Derechos Humanos
15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social; abogados explican cómo el Estado viola sus derechos
Un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras el estallido social del 11 de julio: quince, según el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX.
“La edad penal, según el Código Penal Cubano comienza a los 16 años: a alguien que haya cumplido 16 le es aplicable todo lo que está establecido en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. ¿Qué ocurre? El artículo 17 establece un cierto tratamiento diferenciado mucho más benévolo en los que cometen delito que están comprendidos en la edad de 16, 18, 20 años”, explicó desde La Habana a Radio Televisión Martí el abogado independiente Julio Ferrer.
“Por regla general, lo que orientan las normas penales es que no se lleven a cárceles, que se busque una medida que asegure su asistencia al juicio sin evadir la acción de la justicia, pero sin que estén sujetos a prisión provisional", apuntó.
El fenómeno de tratar como adultos a infantes en el Código Penal denota falta de protección de sus derechos, esencialmente, debido a la ausencia del concepto “niño” ante la ley.
“En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16. Pero, las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Por ejemplo, para contraer matrimonio sólo puedes hacerlo con 18 años. Si lo hacen con menos edad, necesitan autorización de sus padres. Quiere decir que los menores de dieciocho años siguen siendo niños”, insistió, en conversación con nuestra redacción la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, con sede en Estados Unidos y filiales en diversas ciudades de la Isla.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 1 entiende por niño a todo aquél menor de 18 años, aunque reconoce la existencia de un sistema especial para tratar el caso de muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal que debe ser diferenciado y autónomo al sistema de justicia aplicado a los mayores.
“Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Comité, que es el encargado de interpretar esta Convención, ha establecido que en los países donde la edad mínima para la responsabilidad penal es menos de 18, los Estados tienen que tener en cuenta que aun los menores en ese rango están bajo la protección de la Convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la Justicia en menores que se establecen en los estándares internacionales, no pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el Estado cubano”, indicó Diversent.
Los datos de los detenidos en relación con las demostraciones del 11 de julio, compilados por CUBALEX, arrojan que, al menos, dos, todavía encarcelados, tienen 15 años.
“Estos menores no son presentados a los tribunales, sino que son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Por supuesto, que los funcionarios que se relacionan con estos menores no tienen la capacitación para tratar con ellos”, señaló la especialista.
“Es un sistema totalmente extrajudicial en el que no se respetan las garantías del debido proceso. Se les ubica en centros, específicamente, para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de libertad, quiere decir que la situación de estos menores, incluso puede ser peor, que la de los que están entre 16 y 18 años porque no tienen derecho a contratar un abogado, no existe la presunción de inocencia, los padres no pueden, en base a la Patria Potestad, ejercer ningún recurso para defender a sus hijos o cuando se les esté imputando algún delito que, ciertamente no son juzgados, pero son sometidos a un sistema de reeducación que como dije antes está a cargo de los militares”, recalcó.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años, informa CUBALEX.
“Respecto a éstos, si ya se presentan ante el tribunal, pueden ser privados de la libertad, con la medida cautelar de prisión provisional, que es lo que está pasando ahora con algunos menores que fueron detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio”, subrayó la abogada y añadió:
“Son tratados como mismo son tratados los adultos. No hay personal capacitado para relacionarse con ellos y, en ese caso, se violan los estándares internacionales que requieren que, si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres, que los padres deberían participar en el proceso acompañando a sus hijos, amén de que puedan tener un abogado. Se recomienda que sean interrogados en presencia de sus padres si ellos lo solicitan, entre otras medidas que deben adoptar con este grupo poblacional, algo que no ha pasado en el contexto cubano”.
“Los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Y recordemos que, en este año, en la televisión cubana se presentó a un menor de 16 años autoinculpándose e, incluso, vestido de recluso”, dijo la abogada.
Diversent se refiere a un reportaje publicado, a principios de febrero de 2021 en el Noticiero de la Televisión cubana, que mostró imágenes de interrogatorios realizados a dos menores de edad que dijeron haber recibido 1,000 pesos cubanos por lanzar piedras a diferentes comercios y centros estatales de la provincia de Guantánamo.
“Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que les pueda pasar en el futuro, el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos se solicita a los Estados que den protección especial a este grupo poblacional”, concluyó Diversent.
No existen cifras públicas oficiales de cuantos menores de 18 años han sido juzgados por la ley o recluidos en penales por la comisión de delitos en Cuba, pero es evidente que el objetivo de castigar en lugar de rehabilitar, se ha impuesto en los manifestantes del 11 de julio, comprendidos en estas edades, pues permanecen tras las rejas 15 de un total de 49 arrestos documentados.
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Preso político maltratado en la cárcel, denuncian familiares
El preso político Jorge Reinier Arias García fue golpeado y torturado el sábado por las autoridades de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, denunció su familia.
