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América Latina

Gobierno de Maduro saca otras ocho toneladas de oro del banco central

Nicolás Maduro toca una barra de oro mientras se dirige a los ministros responsables del sector económico en el Palacio de Miraflores.

Unas ocho toneladas de oro fueron retiradas del Banco Central de Venezuela en abril para presuntamente ser vendidas en el exterior, dijeron un diputado opositor y una fuente del gobierno al tanto del movimiento, después de que una cantidad similar del metal fuera extraída en febrero de las bóvedas.

Los lingotes, parte de las reservas internacionales que resguarda la entidad, se sacaron de la entidad en momentos en que el banco trabaja con un personal mínimo -la mayoría de ellos directivos- ante los problemas de suministro de agua en sus oficinas, detalló una fuente de gobierno que pidió el anonimato.

"Cuando el Banco Central está en contingencia se hace otro movimiento con el oro", denunció el diputado opositor Ángel Alvarado, quien sospecha que el oro se vendería en el exterior.

De acuerdo con el parlamentario y la fuente de gobierno, con este último movimiento se habrían retirado unas 24 toneladas de oro desde enero. El banco todavía tendría unas 100 toneladas en sus bóvedas, apuntó la fuente.
El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio de Comunicación no respondieron a solicitudes de comentarios.

Las ventas de lingotes son una de las pocas maneras que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro para obtener efectivo ante la merma de los ingresos petroleros y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que restringió el financiamiento internacional.

En sus intentos por presionar a la administración de Maduro para que deje el poder, Washington exhortó en enero a los compradores internacionales de oro a dejar de hacer negocios con el gobierno venezolano.

Después del pedido estadounidense, el BCV tuvo que suspender la venta de unas 15 toneladas. Pero en febrero y marzo, las autoridades del Banco siguieron autorizando la movilización de los lingotes, dijo la fuente oficial, quien agregó que se han sacado las barras en pequeñas cantidades.

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Poder Electoral de Nicaragua extiende plazo para comicios de 2021

Ciudadanos nicaragüenses se buscan en la lista del padrón electoral antes de la apertura de las juntas receptoras de votos en Managua.

El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales".

Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una "trampa" para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.

"La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua", señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Bill Richardson viajará a Venezuela para hablar sobre estadounidenses encarcelados

El ex gobernador de Nuevo Mexico Bill Richardson (Foto: The Richardson Center).

El veterano diplomático estadounidense, Bill Richardson, planea viajar a Caracas para reunirse con el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, con el propósito de discutir el estado de varios ciudadanos estadounidenses presos allí, dijo el lunes su fundación.

En un mensaje en Twitter, el Centro Richardson dijo que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaría a cabo lo que llamó una misión humanitaria privada a Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses". No identificó a los detenidos.

No se anunció cuándo tendría lugar la visita.

El gobierno de Venezuela actualmente retiene a dos ex soldados de las fuerzas especiales de EEUU, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo por liderar un supuesto intento fallido de incursión armada destinada a capturar a Maduro.

El régimen de Maduro desde 2017 también ha encarcelado a ejecutivos de de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación de Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, por acusaciones de malversación de fondos.

La administración del presidente Donald Trump ha tratado de derrocar a Maduro imponiendo sanciones al sector petrolero de Venezuela y apoyando al líder de la oposición, Juan Guaidó.

Richardson tiene un historial de trabajo para liberar a los estadounidenses de gobiernos hostiles. Anteriormente estuvo involucrado en la liberación del misionero estadounidense Joshua Holt en Venezuela en 2018.

Estuvo en Cuba y Corea del Norte, buscando la liberación de estadounidenses detenidos.

(Con información de agencias y el Centro Richardson)

Duro pronóstico de hambre y pobreza para latinoamericanos y caribeños (VIDEO)

En las afueras de un matadero en San Cristóbal, Venezuela, un grupo de personas esperan porque les repartan sangre de vaca. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

América Latina registró en los últimos cinco años un aumento del hambre que podría afectar a un 9,5 por ciento de su población en 2030, un escenario severamente agravado por el COVID-19, dijo el lunes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).

Pese a tener una capacidad más que suficiente para abastecer de alimentos a su población, el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de personas en América Latina y el Caribe en 2019, o un 7,4 por ciento de habitantes, según un informe publicado el lunes por la FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas.

"Estamos yendo desde hace cinco años en la dirección contraria. Esto se debe en primer lugar a un débil crecimiento económico (...) y al problema de desigualdad estructural de nuestra región", dijo en una entrevista con Reuters Julio Berdegué, representante regional de la FAO para América Latina, quien calificó las cifras de hambre como "escalofriantes".

La región -donde la inseguridad alimentaria ha registrado el aumento más rápido del mundo- no solamente llegará al 2030 lejos de cumplir su meta de hambre cero, sino que el número de personas incapaces de consumir las calorías necesarias para una vida saludable ascenderá a 67 millones, cerca de 20 millones más que en 2019.

