América Latina
Lula desafiante ante el juez Moro, y "con más ganas que nunca" de ser presidente
El ex-mandatario sostuvo su inocencia ante el juez que conduce el escándalo Lava-Autos mientras respondía preguntas sobre un apartamento con vista al mar, presunto regalo de la constructora OAS.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mostró desafiante tras testificar durante cinco horas el miércoles, diciéndoles a miles de partidarios suyos que el caso de corrupción en su contra tiene mucho suspenso pero poco fundamento.
Minutos después de salir de dar su testimonio cara a cara ante el juez federal que supervisa una pesquisa masiva de sobornos que ha puesto de cabeza al país más grande de Latinoamérica, Lula criticó todo el proceso y ridiculizó las acusaciones de la fiscalía de que una compañía constructora le compró un apartamento a modo de soborno.
“Después de ser masacrado durante dos años, esperaba ver un documento que demostrara que yo compré el apartamento”, afirmó Lula. “Pero no había nada, nada en lo absoluto”.
No se permitió el acceso de la prensa a la audiencia ni se transmitió en vivo, dos de las muchas medidas que adoptaron el juez Sergio Moro y las autoridades en la ciudad suroriental de Curitiba ante los temores de que se desataran actos de violencia. Las autoridades comenzaron a difundir porciones del video una hora después de que finalizó la sesión.
Miles de seguidores - tanto de Lula como de Moro - fueron obligados a mantenerse separados por unos cuantos kilómetros, y cientos de policías antimotines se mantuvieron apostados en varias cuadras alrededor del tribunal federal.
“El político más popular de Brasil en los últimos 30 años está presentándose ante un juez como cualquier ciudadano común”, dijo Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Eso es muy raro en la política brasileña”.
Lula, quien fue presidente de 2003 a 2010, testificó sobre las acusaciones de que recibió un apartamento frente al mar como soborno por parte de la constructora OAS. Los fiscales también acusan que OAS realizó reparaciones en el apartamento y pagó para almacenar las pertenencias del exmandatario. Lula rechaza los cargos, junto con aquellos relacionados a varios otros casos de corrupción en su contra.
Durante su testimonio, Lula reprendió a los fiscales, lanzó ataques a sus enemigos y se dijo inocente en repetidas ocasiones.
“Quiero decirles a mis acusadores que tomen en consideración que ustedes son muy jóvenes y tienen un largo camino por delante”, dijo durante su testimonio, en crítica directa al juvenil equipo de investigadores que encabeza la pesquisa. “La fiscalía no está hecha para eso. Las acusaciones deben ser serias y bien fundamentadas, no especulaciones”.
Moro, quien para muchos brasileños se ha convertido en un héroe nacional al supervisar la investigación “Autolavado”, mantuvo un tono respetuoso, pero también le respondió a Lula.
“No tengo ningún problema personal con el expresidente”, dijo Moro en su habitual tono calmado. “Lo que a final de cuentas será decisivo es la evidencia recabada y la ley”.
Lula dio su testimonio después de varios intentos de sus abogados para posponer la audiencia. La última apelación, ante el Tribunal Supremo de Justicia -una de las cortes más altas del país-, fue rechazada alrededor de una hora antes de que comenzara a dar su testimonio.
"Lejos de probar un delito, quedó demostrado que el apartamento no pertenece, nunca perteneció y nunca fue usado por el presidente Lula ni sus familiares", declaró después de terminar la audiencia el abogado defensor José Roberto Batochio.
Batochio aseguró que el ex mandatario fue cuestionado sobre temas que nada tenían que ver con la investigación y que algunas "no son preguntas de un proceso judicial".
"Fue una acción buscando hacer una escena política", afirmó el abogado, que insistió en que "quedó claro que el expresidente Lula es inocente".
Lula ¿para presidente?
Al término de su declaración ante el juez Moro, Lula encabezó anoche un breve mitin ante miles de seguidores reunidos en una céntrica plaza de Curitiba donde adelantó su intención de competir de nuevo por la Presidencia de Brasil en 2018.
"Estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la Presidencia de la República", dijo.
"Estoy con más ganas que nunca (de ser candidato)", insistió Lula, arropado por la expresidenta Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política, destituida por el Congreso brasileño hace un año.
"Nunca antes en la historia de Brasil alguien fue tan perseguido y masacrado", denunció Lula, quien afirmó que "si un día cometiese un error, no quiero ser juzgado solo por la Justicia, quiero ser juzgado por el pueblo brasileño".
Lula tiene motivos para prolongar el proceso. Actualmente encabeza las encuestas para la carrera presidencial de 2018, pero no tendría derecho a postularse en caso de ser declarado culpable y si se le ratifica la condena en una apelación.
Moro es conocido por alcanzar juicios con relativa rapidez y posteriormente rehusarse a liberar a los convictos en lo que ellos apelan.
“Lula y sus allegados se hicieron ricos de la noche a la mañana”, dijo a la agencia AP Surei Assad, una mujer de 57 años que se manifestó a favor de la investigación Autolavado. “Pero si vas a un hospital público quedarás horrorizado por las condiciones” y la falta de recursos.
Desde que fue lanzada en marzo de 2014, la investigación enfocada en la paraestatal petrolera Petrobras ha derivado en declaraciones de culpabilidad para decenas de altos políticos y empresarios. Muchos más están actualmente bajo investigación en la red de corrupción, que de acuerdo con los fiscales supera los 3.000 millones de dólares en sobornos pagados durante más de una década. La indagatoria se ha extendido más allá de las fronteras de Brasil, a varias naciones de Latinoamérica.
El evento es seguido de cerca a nivel nacional. Varias televisoras transmitieron en vivo desde distintas partes de Curitiba, con las opiniones de políticos de toda clase.
Por su parte, Lula comenzó a insinuar que cobraría venganza por lo que insiste no es más que un esfuerzo por evitar que retome la presidencia.
“Si no me arrestan pronto, tal vez un día los arreste por mentir”, dijo Lula a miembros de su Partido de los Trabajadores durante un encuentro la semana pasada, de acuerdo a un reporte del diario Folha de S. Paulo.
(Redactado por Rolando Cartaya, con información de EFE y AP)
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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