Enlaces de accesibilidad

América Latina

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

Vea todas las noticias de hoy

Sergio Ramírez, Ciudadano de Honor de Costa Rica

Foto Archivo. El escritor Sergio Ramírez. AP Photo/Alfredo Zuniga

El laureado escritor nicaraguense Sergio Ramírez dijo este jueves que la carta firmada de manera unánime por los expresidentes de Costa Rica, en la que solicitan a la Asamblea Nacional que se le declare Ciudadano de Honor y titular de la nacionalidad costarricense lo honra y lo conmueve.

La orden de detención emitida contra el escritor Ramírez, quien fuera vicepresidente en el anterior Gobierno de Daniel Ortega y quien debió acudir al exilio el pasado mes de junio por criticar fuertemente las acciones de quien fuera su compañero en el comunista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, ha llevado a muestras internacionales de solidariad con el Premio Cervantes de las Letras 2017.

La Fiscalía de Nicaragua lo acusó hece dos semanas de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, y ordenó su captura y el allanamiento de su residencia en Managua.

“Es lo más duro a lo que alguien puede ser sometido. Saber que no puede volver a su país. Saber que tiene esas puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros”, afirmó el Premio Cervantes.

Antes de ser acusado por la fiscalía de Nicaragua de “incitar al odio”, ya estaba retenido en la aduana de Nicaragua el libro “Tongolele no sabía bailar”, del escritor y exvicepresidente Ramírez.

La medida, según Ramírez, fue ordenada por el gobierno de Ortega debido a que el libro ha despertado la curiosidad de los nicaragüenses por su contenido. El escritor sostiene que le exigieron a la editorial que presentara un resumen de la novela, en medio de la preocupación de que el texto pudo haber "llegado a límites nunca antes vistos”.

Ramírez lo describe como “una represión a su libertad de creación literaria” y a su vez una violación al convenio mundial sobre los libros firmado por Nicaragua en la UNESCO.

La justicia y los recursos de Venezuela centran otra ronda de diálogo en México (VIDEO)

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, habla con los medios luego de continuar las negociaciones en Ciudad de México. Foto: REUTERS/Edgard Garrido.

La segunda sesión formal de negociaciones políticas sobre Venezuela comienza este viernes en Ciudad de México. La ronda está precedida por fricciones sobre el empresario colombiano Alex Saab y los activos nacionales en el extranjero.

MARACAIBO, VENEZUELA — La utilización de fondos en el extranjero para planes sociales y la modificación del sistema de justicia serán temas centrales de la nueva ronda de negociaciones que inicia este viernes en Ciudad de México en el marco del diálogo para lograr una solución a la crisis en Venezuela.

Las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria que lo confronta políticamente volverán a coincidir en México entre el viernes 24 y el lunes 27 de septiembre con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de los gobiernos de Rusia y los Países Bajos.

Según se comunicó oficialmente tras la última ronda de diálogo, convinieron que el punto central de las próximas conversaciones serán el sistema de justicia y la institucionalidad venezolana, enmarcados en el tema del “respeto del estado constitucional de derecho”, que se incluyó en el memorando de entendimiento.

“Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias” para Venezuela
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00

Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora para el diálogo de México, reivindicó ante la prensa tras la última ronda de negociaciones la relevancia de abordar el tema “profundo y complejo” de la reinstitucionalización del país mediante la consecución de un sistema judicial “independiente, soberano”.

Ese sistema, dijo, debe anidar en los venezolanos la certeza de que “la ley es igual para todos”. “Que acabe con la altísima impunidad que hay en Venezuela (…) nos permitirá confiar en que hay alguien a quien acudir cuando el Estado abusa de su poder. Es el sentido del equilibrio de un sistema judicial donde todos sintamos que la justicia puede ser conseguida”, manifestó.

Blyde, abogado experto en derecho constitucional, insistió en México en que ni siquiera el resurgimiento económico sería posible si no se lograran atacar “las causas” de la crisis integral de Venezuela, entre las que mencionó el desmoronamiento de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.

Se espera que el oficialismo haga énfasis en el debate en el “respeto del estado constitucional” que menciona el memorando de entendimiento, en el sentido de que la oposición no recurra a “golpes de Estado” o “magnicidios”, sino que retome la ruta electoral, como lo mencionó Maduro este miércoles durante su intervención pregrabada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambas delegaciones acordaron dos puntos en la última sesión: un acuerdo para ratificar la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba; y un entendimiento “parcial” para la protección social de los venezolanos mediante la creación de una mesa bipartita para gestar planes alimenticios y de salud.

| Tensiones del diálogo

Otro tema que copará las negociaciones será el de las medidas para beneficiar la economía nacional y garantizar lo que han denominado “protección social al pueblo”, es decir, planes sociales para paliar la crisis que viven los venezolanos.

Este asunto se centrará en la posibilidad de que Venezuela tenga acceso a la asignación especialísima de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario Internacional para la liquidez mundial durante la pandemia.

Las reuniones de este fin de semana en México vienen precedidas por fricciones entre las partes. El oficialismo anunció la semana pasada la inclusión como miembro pleno de su delegación para el diálogo de Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos.

La oposición respondió dejando el asunto en manos de Noruega, el facilitador, y remarcando que la eventual extradición de Saab es un asunto político entre dos países con sistemas democráticos soberanos, que no le compete.

El gobierno de Maduro criticó duramente también las declaraciones de voceros opositores sobre activos de Venezuela en el extranjero, como la empresa Monómeros, recientemente intervenida por el gobierno colombiano, y acusó a sus detractores de querer provocar “el quiebre” de las negociaciones.

