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América Latina

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

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Más del 96% de la población de Venezuela vive en la pobreza, revela informe

Niños venezolanos bañándose en el agua estancada de la calle

ShareAmérica, publicación del Departamento de Estado de EEUU, se ha hecho eco del informe presentado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en Venezuela en los años 2019-2020, realizado por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el cual “detalla cómo la infraestructura básica, el mercado laboral y la educación se han deteriorado desde 2014”.

El artículo publicado por ShareAmérica denuncia cómo “el desgobierno, la opresión y la corrupción del régimen ilegítimo encabezado por Nicolás Maduro ha causado un sufrimiento económico generalizado y un colapso social en Venezuela”.

Según datos proporcionados por la Organización de Naciones Unidos (ONU) la situación es prácticamente insostenible, con un estimado de más de 7 millones de personas, un 25 por ciento de la población, necesitando asistencia humanitaria en tanto que, de acuerdo al estudio de la ENCOVI, la dramática cifra de un 96 por ciento de los venezolanos vive en la pobreza.

Apenas un 77 por ciento de la población recibe servicio de agua corriente y de ese por ciento tres cuartas partes acusan largas interrupciones en el servicio, esto unido a las deficiencias en el suministro de energía eléctrica, refiere el reporte.

“Los informes noticiosos”, afirma la publicación, “han presentado escenas de personas que usan el agua acumulada en las calles para bañarse, cocinar y beber, gracias a los apagones gubernamentales impuestos por el régimen" y "el 90 por ciento de los venezolanos no tiene acceso confiable a la electricidad. Fuera de Caracas, en estados como Zulia, Bolívar y Barinas, las luces se apagan durante días”.

Más del 44 por ciento de los adultos trabajadores sufren el desempleo, de acuerdo a datos suministrados por ENCOVI, debido a “la represión, la corrupción y la mala gestión económica del régimen. Una mirada más cercana a esos datos”, afirma ShareAmérica, “muestra que la situación del empleo es aún peor”.

“La cantidad de trabajadores en el sector laboral formal (trabajos con horarios, salarios y beneficios regulares) ha caído del 64 por ciento al 46 por ciento en 2015 y se enfrentan al subempleo severo”.

Isabel Quevedo perdió su empleo y ahora vende chucherías desde su casa para mantener a sus hijos
Isabel Quevedo perdió su empleo y ahora vende chucherías desde su casa para mantener a sus hijos

Las consecuencias de este subempleo se dejan sentir en la medida en que los venezolanos deben acudir a trabajos informales, sin acceso a ningún beneficio como salarios o seguros médicos lo cual “corresponde al aumento de la pobreza en el país”.

Respecto a los niños, “la matrícula escolar se ha reducido de 12,7 millones de niños a 11 millones”, de lo que resulta que apenas un 60 por ciento de los infantes está asistiendo a las aulas. Al preguntárseles por qué no iban a la escuela, respondieron que era porque no había agua, electricidad, transporte y tampoco tenían alimentos.

Los resultados de ENCOVI son el triste reflejo de la realidad del pueblo de Venezuela”, dijo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, señala la publicación del Departamento de Estado. “No son números aislados, ni números fríos, sino el reflejo de lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento”.

Juan Guaidó quiere mas presión contra el régimen de Nicolás Maduro

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

El presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dijo este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el mundo no puede cerrar los ojos ante lo que ocurre en Venezuela y debe ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos.

Guaidó pidió a la comunidad internacional que considere contemplar "escenarios" para restablecer la democracia en Venezuela, tras “agotarse” la vía diplomática con el gobierno de Maduro.

Minutos después de que Maduro hablara en un discurso pregrabado ante la Asamblea General, Guaidó emitió un video en el que dijo que se ha llegado "al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.

El venezolano destacó que “demasiadas veces la diplomacia ha llegado tarde”.

“Hoy les pido a todos los representantes de los estados miembros a que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, de salvar a Venezuela, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotadas todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo Guaidó.

El líder opositor también pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que movilice “la voluntad política de los estados miembro para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”.

En ese contexto, Guaidó recordó el reciente informe de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Maduro es el responsable de esa política, y sigue atacando a la población civil por motivos políticos, dijo Guaidó.

EEUU sanciona a "cinco títeres de la farsa electoral en Venezuela"

Manifestantes en Caracas portando la consigna, "Venezuela exige Derechos Humanos", el 21 de junio de 2019 (Cristian Hernández / AFP).

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre”.

Los afectados son José Bernabé Gutiérrez Parra, Miguel Antonio Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaran Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Estas acciones son la continuidad de las sanciones dictadas el 4 de septiembre contra otros miembros clave del ilegítimo régimen de Maduro, precisó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa.

Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático

De acuerdo a lo expresado, Bernabé, Ponente, Luces, Bucaran y Benavides, son los representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre” mientras, a los líderes más conocidos y de mayor arraigo popular se les impide presentarse como candidatos en dichas elecciones.

