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América Latina

Muere Piedad Córdoba, polémica congresista colombiana que gestionó liberación de rehenes

El comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jairo (C), camina junto a Piedad Córdoba (L) en San Isidro, Caquetá, el 30 de mayo de 2012. Luis ACOSTA/AFP
El comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jairo (C), camina junto a Piedad Córdoba (L) en San Isidro, Caquetá, el 30 de mayo de 2012. Luis ACOSTA/AFP

Piedad Córdoba, la polémica congresista colombiana de izquierda que se hizo célebre por su estrecha amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez y por su aparente cercanía con los grupos guerrilleros con los que logró la liberación de al menos 20 secuestrados, falleció el sábado, informó el presidente Gustavo Petro. Tenía 67 años.

"Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto", escribió Petro en la red social X, antes Twitter.

Nació el 25 de enero de 1955 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, a 250 kilómetros al noroeste de la capital Bogotá.

Según reportó noticias Caracol, la senadora habría sufrido un infarto tras lo cual fue encontrada en su departamento en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora "al parecer llegó sin signos vitales a la Clínica Conquistadores".

En 2022, fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos en la clínica El Rosario de Medellín, cuya dirección indicó como causa una infección aguda que le provocó una baja de tensión. Un comunicado del centro médico dio cuenta del hecho tras lo cual descartó el peligro. Un mes antes, Córdoba se contagió de covid-19.

De Córdoba, una llamativa figura que vestía en vivos colores y cubría su cabeza con turbantes, nunca se dejó de hablar en Colombia en los últimos 20 años. Tampoco nunca se escondió ni dejó de decir en público lo que pensaba y creía en privado.

Como en marzo de 2007, en Ciudad de México, cuando les pidió "a los gobiernos progresistas de América Latina" que rompieran relaciones diplomáticas con Colombia porque, según ella, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) había sido elegido por la mafia del narcotráfico y el paramilitarismo.

Piedad Córdoba (der.), en una reunión entre la guerrilla y el gobierno colombiano, celebrada en La Habana, en diciembre de 2015. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)
Piedad Córdoba (der.), en una reunión entre la guerrilla y el gobierno colombiano, celebrada en La Habana, en diciembre de 2015. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

En otra ocasión, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca y a 300 kilómetros al oeste de Bogotá, les dijo a un grupo de estudiantes que la lucha armada se justificaba en el país, una afirmación que iba en contra de referentes de la izquierda latinoamericana como el dirigente cubano Fidel Castro, que hacía ya años había descartado las vías de fuerza para alcanzar el poder.

Con esos comentarios, desde luego, su nombre no podía pasar inadvertido para sus detractores.

Pero sus seguidores la admiraban y respetaban y hasta justificaban sus salidas en falso, como los rumores sobre su aparente cercanía ideológica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Eso no es cierto, eso son mentiras", le dijo a The Associated Press en octubre de 2009 el Nobel de Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Según el pacifista argentino, Córdoba lo que hacía era "tratar de liberar a los rehenes (en poder de las guerrillas) y tratar de llevar la paz a Colombia".

Córdoba despertaba fervor entre los secuestrados, los exsecuestrados y los familiares de estos. Todos ellos la veían como una salvadora. Y razón no les faltaba porque ella consiguió algo que para muchos parecía impensable: que políticos, policías y militares que llevaban más de seis años secuestrados por las FARC volvieran a sus hogares en varios operativos de entrega a partir de enero del 2008.

Córdoba fue la mayor de los 12 hijos que tuvieron los educadores Zabulón Córdoba y Lía Ruiz.

Se instalaron en Santa Lucía, un barrio de clase media-baja de Medellín. Era la época en que se decía que los trabajadores más mal pagados del país eran los maestros y los policías. Con esos pocos ingresos salariales, el matrimonio Córdoba-Ruiz se dio a la tarea de levantar a su docena de hijos.

Córdoba estudió el bachillerato en un colegio público conocido como el CEFA o Centro Formativo de Antioquia. Allí empezó a forjarse y a mostrar la fogosidad que la caracterizaría en el futuro.

"Desde jovencita ya era una líder", recordó en diálogo telefónico Amanda Arboleda, su amiga de juventud.

"Era la que más hablaba, la que más pelea daba, nunca tragaba entero", agregó Arboleda.

Tras terminar su carrera de abogada en la Universidad Pontificia Bolivariana, Córdoba inició su carrera política en los barrios populares de Medellín, siempre con el Partido Liberal. Por esa misma época se casó con Luis Castro, con quien tuvo cuatro hijos.

Su gran jefe en aquellos inicios de la política fue el exministro William Jaramillo, ya fallecido, y quien, por ejemplo, la hizo su secretaria privada cuando él se desempeñó como alcalde de Medellín entre 1984 y 1986.

Fue concejala de Medellín y diputada de la Asamblea del departamento de Antioquia. Entre 1992 y 1994 se desempeñó como representante a la Cámara y desde 1994 y hasta 2010 siempre tuvo un escaño en el Senado.

