América Latina
- Agencias
Menonitas: emigrar de Chihuahua a Tatarstán
Los granjeros menonitas que emigraron hace un siglo de Rusia a México buscan ahora hacer un viaje de regreso.
Norteamérica en busca de campos y libertad religiosa, cientos de sus descendientes en México están pensando en volver a sus tierras ancestrales.
La escasez de tierras de labranza, la sequía y conflictos con rivales están haciendo que muchos menonitas del norte de México piensen si no será mejor volver a las planicies de Europa oriental, de las que emigraron en el siglo XIX, para proveer
mejor a sus familias.
Este año, un grupo de 11 menonitas de México viajó a Tatarstán, en el borde sur de la Rusia europea, para ver tierras que podrían ayudarles a conservar su espartano estilo de vida frente a los retos del crecimiento de la población y el cambio climático.
"Buscamos un futuro para nuestros hijos y nietos", dijo Peter Friesen, un granjero de 59 años que visitó la población de Aznakayevo en agosto. Friesen es descendiente de menonitas que nacieron en el antiguo Imperio Ruso.
Los menonitas son un grupo cristiano anabautista radical que se originó en el siglo XVI en zonas de Alemania, Holanda y Suiza y rechazan la jerarquía eclesiástica y el servicio militar, lo que los ha convertido en objeto de persecuciones a lo largo de los años e históricamente los hizo depender de líderes que quieren aprovechar su habilidad como granjeros. Entre sus preceptos está el que los miembros de la comunidad sólo deben bautizarse una vez que tienen edad suficiente para entender su fe.
Muchos, como Friesen, que viven en granjas en los alrededores de la ciudad de Cuauhtémoc en el norte de México son descendientes de colonos que se establecieron en partes de lo que hoy es Ucrania dentro del Imperio Ruso, durante el reinado de la zarina Catalina la Grande en el siglo XVIII.
Pero sus libertades -como la de no hacer el servicio militar- se vieron amenazadas durante el surgimiento de los nacionalismos europeos y muchos comenzaron a emigrar a Norteamérica en la década de 1870. Y más los siguieron tras el estallido de la Revolución Rusa y las guerras mundiales.
Los menonitas, que aún hablan Plautdietsch, una mezcla de bajo alemán, holandés y dialectos prusianos, comenzaron a llegar al norteño estado mexicano de Chihuahua desde Canadá en la década de 1920, y han colaborado a convertir algunos de los
paisajes más desolados del país en modelos de agricultura que generan toneladas de maíz, frijoles, leche y quesos.
Pero el éxito de las cosechas llevó a un crecimiento poblacional y ya las granjas no alcanzan.
Vestido con sencillos pantalones de algodón, una camisa oscura y una gorra, y bronceado por los años de cosechar bajo el ardiente sol de Chihuahua -que ocupa un territorio mayor que Gran Bretaña-, Friesen habla en castellano en breves y sencillas
frases.
Sólo cuando suena su teléfono celular cambia a su idioma natal, el Plautdietsch, que no sería inteligible para alguien que hable alemán moderno.
"Sabes que nosotros los menonitas siempre queremos crecer. Y eso es lo que no podemos hacer aquí. Ya está todo saturado" , dijo el padre de 13 hijos y abuelo de 25 nietos.
Enrique Voth, quien estuvo también en la delegación a Tatarstán, dijo que la tierra de sembradío puede comprarse allí por una décima parte de lo que cuesta en México. "Diez veces más es lo que nos falta que lo que tenemos", comentó. Friesen dijo que las cerca de "100 familias" que están interesadas en emigrar a Rusia aún no han tomado una decisión, en parte porque no han hallado un área contigua lo suficientemente grande para que quepan todos.
Pero sus ojos azules brillan cuando habla de la tierra oscura, el clima templado y los ricos suministros de agua que los menonitas encontraron en Tatarstán. Alguna vez parte de la Horda Dorada, imperio que se expandió desde Asia Central hasta Europa del Este, esta república abriga terrenos planos y fértiles, regados por los ríos Volga y Kama.
Originalmente con unos 7,000 concentrados en México, los menonitas cultivan unas tres cuartas partes de los campos de maíz de riego en Chihuahua, pero muchas de las tierras son rentadas y sus propiedades han crecido mucho más lento que su población.
Los menonitas de Chihuahua iniciaron su estancia con unas 100,000 hectáreas de tierra. Actualmente su tenencia no supera por mucho las 250,000 hectáreas, según datos del gobierno del estado.
Desde la sequía del año pasado, la escasez de tierra se ha hecho más evidente, y los menonitas han sido acusados por un grupo de agricultores rivales conocidos como "barzonistas", de excavar 200 pozos ilegales para irrigar los campos, afectando el suministro local de agua.
La riña ha tomado varios giros desagradables, animando el ímpetu de los menonitas para encontrar nuevas tierras de cultivo.
Durante el siglo XX, los menonitas se extendieron hacia Sudamérica, Africa e India. Muchos conservaron el estilo de vida ligado al trabajo de la tierra, adoptando nuevas tecnologías a menudo aún rechazada por sus "primos" los Amish Anabautistas en Estados Unidos.
A falta de pastura y campos para sembrar, algunos menonitas en Chihuahua han dejado la agricultura para elaborar artesanías u ofrecer servicios. Según pobladores locales, algunos se desviaron hacia el narcotráfico y la prostitución.
Muchos de los menonitas en el área están escépticos sobre que la respuesta a la falta de tierras se encuentra en Rusia. Algunos dicen que las familias que están considerando la mudanza al otro lado del mundo se han quedado rezagadas, otros temen que los menonitas están siendo absorbidos por el ritmo de cambio.
Pese a que los menonitas de Chihuahua ahora usan teléfonos móviles, muchos aún rechazan la televisión. Algunos se preocupan por el impacto de internet en sus hijos, que pueden ver más del mundo desde sus modestas y monocromáticas casas.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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