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Contra la censura

Informe SIP detalla múltiples ataques contra periodistas y críticos del régimen de Cuba

Arriba Lázaro Yuri Valle Roca (izq.) y Yoandi Montiel "El Gato de Cuba". Abajo, Jorge Bello (izq.) y Luz Escobar.

El informe sobre Cuba que se presenta esta semana en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recoge el encarcelamiento de tres comunicadores (dos periodistas y un influencer) y el arresto domiciliario de decenas de periodistas, entre múltiples atentados a la libertad de prensa y de expresión en la isla.

La conferencia de la SIP, que inició hoy y se extenderá hasta el jueves, incluye este pormenorizado reporte sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers.

En él de destacan los casos de los periodistas encarcelados Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Bello Domínguez y el popular youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba".

También documenta la detención de 39 comunicadores, el arresto domiciliario para 31 periodistas y la prohibición de salida del país para 15. También asegura que 16 periodistas fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias.

A continuación reproducimos el documento:

Informe ante la Reunión de Medio Año

19-22 de abril de 2022

La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021.

Pronto entrará en vigor un nuevo Código Penal tan retrógrado como el anterior, que exagera la protección de los gobernantes, en detrimento de los ciudadanos.

Un periodista preso, otro desterrado como condición para salir de la cárcel, otro agredido por individuos con conocimientos en artes marciales, y toda la prensa independiente bajo vigilancia y amenazas intermitentes (solo quedan menos de cincuenta personas, incluyendo directivos, fotógrafos y diseñadores), demuestra el débil cuadro en materia de libertad de expresión, dentro de una sociedad sin respiro por la devaluación de la moneda y una emigración compulsiva que ya superó la crisis de los balseros de los años 1990.

En los últimos meses, la mayoría de las personas relacionadas al trabajo de la prensa independiente, así como centenares de cubanos que habían posteado contenidos críticos contra el régimen, sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso, no solo en sus domicilios, y también interrogatorios y amenazas judiciales para que no divulgaran, mostraran simpatía o informaran sobre la protesta nacional convocada para el 15 de noviembre.

El ambiente para la libertad de prensa sigue siendo muy hostil, beneficiado solo por el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial. Fuera de eso, ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones, sigue funcionando como instrumento de censura y ciberacoso, bloqueando websites de medios y de ongs críticas de la dictadura, facilitando la cibervigilancia, cobrando precios elevados por un servicio deficiente y haciendo cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas.

Lázaro Yuri Valle Roca es el ejemplo de todo lo que persigue la dictadura cubana. Es uno de los dos periodistas cubanos presos en estos momentos. Fue detenido el 15 de junio de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de octavillas con frases de independentistas del siglo XIX en una céntrica calle de La Habana. Desde entonces solo salió de prisión para ser llevado a hospitales por complicaciones de salud. Enfrenta un castigo de seis años, por los delitos de "propaganda enemiga" y "resistencia".

El reportero Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de "desacato", tras participar en las protestas del 11 de julio. Por ese mismo delito también fue condenado el popular youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba", preso desde hace más de año y medio tras burlarse en un video del presidente Miguel Díaz-Canel.

El periodista Esteban Rodríguez fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio, pero debió aceptar el destierro a cambio de su liberación. Había sido encarcelado por participar en una protesta en La Habana. Junto a Rodríguez, salió del país el comunicador Héctor Luis Valdés, quien declaró haber salido para que liberaran a su amigo, Rodríguez. Con ello se verificó el primer caso desde 2016 de colaboración represiva entre Cuba y otro gobierno de la región contra periodistas, aunque luego las autoridades migratorias de Nicaragua les prohibieron ingresar a Managua, su destino, por lo que quedaron varados en el aeropuerto de San Salvador. Poco después, el hijo de Juan Manuel Moreno, directivo de un boletín independiente, sufrió el mismo trato cuando trataba de volar a Nicaragua, único país de la región que no exige visas a los cubanos y desde donde intentan llegar por tierra a EE.UU.