El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por su sigla en inglés) se hizo antes que la pandemia de coronavirus golpeara con fuerza a la región, que ya venía con un débil desempeño en los cinco años previos, con un crecimiento de 0,4% en el periodo 2014-2019, el menor desde la década de 1950.

La CEPAL estima que el coronavirus -con 13 millones de infectados a nivel mundial según conteos de Reuters- provocará una caída histórica de la economía de América Latina y el Caribe en 2020, que llevará a la peor crisis social de la región en décadas, con millones de nuevos pobres y desempleados.

"Uno de cada tres latinoamericanos y caribeños este año van a vivir en condición de pobreza, según proyección de la CEPAL, todos ellos amenazados por el hambre (...) Nos preocupa mucho cómo esto va a agravar el riesgo de que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria", señaló Berdegué.

América Latina y el Caribe también es la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable, con un valor promedio de 3,98 dólares por día.

Este monto es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de pobreza puede gastar en alimentos, según el informe hecho por la FAO junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"Tenemos un mundo de gente que no tiene ingresos para comer siquiera las mínimas calorías para poder sostener su vida, su actividad física y tenemos otros 104 millones que tampoco le alcanza sus ingresos para alimentarse saludablemente", dijo Berdegué a Reuters.

UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO

En relación a los países más afectados, Berdegué mencionó a Haití, un país con altos niveles de inseguridad alimentaria, Venezuela -donde el hambre ha aumentado en forma significativa en los últimos años- y Guatemala, El Salvador y Honduras, países pertenecientes al Corredor Seco en América Central.

"Estos países son los más expuestos, pero el agravamiento del hambre producto de la pandemia es algo que nos va a impactar a todos los países, no se salva nadie", apuntó.

El funcionario explicó que la FAO y la CEPAL recomiendan un plan de estrategia que involucra mantener el comercio mundial y la cadena que conforma el sistema de producción y distribución de alimentos, además de apoyar a quienes viven en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria.

En ese sentido, Berdegué señaló la importancia de mantener abierta la alimentación escolar -detenida con el cierre de escuelas-, establecer programas de transferencias de ingresos o tarjetas alimentarias como lo ha hecho, por ejemplo, Argentina.

También mencionó la necesidad de que el esfuerzo sea liderado por los gobiernos pero que involucre a organizaciones sociales, empresas privadas, sectores vinculados con la ciencia y la tecnología, entre otros actores sociales.

"Es indispensable la acción de los gobiernos pero también de la sociedad civil, estamos llenos de ollas comunes, comedores populares, hay que apoyar toda esa red (...) Las medidas tradicionales no van a ser suficiente. Necesitamos un esfuerzo extraordinario", concluyó.

ONG Provea: El Estado venezolano incumple las recomendaciones de Michelle Bachelet

En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.

La ONG Provea advirtió en un informe que el Estado venezolano no acata la mayor parte de las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Provea presentó un seguimiento a las recomendaciones realizadas Bachelet en su Informe Escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 41° periodo de sesiones en julio 2019.

"Dicho Informe marcó un hito en el análisis global de la situación de Venezuela ante la principal instancia de derechos humanos de la ONU. El informe incluyó 23 recomendaciones al Estado venezolano, 13 de ellas de cumplimiento inmediato".

Las apreciaciones de Provea son las siguientes:

  1. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agravamiento de todos los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) mencionados en las recomendaciones, deterioro ocurrido antes de la pandemia COVID-19 y agravado durante el llamado “estado de alarma”
  2. No hay políticas públicas coherentes con el Estado de derecho y la opacidad deliberada y generalizada de las instituciones del Estado impide el control social e institucional del gasto. De esta manera también se dificulta establecer las responsabilidades penales y administrativas por actos de corrupción.
  3. Las políticas públicas no se ajustan a los estándares de derechos humanos, especialmente al principio de no discriminación, y además son instrumentalizadas con fines políticos.
  4. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es casi absoluta y es agravada por la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
  5. La inexistente independencia de los poderes públicos, agrava la contraloría desde el Estado, propicia la corrupción y hace más vulnerables a las personas ante los abusos de poder, las extorsiones y las amenazas cometidas por agentes del Estado.
  6. Las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir a la oposición política y social y para asegurar la permanencia en el poder de las élites gobernantes por encima del bienestar de la población.
  7. La persecución de los defensores de derechos humanos, en su acepción amplia, y de los trabajadores de los medios de comunicación, busca acallar la contraloría social y evitar la divulgación de información diferente a la oficial.
  8. Continúa la consolidación de mecanismos institucionales y para-institucionales de control social, que pasan por mecanismos de identificación hasta estructuras paramilitares que actúan en colusión con cuerpos policiales, de investigación criminal y militares.
  9. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una prioridad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones encargadas de protegerlas.
  10. El gobierno de facto busca que la presencia de la ACNUDH en Venezuela se ajuste a la medida de sus intereses, restringiendo sus funciones e instrumentalizándola con fines propagandísticos.

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