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Internet y COVID-19, reto para los venezolanos

COVID-19 aumenta crisis de comunicaciones en Venezuela
COVID-19 aumenta crisis de comunicaciones en Venezuela

La navegación por internet en Venezuela es un viaje al pasado. Según el Speedtest Global Index, está en el puesto 175 del mundo en ancho de banda fija con un promedio de 2,83 megabites por segundo, solo por delante de Turkmenistán. Es donde más lento se navega de Latinoamérica, por detrás de Cuba (172), Haití (142) o El Salvador (141).

A Suheli Sama y su hija Sofía, de 9 años, a veces les dan las 4:00 de la mañana haciendo las tareas del colegio que los maestros mandan por Whatsapp desde que se suspendieron las clases presenciales por el COVID-19 en Venezuela.

La conexión a internet es tan deficiente y la electricidad tan inestable, que deben elegir las horas de menos saturación. Ni la niña es una mala alumna ni su madre una progenitora descuidada, pero están rodeadas de condicionantes que las obligan a adaptarse a las circunstancias del país y a unas condiciones personales que no les permiten el acceso a algo mejor.

Suheli vive en Catia, una zona popular al oeste de Caracas y no tiene teléfono fijo: "Solicité la línea hace 5 años pero la CANTV (compañía nacional de telefonía) dice que ya no hay números para darme y solicitar el internet. Lo que hago es pillar el wifi de la vecina y ahí es que más o menos me ayudo para hacer las tareas".

Tampoco cuenta con un terminal móvil, por lo que debe esperar a la noche para tomar prestado el de su prima, a la vez que su vecina le permite conectarse a su red de internet, si es que hay línea, algo no garantizado. Esto sucede en el mejor de los casos, porque si hay corte de luz, la tarea queda sin enviar a los docentes.

El dinero apenas alcanza para comprar comida, así que menos para un teléfono nuevo para sustituir su viejo aparato del año 2013 y que, recientemente, se quemó. "Las tareas de la niña se las mandan por un grupo de Whatsapp. Por esa vía tengo que mandar diariamente los registros de que hace sus actividades. Se me hace cuesta arriba porque tengo que esperar que venga mi prima con un celular", cuenta Suheli a EFE.

Venezuela, con 298 contagiados y 10 fallecidos por COVID-19, empezó una "cuarentena social, colectiva y voluntaria" el 16 de marzo, cuando ya se contaban 33 casos. Pero no fue hasta la semana pasada cuando se anunció que el curso escolar terminaría de modo virtual.

Internet deficitario

Cuando el teléfono llega a las manos de Suheli, toca superar el segundo obstáculo y cruzar los dedos para que el aparato se conecte a la red. Tarda. Se corta, se cuelga. Abrir una página, 15 minutos. Buscar en otra, otros 15. Mandar el vídeo de un minuto a la maestra con la exposición sobre el Día de la Independencia. Una hora. Y con suerte.

Sofía -cuenta su madre- es una buena estudiante, aplicada y con "buenas notas en la boleta", pero su rendimiento y ánimos van a la deriva entre lo lento de la red y la urgencia de su madre por entregar a tiempo las tareas.

"Siento que no está aprendiendo como debe ser. Voy apurada para cumplir con las actividades diarias. Me dice que cuándo va a terminar ésto. No quiero que baje su rendimiento y que por toda esta premura no le guste estudiar", lamenta.

Desde la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aseguran que el modelo de clases en línea no sirve porque "es imposible la conectividad del 75% de los estudiantes", tampoco de los docentes.

Televisión del Siglo XXI, Luz del Siglo XIX

El presidente Nicolás Maduro anunció este martes que ViveTv, un canal estatal, se convertirá en una "televisora con programación educativa las 24 horas del día" para todas las edades, y pidió su rápida inauguración.

La decisión se basa, dijo, en una encuesta hecha por el Gobierno, donde el 45% de las familias contestaron que acceden al contenido de las clases por televisión y el 44% por internet.

"Hay que hacer una televisora del siglo XXI, no del siglo XIX. Hay que hacer las cosas bien, bonitas, atractivas, de la mejor calidad. Les dejo ese reto", dijo Maduro dirigiéndose a los ministros de Educación y de Comunicación, sin tener en cuenta, quizás, los problemas se suministro eléctrico que sufre el país.

Y el desafío quedará también en un gesto tan sencillo como encender la televisión. Aunque no hay reportes oficiales, los apagones son constantes, en algunos estados programados, y con una duración que oscila entre media hora y dos días.

Radio en emergencia

Quienes en estos días vierten su experticia en sistemas de educación a distancia son Fe y Alegría, una organización con 45 años a sus espaldas haciendo radio educación para adultos. Hoy trasladan este sistema, no sin problemas, a los alumnos de sus 170 escuelas repartidas en sectores populares, campesinos e indígenas del país.

"Ha sido un reto construir contenido. Desde el día 1 hay un equipo pensando en cómo retomar la radio como herramienta para acompañar la emergencia", cuenta a EFE Héctor Escandel, subdirector nacional de comunicaciones del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA).

Emiten a diario un programa para alumnos desde preescolar hasta sexto grado con "temática de valores, lengua y comunicación, pensamiento lógico y matemático y una parte para canalizar la ansiedad", explica la conductora del programa y docente Leticia Torres.

Una hora de radio que llega a unos 80.000 alumnos y se hace con un obstáculo tras otro a superar.

"El programa se graba, no puede ser en vivo. La conexión por teléfono es muy mala. El ancla está en Apure (suroeste), los docentes repartidos en sus casas y el que monta el programa en Anzoátegui (noreste). Se envía el contenido en bloques por whatsapp con una semana de antelación. Es el modo más fácil", explica Escandel.

Los maestros aplican técnicas de radio con lo que tienen a mano; buscan la esquina más silenciosa de la casa, ponen una almohada para amortiguar el vacío y graban en notas de voz el contenido educativo que les toque ese día.

Entonces, toca cruzar los dedos para que no se vaya ni el internet ni la luz. En lugares como en Zulia (frontera con Colombia), se emite en función de los apagones, por ser algo muy frecuente: "¿Dónde hay luz a las 3 de la mañana? Pues en ese horario ponemos el programa (educativo). Se personaliza la parrilla (programación). A veces puede haber luz en la radio, pero no en la antena", cuenta Escandel.

Hace recuento de todo lo que enfrentan: "Es la gasolina, que los operadores puedan usar el transporte, que haya electricidad, internet, ánimo. Los transmisores están viejos, tienen más de 40 años. Es todo un reto."

Un reto diario en Venezuela, al que hoy se suma el confinamiento, es acceder a la educación en un país donde la mayor certeza es que nada está asegurado.

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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