Desde esa provincia, la madre de Arias García, Susana García, dijo a Radio Martí que su hijo la llamó este martes y le explicó que le fue aplicada la tortura conocida como bicicleta, que consiste en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.
"Fueron para arriba de él, lo esposaron. Le hicieron la técnica de bicicleta", explicó García durante la comunicación con Radio Martí. "Lo tiran o escaleras abajo o al suelo. Así que muchos se han hasta desnucado y esas cosas no han podido sobrepasarlas", afirmó.
García cuenta que fue personalmente a la cárcel de Boniato para indagar sobre la situación en la que se encontraba su hijo, preso político del 11J. "Y según el jefe de allí me dijo que no, que eso no había sido nada, que eso era una cosa normal", explicó.
También comentó que a su hijo "se lo llevaron para el destacamento 18, destacamento paramilitarizado de mayor rigor".
Jorge Reinier Arias García, de 38 años, fue condenado a 12 años de privación de libertad por protestar el 11 de julio de 2021, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla.
Amnistía Internacional denuncia represión en Cuba y celebra a las mujeres activistas
Amnistía Internacional denunció este lunes en su Informe Anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
"En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales", precisó la organización.
"Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia", afirmó Amnistía al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos del 11J.
Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres:
• El artista Luis Manuel Otero Alcántara
• El rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo"
• El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García
No obstante, subrayó que esa cifra "representa un minúsculo porcentaje" de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
También comentó que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado, y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet.
Bloquear Internet es "una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político".
"El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales", lamentó la organización.
El Informe Anual de Amnistía Internacional también se refiere al Código Penal que entró en vigor en diciembre, y advierte que "podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades".
"La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida", añadió.
La Sección Cuba del Informe Anual 2022/23:
INFORMACIÓN GENERAL
Tras un referéndum, Cuba aprobó en septiembre el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y, entre otros aspectos, permitía a las parejas homosexuales adoptar.
Según las estadísticas oficiales de Estados Unidos, más de 224.000 personas cubanas entraron en ese país entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, lo que suponía un aumento significativo con respecto a las algo más de 39.000 que habían llegado en el mismo periodo de 2020 y 2021. Muchas de ellas realizaron viajes peligrosos a través del Tapón del Darién, selva que conectaba Panamá y Colombia, mientras que otras se arriesgaron a viajar en barco.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A lo largo del año, la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos, y en algunas partes de la isla fueron frecuentes los cortes eléctricos.
El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Al terminar el año, continuaban detenidas centenares de personas que habían sufrido la represión de las manifestaciones de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex.
En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Ese mismo mes, en un contexto en el que la defensa jurídica estaba fuertemente controlada por el Estado y el acceso a los documentos judiciales era excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos 6 sentencias relacionadas con unas 129 personas —varias de ellas jóvenes—que habían sido acusadas de delitos más graves por haber participado en las protestas de julio de 2021. Se las había acusado principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas habían sido condenadas a 30 años de prisión.
En septiembre y octubre, tras el paso del huracán Ian, hubo protestas en toda la isla contra los cortes de electricidad generalizados. Según la información recibida, las autoridades respondieron desplegando a cadetes militares para reprimir las protestas, y se denunciaron casos de detención arbitraria.
Además, al parecer, las autoridades bloquearon deliberadamente Internet, táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. Las interrupciones de Internet se prolongaron al menos dos noches consecutivas, lo que dificultó la comunicación de las familias tras la tormenta.
Hubo periodistas del diario independiente 14ymedio que también se quedaron sin acceso a Internet y vieron afectada su capacidad para informar.
El 2 de octubre, el presidente Díaz-Canel restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de “contrarrevolucionarios” con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo “actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras”. También afirmó que esas personas serían tratadas con todo el “rigor de las leyes”.
En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS
Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia.
Las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021, entre las que había jóvenes, abogaron enérgicamente por su liberación.
La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Al concluir el año, los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García —detenidos en el marco de la represión de la disidencia de julio de 2021— seguían en prisión.
En junio, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana había condenado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al músico Maykel Castillo Pérez a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por una serie de cargos utilizados históricamente para acallar la disidencia, como “desórdenes públicos”, “desacato” y “ultraje a los símbolos de lapatria”.
Unos meses antes, en enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que Maykel Castillo Pérez —uno de los autores de la canción crítica con el gobierno cubano “Patria y vida”, adoptada como himno de las protestas— había sido detenido de forma arbitraria, y había pedido al gobierno cubano su liberación inmediata.
La familia de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, denunció en julio que éste permanecía recluido en régimen de incomunicación, lo que lo ponía en peligro de tortura y otros malos tratos; y, en octubre, que llevaba tiempo recluido en confinamiento solitario, aislado de otros presos y con un acceso muy limitado al mundo exterior.
