Venezuela
Los negocios sucios con Hezbolá de Tareck El Aissami y su familia (Parte 1)
Diversas investigaciones señalan al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, como responsable de la infiltración de miembros del grupo terrorista Hezbolá en Venezuela.
Entrevistado al respecto, Joseph Humire, director de Secure Free Society y experto en antiterrorismo, aseguró a RadioTelevisionMarti.com que para comprender el nexo con el grupo terrorista Hezbolá y la familia del El Aissami hay que entender de donde viene el ex vicepresidente de Venezuela.
El expediente entregado al diario New York Times por un ex oficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyos testimonios fueron confirmados de manera independiente por otro ex oficial, afirma que El Aissami en conjunto con familiares ingresaron a miembros del grupo terrorista Hezbolá a Venezuela para expandir una red de inteligencia y poder trabajar en el narcotráfico ¿pero realmente se conoce cuál es la relación de este grupo terrorista con Tarek El Aissami y su familia?
Aissami, quien tiene origen sirio libanes, ha desempeñado diferentes cargos durante el régimen de Chávez y Maduro como ministro, gobernador y por último vicepresidente de Venezuela, pero según su historial familiar está ambición política no es un capricho de niño, sino más bien una herencia.
Según Humire, la lista de familiares de El Aissami involucrados en partidos políticos de la Siria actual y en su momento al movimiento Panárabe Nacionalista es larga.
El experto en seguridad asegura que el padre de El Aissami , Zaidan El Amin El Aissami, llegó a Venezuela representando una extensión del Partido Baaz Árabe Socialista para reforzar y guiar la revolución bolivariana, la cual según Humire no hubiese tenido éxito sin la llegada de los sirios al país sudamericano. Incluso fue uno de los detenidos el 4 de febrero de 1992, fecha de la fallida intentona golpista de Hugo Chávez.
Por otra parte, el grupo terrorista Hezbolá es un fenómeno relativamente nuevo que surgió en el año 1982 para defender la revolución iraní. Este grupo terrorista recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán. Según Humire, Irán ayudó a formar, entrenar y equipar a Hezbolá en el Líbano para construir redes dentro del mundo árabe.
“En ese aspecto Hezbolá ha sido una herramienta para ser presencia en el mundo árabe y por extensión cuando el movimiento Revolución Panárabe cayó, Hezbolá surgió y de ahí viene la relación de este grupo terrorista con la familia de El Aissami ”, aseguró Humire.
Una investigación realizada por el diario ABC, informó que incluso hasta su primo, Husam El Aissami, quien lleva años como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania, ha sido acusado de mantener relaciones con el grupo terrorista y ser participe en la entrega de visas y pasaportes a personas vinculadas con este grupo. Además, es señalado de presuntamente ocuparse del traslado de fondos hacia Siria y Líbano.
Esta investigación tambien asegura que en este traslado de fondos participa otro primo, Fady El Aissami, quien es el responsable de el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas.
Humire concluye que actualmente la infiltración de miembros de Hezbolá en Venezuela es una alianza estrategia para mover drogas y fondos ilícitos de América Latina a Medio Oriente y traer a potenciales terroristas a América Latina para darles una cobertura de identidad y así puedan operar libremente en la región.
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EEUU anuncia 140 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela
Estados Unidos anunció en la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida, que tuvo lugar este 16 y 17 de marzo de 2023 en Bruselas, más de USD 140 millones en asistencia humanitaria adicional y más de USD 31 millones en asistencia para el desarrollo que contribuirán a la respuesta a la crisis regional de Venezuela.
A continuación en comunicado de Departamento de Estado de Estados Unidos:
Estados Unidos es el mayor donante individual a la respuesta humanitaria ante la crisis regional de Venezuela, y presta asistencia que apoya a refugiados, solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables afectadas. Más de 7,7 millones de personas dentro de Venezuela precisan asistencia humanitaria inmediata y más de 6 millones de venezolanos han sido desplazados a 17 países de la región desde 2015.
Durante la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida que tuvo lugar en 2023 en Burselas, la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció más de USD 140 millones en asistencia humanitaria adicional y más de USD 31 millones en asistencia para el desarrollo que contribuirán a la respuesta a la crisis regional de Venezuela. Esta asistencia incluye más de USD 56 millones a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado y más de USD 115 millones a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID). Con esto, el total de la asistencia estadounidense asciende a más de USD 2.800 millones desde 2017, incluidos más de USD 2.500 millones en asistencia humanitaria y USD 387 millones en asistencia para el desarrollo.
Esta asistencia por parte del pueblo estadounidense cumple con el compromiso asumido en la Declaración de Los Ángeles de apoyar a los países que albergan a grandes poblaciones de migrantes y refugiados en situación de desplazamiento. Ayuda a atender las necesidades acuciantes de los venezolanos más vulnerables.
- A través de esta asistencia, Estados Unidos da apoyo a una amplia variedad de programas humanitarios y de desarrollo que son vitales y que están destinados a los venezolanos y a las comunidades que los reciben, como asistencia alimentaria; albergue de emergencia; acceso a la atención de la salud, incluido apoyo psicosocial; agua, saneamiento e insumos de higiene; apoyo a medios de subsistencia y protección de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas LGBTQI+ y personas indígenas. Nuestra asistencia también contempla apoyo para la integración destinado a las comunidades de la región que acogen generosamente a refugiados y migrantes venezolanos. Complementa los esfuerzos de las comunidades receptoras en 17 países que han ayudado generosamente a venezolanos vulnerables, a saber: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
- La asistencia humanitaria de USAID dentro de Venezuela contribuye a una respuesta multisectorial y brinda asistencia alimentaria y nutricional, atención de la salud y acceso a insumos sanitarios básicos, agua y de higiene, y programas de protección que se precisan con urgencia.