El anteproyecto del Código Penal agrava la represión. Aplica altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, transmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ongs que monitorean las violaciones los derechos humanos.

El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte, formaliza sanciones de cadena perpetua y expulsión del país.

El capítulo sobre "Propaganda contra el orden constitucional" castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien "incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma". Aplica entre tres y ocho años de cárcel a quien "atente contra el honor o la dignidad del jefe de un Estado extranjero", un blindaje para dictadores extranjeros amigos del régimen.

El artículo 185 sobre "desacato" silencia cualquier cuestionamiento a las autoridades y sus agentes. "Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones" será castigado con entre seis y doce meses de prisión y con una alta multa. Si la ofensa es contra el presidente u otras autoridades jerárquicas, el castigo será de entre uno y tres años.

También se sanciona con un año de prisión la "clandestinidad de publicaciones" o a quien "confeccione, difunda o haga circular en cualquier formato, publicaciones, sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte".

La amenaza de ser acusados de "instigación a delinquir" la han recibido decenas de personas antes del 15 de noviembre, por divulgar la convocatoria a la protesta convocada en las redes sociales.

También el artículo 270 del Código Penal impone penas de seis a doce meses y altas a quien difame a los héroes y mártires del régimen.

Varios periodistas cubanos en el extranjero, como Karla Pérez, tienen prohibida la entrada a la isla. Asimismo, varios periodistas independientes tienen prohibido salir del país, entre ellos Yoe Suárez, Rosalia Viñas, María Matienzo, Boris González Arenas, Camila Acosta, Rolando Rodríguez Lobaina, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Iris Mariño, Henry Constantin, Mary Karla Ares, Juan Manuel Moreno y Yunier Gutiérrez.

Yoan de la Cruz es el caso más visible de una persona condenada a la cárcel por trasmitir en vivo en sus redes sociales las protestas del 11 de julio. Fue condenada a seis años de prisión.

Más personas fueron multadas por aquellas protestas con el Decreto 370, que regula las redes sociales y permite decomisar teléfonos celulares. Entre ellas, Saily González, y varios familiares del preso político Jonatan López.

El acceso a la información oficial no existe. El secreto de Estado sigue dominando. El gobierno publica estadísticas escuetas, sus funcionarios difunden mensajes elogiosos al régimen en las redes sociales y los medios oficiales siguen haciendo propaganda.

Durante este período, fueron detenidos los comunicadores Pedro Luis Hernández, Camila Rodríguez, Orlidia Barceló, Martha Sánchez, Alberto Corzo, Juan Manuel Moreno, Mabel Páez, Yanela Reyes, María Matienzo, Yadiris Luis, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés, Yoel Acosta, Rolando Rodríguez, Yanaisy Quezada, Flora Quiñones, Héctor Miguel Sierra, Yeris Curbelo, Niober García, Ariosmi Ramos, Reina Baños, Diznaikis Hernández, Ever Fonseca, Raúl Pérez, Frank Abel García, Melba González, Yunieski Ferrer, Laritza Contreras, Carlos Manuel Cárdenas, Dallan Calderín, Sheila Delgado, Israel López, Luisbel Piloto, Reisel Acosta, Fernando Donate, Orelvys Cabrera, Henry Constantin, Neife Rigau y Vladimir Turró.

Las órdenes de arresto domiciliario afectaron a los siguientes periodistas: Luz Escobar, Iris Mariño, Neife Rigau, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Yoani Sánchez, Henry Constantin, Abraham Jiménez, Yadiris Luis, Flora Quiñones, Héctor Luis Valdés, Héctor Miguel Sierra, Yohandri Salas, Aimé Redondo, Amaury Sáenz, Josué Peraza, Yusleidy Romero, Rosaida Crespo, Moisés Corona, Daniel Tamayo, Onelcys Díaz Becerra, Jorge Luis Romero, María del Carmen Vergara, Jorge Enrique Rodríguez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Pedro Luis Hernández, Ariosmi Ramos, Yaima Cabrera y Duznaikis Hernández.

Fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias los siguientes periodistas: Luis Cino, Yoe Suárez, María Matienzo, Sol García, Nachely Rivero, Henry Constantín, Yanela Reyes, Yadiris Luis, Orelvys Cabrera, Jorge Amado Robert, Mary Karla Ares, Yander Serra, Yeris Curbelo, Niober García, Yunieski Ferrer y Laritza Contreras.

El 2 de febrero, durante la detención de los reporteros Neife Rigau y Henry Constantín, la actitud de un policía desnudó el sentimiento del régimen contra la prensa independiente: "Yo a estos les sacaría los ojos y ya".

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CPJ: Código Penal cubano criminaliza aún más el trabajo de los periodistas

Policías con perros recorren las calles de La Habana el 11 de julio, día en que estallaron las protestas antigubernamentales en varias localidades de Cuba. (AFP/Yamil Lage).

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, reaccionó este martes ante la aprobación de una enmienda al Código Penal castrista que endurece aún más las penas de cárcel y la censura contra periodistas independientes.

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

Núñez agregó que “las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”.

La enmienda, propuesta originalmente el 20 de enero por el Tribunal Supremo de Cuba, prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de fuentes extranjeras y puede emplearse para silenciar a los periodistas y medios independientes que dependen de este tipo de financiamiento para desarrollar sus actividades.

El nuevo Código Penal entrará en vigor en un plazo de 90 días, según las informaciones de prensa citadas.

El Gobierno de Estados Unidos también condenó la medida. Lamentó que "el régimen haya aprobado un nuevo Código Penal que restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión en #Cuba".

Por su parte, la comunicadora Daniela Rojo dijo desde La Habana a Radio Martí que la medida es una variante de la Ley Mordaza.

“Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo la realidad, pero ya aprobado en un Código Penal, que ya está tipificado; es decir, lo que le están es dando forma en papel y letra a la dictadura como tal”, afirmó.

Periodista Valle Roca enfrenta nuevas complicaciones de salud en el penal Combinado del Este

Lázaro Yuri Valle /Foto cortesía del activista

El estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal Combinado del Este, ha empeorado y se le está negando la asistencia médica y los medicamentos, denunció este martes en entrevista con Radio Televisión Martí, su esposa Eralidis Frómeta.

El comunicador permanece aún sin fecha de juicio con petición fiscal de seis años de prisión, por los presuntos delitos de “resistencia” y “propaganda enemiga”.

“El pasado viernes fue su visita y lo dejé con un nuevo problema de salud, tiene una pronunciada inflamación en la parte izquierda de la cara y úlceras en la boca", dijo su esposa.

"Este lunes en la tarde hablé con él nuevamente y me reiteró que se mantiene en la misma condición, cuando hablamos le pregunté que si podría ser un problema dental, un absceso, y me dijo que no. Cuando yo lo vi el viernes, ya él llevaba varios días con esa condición y hasta el día de hoy no ha recibido asistencia médica por parte del régimen penitenciario del Combinado del Este, ni al menos un diagnóstico para conocer la causa de esa inflamación en la cara", afirmó Frómeta.

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La señora dice que tampoco le han suministrado medicamento alguno.

"Las autoridades del penal dicen que en la prisión hay medicamentos, pero eso es mentira, allí carecen de medicinas para los reclusos, yo aquí en casa tengo antibióticos y antiinflamatorios para llevárselos, pero no me lo dejan entrar”, explicó la esposa del comunicador.

Según la ley cubana, este lunes expiró el término de tiempo establecido para la instrucción de nuevas evidencias que tenía la fiscalía para presentar nuevos cargos, por tanto a partir de ahora se espera que se establezca ya la fecha del juicio, adelantó Frómeta.

