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Derechos Humanos

Fiscalía pide 6 años de cárcel para Luis Robles y lo acusan de "responder a convocatoria" de influencer Otaola (VIDEO)

Luis Robles en el Boulevard de San Rafael.

La petición fiscal para el joven que protestó pacíficamente con un cartel por la libertad del músico contestatario del Movimiento San Isidro, Denis Solís, es de seis años de privación de libertad, anunció a Radio Televisión Martí un familiar de Luis Robles Elizástigui.

Actualmente encarcelado en la Prisión del Combinado del Este e incomunicado de sus familiares, por un castigo de al menos por dos meses, el joven guantanamero con residencia en La Habana Vieja fue acusado esta semana de los delitos de "propaganda enemiga y de desobediencia", explicó su hermano Landy Fernández Elizástigui.

Acusado de "propaganda enemiga y desobediencia", Robles podría pasar 6 años en prisión
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Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es "responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal".

"La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad", indica el texto.

“Bueno, esa es la petición fiscal, eso no es nada concreto todavía, según me dice el abogado, puede variar de cero a seis o de seis a más”, declaró Landy y agregó que la pandemia de COVID-19 y la restricciones de visitas en prisiones dificultan el trabajo de la defensa.

"El siguiente paso del abogado es reunirse con Luis, pero como la prisión está cerrada hasta el momento, el proceso se va a detener. El abogado debe reunirse con Luis para probar la defensa y saber la violencia que ha tenido Luis dentro de la prisión y bueno hablar con Luis porque se ha entrevistado con él una sóla vez”, señaló el hermano.

Robles Elizástigui, quien no está afiliado a un a grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el boulevard de San Rafael, en La Habana. Al igual que el Movimiento San Isidro, pedía la libertad de Solís.

El documento de la Fiscalía indica que el acusado respondía a una convocatoria del influencer cubano Alexander Otaola, a quien califican de "contrarrevolucionario cubano residente en los Estados Unidos de América".

"El 4 de diciembre de 2020, el acusado Luis Robles Elizástigui, con el cartel en su poder y con el propósito de iniciar una provocación en algún sitio donde acudieron varias personas, en horas del mediodía se dirigió al parque “Curita” ubicado en el municipio Centro Habana, pero al percatarse de que no habían muchas personas, siguió su recorrido por la calle Águila hasta llegar al Boulevard de San Rafael entre Industria y Consulado del mismo municipio y una vez allí se acercó a la tienda de moneda libremente convertible donde concurrían varias personas; sacó el cartel que tenía en su mochila y con el propósito de crear un ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana, gritaba frases como las que mostraba en el cartel: “Libertad”, "Abajo la dictadura” y otras de desacuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América como: “Quiten las tiendas en MLC”, moviéndose de un lado a otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden", relatan las autoridades cubanas.

El documento identifica al agente que lo apresó como Vladimir Rodríguez Despaigne y reconoce que Robles logró captar la simpatía de los transeúntes y generar "con su actuar, desorden entre las personas que se encontraban allí, dentro de las que hubo quienes se le sumaron en sus manifestaciones, gritando idénticas frases, atrayendo a otras que se congregaron al frente del establecimiento público, prestándose otros a la filmación de los acontecimientos desde sus celulares".

Tras los pocos minutos de su acción en la céntrica calle, fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras” y le fue impuesta una multa de 1.000 pesos.

Robles estuvo detenido en Villa Marista, sede nacional de la Seguridad del Estado, y trasladado posteriormente al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad.

En un inicio dijeron a sus familiares que sería acusado de "actos contra la seguridad del Estado", aunque su acción fue pacífica.

Este jueves su hermano dijo a Radio Televisión Martí que el joven no debe ser juzgado por los reclamos que hizo pacíficamente porque el artículo 54 de la actual Constitución lo protege.

De hecho, el ARTÍCULO 54 establece "El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".

“Entonces, como que están chocando la Constitución ahí porque no lo pueden juzgar", dijo Landy y cuestionó también el cargo de desobediencia.

"Ellos pueden llamar resistencia a lo que quieran porque en el video se ve que Luis no se resistió, pero bueno si quieren llamar resistencia a que se movió un par de veces (...). Prácticamente las leyes son ellos", declaró.

El gobierno de Estados Unidos criticó la detención Robles, en ocasión de cumplirse los 100 días de prisión "por el simple hecho de portar un cartel" en el que pedía la libertad del rapero Denis Solís.

