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América Latina

Llaman a paro nacional por tres días en Nicaragua

Manifestante enarbola la bandera nicaragüense durante una protesta en Managua. (Archivo)

Bajo el lema “Es mejor un paro que un disparo” diferentes sectores de la sociedad nicaragüense llamaron a un paro nacional por tres días en medio de la crisis política que vive el país centroamericano.

El movimiento campesino, ex prisioneros políticos y sus familiares, entre otros, están pidiendo a las empresas privadas y a los banqueros no abastecer el comercio durante los días 22, 23 y 24 de agosto.

El líder sindical Byron Estrada dijo que aunque este paro de tres días no es el fin de la dictadura, si es “el comienzo de un proceso de presión verdadera”, porque “el pueblo nicaragüense ya no soporta más la condición en la que vive”.

El paro será “el comienzo de un proceso de presión verdadera” en Nicaragua
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Estrada dijo que bajo el régimen de Daniel Ortega han ocurrido asedios, asesinatos dentro del sector campesino y aún continúa la persecución contra los expresos políticos, mientras cerca de 100 personas permanecen encarceladas por oponerse al gobierno.

Las cámaras de empresarios privados no se habían pronunciado sobre si aceptarán o no la propuesta del paro nacional. En ocasiones anteriores, el gobierno de Ortega ha respondido con mano dura al apoyo del empresariado a las protestas, cancelando sus licencias comerciales.

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Renueva el Departamento del Tesoro licencias para operar en Venezuela

Logo de la sede de Holliburton en Houston, Texas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el lunes nuevas licencias para que varias empresas estadounidenses continúen sus labores en Venezuela por los próximos tres meses.

Un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, destaca que estas licencias son para “actividades habitualmente incidentes y necesarias para el mantenimiento de operaciones, contratos u otros acuerdos”. Aclara además que los permisos no son para la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela.

El Departamento del Tesoro informó que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial.

La licencia anterior estuvo vigente hasta el 26 de julio de este año. La extensión es de 90 días y estará vigente hasta 22 de enero de 2020.

Las compañías estadounidenses que se benefician son: Chevron Corporation; Halliburton; Schlumberger Limited: Baker Hughes, a GE Company; Weatherford International y Public Limited Company.

En enero, Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en un intento por forzar la salida de Maduro. Pero le otorgó a Chevron una licencia de seis meses para operar, que ha sido renovada en dos oportunidades por un lapso de tres meses.

La renovación de la licencia era clave para los trabajadores de la zona donde opera Chevron en el estado Zulia, el más golpeado por la crisis eléctrica.

En abril de este año, entraron en efecto las sanciones que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en la que se le prohíbe a los individuos en EE.UU. que compren petróleo o —productos derivados— a Pdvsa.

Además, en agosto de este año, la administración del presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva bloqueando todos los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.

Bachelet pide investigación sobre muertes durante protestas en Chile

Uno de los manifestantes en las protestas contra el modelo económico estatal, en Valparaiso, Chile.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el lunes iniciar una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante violentas protestas en Chile el fin de semana, y mencionó "perturbadoras" acusaciones de uso excesivo de fuerza militar.

En un comunicado desde la sede de su despacho en Ginebra, la expresidenta chilena instó al diálogo inmediato entre las partes para detener "la retórica inflamatoria".

"Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes", sostuvo Bachelet, quien tuvo dos mandatos como presidenta en la nación sudamericana.

Bachelet no hizo referencia explícita a su sucesor, el presidente Sebastián Piñera, pero en su declaración instó a laspartes a entablar un diálogo inmediato.

"Las autoridades deben actuar en estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley", afirmó.

La noche del domingo, Piñera dijo que su Gobierno extendería el estado de emergencia en varias ciudades del país, incluyendo la capital Santiago, y sostuvo que Chile estaba "en guerra contra un enemigo muy poderoso", en declaraciones que resultaron polémicas en la opinión pública.

Autoridades locales dijeron el lunes que la cifra de muertos por los disturbios durante el fin de semana en Chile subió a 11 personas, luego de un recrudecimiento de la violencia y el vandalismo en la capital a pesar de una orden de toque de queda en las últimas dos noches.

Presidente de Chile: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso" (VIDEO)

Fuego, barricadas y el ejército en las calles, así luce Chile hoy (VIDEO)
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El presidente chileno Sebastián Piñera aseguró que el país está "en guerra contra un enemigo poderoso" tras un fin de semana de protestas que dejó al menos siete muertos, fuertes pérdidas y restricciones de movimiento a la población civil que se extendieron a varias regiones del país.

