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América Latina

OEA discutió reciente informe de la ONU sobre Venezuela

Julio Borges, canciller en funciones de Venezuela

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, dijo este martes durante la discusión virtual en la OEA sobre el reciente informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas para Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro lleva a cabo una campaña sistemática de criminalización en contra de las ONG que defienden las libertades en el país sudamericano.

Hernández hizo un llamado a poner fin a ese tipo de ataques contra los defensores de los derechos humanos y contra la censura a los periodistas y medios de prensa independientes y llamó a estar alertas respecto a las controversiales elecciones legislativas programadas para diciembre.

La reunión, que comenzó a las 2:00 pm, fue solicitada por las misiones permanentes de Colombia, Brasil, Estados Unidos y el gobierno encargado de Venezuela.

Carlos Trujillo, embajador de EEUU ante la OEA, dijo que "confirmamos el apoyo por la democracia en Venezuela, y pedimos que se adopte una resolución en la Asamblea General de la OEA en octubre que reitere la aceptación de los actuales representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que se celebren elecciones presidenciales libres y justas".

La canciller de Colombia, Claudia Blum, indicó que su país impulsó esta solicitud ante "los graves hallazgos de la Misión de la ONU", que informa sobre hechos que constituirían crímenes de lesa humanidad.

Marta Baliñas, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que el informe denota graves violaciones a las personas por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela y que ello es parte de una política sistemática que incluyen ejecuciones extrajudiciales.

Aseguró Baliñás que el accionar de las fuerzas de seguridad en Venezuela tiene como método el realizar disparos a quemarropa en partes vitales del cuerpo de sus víctimas.

El comisionado y canciller en funciones de Venezuela, Julio Borges, declaró que la legitimidad de Maduro murió en las últimas elecciones y denunció que el genocidio del pueblo venezolano es también el genocidio de las libertades de todos, puesto que el régimen se sostiene con el apoyo internacional de Cuba, Irán y grupos de narcotraficantes y guerrillas como el ELN y las FARC.

En la sesión fueron invitados los integrantes de la Misión Independiente de la ONU y expertos de centros de estudios que analizan temas de elecciones y democracia en la región.

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OEA condena detención ilegal por parte de la dictadura venezolana de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana

Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, condenó "la detención ilegal por parte de la dictadura venezolana de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana y su tripulación".

La embarcación se encontraban dentro de la Zona Económica Exclusiva, ZEE, de la República Cooperativa de Guyana, informó la OEA en un comunicado de prensa.

La Secretaría General exige que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura a las autoridades de su país, así como los dos barcos detenidos.

Además, la Secretaría General reitera su apoyo a las normas y procesos establecidos por el derecho internacional en relación con los conflictos territoriales en curso.

La resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales, indicó la OEA.

Cualquier intento de descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y los estándares internacionales, y no tiene soporte legal ni significado jurídico, concluyó el organismo hemisférico.

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Nicaragua sin señales de reformas electorales para comicios de noviembre

Muchos acusan al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

El gobierno de Nicaragua está dilatando hasta último momento las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas.

MANAGUA - Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado con reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral, al que muchos acusan de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

Misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en derecho y académico Carlos Tünnermann advierten que las próximas reformas deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respuesta a los cambios y reestructuraciones necesarias.

“Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son responsables de los fraudes anteriores, tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo Electoral que funcione con transparencia honestidad y de manera responsable”, enfatizó.

Tünnermann sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el gobierno también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.

Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral se discutirán únicamente con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.

Navarro fue enfático al asegurar que van a definir las reformas electorales.

“Como lo dice el memorándum de entendimiento, son reformas eminentemente técnicas referidas exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral. Aquí no hay cambios constitucionales ni prohibiciones de ningún tipo como se les ha ocurrido a ese grupo de oenegés”, afirmó.

Es decir, la propuesta que aparentemente presentará el gobierno excluye que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

Tampoco reconoce ninguna de las condiciones previas que demandan las organizaciones sociales, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye 12 reformas, de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional, por lo que ya no podrían lograrse antes de las elecciones, porque en Nicaragua las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas, a diferencia de las leyes ordinarias.

Sin embargo, también proponen la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado, y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

Aún hay tiempo

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a la Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias pero esto dependerá de la voluntad política de las partes.

“El gran tema, ¿se va a lograr? Eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder por una parte y, por otro, de cuál va a ser el tipo de presión que pueda ejercer la propia ciudadanía y los partidos”, señaló.

El plazo establecido por la Asamblea General de la OEA para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021.

