Cuba
Los cubanos deben poder protegerse del coronavirus
El director interino de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Emilio Vázquez, hace un llamado al gobierno de Cuba para que cese de inmediato su política de intimidar y silenciar a los periodistas que reportan sobre el coronavirus y exige que permita al pueblo recibir informes de la prensa independiente sobre la pandemia.
“Hay personas que se están muriendo porque los funcionarios de gobierno están más preocupados por sus carreras políticas que por la salud y el bienestar de sus ciudadanos”, dijo Vázquez. “Radio y TV Martí y su equipo digital han producido decenas de horas de contenidos que potencialmente podrían salvar vidas, pero el gobierno cubano, en vez de facilitar la diseminación de esta información fiable, ha intentado silenciar nuestras transmisiones”.
Funcionarios cubanos han acosado y multado a periodistas a través de la isla por reportar sobre la pandemia. Una periodista fue multada bajo el Decreto 370 por haber publicado un video que muestra una larga cola de personas tratando de comprar pollo.
El grupo opositor Corriente Martiana ha proporcionado a Naciones Unidas documentos sobre las personas arrestadas bajo este decreto, el cual prohíbe la publicación de información perjudicial a la integridad pública y moralidad. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y Amnistía Internacional son algunas de las voces destacadas que exigen el cese de estos esfuerzos sistemáticos de mantener a los ciudadanos en la ignorancia.
Los Martí han estado brindando una cobertura constante de la pandemia y su propagación por América Latina y el mundo. Esta cobertura abarca la información científica más reciente sobre el virus y consejos de expertos médicos sobre cómo protegerse. Entretanto, el gobierno cubano sigue promoviendo medicinas homeopáticas como protección efectiva contra el coronavirus.
Además de ofrecer información precisa sobre el virus y su expansión, los Martí están informando a los cubanos sobre la realidad del acoso gubernamental contra los periodistas independientes que reportan sobre la pandemia, así como la preocupación de Amnistía Internacional sobre el escaso distanciamiento social en Cuba, y el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la política oficial de suprimir las libertades de expresión y creación artística.
Silenciar a periodistas e interferir las transmisiones de radio y televisión no son las únicas formas que tiene el gobierno cubano para intentar prevenir la entrada de información independiente a la isla. El gobierno ha rechazado los llamados populares a bajar el precio de acceso a la internet o de ofrecer el acceso como un servicio público.
A pesar de estos obstáculos, Radio y TV Martí y su equipo digital siguen llegando a los cubanos en la isla usando moderna tecnología de distribución de contenidos y herramientas anti-censura.
“Esto es egoísta y peligroso, y tiene que cesar”, dijo Vázquez. “Estoy orgulloso de los comentarios que recibimos diariamente de los cubanos que nos agradecen por nuestra programación. Simplemente deseamos que la mayor cantidad posible de cubanos tenga acceso libre a esta información fiable, importante y vital”.
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Que no pase inadvertida la grave crisis que atraviesa Cuba, alerta Food Monitor
Es necesario visibilizar la grave crisis alimentaria que atraviesa Cuba y no dejar que pase inadvertida ante el convulso panorama internacional, alertó recientemente el Food Monitor Program, un proyecto que monitorea las condiciones de acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos en las diferentes provincias de Cuba.
"La rapidez con que cambia la agenda mundial puede hacer que situaciones urgentes, como la crisis estructural que vive Cuba, pasen desapercibidas para el resto del mundo, incluso para nuestro propio continente. Condición que se ve agravada por el hecho de los espacios y el posicionamiento de su narrativa oficial que el régimen cubano históricamente ha logrado ganar, presentándose como un ejemplo de avances sociales", alerta la columnista Nastassja Rojas.
En su artículo cita los resultados de las investigaciones del Food Monitor Program, en los que se resalta que la mayoría de las provincias cubanas enfrentaron un bajo nivel de seguridad alimentaria por el bajo crecimiento económico, alta inflación, reducción de la producción y venta de alimentos, problemas de infraestructura; "todo ello agravado por las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno, como el aumento de precios de combustibles".
En la columna publicada el martes, la entidad alerta que "la crisis en Cuba es real y devastadora. La falta de acceso a alimentos, medicinas y derechos básicos es una realidad que afecta profundamente a la población en general en el país. Sin embargo, a menudo esta crisis no es visible más allá de las fronteras de la Isla, mucho menos en la agenda global".
Food Monitor destaca que el pasado 29 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresaron preocupación por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba y las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, al tiempo que señalaron que esta situación afecta desproporcionadamente a ciertos grupos de personas, como las mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños, adolescentes, y aquellas con enfermedades crónicas, lo cual genera graves impactos en sus condiciones de vida.
