Cuba
Informe recomienda a autoridades cubanas reinsertarse en el Sistema Interamericano de la OEA
El informe “Incompatibilidad del sistema electoral cubano con la Carta Democrática Interamericana” del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, fue presentado este lunes en una conferencia virtual, a la que asistieron miembros de la Sociedad Civil independiente cubana.
El reporte recomienda “una serie de acciones destinadas a subsanar esta incompatibilidad para lograr los elementos esenciales para una democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo y la separación e independencia de los poderes públicos”, explicó Cristina Fetterhoff, directora de Programas de la organización con sede en Washington, DC.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, es un instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla.
En este sentido, el informe encarga concretamente:
1. Aceptar lo dispuesto en la resolución de la Asamblea General de la OEA con número 2438 del 3 de junio de 2009 e iniciar el proceso de diálogo con la OEA encaminado a lograr la participación de Cuba en este organismo continental.
2. Aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático y herramienta interpretativa de la Carta de la OEA en lo referente a los estándares de democracia representativa en la región.
3. Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
4. Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde, a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
5. Revisar el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad y para examinar la ley número 127, la ley electoral cubana, a fin de garantizar el régimen plural de partidos u organizaciones políticas y una junta o Tribunal Electoral independiente para que se priorice la justicia e imparcialidad de procesos electorales periódicos basados en el sufragio universal y secreto.
“Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades cubanas hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos; como se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezcan de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y en las leyes, por muy limitados que sean”, indicó el líder opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los panelistas.
“Sobre todo cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política. Ese fue un punto clave de una de las disertaciones de este evento”, señaló Cuesta Morúa y agregó:
“Los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos los cubanos para tratar de llevar la lucha por la democracia al mejor puerto posible: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Y, ¿Cuál es la actitud y la mentalidad que ha venido desarrollando la sociedad cubana en esa dirección?”.
Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, analizó la situación de los derechos políticos en Cuba, en particular se refirió a los derechos electorales de los cubanos:
“La Carta Interamericana, lamentablemente, en Cuba está ausente de su sistema curricular, de los medios de comunicación y de nuestra narrativa cotidiana. Esto debido a las barreras políticas, los antagonismos ideológicos que hoy marcan la sociedad cubana y continúa siendo una herramienta de control social. Cuba, mi país, vive bajo una experiencia vertical de corte socialista y autoritario, donde los derechos de los ciudadanos están mutilados y la política del diálogo horizontal está ausente”, argumentó la activista desde La Habana.
“La nueva ley electoral que observamos en el 2019 significa un retroceso en, al menos, dos puntos esenciales. A diferencia de la ley anterior: las elecciones municipales se realizarán a los 5 años ya no cada dos años y medio, por tanto, se aleja de este modelo del periodo de renovación de los poderes locales, único nivel donde hay cierta cercanía entre elector y representante, donde las candidaturas son diversas y donde la gente tiene la propia condición de candidato”, afirmó.
“De paso el poder central, controla más directamente todo el ciclo de votación en Cuba y en sus tres niveles municipal, provincial y nacional. Segundo punto, a diferencia de la ley anterior, podemos destacar que ahora las y los gobernadores no resultan electos por la Asamblea Provincial, sino que son designados por el presidente del país, quien a su vez es designado. El proceso de votación, que no de elecciones, retrocede institucionalmente hacia formas cada vez más autoritarias, cuando la presión y demandas ciudadanas se dirigen hacia un sistema electoral auténtico y democrático”, recalcó.
Tamayo se refirió también a las demandas acerca de una ley integral contra la violencia de género que el movimiento femenino ha hecho al Estado cubano y la falta de atención a estas reclamaciones.
“La violencia política en Cuba pesa sobre nuestras cuerpas y colectivas, así como la guerra contra las mujeres que participan de la política, lo cual es una cruel realidad”, dijo.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad.
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Nueva regla de asilo en EEUU prohibirá la entrada a represores, dice abogado
Una advertencia de nuevas medidas para obtener asilo en la frontera de Estados Unidos prohibirá la entrada al país de personas con antecedentes penales y afectará a los represores de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron expertos a Martí Noticias.
