Cuba
La Habana está "del lado de los responsables, protegiendo intereses políticos", denuncia abogado de demandantes por accidente aéreo
El pasado 18 de mayo se cumplieron cinco años del desastre aéreo ocurrido en La Habana que costó la vida a 112 personas tras estrellarse un Boeing 737, propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación.
Sin embargo, la demanda interpuesta por un grupo de familiares de las víctimas y la única sobreviviente del accidente, Mailén Díaz Almaguer, parece no avanzar.
Entre los fallecidos se encontraban 101 cubanos y 11 extranjeros: siete mexicanos -incluidos los seis miembros de la tripulación y una turista-, dos argentinos y dos saharauis residentes en la isla, uno de los cuales tenía también nacionalidad española.
“La verdad es que está siendo un proceso muy complicado porque se juntan diversas circunstancias que lo hacen extremadamente dificultoso”, indicó a Martí Noticias, el abogado español Carlos Villacorta Salís, socio director de BCV Lex, contratada por los reclamantes.
“Para empezar, tenemos una compañía aérea desaparecida porque la compañía aérea, que era una compañía que tenía 2 ó 3 aviones, al día siguiente del accidente, sencillamente desapareció. Ha reaparecido en otro país, en Ecuador y con otro nombre, Aeroregional, y está haciendo operaciones con la misma falta de profesionalidad con que operaba cuando estaba en México”, denunció el jurista.
Otra dificultad es que el seguro que tenía Global Air es establecido por “una aseguradora rusa que pertenece a un grupo financiero sancionado por la Unión Europea y que, por nuestras informaciones, está vinculado al Gobierno actual, al entorno del Presidente de la Federación Rusa”, afirmó el letrado, experto en Derecho Internacional y en Responsabilidad Civil.
La demanda fue presentada contra Manuel Rodríguez Campo, dueño de la compañía Global Air, conocida comercialmente como Damohj, y contra dos de sus hijos, contra la empresa Global Air, contra la aseguradora mexicana ‘Ve por más’, y contra la aseguradora rusa VTB, “que tenía la póliza específica de los vuelos a realizar dentro de Cuba bajo el control de Cubana de Aviación, explicó el abogado.
La justicia española rechazó investigar el accidente porque, entre otros asuntos, el querellante “elude las claras conclusiones de la investigación” cubana, que achacó la tragedia “a una cadena de errores, con preponderancia en el factor humano”.
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA), con sede en España, emitió su fallo que se publicó el 11 de septiembre de 2019 en el sitio web del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, y ratificó como causa más probable “la pérdida del control” de la aeronave, “debido a una cadena de errores, con preponderancia en el factor humano”.
La CIAIA determinó como “factores contribuyentes” al desastre, “inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones; errores en los cálculos de peso y balance” y “bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo”.
El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba reconoció la participación en la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Cuba, el fabricante Boeing de Estados Unidos y la autoridad aeronáutica de México.
“Desgraciadamente, la colaboración del Gobierno cubano ha sido cerca de ninguna, por no decir directamente ninguna, para empezar”, apuntó Villacorta.
Cuando el equipo de abogados españoles visitó la Isla para reunirse con familiares de las víctimas, fueron “acosados”, “detenidos” e “invitados a abandonar el país”.
“Posteriormente nos obligaron a contar con los servicios de unos abogados locales”, agregó Villacorta en referencia a los servicios de los estatales “bufetes colectivos”, cuya “independencia y confidencialidad es una cosa que puede por lo menos discutirse o sospecharse que funcione”, aseveró.
“El Gobierno cubano no intenta “ayudar a las familias para que fueran correctamente indemnizadas y para que se conociera la verdad, al margen de un informe técnico sobre las causas del accidente, que ignora una cantidad de elementos importantes sobre la compañía aérea”, subrayó Villacorta.
Por su parte, Noelys García López, miembro del grupo de familiares que llevan adelante la demanda expresó con tristeza a nuestra redacción que la terrible muerte de su hija y su nieta le cambió para siempre la vida a ella: “Se podía haber evitado. Los accidentes de aviación existen en el mundo entero, pero cuando hay negligencia, u otro tipo de intereses que no piensan en las personas que puedan perjudicarse, es muy duro”.
García López perdió en el siniestro a su hija de 32 años, la cirujana Mónica Leyva García y a su nieta de 15 meses, Alexia García Leyva.
“Ya había un precedente con esa compañía: una auditoría que especialistas cubanos hicieron a los aviones recomendaron que no se la contratara, pero obviaron el consejo. Entonces ¿qué se dice? ‘un error humano’. Es más fácil porque ya ellos murieron y no tienen que dar cuenta”.