“Ya todos sabemos que fue el último día para la instrucción así me lo informó el abogado, entonces a partir de ahora, ese juicio manipulado y con cargos inventados en su contra, el tribunal tiene que ponerle una fecha", advirtió la activista.

Valle Roca fue detenido el 14 de junio de 2021, al día siguiente de haber filmado y publicado en Facebook una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba.

El periodista fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, en Villa Marista, y luego enviado para el Combinado del Este, durante todo este proceso ya sufrió un fallo renal y lleva meses padeciendo de un reforzamiento pulmonar.

Periodistas independientes sobre el nuevo Código Penal: "Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios"

La medida busca "desestimular a los periodistas independientes... criminalizar lo que viene siendo la realidad", dijo una de las entrevistadas. (Foto ilustrativa/AP/Ramón Espinosa)

Periodistas cubanos reiteraron su compromiso con la información libre, a pesar de la aprobación este domingo del nuevo Código Penal, que criminaliza el financiamiento externo de medios de comunicación independientes.

La nueva legislatura establece sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba, o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales, que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”, expresa el documento.

Desde La Habana, la comunicadora Daniela Rojo dijo a Radio Martí que la medida es una variante de la Ley Mordaza.

“Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo la realidad, pero ya aprobado en un Código Penal, que ya está tipificado; es decir, lo que le están es dando forma en papel y letra a la dictadura como tal”, afirmó.

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El nuevo código pretende penalizar a los activistas y periodistas independientes, sin embargo, el gobierno sí está autorizado a suministrar fondos a organizaciones pro gubernamentales, comenta la comunicadora independiente Aimara Peña González, que reside en la capital espirituana.

“Realmente, el gobierno ha tratado de criminalizar todo el tiempo el financiamiento de la sociedad civil cubana, y lo ha hecho a través de muchísimos métodos. Uno más vendría a ser esta nueva normativa jurídica aprobada en el parlamento”, señaló Peña González.

Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), advierte que ahora habrá un aumento significativo del acoso en contra de los comunicadores que ejercen su labor al margen de los medios estatales.

“Los periodistas no vemos la luz al final del túnel. Ahora, con el nuevo Código Penal, se agudizará la maquinaria represiva, sufriremos más represión”, opinó Corzo.

Desde Sancti Spíritus, el periodista Adriano Castañeda recuerda que el parlamento cubano es una extensión del Partido Comunista.

“Las autoridades van a tratar de llevar al límite a todos los que realizan denuncias. Es el caso de los periodistas independientes, quienes están haciendo un trabajo muy importante en las redes sociales, y también en la radio, como es el caso de Radio Martí, denunciado la realidad de Cuba”, dijo.

El director del medio alternativo Amanecer Habanero, que pertenece al ICLEP, Juan Manuel Moreno, asegura que continuará haciendo periodismo en la isla.

“Por medio de este trabajo de periodismo comunitario que hacemos, les llevamos a los cubanos información que les es privada por el oficialismo, y porque muchas personas no tienen acceso a la Internet. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo. Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios, con o sin fondos”, aseguró Moreno.

Desde Guantánamo, el realizador de audiovisuales Anderlay Guerra Blanco opinó que la prensa independiente tiene que seguir adelante.

“Yo muestro rostros, muestro personas denunciando todo lo que les ocurre y, entonces, cuando uno ve este tipo de ley, ya uno se da cuenta de que nos temen”, enfatizó el comunicador.

El nuevo Código Penal cubano también establece restricciones a lo que se pueda publicar en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.

“Sí, es posible la libertad de expresión en Cuba”, responden a Artículo 19 dos periodistas cubanas

María Matienzo y Camila Acosta (Fotos: Facebook)

La serie La Revolución de los Derechos que realiza Artículo 19, organización internacional defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos, pregunta en el capítulo número 7: ¿Hay futuro posible para la libertad de expresión en Cuba?