Julie Chung, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que Robles protestaba "por el injusto encarcelamiento" de Solís.

"La libertad de expresión es un derecho humano", aseveró Chung. "Nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel".

[Con entrevista realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]

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Coalición por la Libertad de Asociación trata las restricciones y amenazas a ese derecho en Cuba

Niños juegan en una gran cartel de Cuba.

La Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba.

Inés Pousadela, investigadora de CIVICUS, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, declaró que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que cuando se habla de espacio cívico se refiere a que haya cabida para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión.

Por su parte, Gerardo Berthin, Director de los Programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que en el último informe de su organización sobre la libertad en el mundo, Cuba salió entre los países con menos puntaje.

“En el caso de Cuba es interesante porque desde el 2013 los datos muestran que ha mantenido un puntaje constante bajo que oscila entre 10 y 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles”, dijo Berthin.

Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que, aunque el estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica que son “incompatibles con los estándares internacionales”.

“La decisión de que una organización se inscriba está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades administrativas y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros”, aclaró Diversent.

La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización y dijo que en Cuba “se han establecido determinadas prácticas que conllevan estar obligatoriamente integrado organizaciones”.

Opinó que “esto implica un control social, porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a los sindicatos u organizaciones estudiantiles”.

Asimismo, declaró que otra parte es el derecho a asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro: “el simple motivo de crear un grupo”, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a las personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede considerarse conspirativas contra la seguridad del estado.

Diversent mencionó que la Ley 88 o Ley Mordaza “va contra la libertad de expresión pero también contra el derecho de asociación porque impide a las personas asociarse para determinado fin”.

La Coalición por la Libertad de Asociación, que organizó la conferencia virtual, está compuesta por 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe entre ellas Freedom House, People in Need, CADAL y PROVEA.

Solicitan visa humanitaria para tratar en EEUU a activista de UNPACU

Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.

Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre permanece el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad.

Su madre y el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, alertan que la vida del activista corre peligro, y están solicitando la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, con el propósito que puede recibir la atención médica que requiere.

Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.

“Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo”, explicó.

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Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancias para llevarlo al hospital, por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.

“Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Además de la falta de medicinas, los alimentos no son los adecuados. La dieta que recibe por su enfermedad consiste en media de libra de pollo y leche en polvo una vez al mes. También tenemos problema con el transporte con el que contamos; resulta peligroso y doloroso para su organismo”, destacó la opositora.

Mientras, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para cubrir los gastos médicos del activista, pero falta la visa humanitaria, que ya fue solicitada en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.

“La respuesta, directamente de la embajada, no ha llegado, y no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubanoamericanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también”, apuntó Ferrer.

El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el hospital clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

Informe de Derechos Humanos alerta sobre una "nueva versión de la Primavera Negra" en Cuba

Una oficial de policía exige identificación a un ciudadano en una calle de La Habana cerrada por coronavirus. (YAMIL LAGE / AFP)

Con decenas de opositores encarcelados, entre los que esperan sanción y los condenados por causas políticas, además de la “hospitalización” forzada durante semanas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mayo fue un mes de marcada represión, denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH).

"El mes de mayo vino acompañado, además de flores, de una nueva versión de la Primavera Negra", subraya en el informe la coordinadora de la organización, la opositora Martha Beatriz Roque Cabello.

Además del elevado número de opositores que están pendientes de juicio, el reporte recalca la cifra de "13 nuevos presos políticos, que es la mayor que se reporta de una vez, desde marzo del 2003".

Los encarcelados son: Delvis Sardiñas Mora, Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuza Alfonso, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez Lopez, Inty Soto Romero, Orestes Varona Medina, Yeilis Torres Cruz, Roberto Perdomo Fuentes, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Carlos Alberto Álvarez Rojas, Waldo Hernández Batista y Cándido Chacón Puñales.

El informe incluye, además, el caso de una familia de 4 personas sancionada a 1 año de limitación de libertad por presuntas amenazas, 24 presos pendientes de ser enjuiciados, 8 a los que ya les hicieron juicio y están en proceso de apelación, y 6 activistas ya sancionados y dentro de prisiones, esperando nuevos juicios.