“Mi único objetivo es que se haga justicia y se aclare lo que en realidad pasó. Ya no me van a devolver a nadie, pero tienen que descansar en paz. Además, no quiero que suceda a alguien más y esa empresa está volando en Ecuador. Yo no estoy conforme con el informe que sacó Cubana de Aviación”, recalcó la madre.
La Global Air dijo en julio de 2018 que los datos obtenidos de la caja negra mostraron que “la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia su desplome”.
“Global Air había sido objeto de varias inspecciones, una, 6 meses antes del accidente, de la cual se desprenden ya irregularidades de una gravedad enorme, que incluyen falta de formación y de rigor en el mantenimiento, falta de actualización de la documentación técnica del avión”, reveló Villacorta.
“Podría decirse que el Gobierno cubano se ha puesto del lado de los responsables, protegiendo sus intereses políticos, es decir, los intereses, cualesquiera que sean, de Cubana de Aviación y protegiendo los intereses comerciales de una compañía de seguros rusa que debería pagar unas indemnizaciones decorosas y que no lo ha hecho”, recalcó el jurista.
Actualmente están en proceso dos procedimientos colectivos, uno abierto en nombre de los familiares de la tripulación y otro abierto en nombre de familiares de 52 pasajeros fallecidos y de la superviviente.
“Estos dos procedimientos están en trámite de certificación (…) Dar la demanda a la entidad rusa, con las circunstancias de la guerra es un elemento más, además del COVID, que ha venido a complicar el proceso”, detalló el especialista.
La compañía de abogados solicitó información a Boeing, la fabricante de la aeronave, debido al contrato de servicios con la compañía aérea: “Queremos ver cómo se cumplía ese contrato, cómo se estaba haciendo el mantenimiento de los aviones y la supervisión técnica de la documentación de los aviones”.
Vea todas las noticias de hoy
Conozca nuevas medidas implementadas por EEUU para inmigrantes víctimas de trata de personas
Estados Unidos anunció ajustes al programa que permite a personas que han sido víctimas de “una forma grave de trata de personas” permanecer en territorio norteamericano por un período inicial de hasta cuatro años.
“Estamos dedicados a proteger a las víctimas de la trata de personas y minimizar cualquier barrera potencial para la asistencia”, dijo Ur M. Jaddou, al frente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Esta regla final ha estado muchos años en proceso y me complace que el programa de visas T ahora tenga un marco regulatorio firme para respaldarlo. En última instancia, esto hace que nuestro enfoque esté más centrado en la víctima y fortalece la integridad del proceso de solicitud de visa T para que el programa proteja mejor a las víctimas como era la intención del Congreso”, indicó.
La trata de personas, también conocida como “trata”, es un delito en el que los traficantes utilizan la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a las personas a proporcionar trabajo o servicios, incluido el sexo comercial. Los traficantes a menudo se aprovechan de las personas vulnerables, incluidas aquellas que carecen de estatus migratorio legal. En algunos casos, las personas que son transportadas por contrabando a Estados Unidos pueden convertirse en víctimas de la trata o explotación durante sus viajes o al llegar a su destino.
El estatus de no inmigrante T ofrece protección a las víctimas y fortalece la habilidad de las agencias de cumplimiento de ley para detectar, investigar y enjuiciar la trata de personas.
Esta regla final, que acaba de publicarse en el Registro Federal, perfecciona la elegibilidad al estatus de no inmigrante T y los requisitos para solicitarlo. Además de incluir disposiciones para reducir las posibles barreras a las víctimas y permite a los oficiales de USCIS adjudicar las solicitudes de las víctimas de manera más eficiente.
La agencia federal dijo que con estos cambios el proceso de determinación y adjudicación de buena fe, se simplifica sin dejar de mantener las medidas de prevención del fraude.
Gobernador DeSantis reconoce a líderes de la Resistencia Cubana como “Héroes de Florida”
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció esta semana a dos miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una iniciativa que agrupa a más de cincuenta organizaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Durante una ceremonia en la residencia del gobernador en Tallahassee, DeSantis nombró como “Héroes de Florida” a Sylvia Iriondo, presidente de Madres Anti-represión por Cuba (M.A.R), y a Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
“Comparto este reconocimiento con las mujeres de M.A.R Por Cuba, con quienes lucho por la libertad de Cuba y por defender los valores democráticos de esta gran nación americana; con Orlando Gutiérrez-Boronat y las organizaciones y miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana; con mi comunidad de Miami donde me he desempeñado la gran parte de mi vida; con mi familia, que ha sido mi mayor apoyo, y con Dios, mi fiel compañía”, expresó Iriondo.
“Creo que esta designación por parte del gobernador y de la primera dama constituye un respaldo moral importante ante el acoso de la dictadura”, comentó Gutiérrez-Boronat.