Las encargadas de responder a esta pregunta fueron las periodistas independientes María Matienzo y Camila Acosta. Ambas coincidieron al argumentar que sí, que la libertad de expresión en Cuba es posible y que, de hecho, en palabras de la también escritora Matienzo, esta libertad no autorizada ya se está dando.

“Creo que ya están sucediendo muchas cosas de manera independiente. Ese diálogo, al que mucha gente se opuso en algún momento, está sucediendo, pero de manera horizontal, no con el poder. Que la gente logre articularse en función de una fecha de terminada, de hechos y acontecimientos determinados; que gente que tiene tan diferentes intereses, logre nuclearse alrededor de una campaña, dice mucho, dice de cuánto hemos crecido como sociedad civil”, argumentó la colaboradora del portal digital CubaNet.

Por su parte, Camila Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC y colaboradora de CubaNet, precisó:

“Sí, yo creo que hay un futuro posible para la libertad de expresión en Cuba, siempre y cuando no exista la dictadura. No es posible que subsistan los medios o la libertad de expresión en dictadura, precisamente los regímenes totalitarios, las tiranías, una de las primeras cosas que atacan o que limitan, es eso: el trabajo de la prensa, el trabajo de los medios y, en definitiva, la libertad de expresión porque es lo que, de alguna manera, hace peligrar su subsistencia en el poder”.

Según explicó Matienzo, la estructura de poder existente en Cuba debe ser “dinamitada” y piensa que uno de los medios para lograrlo es “esa articulación ciudadana que hay constantemente, se nota en las redes, que han sido, digamos una puerta de salida. A partir de las redes, se ha subvertido la realidad y las redes se han vuelto una realidad para la gente; una realidad contestataria, una realidad donde la gente dice lo que siente y, a partir de esas redes, la gente empezó a articularse en la vida real”,

“En los últimos tiempos hemos visto un reverdecer de los medios y de los periodistas independientes que, de alguna manera, han revivido la libertad de expresión, pero siempre viviendo bajo ataque, viviendo bajo el constante acoso de los órganos represivos cubanos. Muchos colegas se han visto obligados al exilio y algunos han sido desterrados”, apuntó Acosta.

Que Cuba no obedece a los mismos patrones de los países comunistas de Europa del Este es, según Matienzo, uno de los descubrimientos más importantes de los cubanos en los últimos tiempos.

“La gente siempre pensó que con salir a la calle ya era suficiente para establecer un cambio político y nos dimos cuenta que no, que hay un poder militarizado, que muchas veces la prensa independiente, los activistas independientes han ido denunciando y que la gente no creía posible, el 11 de julio se demostró que sí hay un poder militarizado totalmente, con una fuerza capaz de aplastar cualquier expresión popular”, señaló.

Para Acosta es importante continuar trabajando, pase lo que pase, y aceptar que, aunque algunos se vayan, siempre llegan otros. También concuerda con Matienzo en que “las redes sociales en Cuba ha posibilitado que muchos más colegas se sumen a la prensa independiente”.

“Hay miedo, hay mucha gente que todavía, a pesar de que concuerda con nosotros, muchos colegas que quisieran incluso vencer esas barreras del miedo para trabajar con nosotros, no lo hacen [...] cada vez más, con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, tenemos más aceptación de la población y de personas que poco a poco van venciendo esas barreras”, concluyó Acosta.

Joven periodista denuncia dos años de intimidación y acoso de la Seguridad del Estado

Cynthia de la Cantera, periodista independiente (Tomada de su perfil en Facebook)

La periodista independiente Cynthia de la Cantera denunció el lunes que ella y su pareja sentimental han padecido durante dos años el acoso de la Seguridad del Estado, mediante "arbitrariedades y agresiones psicológicas y violaciones a sus derechos humanos, civiles y políticos".

La joven, graduada de Periodismo por la Universidad de La Habana en 2013, reportera de YucaByte y miembro de las organizaciones creadas por la sociedad civil CONNECTASHub y Justicia 11J, hizo un llamado a la sociedad civil cubana, los medios de comunicación y sociedad civil internacional a no permitir que se normalice la represión que sufren activistas, periodistas y cualquier persona que disienta en Cuba.