Pese a sus llamados al diálogo para construir acuerdos en torno a las demandas planteadas en las manifestaciones, los saqueos y barricadas no cesaron durante la madrugada del lunes, en que rigió un toque de queda con militares y vehículos blindados en las calles.

A primera hora del lunes, las calles del centro de Santiago estaban plagadas de restos de barricadas carbonizados y escombros junto con un penetrante olor a humo y gases lacrimógenos, mientras los ciudadanos intentaban retomar parte de la rutina buscando transporte.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas", dijo el presidente en referencia a los actos vandálicos, en una declaración a la prensa tarde el domingo.

Sin embargo, el general Javier Iturriaga, a cargo de custodiar la capital bajo estado de emergencia y quien tiene la potestad de restringir la libertad de movimiento a los ciudadanos, dijo tajantemente el lunes que "no está en guerra con nadie".

La capital de Chile, un país mencionado como ejemplo de estabilidad económica y política en América Latina, no había estado bajo toque de queda desde hace más de 30 años, cuando aún regía la dictadura del general Augusto Pinochet.

El estado de emergencia se extendió a cuatro regiones más, además de la Metropolitana donde está Santiago, en donde también se registraron saqueos e incendios.

El mandatario chileno dio pie atrás el sábado en la medida que detonó las protestas, un alza del precio del transporte subterráneo, pero los manifestantes dieron cuenta en sus pancartas y gritos una serie de demandas estructurales de larga data sobre salud, educación y pensiones, en un país con altos indicadores de desigualdad.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo el domingo que había siete fallecidos, aunque previamente distintas autoridades comunicaron la muerte de tres personas en incendios en locales saqueados y cinco personas en un incendio de una bodega de ropa interior. No entregó un detalle de la lista de víctimas fatales.

El estallido social y las olas de saqueos posteriores ocurren semanas antes de que Chile sea la sede de una cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino Xi Jinping firmarían un importante acuerdo.

Las acusaciones de injerencia foránea en las protestas en Chile

Protestas en Santiago de Chile, el 20 de octubre de 2019

Durante los recientes disturbios en Ecuador, fue detenido un grupo de ciudadanos venezolanos que tenía en su poder las rutas que utilizaba el presidente Lenin Moreno para desplazarse en Quito. Hoy se menciona la participación de venezolanos en actos vandálicos en Santiago de Chile.

Este domingo el diputado chileno Luis Pardo Sainz no dudó en decir en exclusiva para Radio Martí que lo que ocurre en Chile es un acto inducido, planeado a través las redes sociales, y con la firme intención de “desafiar el régimen constitucional”.

El diputado Pardo refiere de ciudadanos venezolanos que han sido sorprendidos en actos de saqueos y disturbios callejeros, en medio de las manifestaciones en contra de un aumento en los precios del tren subterráneo.

"Tiene que ver también con una planificación, con una ejecución bastante coordinada de actos de violencia", advirtió Pardo.

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"Como todo lo indica, se trata de una acción muy dirigida, coordinada y concertada para producir caos y desafiar el régimen constitucional", dijo Pardo.

De forma similar se ha pronunciado un legislador venezolano. El diputado a la Asamblea Nacional y al Mercosur por Venezuela, Lawrence Castro, acusó abiertamente la intromisión del régimen venezolano, como parte de un plan pactado en la reciente reunión del Foro de Sao Paulo realizada en Caracas, que supuestamente impulsa el envío de ciudadanos a vecinos del continente con el fin de desestabilizarlos.

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Pardo dijo que el régimen de Maduro ha enviado a personeros del PSUV y de los colectivos a diferentes partes de América Latina.

Según la representante en Chile del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la embajadora Guarequena Gutiérrez, la situación está siendo aupada por el régimen de Maduro y por varios personeros del régimen.

Mencionó directamente a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, María Gabriela Chávez (hija de Hugo Chávez), Tareck El Assaimi y Jorge Arreaza.

El propio Cabello, número dos del régimen venezolano, dijo recientemente que hay pequeñas brisas bolivarianas en la región y se viene un huracán bolivariano.

La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio.

También condenó la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización, y reiteró que durante años la dictadura venezolana, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática.

El infierno se desata en Culiacán en operación de captura del hijo de "El Chapo"

Un autobús en llamas bloquea una calle en Culiacán, Sinaloa, en medio del enfrentamiento entre narcos y federales.