La resolución de la OEA sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al gobierno “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral y por ello insta a que el gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprende observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.

Ortega usa los recursos del Estado para mantenerse en la presidencia de Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua (Maynor Valenzuela/AFP).

Los opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua afirman que el dictador usa los recursos del Estado, particularmente en las escuelas, para mantenerse en la presidencia.

Dicen que existe un culto a la personalidad a Ortega y su esposa Rosario Murillo en la enseñanza pública y en todos los niveles de la sociedad, informó la Voz de América, VOA.

Desde que el joven nicaragüense de 19 años Román Sandino se matriculó en una universidad semiprivada, comenzó a destacarse en actividades culturales, que a la par de sus excelentes notas y su capacidad bilingüe, lo hicieron aspirar a solicitar una beca completa en otra casa de estudios.

A su corta edad Román ha traducido varios libros y obtenido sus primeros ingresos.

Normalmente Román estudia los días de semana en Managua, pero asegura que tiene un tiempo extra para poder adquirir aún más conocimiento.

Recientemente escuchó que el Ministerio de la Juventud, Minjuve, una entidad controlada por el presidente Ortega, estaba ofreciendo 16.000 becas universitarias en centros privados y públicos, pero uno de los requisitos principales era escribir una carta dirigida al mandatario.

Román rechazó de forma inmediata la beca, pese a sus anhelos de superación.

"Me parece una payasada que pongan tan ridículo filtro, con claras motivaciones políticas. Si en verdad quisieran tener a los mejores (estudiantes), medirían sus habilidades y no su lealtad al partido”, dijo el joven a la Voz de América.

En un año electoral, donde la comunidad internacional mantiene altas expectativas para que se celebren unos comicios libres, transparentes y competitivos que alivien la crisis sociopolítica que vive el país, los opositores han denunciado al gobierno de Ortega de arreciar su proselitismo político, utilizando incluso a las instituciones públicas y programas sociales como forma de atraer a los votantes.

La socióloga María Teresa Blandón considera que la mayoría de los gobiernos, tanto de derecha, como de centro o de izquierda, han recurrido al control que tienen sobre los sistemas públicos de educación para hacer proselitismo político, pero advierte que “algunos lo han hecho de forma más sistemática y abusiva”, como asegura es el caso del presidente Ortega.

Blandón enfatiza que desde que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llegaron al poder, en la enseñanza pública y en todos los niveles se fomentó el culto a la personalidad hacia ellos.

También acusan al líder sandinista de instrumentalizar incluso los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral.

Los diputados opositores afirman que en los murales de la Asamblea Nacional y en el canal parlamentario se transmite la campaña partidaria afín al gobernante Frente Sandinista, pese a que aún no se ha convocado a los comicios presidenciales.

Por su parte, el politólogo y líder de la oposición, Félix Maradiaga, valora la estrategia del gobierno como uno de los problemas más graves del “régimen sandinista”. Considera que son raíces del partido de gobierno practicadas desde la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista.

“Uno de los problemas más graves del régimen sandinista, son sus raíces profundamente arraigadas en la lógica del Estado-Partido. Esto quiere decir que el Frente Sandinista, desde sus orígenes, se interpreta a sí mismo como un aparato político-militar vanguardista, pero además dueño del Estado”, dijo Madariaga.

Policías y paramilitares asedian a defensoras de los derechos de la mujer en Nicaragua

Mujeres de Nicaragua en plena crisis política y sanitaria

Las integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia junto a las del Programa Feminista La Corriente, emitieron una denuncia acusando a los miembros de la policía orteguista, así como de fuerzas paramilitares, de someterlas a “intimidación, hostigamiento y asedio”, según lo publicado en el portal digital de ambas organizaciones, “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”.

En el comunicado, las defensoras de los derechos de la mujer relatan que “elementos policiales y parapoliciales asediaron la asamblea de la Red”, efectuada el sábado 23 de enero, “reteniendo, fotografiando y obligando a mostrar la identificación de algunas de las participantes”.

Por otra parte, en la sede del Programa Feminista La Corriente, las asistentes a un encuentro se vieron en la misma situación de asedio y acoso por parte de la policía política del presidente Ortega estando María Teresa Blandón, directora del programa en el interior del recinto.

De acuerdo con la información, estos hechos corresponden a la “campaña de asedio y hostigamiento sistemático” que se ha trazado el Estado nicaragüense para intimidar e intentar frenar la actividad de las “defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas, así como a presas políticas excarceladas y sus familias”.

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