- La asistencia humanitaria de USAID en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú aporta a la asistencia alimentaria, que incluye comidas calientes, transferencias de efectivo y vales de alimentos para migrantes y refugiados venezolanos y las comunidades de acogida.
- La Oficina de PRM financia a organizaciones internacionales y ONG socias en América Latina y el Caribe para prestar asistencia crítica, como acceso a servicios de salud, educación, albergue y servicios de protección, incluidos espacios adaptados para niños, apoyo psicosocial y para la salud mental basados en la comunidad, prevención y gestión de casos de violencia de género y asistencia legal a refugiados y migrantes venezolanos.
- La asistencia humanitaria de la Oficina de PRM y la asistencia para el desarrollo de USAID apoyan el proceso de regularización establecido por Colombia para los ciudadanos venezolanos, con más de 1,6 millones de solicitudes aprobadas hasta la fecha.
- La asistencia para el desarrollo de USAID facilitará la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador.
- La asistencia para el desarrollo de USAID seguirá asistiendo a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes y otros actores democráticos para que puedan seguir atendiendo a quienes permanecen en Venezuela.
Capriles, otra vez rival del chavismo en unas presidenciales (VIDEO)
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles inició este martes su tercer intento a la presidencia, tras recibir el respaldo de su partido para participar en las primarias opositoras que escogerán al rival de Nicolás Maduro en 2024.
Capriles, que enfrentó al fallecido expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro, está inhabilitado para ejercer cargos políticos, un tema en la agenda del lento proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México."
¡Tenemos candidato presidencial y es Henrique Capriles!", expresó la presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, en rueda de prensa a la que el dirigente no asistió.
"Nuestro candidato presidencial va a ser proclamado" el próximo 10 de marzo en un "gran comité político nacional".
Capriles arrasó en una consulta interna de la organización, frente a otros dos dirigentes, y será candidato en las primarias del 22 de octubre.
El dirigente de 50 años no se ha pronunciado sobre el tema.
Su inhabilitación fue impuesta en 2017 y por 15 años por supuestas "irregularidades administrativas" durante su gestión como gobernador del estado Miranda, vecino de Caracas, entre 2008 y 2017.
"El tema de las inhabilitaciones es una realidad (...) es uno de los grandes retos que tenemos por delante", reconoció Martínez que, sin embargo, se mostró convencida de que estas medidas serán revertidas.
"Yo estoy convencida de que Maduro (...) va a tener que rectificar y hacer lo correcto y lo va a tener que firmar en la negociación al respecto", sostuvo Martínez, aunque resaltó que "no hay ningún tablero preferente para la lucha de la defensa de los derechos".
La agenda política, que incluye condiciones electorales y las inhabilitaciones, aún no fue abordada en el diálogo en México, paralizado desde noviembre a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales contra Maduro para atender la crisis humanitaria.
Capriles será otra vez rival de Maduro en las presidenciales de Venezuela
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles aceptó oficialmente el viernes su tercer intento a la presidencia, tras recibir el respaldo de su partido para participar en las primarias opositoras que escogerán al rival de Nicolás Maduro en 2024.
EEUU extiende por tres meses protección de Citgo de acreedores
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el martes por tres meses una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, de los acreedores que intentan embargar activos para cobrar deudas impagas.
"Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono PDVSA 2020 de 8,5 % están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC", informó la oficina en su página web.
La OFAC también dijo que en caso de cualquier acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020, se pueden aplicar requisitos de licencia adicionales.
"La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencia favorable hacia dicho acuerdo", agregó.
Persisten violaciones de DDHH en Venezuela
Miembros de la sociedad civil e instancias internacionales reiteran las denuncias de que en Venezuela persiste un “patrón” de persecución y violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal registra, a la fecha, 277 presos políticos, 154 de ellos militares y 123 civiles.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.
Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.
Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información.
A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Organización No Gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria.
Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.
“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la Voz de América.
Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DDHH, José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.
Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.
Actualmente en Venezuela la mayoría de los presos políticos son militares, lo que, para Himiob, envía un “mensaje claro”: se busca controlar a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y evitar focos de “disidencia, queja y protesta”.
Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la FAN, sostiene que en el país se han cometido “atrocidades” y precisa que ha ocurrido una “deformación” en el trato de “torturas hacia militares cometidos por militares rompe en dos la historia de tradiciones de la FAN”.
Muro de contención
Uno de los episodios que marcó 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela fue la renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), desconocida por el Estado venezolano, que le acusa de presentar “acusaciones falsas y sin fundamento”.
En su más reciente informe, la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
Además, Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, durante una votación directa y secreta de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General, celebrada en octubre, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.
Para los activistas, la renovación del mandato es una “buena noticia” debido a que implica que, de alguna manera, se mantiene “la lupa” sobre la situación de los derechos humanos en el país y se convierte en un “muro de contención” aunque el Estado mantenga su posición “represiva”.
“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.
A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones activistas más antiguas de Venezuela, la FFM se ha convertido en el mecanismo “más contundente de verdad” sobre lo que ocurre en el país y califica como una “victoria amarga”, las ocasiones en las que la Misión divulga un documento.
“Ayuda a que la situación a lo interno no sea peor de lo que ahora es, como mecanismo de disuasión y de temor que tienen los funcionarios de verse reflejados en esos documentos”, señaló en un reciente evento sobre derechos humanos celebrado en España.
Avances en La Haya
En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.
“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.
Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
Himiob, uno de los 4 abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.
Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.
“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.
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