Cubalex y observadores independientes denuncian actos de represión en jornada electoral
Activistas de los derechos humanos que intentan observar la votación en Cuba para garantizar transparencia denunciaron en un comunicado que las autoridades perseveran en la violación de los derechos constitucionales de los cubanos, “fundamentalmente de aquellos y aquellas que han seguido todo el proceso electoral e intentan observar la votación misma”.
“Observadores independientes de algunas de nuestras organizaciones, que hemos decidido trabajar en conjunto, han sido visitados, citados y amenazados por su propósito y disposición de hacer uso de lo que establece la Constitución y la Ley Electoral respecto de la observación”, dijeron en un comunicado Marthadela Tamayo González y Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, representantes de Observadores de Derechos Electorales y de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, y María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.
“Otros ciudadanos, que tradicionalmente monitorean estos procesos de manera independiente, también han sido citados y amenazados”, denunciaron las activistas.
Las firmantes están “alertas con estos casos” y esperan que las autoridades “no perseveren en el error de impedir el ejercicio de derechos ciudadanos, a los que llamó la misma presidenta del Consejo Electoral Nacional”.
De forma similar se expresó este domingo De la Caridad Pérez Abreu en declaraciones a Radio Martí, cuando denunció la vigilancia policial frente a su hogar y reiteró el derecho que los ciudadanos tienen de observar las elecciones. Es un derecho que ha sido defendido por el propio gobierno, manifestó.
“Hacemos responsables a las autoridades por la integridad física de las y los observadores que trabajan con nuestras organizaciones, y de todos los ciudadanos que deseen observar de manera independientemente”, dijeron los activistas en el comunicado.
El texto hace un llamado a los cubanos para que “sean testigos y voceros de las acciones violatorias al derecho constitucional que las fuerzas represivas y paramilitares (brigadas de respuesta rápida) puedan acometer contra los Observadores Electorales. En tales casos, toda incidencia se podrá reportar al correo: observación.M26@gmail.com”.
La consultoría jurídica independiente Cubalex publicó este domingo una lista de las acciones represivas detectadas en torno a los comicios legislativos en la isla, entre ellas:
- En el municipio Playa, en La Habana, cortan servicio de internet por datos móviles a la periodista independiente Yunia Figueredo.
- En Camagüey, sitiados por la policía y la Seguridad del Estado lo opositores Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta para impedirles asistir a misa.
- En Plaza de la Revolución, La Habana, sitiados en su vivienda la activista Zelandia Pérez Abreu y el periodista independiente Juan Manuel Moreno.
- En Camajuaní, Villa Clara, oficial "Maikel" de la Seguridad del Estado intercepta en la calle al activista Librado Linares, le comunica que tiene impuesta reclusión domiciliaria y que más adelante le llegará una citación para el tribunal.
- En Camagüey, cortan servicio de conexión a internet por datos móviles a la periodista independiente Inalkis Rodríguez Lora.
- En La Habana del Este, impiden a la activista María Elena Mir Marrero participar en la observación electoral.
- En Palma Soriano, Santiago de Cuba, la activista Elsa Litsy Isaac fue detenida y golpeada cuando intentó participar como observadora electoral en Palma Soriano, Santiago de Cuba. (Ya fue liberada).
- En Perico, Matanzas, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo fue detenida a las 8 de la mañana y liberada a las 12 del mediodía cuando se dirigía a la iglesia a pedir libertad por su hija y por su esposo. Además, Álvarez Campillo fue multada.
- En San José de las Lajas, Mayabeque, un agente de la Seguridad del Estado vigila y persigue a Liset Fonseca Rosales mientras camina en la vía pública, como cada domingo, para exigir la libertad de su hijo, el preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca.
- En Camagüey, los activistas Marisol Peña y José Luis Acosta tienen vigilancia policial fuera de su casa en Camagüey para impedirles asistir a la iglesia.
- En Colón, Matanzas, las Damas de Blanco Caridad Burunate y Maritza Acosta fueron detenidas para impedirles asistir a misa. Burunate estuvo detenida en la terminal de ómnibus desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 p.m y Perdomo estuvo detenida en el Comité Militar desde las 10:00 a.m. hasta el mediodía.
- En 10 de Octubre, La Habana, sitiados en su vivienda Bárbara Farrat Guillén y Orlando Rodríguez Cutiño, activistas y padres del manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat.
- En Guantánamo, el activista Juan Luis Bravo Rodríguez denunció que miembros del Partido Unión por Cuba Libre y del Proyecto Emilia, así como integrantes del ejecutivo nacional, están bajo vigilancia policial desde el sábado.