Durante la ceremonia rindireon homenaje a 75 floridianos, incluidos socorristas, médicos, veteranos, agentes del orden, filántropos, empresarios, padres e innovadores, quienes han demostrado valentía y abnegación.
"También fueron honrados los miembros de la comunidad que se han dedicado a ayudar a otros a superar la adversidad a través de esfuerzos sin fines de lucro, adopción y cuidado de crianza, carreras en educación y defensa", recoge el comunicado oficial.
"Fue un privilegio reconocer y agradecer personalmente a cada héroe de Florida presente por su dedicación desinteresada a sus comunidades y a nuestro estado", apuntó el gobernador.
Consternación del gobierno de EEUU por las condenas a los manifestantes de Nuevitas
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que “la dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas (Camagüey) en 2022 es indignante”.
“La continua represión del régimen contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible”, declaró este lunes el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales del 18 de agosto de 2022, en el barrio de Pastelillo, en las cuales se exigió el fin de los apagones, entre gritos de “Libertad” y "Patria y Vida".
Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado, y 14 para José Armando Torrente, así como 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto, y 11 para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde Sedición, Sabotaje, Propaganda enemiga de carácter continuado, Actos contra la Seguridad del Estado, Atentado y Resistencia hasta Encubrimiento.
Al menos dos fallecidos en accidente masivo en Mayabeque
Al menos dos personas murieron y varios resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la mañana de este lunes en el municipio de Madruga, provincia de Mayabeque.
De acuerdo a un reporte de la prensa local, cuatro de los lesionados tenían heridas graves.
El siniestro se produjo cerca del cementerio de la localidad de Aguacate, cuando un ómnibus pereteneciente a la empresa Transtur, que traslada a los trabajadores de la Emce Este Habana y de la Central Termoeléctrica Ernesto Che Guevara, chocó con un camión de la base de carga del territorio.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Cuba. Al cierre de 2023, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV), se reportaron más fallecidos que en igual período del año anterior.
El informe indica que entre enero y diciembre murieron un total de 729 personas, un 3 % más que en 2022, y 5.938 resultaron lesionadas en los 8.556 accidentes de tránsito reportados en el país.
Ese año las autoridades retiraron 13.005 licencias de conducción, 3.318 más que en 2022, "por acumulación de puntos, multas fuera de término, ingestión de bebidas alcohólicas y actualización del chequeo médico".
Entre las causas de los accidentes está el mal estado de los vehículos y carreteras, así como la poca iluminación de las mismas.
No obstante, el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), aclaró que el país tiene "limitacions" económicas para las reparaciones requeridas.
Preso político del 11J no acepta reunirse con fiscales: estas son sus razones
El preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca se negó recientemente a reunirse con fiscales de la provincia de Mayabeque.
Su hermano, el activista Alberto Ortega Fonseca, conocido en redes sociales como Albert Fonse, dijo a Martí Noticias desde Canadá que la razón dada por su hermano para no conversar con los investigadores penales es que éstos son los mismos que lo condenaron injustamente.
“Porque esta es la misma fiscal que cuando yo denuncié la situación de la tortura en la prisión del Sida, ella fue una de las que hasta lo negó, y después yo la he visto hasta riéndose con los mismos guardias de aquí, que nos han dado golpes cuando yo me manifiesto y nos llevan a celdas de castigo”, explicó el preso político a Fonse.
El activista exiliado en Canadá dijo que su hermano considera inútil hablar con una fiscal que no actuará en su defensa, y que "representa a los mismos guardias". El manifestante encarcelado añadió que sería inconveniente, además de una pérdida de tiempo.
"Lo que les vamos a estar dando información y perdiendo tiempo y, también, recordar que todos estos fiscales, al final todo es lo mismo, y son los mismos que nos metieron a nosotros injustamente aquí”, recalcó.
“No quiero hablar, yo no tengo nada que hablar con ellos”, afirmó Pérez Fonseca.
“y eso que yo le dije: mira Robert, ve a ver”, y él me dijo: ”mira, ‘brother’, si quieren hablar, que hablen con mi madre y le digan lo que tengan que hablar, porque conmigo, ¿para qué?, si mi madre va allí y lo que hacen es intimidarla…’", dijo Fonse.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque donde, según fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro.
El pasado mes de marzo, su madre, Liset Fonseca, denunció a través de Martí Noticias que el prisionero político podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque.
Pérez Fonseca fue castigado en una celda tapiada tras manifestarse, el 19 de febrero, en el patio de la cárcel, en memoria del prisionero político muerto en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo. “Ese lugar lo tenían como almacén de la cal para pintar la prisión, pero ahí quedó todo el resto de la cal, todo lleno de ese polvo, y él lo aspiró”, insistió entonces la madre del preso político.
Foro