“Los partidos políticos han sido cooptados”, denuncia el secretario Pompeo. “No hay máquinas de votación probadas y confiables y millones de votantes venezolanos siguen sin registrarse, los presos políticos languidecen en las cárceles venezolanas”, dice Pompeo.

Además, el Consejo Electoral es “un títere puesto a dedo por un régimen ilegítimo”.

Pompeo hace también referencia a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela refiriéndose al dictamen emitido el pasado 16 de septiembre por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual “documentó horribles abusos contra los derechos humanos bajo el régimen ilegítimo”.

“Con esta última acción”, precisa Pompeo refiriéndose a las recientes sanciones, “Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático".

¿Cómo es esperar un primer bebé en una Venezuela en crisis?

Ada Mendoza, de 24 años, muestra a su hija Peyton a su pareja Leo Camejo por primera vez.

El nacimiento de un primer bebé suele ser motivo de inmensa alegría para las parejas primerizas, aunque también haya cierta angustia por el riesgo real o imaginario de que se presente algún problema durante la gestación. En Venezuela, sin embargo, los temores pueden ser aún más agobiantes, informa la agencia Prensa Asociada (AP).

Ada Mendoza es una nueva mamá de 24 años que vivió su primer embarazo en medio de la peor crisis económica de la historia de su país y enfrentando una pandemia que ha trastocado la vida de millones de venezolanos a causa del nuevo coronavirus.

El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada
El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada

Su pareja, Leo Camejo, no pudo acompañarla durante el parto debido a las restricciones sanitarias impuestas para enfrentar al virus y tampoco tuvo la posibilidad de acudir a una clínica privada, por lo que tuvo que ser atendida en una maternidad gratuita como otras miles de venezolanas que no pueden costear los más de mil dólares a los que asciende el proceso.

En este servicio de salud no abundan las camas y el personal médico a menudo es limitado. La prioridad la tienen aquellas mujeres que llegan en labor de parto muy avanzado.

"Esto es como un penal... el nerviosismo siempre está", dijo Leo a AP mientras esperaba en la calle, frente a la maternidad, ansioso por tener noticias de Ada.

Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo
Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo

Ambos se conocieron hace tres años gracias al fútbol y porque son hinchas del Caracas FC, uno de los equipos más laureado del país. La vida les dio un vuelco cuando recibieron la noticia de que serían padres en un país en crisis y tuvieron que enfrentar desafíos que por momentos parecían imposibles de superar.

La mayor preocupación de ambos -además de estar preparados para identificar cuando su bebé tenga dolor, hambre y verificar que respire durante la noche- era encarar dificultades derivadas de la crisis. Por ejemplo, vieron sus consultas prenatales suspendidas en hospitales públicos.

Los riesgos para una pareja como ésta son grandes en Venezuela dado que por falta de personal y recursos son numerosas las maternidades públicas ---incluso antes de la pandemia- que suspenden los controles prenatales. Por ello, no es raro que algunas mujeres lleguen al día del parto sin contar con una evaluación previa, algo esencial para prevenir complicaciones.

Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre
Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre

Desde años las autoridades no publican cifras de mortalidad durante el parto, pero organizaciones como la Federación Venezolana de Médicos y la ONG Médicos Unidos de Venezuela sostienen que el riesgo que corren las parturientas y los recién nacidos es alto.

Las maternidades también acusan "como casi todos los hospitales del país, la escasez de insumos, la falta de especialistas", dijo a la AP Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV).

De acuerdo con cifras de la FMV, unos 30.000 médicos se cuentan entre los aproximadamente cinco millones de personas que dejaron el país como consecuencia de la larga crisis política y económica en esta otrora rica nación petrolera. Especialidades de ginecología y obstetricia como neonatología o perinatología, a cargo de controlar los embarazos de alto riesgo, figuran entre las más escasas.

Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida
Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida

Otras maternidades apenas cuentan en puñado de días a la semana con anestesiólogos, por lo que "si sus servicios son necesarios, (las parturientas) tienen que ser trasladadas a otro hospital", acotó León Natera.

Durante el embarazo, Ada y Leo además tuvieron que viajar apiñados en autobuses, donde difícilmente podían mantener el distanciamiento para evitar contagios de COVID-19, dado que muchos de esos vehículos salen de circulación por los elevados precios de los repuestos.

Leo, que vive junto a Ada y otros siete familiares en la populosa barriada de Catia, al oeste de Caracas, antes tenía muchas ofertas como diseñador, pero en los últimos meses dejó de tener un ingreso estable debido al declive de las actividades económicas en Venezuela, país que está en su sexto año de recesión.

Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,
Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,

Al principio no sabía cómo iba pagar la atención prenatal en un consultorio médico privado, donde el costo de la consulta promedia los 20 dólares. El sueldo mínimo que obtiene la mayoría de los trabajadores venezolanos es de 1,10 dólares al mes.

Sin embargo, siguieron adelante. Leo empezó a vender hamburguesas en su casa, lo que ayudó a generar ingresos para pagar las consultas prenatales necesarias, aunque justo unas horas antes del alumbramiento las fallas en el suministro de combustibles les generó una nueva mortificación.