"Procesar opositores se ha convertido en la última forma que ha adoptado la dictadura, de reducir al mínimo a los que no apoyan el sistema. No importa cuán conocida sea la persona que se lleva a los tribunales, el problema es hacerle juicio y mantenerlo entre rejas. En particular todos aquellos que estuvieron vinculados a la canción Patria y Vida, a raíz de la popularidad que ha alcanzado", señala Roque Cabello.

El informe subraya el sitio permanenente que la policía política impone a varios activistas en sus viviendas. "No les permiten salir de sus casas, so pretexto de que están con una medida cautelar; sin embargo, no les hacen entrega de algún documento emitido por el instructor, el fiscal o el tribunal local", denuncia.

Entre los presuntos delitos atribuidos a los activistas por las autoridades, el reporte menciona el impago de multas, desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita y peligrosidad predelictiva.

El dólar por las nubes y la escasez rampante

En su acápite de "Problemas sociales y la crisis", el reporte del CCDH menciona la falta de liquidez del Estado, que anunció "que no tenía dólares ni para el cambio en los aeropuertos".

"Cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en MLC, en detrimento del peso cubano, lo que ha contribuido, entre otros aspectos, a que en el mercado informal, a fin de mes el dólar se cambiaba a 1 x 60, algo que reconoció el Ministro de Economía, con la tendencia al alza en junio", destaca el reporte.

El precio de los alimentos se ha disparado en el mercado negro. Una libra de carne de puerco en La Habana, por ejemplo, cuesta ya 100 pesos, un valor que en el interior del país asciende a 150 pesos. La leche en polvo ha llegado a costar 300 pesos, reconocen hasta los medios estatales, añade el texto.

Mientras, la zafra de este año "ha sido quizás la peor en la historia de Cuba", con apenas 816 mil toneladas de azúcar, para un cumplimiento de solo el 68% del plan.

El CCDH menciona, además, el congelamiento de obras en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, "lugar tan cacareado como centro de soluciones de los problemas del país" que, señala, "no ha reflejado los resultados que se esperaban". En el lugar, "se ha detenido la construcción de las casas de sus directivos, ya que a los trabajadores les deben 3 meses de salarios".

El informe concluye que la llamada "Tarea Ordenamiento" ya cumple 5 meses de su implementación "y no se ve la luz al final del túnel". Las medidas establecidas, como la modificación de las tarifas eléctricas, de agua, teléfonía fija y de gas, y el aumento del pago de los comedores para ancianos, "no mejoran la vida del cubano promedio".

"El régimen plantea que no se podían seguir postergando las transformaciones, pero lo cierto es que todo este tiempo ha sido de sufrimiento para la sociedad", concluye el texto.

Régimen cita a la activista del 27N Carolina Barrero

Autoridades de la dictadura citan a la activista Carolina Barrero

La historiadora de arte y activista del grupo 27N, Carolina Barrero, informó que fue citada por la teniente Yusaidy Romero con relación al estado de la medida cautelar que se le fue impuesta tras una denuncia por supuesto Desacato el 5 de mayo.

La artista, con ciudadanía cubana y española, informó que la citación es para el jueves en la Unidad Policial de Infanta y Manglar ante el instructor penal Francisco Rodríguez Balaguer.

La medida cautelar fue impuesta a Barrero cuando fue denunciada por desacato y al momento de detención fue violentada por los cuerpos policiales, aun así, el régimen la acusa.

“Fui desnudada con violencia por tres mujeres, una de civil y dos policías, en el calabozo de San Miguel del Padrón, mientras un policía hombre miraba del otro lado de la reja”, recordó las historiadora de arte.

A pesar de las amenazas por parte del régimen la joven cubana aseguró que, si sus compañeros opositores no son liberados, ella no dejará de protestar ni alzar su voz.

“No me lo anuncien, no me amenacen, si no liberan a los manifestantes de Obispo, a Maykel Castillo, a todos los presos políticos y de conciencia, me pueden llevar a prisión provisional con ellos”, dijo Barrero.

Familiares de Luis Robles, preso en el Combinado por pedir "Libertad" con un cartel, sufren por su encarcelamiento

Luis Robles, manifestándose pacíficamente en Centro Habana poco antes de ser arrestado por la policía política cubana

La familia de Luis Robles Elizástigui, el joven cubano que el 4 diciembre de 2020 fue detenido por pedir con un cartel "Libertad", "No+Represión", "#Free-Denis" en en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, está sufriendo las consecuencias del encarcelamiento de este joven en una prisión de máxima seguridad.

