América Latina
Caso Ayotzinapa: México detiene a exprocurador por delitos de desaparición forzada y tortura
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país hace ocho años.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como "verdad histórica" su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de "orquestar un engaño mediático masivo". Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador general mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que "de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas" y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza sino "la esperanza de que se sepa la verdad".
El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam "responde más a un tema político, que de justicia" y le ofreció todo el respaldo del partido.
El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como "crimen de Estado" por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.
En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados "desde el más alto nivel del gobierno", donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las fuerzas armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército "por acción, omisión o negligencia" por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables "fortalece a las instituciones".
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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