"Ya no puedo más", le decía Ada —adolorida— a su madre camino a la maternidad, ubicada a unos 16 kilómetros de su casa, acompañada de un primo que conducía su vehículo con poca gasolina debido a la escasez en Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo que sin embargo es incapaz de refinarlo luego de dos décadas de debacle de la estatal PDVSA por un ineficiente manejo y corrupción.

Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento
Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento

Por orden de los médicos, volvieron a su casa para esperar hasta que las contracciones fueran más seguidas.

"Me preocupaba que el primo de Ada tuviera suficiente gasolina en el carro para poder volver a la maternidad", señaló Leo.

En el amanecer del 10 de septiembre, la pareja volvió al hospital donde fueron finalmente atendidos. Horas después, ya con su bebé en sus brazos, al amamantar a Peyton, la joven madre con renovados bríos confía en seguir esquivando los embates de la pandemia y la crisis venezolana, por el bien de su pequeña.

5 millones de dólares por la captura del líder de la narcoguerrillera ELN

Un mural alusivo la guerrilla del ELN en el casco urbano de la población de El Palo, Cauca, al surocidente de Colombia. (Archivo)

En Estados Unidos ofrecen 5 millones de dólares por la captura del líder de la ELN, buscados por la DEA y el FBI.

Estados Unidos ha puesto sus ojos en la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional como parte de su lucha contra las drogas.

Seis miembros del grupo guerrillero izquierdista fueron acusados de narcoterrorismo en un tribunal federal del sur de Texas, entre ellos un líder del ELN por el que se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, dijeron el lunes las autoridades estadounidenses.

Tres de los acusados fueron detenidos por las autoridades colombianas, informó la policía antinarcóticos de Estados Unidos, conocida como DEA por su nombre en inglés. Los otros tres, incluidos el cabecilla del ELN, Wilver Villegas Palomino, permanecen prófugos con pedido de captura.

Estas acciones “reafirman nuestro compromiso para desmantelar y quebrantar a este grupo narcoterrorista”, expresó el secretario de Justicia, William Barr.

Poco antes, desde su cuenta en Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había dicho que Estados Unidos "está comprometido a ayudar al gobierno colombiano a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”. El Departamento de Estado, desde el 14 de Septiembre había anunciado la recompensa en su sitio digital.

Se trataría de la primera vez que miembros del ELN son acusados en los tribunales estadounidenses por presunto narcotráfico. Otros antes han enfrentado cargos de secuestro.

El anuncio tuvo lugar dos días después de un encuentro entre Pompeo y el presidente colombiano Iván Duque en el que ambos se comprometieron a profundizar las relaciones bilaterales.

Estados Unidos y Colombia son socios en la lucha contra las drogas y han firmado un acuerdo de extradición que ha permitido la llegada a este país de líderes narcotraficantes para enfrentar acusaciones en la justicia.

La DEA dijo que las autoridades de Colombia arrestaron a Yamit Picón Rodríguez, de 36 años; José Gabriel Alvarez Ortiz, de 26, y Henry Trigos Celón, de 43, a pedido de Estados Unidos.

Al igual que Villegas Palomino, conocido como “Carlos El Puerco”, también están prófugos Jaime Miguel Picón Rodríguez y Diomedes Barbosa-Montaño, todos de 38 años.

Villegas Palomino y los otros cinco miembros del ELN enfrentan tres acusaciones cada uno de distribución de drogas a sabiendas de que beneficiaba económicamente a personas u organizaciones terroristas, participar en una asociación ilícita que distribuía cocaína y en un grupo que distribuía la droga de manera internacional.

De acuerdo con las acusaciones radicadas en el distrito del sur de Texas, las acciones de esa asociación ilícita involucraron la distribución de cocaína desde Colombia a Estados Unidos para beneficiar económicamente al ELN durante 20 años.

“Como se alega, durante décadas, el ELN produjo y exportó toneladas de cocaína a Estados Unidos, usando comunidades en América para financiar sus actividades terroristas”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy Shea, tras destacar que las detenciones y acusaciones demuestran el trabajo conjunto realizado por los dos países.

La recompensa ofrecida por Villegas Palomino es parte de un programa específico del Departamento de Estado que ha llevado ante la justicia a más de 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. En total se han pagado más de 130 millones de dólares por información que ha llevado al arresto de estos capos del narcotráfico.

El ELN nació 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana. Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera en 1997.

En 2017 el ELN inició en Cuba conversaciones de paz con el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), pero las partes no pudieron acordar un alto del fuego.

Los diálogos están congelados con el actual presidente Duque, quien ha dicho que no volverá a la mesa de conversaciones hasta que el ELN no libere a todas las personas que mantiene secuestradas y deje de cometer ataques.

(Con información de la agencia AP, FBI, DEA y el Departamento de Estado)

9/21/2020 2:53:13 PM (GMT -4:00)

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