"Cada día alguien es citado, interrogado, detenido, multado, encarcelado, impedido de salir o regresar a su país… No abandonen a las decenas de periodistas fuera y dentro de la isla que intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias", exhortó la joven finalista al Premio Gabo de Periodismo en 2020 por su reportaje “El otro precio del níquel”.

En el post, hecho público el 9 de mayo, la comunicadora relata diversos episodios de hostigamiento por parte de la policía política del régimen:

"El pasado jueves 21 de abril, durante un interrogatorio, el 1er Teniente Manuel, oficial operativo de la Seguridad del Estado, me precisó que dijera públicamente que voy a dejar el periodismo. Unas semanas antes me había pedido que redactara a mano esa renuncia, con el papel y bolígrafo que tenía preparado sobre el buró de un cuarto en la estación de Zapata y C; algo a lo que me negué. Eso fue el 8 de marzo de este año, cuando Manuel me interrogó durante dos horas luego de felicitarme por el Día de la Mujer. El 11 de febrero de 2022 Manuel se presentó por primera vez como “el oficial que me atiende”. Me citó ese día en la estación de Zanja, y me comunicó que desde entonces cada vez que me llamen quién estará ahí será él. Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio, en el que también estuvieron el Capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3000 CUP por el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso i. No sé si los nombres con los que se presentan son sus nombres reales. La Seguridad del Estado tiene como práctica usar seudónimos. En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera “la magnitud del asunto donde estoy metida”. Tanto Manuel como Ernesto me afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso. Manuel me dejó saber también que, si las leyes nos gustan o no eso es asunto nuestro, son las leyes que están, y ellos las aplicarán. En julio, septiembre y noviembre de 2020 fui igualmente interrogada por varios oficiales de la Seguridad del Estado. Entre ellos el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros periodistas independientes. Desde entonces, hace casi dos años, las agresiones psicológicas contra mí y mi pareja no han parado".

De la Cantera aseguró que con estas amenazas la Seguridad del Estado busca frenar el ejercicio del periodismo.

"Soy otra periodista más, bajo la amenaza de encausarla por el artículo 143 del anteproyecto del Código Penal, que la Asamblea Nacional del Poder Popular analizará el 14 de mayo próximo, y que es seguro que se apruebe. El artículo 143 contempla la privación de libertad de 4 a 10 años a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Con ese artículo han amenazado en estos primeros meses del año a otros periodistas y activistas. No sé cuáles son las intenciones de la Seguridad del Estado con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas, las violaciones a mis derechos humanos, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los dos últimos años", escribió.

La denuncia realizada por la periodista ha despertado el interés de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de información y el respeto a los derechos humanos, entre ellos, Juan Papier, investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, quien dejó constancia de ello en su cuenta de Twitter:

“Nuestra preocupación por estas graves denuncias de intimidaciones en contra de la periodista cubana @cantera89. Exigimos que el régimen cubano cese los abusos contra periodistas independientes en el país. Los cubanos tienen derecho a informarse", escribió.


El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijo en Twitter que está siguiendo con preocupación la situación de De la Cantera.

"Exigimos el cese del amedrentamiento en su contra. Estamos monitoreando el caso", advirtió la organización en la red social.

Su colega la directora del medio independiente Periodismo de Barrio, Elaine Díaz Rodríguez, cuestionó el silencio "indolente, cínico y cómplice" de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana contra otra "de sus graduadas".

"¿No tienen nada que decir? ¿Ninguno de los profesores de Cynthia que todavía trabajan en esa Facultad tiene nada que decir? ¿Hasta cuándo les van a seguir persiguiendo, hostigando, reprimiendo a sus graduados y estudiantes mientras hacen silencio? ¿Para qué los gradúan? ¿Para qué los reciben en sus aulas si luego los abandonan?", emplazó Díaz.

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