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Jalisco Nueva Generación, el nuevo cártel de México
Jalisco Nueva Generación marca el surgimiento de una segunda ola de cárteles pues estos golpes permitieron que creciera y se consolidara.
Tiene el control del producto y la capacidad de distribuirlo de una organización internacional del narcotráfico. Tiene las armas, el mando militar unificado pero también la arrogancia para desafiar a las autoridades; una mezcla letal que lo convirtió en el enemigo número uno del gobierno de México.
Su nombre: Jalisco Nueva Generación. En los reflectores de las autoridades desde hace algunos meses, la atención sobre este cártel alcanzó su punto máximo el pasado 1 de mayo cuando generó un caos enorme en la segunda ciudad más grande de México, Guadalajara, y en otras localidades del oeste del país, al ejecutar varios ataques coordinados y simultáneos en contra de policías y militares, que dejaron 17 muertos y 19 heridos, el incendio de vehículos, bancos, gasolineras, y el derribo, por primera vez, de un helicóptero con un lanzacohetes.
En sólo unos cuantos años, Jalisco Nueva Generación pasó de ser un grupo no muy conocido a convertirse en una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico junto con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, cuya Oficina para el Control de Activos Extranjeros lo incluyó en su "lista negra" de grupos narcotraficantes.
Su rápido ascenso refleja un cambio en la estructura del narcotráfico en México como resultado de la estrategia del gobierno de perseguir y dar de baja a los líderes de los principales cárteles. Más que cualquier otro grupo criminal, Jalisco Nueva Generación ha sido, en los últimos cinco años, prácticamente la única organización que logró fortalecerse y arrebatarle espacios a otros actores, mientras que los cárteles eran debilitados por los golpes asestados por las autoridades.
"Es un cártel nuevo, de segunda generación", dijo a la AP Guillermo Valdés, experto en seguridad y ex director de la agencia de inteligencia mexicana entre 2007 y 2011. "Es el único y el primero de esta nueva generación que tiene características de organización del narcotráfico poderosa... porque su negocio principal es la producción y la exportación de drogas". "Y solamente cuando entras en ese nivel de ingresos... tienes capacidad de mantener una organización de ese tamaño con esas logísticas, con ese armamento", agregó.
Desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 una ofensiva contra el narcotráfico, con una estrategia de ir por los líderes que ha continuado el presidente Enrique Peña Nieto, México ha experimentado una fragmentación de esas grandes organizaciones en varios grupos que, sin un liderazgo vertical, se disputan ahora territorios y luchan por mercados criminales de menor cuantía al del tráfico internacional de drogas.
Cuando Calderón llegó al poder, las autoridades reconocían cinco cárteles. Ahora, la Procuraduría General de la República dice que hay nueve grandes grupos y 43 células en las que se han fragmentado. Jalisco Nueva Generación tiene su origen en esa fragmentación.
Aunque había operado por años, cobró gran notoriedad con su ofensiva el 1 de mayo en Guadalajara, a más de 500 kilómetros al oeste de la ciudad de México y considerada la cuna del narcotráfico en el país.
Tras la captura de los líderes del Cártel de Guadalajara en la década de 1980, se dio el surgimiento de la que para el experto Valdés es la primera generación de grandes cárteles, varios de los cuales subsisten. Pero la estrategia de Calderón comenzó su debilitamiento y fragmentación.
En poco más de un año, el actual gobierno detuvo al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán; al de Los Beltrán Leyva, Héctor Beltrán Leyva; al del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes; a Servando Gómez, "La Tuta", líder de Los Caballeros Templarios y a Omar Treviño Morales, jefe de Los Zetas. También dijo de baja a Nazario Moreno, otro líder templario.
Jalisco Nueva Generación marca el surgimiento de una segunda ola de cárteles pues estos golpes permitieron que creciera y se consolidara. Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, estado dónde se asienta Guadalajara, dijo el miércoles que había advertido al gobierno federal hace más de un año que los ataques a Los Caballeros Templarios fortalecerían a su rival, Nueva Generación, pero que la reacción de las autoridades fue insuficiente.
"En los últimos años hemos visto una tendencia creciente de erosión de los históricamente poderosos cárteles, junto con el surgimiento de nuevas organizaciones de tráfico de drogas como el cártel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados cercanos de 'Los Cuinis''', dijo recientemente John E. Smith, director interino de la Oficina para Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.
