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América Latina

Nicaragua: Ortega estrena reformas penales en caso contra Cristiana Chamorro

Más de una docena de periodistas han sido citados por el Minsiterio Público de Nicaragua, que ha iniciado una supuesta investigación contra la Fundación Violeta Chamorro. (Foto: Houston Castillo, VOA)

MANAGUA - Una medida aprobada por el Gobierno sandinista de Nicaragua de ampliar de 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicios fue aplicada contra dos exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro detenidos el viernes por la noche.

El arresto forma parte de una supuesta investigación por lavado de dinero contra ellos y Cristiana Chamorro, exdirectora de la organización, que suspendió operaciones en febrero de este año, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

El Código Procesal Penal establecía anteriormente que una persona investigada podría permanecer detenida hasta 48 horas, pero fue ampliada hasta 90 días.

“Es algo político”, valoró a la Voz de América María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, antiguo financiero de la Fundación Chamorro y uno de los detenidos bajo supuesta investigación.

Los familiares y abogados de Marcos Fletes, quien trabajaba como contador de ese organismo y que también fue detenido, coinciden con Consuelo Céspedes.

“Vive Cristo que mi esposo siempre ha sido una persona intachable", dijo Céspedes llorando.

“Es un juicio político”, declaró Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien señaló que tras la detención de los extrabajadores ocurrió una serie de violaciones a los derechos constitucionales.

Chamorro dijo que a los detenidos se les violó el derecho a la defensa, porque no se les ha permitido reunirse con sus abogados. Tampoco se les garantiza ver a sus familiares para que estos conozcan su situación de salud.

“Se encuentran completamente incomunicados y aislados como mecanismos de presión y seguramente sometidos a las torturas que ya sabemos que ellos imponen en los reos”, agregó Chamorro, quien no descarta que estén siendo presionados para testificar contra ella.

Por otro lado, rechazó las acusaciones del Ministerio Público en el que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía por supuesto lavado de dinero, enfatizando que cada año se entregaban auditorías al Ministerio de Gobernación que les permitió operar por 25 años.

“Obviamente aquí es un juicio político, es un juicio para inhibirme e inhibir a los nicaragüenses en el próximo proceso electoral”, expresó la precandidata, que aparece como la favorita en las encuestas como la de Cid Gallup.

Tampoco descartó la posibilidad de que la puedan apresar a ella también como parte de las investigaciones y describió al Gobierno del presidente Daniel Ortega como “un régimen arbitrario, un régimen autoritario, que viola los derechos humanos”.

Opositores advertían que reformas tenían “un fin perverso”

Anteriormente, diversos analistas consultados por la VOA advirtieron que una combinación de reformas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, tenía un fin “perverso” contra los opositores, sobre todo en un año electoral.

El jurista José Pallais comentó que la reforma al Código Procesal Penal que amplió el período de detención fue una copia “de países violadores de derechos humanos”, como Cuba y Venezuela.

“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y detenga, pero cada vez nos estamos acercando a Cuba, Venezuela y Corea del Norte”, señala Pallais.

“No se puede confundir con la posibilidad de ampliar las investigaciones, con violar los procesos o derechos humano, aduciendo tramitación compleja. De hecho, eso se da después que el detenido es acusado, ahí se le señala el delito que cometió, conoce los hechos y pueden ampliarse investigaciones, pero tener hasta 90 días a un ciudadano (detenido) sin saber qué delito (cometió) es romper con la misma Constitución”, concluye el jurista.

No obstante, el oficialismo ha argumentado que con dicha reforma “el imputado va a tener el derecho a que se le investigue y que realmente se le juzgue de conformidad a una investigación justa, a una investigación transparente, con todas las pruebas necesarias para poder juzgar y brindar una sentencia ajustada a derecho”.

El Gobierno de Ortega inició unas investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios y su ex directora Cristiana Chamorro desde hace dos semanas por supuestos “indicios” de lavado de dinero.

También se implicó a Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguos financiero y contador de ese organismo.

De igual forma han sido citados al Ministerio Público al menos 15 periodistas y directores de medios de comunicación, para ser cuestionados por haber recibido talleres y apoyo para el periodismo.

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La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

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