Derechos Humanos
Fiscalía pide 6 años de cárcel para Luis Robles y lo acusan de "responder a convocatoria" de influencer Otaola (VIDEO)
La petición fiscal para el joven que protestó pacíficamente con un cartel por la libertad del músico contestatario del Movimiento San Isidro, Denis Solís, es de seis años de privación de libertad, anunció a Radio Televisión Martí un familiar de Luis Robles Elizástigui.
Actualmente encarcelado en la Prisión del Combinado del Este e incomunicado de sus familiares, por un castigo de al menos por dos meses, el joven guantanamero con residencia en La Habana Vieja fue acusado esta semana de los delitos de "propaganda enemiga y de desobediencia", explicó su hermano Landy Fernández Elizástigui.
Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es "responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal".
"La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad", indica el texto.
“Bueno, esa es la petición fiscal, eso no es nada concreto todavía, según me dice el abogado, puede variar de cero a seis o de seis a más”, declaró Landy y agregó que la pandemia de COVID-19 y la restricciones de visitas en prisiones dificultan el trabajo de la defensa.
"El siguiente paso del abogado es reunirse con Luis, pero como la prisión está cerrada hasta el momento, el proceso se va a detener. El abogado debe reunirse con Luis para probar la defensa y saber la violencia que ha tenido Luis dentro de la prisión y bueno hablar con Luis porque se ha entrevistado con él una sóla vez”, señaló el hermano.
Robles Elizástigui, quien no está afiliado a un a grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el boulevard de San Rafael, en La Habana. Al igual que el Movimiento San Isidro, pedía la libertad de Solís.
El documento de la Fiscalía indica que el acusado respondía a una convocatoria del influencer cubano Alexander Otaola, a quien califican de "contrarrevolucionario cubano residente en los Estados Unidos de América".
"El 4 de diciembre de 2020, el acusado Luis Robles Elizástigui, con el cartel en su poder y con el propósito de iniciar una provocación en algún sitio donde acudieron varias personas, en horas del mediodía se dirigió al parque “Curita” ubicado en el municipio Centro Habana, pero al percatarse de que no habían muchas personas, siguió su recorrido por la calle Águila hasta llegar al Boulevard de San Rafael entre Industria y Consulado del mismo municipio y una vez allí se acercó a la tienda de moneda libremente convertible donde concurrían varias personas; sacó el cartel que tenía en su mochila y con el propósito de crear un ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana, gritaba frases como las que mostraba en el cartel: “Libertad”, "Abajo la dictadura” y otras de desacuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América como: “Quiten las tiendas en MLC”, moviéndose de un lado a otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden", relatan las autoridades cubanas.
El documento identifica al agente que lo apresó como Vladimir Rodríguez Despaigne y reconoce que Robles logró captar la simpatía de los transeúntes y generar "con su actuar, desorden entre las personas que se encontraban allí, dentro de las que hubo quienes se le sumaron en sus manifestaciones, gritando idénticas frases, atrayendo a otras que se congregaron al frente del establecimiento público, prestándose otros a la filmación de los acontecimientos desde sus celulares".
Tras los pocos minutos de su acción en la céntrica calle, fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras” y le fue impuesta una multa de 1.000 pesos.
Robles estuvo detenido en Villa Marista, sede nacional de la Seguridad del Estado, y trasladado posteriormente al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad.
En un inicio dijeron a sus familiares que sería acusado de "actos contra la seguridad del Estado", aunque su acción fue pacífica.
Este jueves su hermano dijo a Radio Televisión Martí que el joven no debe ser juzgado por los reclamos que hizo pacíficamente porque el artículo 54 de la actual Constitución lo protege.
De hecho, el ARTÍCULO 54 establece "El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".
“Entonces, como que están chocando la Constitución ahí porque no lo pueden juzgar", dijo Landy y cuestionó también el cargo de desobediencia.
"Ellos pueden llamar resistencia a lo que quieran porque en el video se ve que Luis no se resistió, pero bueno si quieren llamar resistencia a que se movió un par de veces (...). Prácticamente las leyes son ellos", declaró.
El gobierno de Estados Unidos criticó la detención Robles, en ocasión de cumplirse los 100 días de prisión "por el simple hecho de portar un cartel" en el que pedía la libertad del rapero Denis Solís.
Julie Chung, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que Robles protestaba "por el injusto encarcelamiento" de Solís.
"La libertad de expresión es un derecho humano", aseveró Chung. "Nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel".
[Con entrevista realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]
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Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
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