Desde su llegada a Bogotá como congresista empezó a hacer ruido. Siempre estaba en contra de las mayorías y, según ella, en favor de las minorías. Desde entonces empezó a hacer contactos, casi que de manera pública, con los grupos guerrilleros.

Tal vez esa cercanía con los rebeldes fue el motivo de su secuestro, a mediados de 1999 y durante 14 días, por orden del jefe paramilitar más importante de entonces en Colombia, Carlos Castaño, asesinado en 2004 por sus lugartenientes.

Los medios de comunicación registraron en ese entonces que nunca se arredró ante Castaño y que, por el contrario, siempre se mostró ante él altiva y desafiante. La política fue liberada tras gestiones de altos dirigentes liberales.

Fue Córdoba la que tras su liberación citó una frase que le había dicho Castaño y que anticipaba lo que sería después uno de los mayores escándalos del país: las relaciones del mundo político con el paramilitarismo.

Según Córdoba, el máximo jefe de esas bandas armadas le había comentado que estaba cansado de ser tratado como una prostituta a la que de noche muchos visitan y hacen regalos, pero que de día nadie conoce.

Para finales de 2006 ya eran decenas los congresistas, gobernadores y alcaldes los que eran investigados por los tribunales por esos lazos con los paramilitares.

Tras su secuestro, Córdoba se marchó con sus hijos un tiempo a Canadá. Sólo regresó para hacer campaña en busca de renovar su escaño como senadora en los comicios legislativos de 2002, lo que consiguió de manera apretada.

Fue en el Congreso una de las más potentes defensoras del entonces presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), señalado de haber financiado su campaña electoral con dineros del cartel de las drogas de Cali, lo que él siempre negó, mientras en el país se expandía el paramilitarismo y la guerrilla.

Al final, Samper fue absuelto y una de sus escuderas fue Córdoba, quien siempre sostuvo con el mandatario una estrecha alianza.

El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe se posesionó como presidente de Colombia y desde ese momento Córdoba se puso a la cabeza de la oposición.

Durante los ocho años que Uribe permaneció en el poder, no dejó de calificarlo de ilegítimo y, sobre todo, de señalarlo de ser cercano y afín a los grupos paramilitares. Además, mientras Uribe ha sido partidario de combatir a los rebeldes por la vía militar, Córdoba decía que con las guerrillas la solución debía ser mediante el diálogo.

A pesar de sus posiciones ideológicas encontradas, en agosto de 2007 Uribe autorizó a Córdoba para que se acercara a las FARC y tratara de conseguir la liberación de un grupo grande de políticos y miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados por esa guerrilla.

Pese a cantidad de altibajos, en enero y febrero de 2008 Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez, su amigo, consiguieron que las FARC les entregaran a seis políticos que llevaban entre seis y siete años secuestrados por ese grupo ilegal.

Entonces las acciones de Córdoba con las FARC y su cercanía con Chávez empezaron a ser mal vistas en Colombia por sectores conservadores y uribistas. De hecho, en 2008 Córdoba iba a bordo de un avión que cubría la ruta Bogotá-Caracas y varios de pasajeros estuvieron a punto de agredirla a golpes llamándola "apátrida".

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa por sus aparentes nexos con las FARC, basada en cientos de correos electrónicos que se cruzó con Raúl Reyes, el jefe guerrillero de las FARC abatido el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

Pero Córdoba, que fue una mujer de mil batallas, siguió sin mirar atrás con su trabajo para lograr la liberación de los demás secuestrados, ya sin la ayuda de Chávez. Entre enero de 2008 y febrero de 2011, las FARC le entregaron 20 secuestrados más, entre políticos, militares y policías.

Córdoba fue "una mujer incansable, constructora de paz en Colombia", comentó Iván Cepeda, un congresista y activista de derechos humanos que desde hace unos cuatro años se convirtió en uno de sus principales apoyos en un movimiento fundado por ella, "Colombianos y Colombianas por la Paz".

En el 2022 volvió a ser elegida senadora por la lista del movimiento político de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

En sus últimos años de vida, Córdoba lidió con la captura y extradición de su hermano Álvaro Fredy a Estados Unidos por cargos federales relacionados con narcóticos. Pocos días antes de su muerte, se declaró culpable.

El hermano de la congresista aceptó que fue parte de una operación en la que ofreció a informantes de Estados Unidos presentarlos a guerrilleros disidentes que podrían ayudar a introducir grandes cantidades de cocaína en Nueva York.

Pese al proceso que enfrentaba su hermano, Córdoba siempre defendió su inocencia y también la de él.

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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)

María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.
María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.

Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.

Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.

Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.

La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.

Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.

La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.

Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo

El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.
El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.

Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.

"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.

Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.

"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.

Borges también negó los vínculos con El Aissami.

"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.

Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.

El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.

El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.

Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.

El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.

Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN

El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.

La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.

El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.

La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".

El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".

"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.

Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".

Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".

Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.

Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.

El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.

Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

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