Jorge Rodríguez, máximo responsable de la delegación madurista, indicó en México hace tres semanas que la intervención de Monómeros era “un robo flagrante” del gobierno colombiano y, además, reveló que conversaban sobre “mecanismos audaces, novedosos y diversos” para obtener recursos.

Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor político venezolano, explica que existe una polémica, no solo desde las filas oficialistas, sino dentro de la misma oposición, por el manejo discrecional e irregular de los activos republicanos en el extranjero bajo la figura del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 países reconocen como presidente temporal desde 2019.

“Estas empresas tienen recursos venezolanos, deberían ser controladas por el gobierno venezolano, son activos venezolanos. La disputa es esa: hay un debate sobre si este dinero sigue siendo controlado, ni siquiera por un gobierno interino, realmente, sino por una facción política, Voluntad Popular, y si esto es correcto y constitucional, y qué tipo de beneficios tiene para los venezolanos”, detalla el docente universitario, en conversación con la Voz de América.

Casos como los de Monómeros y Citgo, a la cual el gobierno estadounidense renovó una licencia para proteger sus activos hasta enero de 2022, generan “escándalos” y minan la credibilidad de la oposición venezolana, opina.

“No tiene nada que ver el gobierno (de Maduro) con esto. ¿Quién vigila a los vigilantes de estos activos y qué es lo apegado a los principios de transparencia y responsabilidad al momento de administrar una empresa?”, se pregunta.

Quintero considera que esa polémica sobre los activos en el extranjero, si bien genera “tensión” en la oposición, no derrumbará la mesa de negociación.

Senado de EEUU busca apoyar a mujeres y niños venzolanos

Migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia, entre ellos mujeres y menores de edad, acampan en una estación temporal tras enfrentamientos militares en Venezuela en el mes de abril de 2021.

La resolución pretende brindar apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela, a estos dos grupos demográficos que se han visto especialmente afectados por la crisis humanitaria que afecta al país latinoamericano.

Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos busca aunar el apoyo a la crisis que viven mujeres y niños en Venezuela, una crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus, y la asistencia a los migrantes.

La resolución “expresa la alarma del Congreso ante las crecientes necesidades humanitarias de las mujeres y niños dentro de Venezuela y aquellos que buscan protección internacional en países vecinos”.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5,4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país, huyendo de la grave crisis humanitaria en la nación latinoamericana.

La resolución presentada apoya el trabajo de Estados Unidos y la comunidad internacional en defensa de los migrantes venezolanos, pero también enfatiza en cómo las venezolanas han tenido que hacer frente a la grave crisis.

El documento dado a conocer el miércoles está encabezado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y respaldado por sus correligionarios Tim Kaine, de Virginia, Ben Cardin, de Maryland y Dick Durbin, de Illinois, así como por los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida y Bill Cassidy de Luisiana.

La criminalidad y el despotismo desenfrenados del régimen de Maduro han dado lugar a la crisis migratoria y de refugiados más severa en la historia moderna de nuestro hemisferio”, señaló el senador Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citado en un comunicado.

En tanto el senador Rubio dijo que “el costo humano de la debacle humanitaria de la narcorregión de Maduro ha resultado en el desplazamiento de 6 millones de venezolanos en todo el mundo”.

Por su parte los demás senadores apoyaron la resolución y pidieron que el gobierno de EE. UU. respalde el proyecto para así proveer de alimentos, albergue y atención médica a los refugiados venezolanos en la región.

El martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, cómo su país ha servido de refugio para más de 400.000 venezolanos, para quienes dijo, las autoridades han dispuesto los procesos legales a fin de ofrecerles documentos que les permitan trabajar y tener atención de salud.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son señalados en la resolución encabezada por el senador Menéndez por haber coordinado labores de solidaridad y apoyo bajo en el Proceso de Quito.

Amnistía Internacional: Deficientes investigaciones de asesinatos de mujeres en México violan derechos a la vida

Una activista sostiene un cartel contra el feminicidio en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de México. (Archivo/REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las investigaciones sobre asesinatos de mujeres precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, según estima Amnistía Internacional.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de asesinatos de mujeres precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

Lanzan Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El lanzamiento del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet fue anunciado este martes por el departamento que se ocupa de ese tema dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El departamento nombrado Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice que esta iniciativa, que tiene carácter abierto y multisectorial, surge con el fin de atender los desafíos que presentan actualmente las tecnologías digitales para el ejercicio de los derechos humanos en la región.

El 5 de febrero de 2021, la CIDH advirtió que la libertad de expresión en Internet se encuentra en un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado, entre otros aspectos, por el deterioro del debate público; los dilemas sobre la moderación de contenidos y su compatibilidad con los estándares democráticos y de derechos humanos; y la falta de esfuerzos por avanzar respecto de la alfabetización digital orientada al desarrollo de habilidades cívicas.

A partir de hoy y en las próximas ocho semanas, el Diálogo propondrá diversas actividades virtuales de carácter abierto a través de su sitio web www.americasdialogue.org.

Al finalizar este período, y en lo que será la última fase del proceso, se prevé conformar un grupo de trabajo ad-hoc que analizará y discutirá alrededor de los insumos recibidos, para luego desarrollar un plan de acción que pueda ser sugerido a la CIDH. Al cierre de dicho proceso, la Comisión evaluará dentro de los mecanismos a su disposición el que considere más idóneo para proponer estándares interamericanos que atiendan estos desafíos.

La Relatoría alienta a los distintos actores interesados a acompañar y participar activamente en las actividades iniciales que estarán abiertas desde este momento y a navegar en el link las distintas secciones y herramientas del Diálogo.

Cargar más

XS
SM
MD
LG