ante la merma de los ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones definanciamiento internacional por las severas sanciones que le impuso Washington para presionar su salida del poder.
Unas 20 toneladas de oro monetario dejaron de estar en manos del emisor en 2018, según los balances del BCV. Al cierre del año quedaban unas 140 toneladas de oro en reservas, el volumen más bajo en 75 años, según los datos oficiales.
En el Banco de Inglaterra hay otras 31 toneladas de oro del Banco Central venezolano, que ha hecho gestiones para retirarlas. Pero el canciller del país sudamericano, Jorge Arreaza, denunció el miércoles que la entidad británica mantiene bloqueados los activos de Venezuela.
Vea todas las noticias de hoy
Capriles, otra vez rival del chavismo en unas presidenciales (VIDEO)
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles inició este martes su tercer intento a la presidencia, tras recibir el respaldo de su partido para participar en las primarias opositoras que escogerán al rival de Nicolás Maduro en 2024.
Capriles, que enfrentó al fallecido expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro, está inhabilitado para ejercer cargos políticos, un tema en la agenda del lento proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México."
¡Tenemos candidato presidencial y es Henrique Capriles!", expresó la presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, en rueda de prensa a la que el dirigente no asistió.
"Nuestro candidato presidencial va a ser proclamado" el próximo 10 de marzo en un "gran comité político nacional".
Capriles arrasó en una consulta interna de la organización, frente a otros dos dirigentes, y será candidato en las primarias del 22 de octubre.
El dirigente de 50 años no se ha pronunciado sobre el tema.
Su inhabilitación fue impuesta en 2017 y por 15 años por supuestas "irregularidades administrativas" durante su gestión como gobernador del estado Miranda, vecino de Caracas, entre 2008 y 2017.
"El tema de las inhabilitaciones es una realidad (...) es uno de los grandes retos que tenemos por delante", reconoció Martínez que, sin embargo, se mostró convencida de que estas medidas serán revertidas.
"Yo estoy convencida de que Maduro (...) va a tener que rectificar y hacer lo correcto y lo va a tener que firmar en la negociación al respecto", sostuvo Martínez, aunque resaltó que "no hay ningún tablero preferente para la lucha de la defensa de los derechos".
La agenda política, que incluye condiciones electorales y las inhabilitaciones, aún no fue abordada en el diálogo en México, paralizado desde noviembre a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales contra Maduro para atender la crisis humanitaria.
Capriles será otra vez rival de Maduro en las presidenciales de Venezuela
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles aceptó oficialmente el viernes su tercer intento a la presidencia, tras recibir el respaldo de su partido para participar en las primarias opositoras que escogerán al rival de Nicolás Maduro en 2024.
EEUU extiende por tres meses protección de Citgo de acreedores
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el martes por tres meses una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, de los acreedores que intentan embargar activos para cobrar deudas impagas.
"Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono PDVSA 2020 de 8,5 % están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC", informó la oficina en su página web.
La OFAC también dijo que en caso de cualquier acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020, se pueden aplicar requisitos de licencia adicionales.
"La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencia favorable hacia dicho acuerdo", agregó.
Persisten violaciones de DDHH en Venezuela
Miembros de la sociedad civil e instancias internacionales reiteran las denuncias de que en Venezuela persiste un “patrón” de persecución y violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal registra, a la fecha, 277 presos políticos, 154 de ellos militares y 123 civiles.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.
Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.
Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información.
A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Organización No Gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria.
Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.
“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la Voz de América.
Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DDHH, José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.
Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.
Actualmente en Venezuela la mayoría de los presos políticos son militares, lo que, para Himiob, envía un “mensaje claro”: se busca controlar a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y evitar focos de “disidencia, queja y protesta”.
Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la FAN, sostiene que en el país se han cometido “atrocidades” y precisa que ha ocurrido una “deformación” en el trato de “torturas hacia militares cometidos por militares rompe en dos la historia de tradiciones de la FAN”.
Muro de contención
Uno de los episodios que marcó 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela fue la renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), desconocida por el Estado venezolano, que le acusa de presentar “acusaciones falsas y sin fundamento”.
En su más reciente informe, la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
Además, Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, durante una votación directa y secreta de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General, celebrada en octubre, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.
Para los activistas, la renovación del mandato es una “buena noticia” debido a que implica que, de alguna manera, se mantiene “la lupa” sobre la situación de los derechos humanos en el país y se convierte en un “muro de contención” aunque el Estado mantenga su posición “represiva”.
“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.
A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones activistas más antiguas de Venezuela, la FFM se ha convertido en el mecanismo “más contundente de verdad” sobre lo que ocurre en el país y califica como una “victoria amarga”, las ocasiones en las que la Misión divulga un documento.
“Ayuda a que la situación a lo interno no sea peor de lo que ahora es, como mecanismo de disuasión y de temor que tienen los funcionarios de verse reflejados en esos documentos”, señaló en un reciente evento sobre derechos humanos celebrado en España.
Avances en La Haya
En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.
“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.
Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
Himiob, uno de los 4 abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.
Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.
“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.
SIP alerta sobre desaparición de periodismo independiente en Venezuela bajo represión gubernamental
Decenas de medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en Venezuela por instituciones del Estado en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado el domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Durante su 78 Asamblea General, la organización subrayó que, en este período, se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el Gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras.
El informe recuerda que en Venezuela "hace tiempo, prácticamente, desapareció la prensa escrita", en alusión al cierre de periódicos en la última década, de los que responsabilizó al Gobierno.
La SIP señaló que las estaciones de radio y los canales de televisión están a merced de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador que tiene "poderes ilimitados" para ejercer "censura absoluta".
En los últimos cuatro meses, Conatel ha cerrado, al menos, 40 estaciones de radio, de acuerdo con los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, según un reporte de la agencia EFE.
Venezuela ocupa el número 21, de 22 países, en la zona de países "sin libertad de expresión, junto a Cuba y Nicaragua, en el Índice Chapultepec de la Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la SIP.
Foro