"Ante este escenario, la CIDH y la REDESCA hacen un llamado al Estado cubano a adoptar medidas concretas para garantizar el acceso de su población a una alimentación adecuada y a servicios públicos indispensables. Asimismo, instan a la comunidad internacional a cooperar en el acceso a alimentos, medicamentos y productos básicos en Cuba", indica el texto.
La autora celebra estos pronunciamientos que colocan la crisis alimentaria en Cuba en un plano regional, sin embargo reconoce que el régimen de La Habana ni siquiera responde a los llamados de atención del organismo adjunto de la Organización de Estados Americanos.
EEUU anuncia ampliación de vías para la emigración legal tras conferencia en Guatemala
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la ampliación de iniciativas para evitar la migración indocumentada desde Centroamérica y el Caribe, así como el apoyo con $578 millones en ayuda humanitaria para la región.
En una conferencia de prensa virtual, Marcela Escobari, Asistente Especial del Presidente y Coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de La Casa Blanca, dijo que la oficina de Movilidad Segura en Guatemala se había comprometido a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Escobari también señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han incrementado las vías para regularizar a poblaciones inmigrantes en sus territorios y que México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajos a inmigrantes haitianos.
La alta funcionaria explicó que utilizarán las vías legales para imponer sanciones a quienes se benefician del tráfico de inmigrantes. “Justo ayer impusimos restricciones de visa a directivos de varias empresas colombianas de transporte marítimo por facilitar la migración irregular hacia los Estados Unidos”, dijo.
“En Costa Rica firmamos un nuevo acuerdo de intercambio de datos biométricos para que podamos fortalecer la ampliación de leyes fronterizas y aumentar la seguridad en la región, y anunciamos que las oficinas de movilidad segura en Costa Rica ampliarán la legibilidad para aceptar ecuatorianos”, añadió Escobari.
De acuerdo con la funcionaria, México anunció que desde 2022 ha emitido más de 17,500 visas temporales a personas que buscan protección internacional para abordar la escasez de mano de obra en su país.
La Casa Blanca publicó un comunicado donde detalla cada uno de los puntos que consideran logros de la reunión, desde la ampliación de las "vías legales para la migración y la protección", hasta el análisis de las "causas profundas y apoyar la integración de los migrantes para fomentar la estabilización a largo plazo".
Sanciones contra los vuelos chárter y críticas al régimen Ortega Murillo
Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto para América Central, recordó que este lunes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció restricciones a vuelos comerciales utilizados para el tráfico de inmigrantes.
“Nuestro mensaje es claro, nadie debe lucrar a costa de los migrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Seguiremos colaborando con Gobiernos dentro y fuera de la región, así como con el sector privado, buscando eliminar esta práctica explotadora que pone a los migrantes en peligro”, dijo.
Jacobstein aseguró que Estados Unidos está “preocupado” con las acciones del régimen de Daniel Ortega, gobernante de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, quienes han permitido que cientos de miles de inmigrantes lleguen a ese país sin requisito de visado.
Recientemente el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo a Martí Noticias que el régimen de Nicaragua estaba utilizando la emigración como un arma contra EEUU y los países de la región.
Los grupos delincuenciales operan hoy el tráfico de personas
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Blas Nuñez-Neto, aseguró que el panorama ha cambiado con respecto a quienes operan el tráfico ilegal de inmigrantes.
“Es casi imposible llegar a la frontera de los Estados Unidos sin pasar por las manos de los cárteles”, dijo.
Una de las mayores críticas de sectores republicanos al gobierno de México es el crecimiento de los cárteles de la droga, que han visto en el tráfico de personas un nuevo filón de negocios.
Núñez-Neto dijo que no solo son cárteles mexicanos los que operan el tráfico de personas, sino grupos del crimen organizado de todos los países de la región.
“Se están diversificando y especializando más y más en el movimiento de personas y, nuevamente, no solo dentro de nuestro hemisferio. Tienen conexiones con grupos fuera de nuestro hemisferio y traen migrantes de otras partes del mundo, así que es algo que nos preocupa mucho”, dijo.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Hostinger dejará de prestar servicios a sus clientes en Cuba
Hostinger, uno de los principales proveedores en el mundo de alojamiento, dominios web y servicios en línea, anunció este lunes que suspenderá sus operaciones en Cuba y otros seis países debido a las sanciones de Estados Unidos a sus gobiernos.
La compañía advirtió en un comunicado que la suspensión está prevista para el próximo 10 de junio pero que, desde este lunes, los usuarios con dirección en Cuba no podrán renovar o actualizar los servicios existentes.