El Departamento del Tesoro dice que Nueva Generación y Los Cuinis, son poderosos por dedicarse al tráfico de cocaína y metanfetaminas, tener presencia en al menos ocho de los 31 estados del país y contar con conexiones en Estados Unidos, América Latina, África, Europa y Asia para contrabandear internacionalmente.
Autoridades estadounidenses acusaron en 2013 a Nemesio Oseguera, líder de Jalisco Nueva Generación, y a su cuñado, Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, de traficar múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a México y luego "facilitar" su transporte a Estados Unidos. La acusación, señala que los líderes ganan, por lo menos, diez millones de dólares al año. Ambos son acusados de manejar una organización criminal y conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina.
Nueva Generación tiene su origen en la fractura de una organización ya desaparecida, el cártel del Milenio, y luego operó como una facción de Ignacio "Nacho" Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que era el responsable de la división de las metanfetaminas. El capo murió en julio de 2010 en una operación federal y, entonces, Nueva Generación quedó como una organización fragmentada que, sin embargo, logró crecer.
Una de las hipótesis de cómo Nueva Generación logró evolucionar hacia el poderoso cártel de hoy es que su líder Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", pudo haber heredado los contactos que tenía "Nacho" Coronel, al tiempo que mantuvo una buena relación con el cártel de Sinaloa. Otros creen que fueron capaces de aprovechar la red de proveedores y distribuidores que por décadas han trabajado en la zona.
Lo que ese grupo logró en sólo cinco años no se ha visto en ninguno de las otras organizaciones recientemente fragmentadas de otros cárteles. Por el contrario, en otros lugares del país hay una lucha entre grupúsculos, algunos que se consideran asociados al mismo cártel.
En el estado sureño de Guerrero, un importante productor de amapola y goma de opio, grupos fragmentados del cártel de Los Beltrán Leyva se disputan territorios. Algunas células del cártel de Sinaloa se pelean el estado norteño de Baja California Sur y partes de Sonora, al noroeste. En Tamaulipas, frontera con Texas, se han desatado batallas entre diversas organizaciones alineadas al cártel del Golfo.
Oseguera mantuvo la cohesión de su organización, algo que no se ha visto en otros grupos, que ya sin líderes que controlen todas las etapas del tráfico, actúan por sí mismos.
"¿Para qué quieren jefes si ellos son los operadores?", dijo a la AP un funcionario del estado de Tamaulipas sobre las disputas que se viven entre las células. "Los mismos soldados decidieron ser generales sin permiso de nadie", añadió esta persona que pidió no ser identificado por cuestiones de seguridad.
La fragmentación es vista por algunos como un fenómeno natural. "Si miras como se han desarrollado los mercados en Colombia, Venezuela, Honduras o Guatemala, Brasil... en la mayoría de los casos verás una atomización al paso del tiempo", dijo Samuel Logan, director de la firma de análisis de seguridad Southern Pulse. Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, comentó que la fragmentación hace que los grupos divididos generen violencia para mantener el control de los territorios en los que operan y dominar las actividades ilegales en esas zonas, como el secuestro y la extorsión.
En el largo plazo, sin embargo, los cárteles mejor estructurados y menos expuestos continuarán en el negocio del tráfico internacional de drogas, consideró. "El principio para una organización de tráfico de drogas es la minimización del riesgo, es usar la violencia de manera muy escondida, operar a través de la corrupción", dijo.
Lo que también ha llamado la atención de Nueva Generación es que decidió emprender una ofensiva contra las autoridades, a pesar de que eso hace prever una respuesta directa del gobierno, lo cual para algunos es un reflejo de los nuevos líderes del mundo del narcotráfico mexicano les gusta mostrar su poderío, más que actuar con cierta discreción.
Para Valdés, la ofensiva del 1 de mayo puede ser el principio del fin de Nueva Generación. "El negocio del narcotráfico no va a desaparecer mientras tengamos una demanda tan grande en Estados Unidos, pero eso no le da certificado de inmortalidad a las organizaciones en particular", dijo. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, añadió, "compró el boleto de ser el enemigo número uno".
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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