- En Playa, La Habana, sitiado Ángel Cuza Alfonso, colaborador de Cubanet. Reportan vigilancia policial frente a su vivienda.
- En Holguín, Ismaray Martínez Ávila, hijastra del preso político del 11J Iván Colón Suárez, denunció cortes de internet en su línea telefónica.
- En el municipio Marianao, en La Habana, el joven que se manifestó el 11 de julio de 2022, Diego Jesús Fernández, denunció cortes en el servicio de datos móviles.
- En Camagüey, los periodistas de la Hora de Cuba Henry Constantín, Neife Rigau e Iris Mariño denunciaron cortes en el servicio de internet por datos móviles.
- En Camagüey, la periodista Iris Mariño denunció que personas vestidas de civil vigilan su vivienda.
- En el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, Wilber Aguilar, el padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció vigilancia policial afuera de su casa.
- En el municipio Diez de Octubre, en La Habana, los activistas Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos cuando intentaron salir a la calle a pedir libertad para los presos políticos como hacen cada domingo.
- En Camagüey, los opositores José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas denunciaron estar sitiados y sin conexión a internet.
- En el municipio Alquízar, en Artemisa, la activista Diasniurka Salcedo denunció vigilancia policial en su vivienda. Sin embargo, logró salír de su casa y filmó los colegios electorales vacíos. A partir de ese entonces, reportó cortes en el servicio de internet por datos móviles y empezó a recibir llamadas insistentemente de un número privado.
- En el municipio Cotorro, en La Habana, la activista Miryorly García denunció cortes durante varias horas el servicio de internet por datos móviles.
- En el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, los opositores Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez informaron que se les impidió salir de su casa para hacer observación electoral.
- En Holguín, los activistas Ada Iris Miranda Leyva, Ana Iris Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva denuncian el operativo de vigilancia que tienen en los alrededores del albergue de AZCUBA, Holguín, donde se encuentran.
- En Playa, en La Habana, Yunia Figueredo denunció vigilancia de su vivienda por un oficial de la Seguridad del Estado.
Niegan licencia extrapenal a prisionero político del 11J y líder religioso en mal estado de salud
Autoridades carcelarias negaron la licencia extrapenal al preso político Loreto Hernández García, confinado en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, denunció el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
En declaraciones a Radio Martí, desde la ciudad de Miami, Antúnez calificó la situación del opositor y vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba como un "cruel ensañamiento".
Hernández, 51 años de edad, padece varios problemas de salud como hipertensión, diabetes y, además, sufrió un infarto durante los primeros días de su arresto.
Durante su encarcelamiento se ha denunciado en varias oportunidades que el sacerdote yoruba no está recibiendo los medicamentos que necesita ni tampoco atención médica.
Loreto Hernández García, sentenciado a siete años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, envió una carta en febrero al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que mantenga a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
El religioso citó en la carta a las "víctimas de la política terrorista de la dictadura", como los fallecidos en "la masacre del Río Canímar y del remolcador 13 de Marzo", entre otros. También detalló los abusos cometidos contra los prisioneros políticos y la represión de la que son víctimas los opositores.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Denuncian que hermanas Garrido son víctimas de desatención médica y hostigamiento en la cárcel de mujeres
Fuentes familiares denunciaron el miércoles que la presa política cubana Angélica Garrido Rodríguez continúa sin atención médica a pesar de presentar síntomas similares a los que sufrió durante un accidente cerebrovascular a mediados de 2022, en la cárcel de mujeres en El Guatao, La Habana.
"Ayer, recibí una llamada telefónica muy breve, fue muy breve la llamada -aún persisten los problemas de las tarjetas telefónicas de las presas políticas- mi esposa me llamó y me comentó que persisten aún, tiene los mismos síntomas, su cansancio, su temperatura diferente en ambas manos, que se le ‘amoratan’ los pies y las manos. Ahora tiene otros síntomas más que han aparecido y sólo ha venido un médico a hacerle un análisis", declaró
Luis Rodríguez, esposo de Angélica, en entrevista Radio Martí.
"Me comentó -que fue a lo que ella más le hizo énfasis- que María Cristina está siendo sometida a brutal represión por medio de presas comunes en su galera", dijo Rodríguez en relación a la hermana menor de Angélica, confinada también en esa misma prisión.
La escritora María Cristina Garrido Rodríguez, de 41 años, y su hermana Angélica, de 43, que se manifestaron el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, fueron condenadas a siete y tres años de prisión, respectivamente.
La poeta y activista cubana fue condenada el 10 de marzo de 2022 a siete años de prisión por "desórdenes públicos", "agresión", "instigación a delinquir", "desacato" y "resistencia".
Tras su detención, Garrido fue golpeada varias veces por la policía política cubana y sometida a desaparición forzada durante 18 días.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
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