Su hermano Landy Fernández Elizástigui habló con Radio Televisión Martí luego que su hermano se comunicara vía telefónica con él desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, cuando al prisionero le fue levantado el castigo de mantenerlo dos meses sin acceso al teléfono.

“Mi mamá está mal, con la presión súper descompensada, está recibiendo tratamiento médico ahora por la presión y el niño lo tengo yo ahora, cumple dos años en septiembre. Cuando yo le pongo los videos que tengo en el celular de Luis y cuando lo llama siempre lo pongo a hablar", explicó el hermano.

El pequeño vive con su mamá pero Luis lo traía a su casa cada cierto tiempo, comenta Fernández, quien ha asumido el papel de padre en ausencia de su hermano.

"Lo traigo conmigo, una semana o un mes", declaró.

“Me dijo que se siente bastante bien de salud, que está esperando juicio, por los delitos de resistencia y propaganda enemiga”, comentó Fernández quien asegura que el abogado ya se pudo reunir con Robles.

El día en que se manifestó pacíficamente por la libertad de Denis Solís un joven rapero del Movimiento San Isidro, varias personas filmaron su protesta y también el momento en que agentes policiales se lo llevaron detenido sin que el hiciera resistencia.

Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es "responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal".

"La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad", indica el texto.

El documento de la Fiscalía indica que el acusado respondía a una convocatoria del influencer cubano Alexander Otaola, a quien califican de "contrarrevolucionario cubano residente en los Estados Unidos de América".

"El 4 de diciembre de 2020, el acusado Luis Robles Elizástigui, con el cartel en su poder y con el propósito de iniciar una provocación en algún sitio donde acudieron varias personas, en horas del mediodía se dirigió al parque “Curita” ubicado en el municipio Centro Habana, pero al percatarse de que no habían muchas personas, siguió su recorrido por la calle Águila hasta llegar al Boulevard de San Rafael entre Industria y Consulado del mismo municipio y una vez allí se acercó a la tienda de moneda libremente convertible donde concurrían varias personas; sacó el cartel que tenía en su mochila y con el propósito de crear un ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana, gritaba frases como las que mostraba en el cartel: “Libertad”, "Abajo la dictadura” y otras de desacuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América como: “Quiten las tiendas en MLC”, moviéndose de un lado a otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden", relatan las autoridades cubanas.

El documento identifica al agente que lo apresó como Vladimir Rodríguez Despaigne y reconoce que Robles logró captar la simpatía de los transeúntes y generar "con su actuar, desorden entre las personas que se encontraban allí, dentro de las que hubo quienes se le sumaron en sus manifestaciones, gritando idénticas frases, atrayendo a otras que se congregaron al frente del establecimiento público, prestándose otros a la filmación de los acontecimientos desde sus celulares".

Tras los pocos minutos de su acción en la céntrica calle, fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras” y le fue impuesta una multa de 1.000 pesos.

El abogado Eloy Viera Cañive, analizó el caso contra Robles en la publicación El Toque, donde concluyó que se trata de un proceso marcado por la política donde lo que se intenta penalizar no es otra cosa que su atrevimiento a materializar y amplificar ideas que son contrarias a los intereses del Estado/Gobierno cubano.

"El de Robles es un juicio en el cual las manifestaciones políticas son jurídicamente relevantes. Las Conclusiones Provisionales del fiscal asemejan más un documento político que uno jurídico. El documento parece un alegato o una nota oficial de los aparatos de propaganda. Para justificar el juzgamiento de Robles se usan frases que deberían ser intrascendentes jurídicamente hablando —si no se tratara de un juicio político—. Por ejemplo, la Fiscalía considera que mostrar desacuerdo con la existencia de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) es, desde lo jurídico, relevante porque implica a su vez mostrar inconformidad con «medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América». Además, piensa que proferir frases como «Libertad» y «Abajo la dictadura» no es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino una provocación que buscaba generar un «ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana». El planteamiento de la Fiscalía puede calificarse de excluyente y fascistoide, pues de manera implícita asegura (con independencia de lo discutible de esa afirmación) que como la mayoría de la población cubana escogió un determinado modelo de desarrollo económico-social, la minoría restante no tiene derecho a expresarse en contra de esa decisión. No hay mucha diferencia en esa idea y la que sostiene que algunas minorías pueden ser eliminadas de un territorio si así se decide democráticamente", argumentó Viera.

[Entrevista a Landy Fernández Elizástigui realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]

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