CULIACÁN, México - El presidente mexicano defendió la decisión de las fuerzas de seguridad de haber retroceder en un intento de capturar a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que pistoleros del cartel desataran tiroteos con armas de grueso calibre e incendiaran autos en la capital del estado norteño de Sinaloa.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, dijo el viernes en rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador, quien ha comenzado a ser criticado por lo que algunos consideran que lo ocurrido demostró, por lo menos, una falta de planeación.

Por horas, Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, quien está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena a cadena perpetua.

Las autoridades no han aclarado cómo sucedieron las cosas. Por el contrario, ha habido versiones encontradas. El jueves Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad, dijo que 30 elementos de la Guardia Nacional y del ejército fueron agredidos desde una vivienda cuando realizaban un patrullaje, que los militares repelieron la agresión y tomaron control del domicilio y que fue entonces cuando localizaron en su interior a cuatro personas, una de ellas Ovidio Guzmán.

Enfrentamiento entre narcos y los federales en fallida operación de captura de Ovidio Guzmán.
Enfrentamiento entre narcos y los federales en fallida operación de captura de Ovidio Guzmán.

Luego dijo que grupos de delincuencia organizada rodearon el lugar “con una fuerza mayor” que la de los militares y sembraron el pánico en diversos puntos de la ciudad, por lo que el gobierno federal optó por detener el operativo. Sin embargo, no dejó claro si lo arrestaron y luego fue liberado por la intensidad de los enfrentamientos o si simplemente huyó. El viernes, el presidente dijo que sí se trató de un operativo para ejecutar una orden de aprehensión.

“El propio gobierno generó esa disyuntiva. Por lanzar un operativo mal planeado y peor ejecutado, se volvieron vulnerables al chantaje. No hay nada admirable en la decisión tomada”, tuiteó el viernes el reconocido analista mexicano, Alejandro Hope, tras la conferencia matutina del presidente.

Los incidentes del jueves causaron 21 heridos por arma de fuego y un número indeterminado de fallecidos, entre los que no habría militares o efectivos de la Guardia Nacional, explicó el secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, en un balance preliminar casi a medianoche. Además, 27 presos se fugaron del penal, agregó.

José Luis González Meza, uno de los abogados de la familia de “El Chapo”, declaró a The Associated Press el jueves que familiares de Guzmán le indicaron que “Ovidio está vivo y está libre”, aunque dijo no tener información más detallada de lo sucedido durante la tarde.

Guzmán López no es uno de los hijos más conocidos de “El Chapo”, el líder del cártel de Sinaloa que en julio fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico, pero las autoridades estadounidenses lo buscan por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018 junto a su hermano Joaquín Guzmán López.

Las balaceras en diversos puntos de Culiacán comenzaron tras las acciones de las fuerzas federales. En las redes sociales se difundieron vídeos en los que se veían camionetas con civiles armados y ametralladoras de gran calibre, vehículos quemados en algunas vías y en casetas de peaje en las afueras, una práctica que los grupos del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.

En poco tiempo, la ciudad se paralizó: era imposible circular por las calles del centro y en un amplio perímetro alrededor de la Fiscalía General. Los disparos se escuchaban en los cuatro puntos cardinales mientras la policía cerraba las vías donde se reportaban tiroteos. Varias compañías aéreas, como Volaris y Viva Aerobus, cancelaron muchos de sus vuelos.

“Nada funciona”, dijo a la AP por teléfono Ricardo González, un trabajador del Congreso estatal que se encerró en su casa después de recoger a su hijo de 15 años en la escuela. “Hay psicosis, nadie sabe qué está pasando, pero todos tenemos miedo y ya nos han dicho que mañana no nos presentemos en el trabajo”.

El gobernador, Quirino Ordaz, confirmó en declaraciones a Milenio Televisión que se suspendieron las clases pero dijo que los negocios sí funcionarían.

González, sin embargo, lo dudaba.

“No hay transporte público, no hay taxis, la gente de fuera de la ciudad se ha quedado aquí bloqueada y mañana todo será igual”, agregó tras asegurar que no recordaba una situación similar desde hace casi una década, cuando el Cártel de Sinaloa vivió una guerra interna.

Con la tercera y última detención de “El Chapo” en 2016 se desató una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. El primero fue capturado por México y el segundo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Los expertos coinciden en que las riendas del cártel, que sigue operando a pesar del encarcelamiento de su líder, están en manos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal hace tres décadas, y de dos de los hijos de El Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán. A este último, Estados Unidos lo acusa de tráfico de drogas en Chicago y fue secuestrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2016 en lo que los expertos consideraron un intento de esta organización por entrar en Sinaloa.

El gabinete de seguridad federal tenía previsto reunirse en Culiacán el viernes por la mañana para informar de sus acciones.

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