Además de La Habana, la empresa dejará de operar en Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia, Bielorrusia y los territorios de Ucrania ocupados por las fuerzas de Moscú.
Estos países enfrentan "sanciones integrales" por parte de Washington o están restringidos según las políticas de la empresa", recoge el comunicado.
Hostinger tampoco prestará servicios a quienes estén señalados en la “Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE o cualquier otra lista de sanciones aplicable del Reino Unido u otro país”, aclara el documento.
"Estamos decididos a mantener los más altos niveles éticos y legales en la práctica de nuestros negocios", concluye.
Según el sitio especializado Built With, unos 63 clientes de la isla estarían alojados en Hostinger, entre ellos el Hotel Nacional de Cuba.
Varias compañías han sido multadas por intentar saltarse las leyes del embargo de Estados Unidos. De hecho, en marzo de 2022, la empresa de hospedaje Airbnb acordó un pago de $91,172.29 con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por esa razón.
"La ampliación de sus servicios en Cuba parece haber superado la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos de sanciones asociados a través de sus plataformas tecnológicas, lo que llevó a algunas de las posibles violaciones”, aclaró el organismo en ese momento.
Otros de los negocios multasdos más recientemente por la OFAC son el banco suizo EFG International AG y Binance, considerada la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Aumenta el número de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos con parole humanitario
El número de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos con parole humanitario aumentó hasta los 435,000 a mediados de abril, dijeron altos funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden en una llamada telefónica con periodistas.
"Hemos permitido que más de 435,000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela lleguen de manera segura y ordenada utilizando nuestros procesos de permiso humanitario", dijeron los funcionarios.
El parole humanitario fue instaurado por la Administración Biden en enero del año pasado para Cuba, Nicaragua y Haití, tras experimentar tres meses antes en un programa piloto con Venezuela.
Mientras, EEUU ha devuelto a unos 690.000 migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular desde mayo de 2023, cita un reporte de Voz de América.
Críticas republicanas al Parole
Los republicanos han sido muy críticos del programa, debido a que consideran que se trata de un uso indiscriminado de la potestad de permitir la entrada a Estados Unidos bajo palabra del presidente.
Un juez federal falló a favor del gobierno de Biden y permitió la continuidad del programa ante una demanda de 20 estados republicanos. El fallo del juez fue apelado y un tribunal de apelaciones reconsidera el asunto.
También hasta mediados de este abril, unos 547.000 migrantes pudieron programar citas "para presentarse de manera segura y ordenada" en los puertos de entrada a EEUU a través de la aplicación CBP One, una herramienta que el Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha en enero de 2023 con el propósito de facilitar las llegadas por vía legal a la frontera, dijeron los funcionarios en la llamada.
Se prevén nuevas restricciones al asilo en EEUU
La emigración es un tema álgido de campaña electoral y los republicanos están utilizando la llegada masiva de inmigrantes a la frontera sur para criticar la gestión del actual presidente Joe Biden. El virtual nominado a la carrera presidencial por los republicanos, el expresidente Donald Trump, ha prometido “deportaciones masivas” de quienes se encuentren indocumentados en el país.
Las autoridades indicaron que desde el fin del Título 42, en mayo de 2023, hasta el 17 de abril pasado, "han expulsado o devuelto a más de 690.000 personas" hacia más de 170 países, como parte del reforzamiento en la política de la administración contra la migración irregular.
Recientemente, el presidente Joe Biden llamó telefónicamente a su contraparte mexicana Andrés Manuel López Obrador y acordaron acciones inmediatas para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados a la frontera. No se dieron a conocer acciones concretas tras la reunión, pero varios medios de prensa en Estados Unidos prevén que el presidente emita una orden ejecutiva que limite el derecho de asilo en la frontera como una vía para restringir la emigración.
Se reducen llegadas de migrantes a la frontera sur
Los funcionarios aseguraron, además, que ven "una reducción significativa en lo que va de año en encuentros (término oficial que hace referencia a las detenciones) en comparación con los dos años anteriores".
En marzo pasado, las cifras de 137.480 detenciones por cruces irregulares significaron un descenso del 2,3 % en comparación con los registros del mes de febrero (140.638), una caída inusual para esta temporada del año que coincide con el aumento de la vigilancia en México.
"Creo que todos estos puntos de datos muestran que esta colaboración regional está funcionando, que es una responsabilidad compartida entre EEUU y la región y esperamos con mucho interés las reuniones en Guatemala", dijeron los funcionarios.
Este martes se realiza la tercera reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en Guatemala. Se espera que Estados Unidos y los países del área declaren sus compromisos para frenar la emigración.
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