“Están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificarían a los inmigrantes si participaron en la persecución de otras personas, si han sido convictos o cometido delitos no políticos. Además, tampoco podrán pedir asilo quienes hayan obtenido esta condición en un tercer país o se presuma que sea un peligro para Estados Unidos”, dijo el abogado Ángel Leal.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión.
La nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Las nuevas pautas, incluyen a quienes hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas, con lo cual quienes sean miembros de entes represivos como el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba quedarían descalificados.
En caso de que el migrante mienta a la hora de su entrevista de miedo creíble o esconda información sobre su participación en actividades represivas puede ser denunciado en el futuro y retirados sus beneficios migratorios obtenidos mediante fraude.
Muchos cubanoamericanos se han quejado del número ingente de oficiales del régimen cubano que entran por la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo tras reprimir y encarcelar disidentes.
El abogado también expresó sus temores por las limitaciones a las que pueden verse sometidos los disidentes cubanos, a los que el régimen encarcela tras la fabricación de delitos comunes.
“Sabemos perfectamente bien que el régimen disfraza la oposición política de delitos comunes. Nos preocupa que las personas que hayan participado en marchas o manifestaciones contra el régimen y que tengan condenas por delitos comunes no puedan obtener asilo”, dijo Leal.
El abogado también aseguró que si el inmigrante entra sin la cita de CBPOne se presumirá que no calificará para asilo.
“Los oficiales también van a preguntar si los inmigrantes pueden ser reubicados en otras partes de su propio país”, agregó Leal.
Los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
CIDH da seguimiento a medidas cautelares en favor de José Daniel Ferrer García
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
Ante esta situación, la Comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos adoptó una Resolución de Seguimiento en relación con Ferrer, y advirtió que está en condiciones inadecuadas de reclusión en Cuba.
En la Resolución, se observa la situación actual de riesgo de Ferrer, quien fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y confinado en una celda de castigo en agosto de ese año.
A partir de marzo de 2023, se mantuvo bajo largos períodos de incomunicación, precisó la Comisión.
Durante meses, surgieron rumores sobre su fallecimiento, y aunque se confirmó que estaba vivo, su familia permaneció sin acceso a información oficial sobre su bienestar.
La Comisión Interamericana considera que la alegada situación de Ferrer García en Cuba implica un grave y urgente riesgo de daño irreparable a su salud, vida e integridad personal.
Por otra parte, la CIDH declaró que a pesar de la vigencia de medidas cautelares emitidas hace casi 12 años a favor del preso político, el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger su vida e integridad.
En consecuencia, el organismo de la OEA decidió:
-Continuar el seguimiento de las medidas cautelares.
-Requerir del Estado que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Ferrer se adecúen a normas internacionales.
-Solicitar que el Estado cubano adopte medidas de protección a la salud de Ferrer.
-Requerir al Estado coordinación para que los familiares u otros representantes del preso puedan conocer las condiciones de detención.
-Y requerir del Estado cubano que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la situación actual de José Daniel Ferrer.
Ferrer García era el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) cuando fue detenido el 11J, al sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El prisionero político, distinguido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba, ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
El opositor, su familia, y numerosas organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que lo mantienen en una mazmorra de aislamiento, que es víctima de torturas físicas y psicológicas, y que sobrevive sin medicamentos en condiciones inhumanas, crueles y degradantes.
¿De qué acusan al activista cubano José Antonio Pompa?: Su esposa exige respuestas
El activista José Antonio Pompa López continúa recluido en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, sin que aparentemente se hayan formulado los cargos en su contra.
“Pompa está bajo investigación, pero ni él ni nosotros sabemos de qué delitos lo acusan. Cuando trato de preguntar al instructor, nunca está”, dijo a Martí Noticias su esposa, Suarmi Hernández Vilar, quien pudo visitarlo este jueves.
Según explicó, trató de indagar con el guardia que custodiaba la visita, a un metro de donde sentaron a su marido, y este le respondió que él no sabía del caso.
Su esposo logró decirle que supuestamente un opositor, detenido también en Villa Marista, aseguró que él "le había dado proclamas y un teléfono".
Pompa López fue arrestado el pasado 26 de abril en La Habana Vieja, tras dejar a uno de sus hijos en la escuela. Tras la detención, efectivos del Ministerio del Interior (MININT) realizaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes.
En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la filiación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero, "pero él ya se había quitado de eso".
“Está flaco. Lo cambiaron de celda y dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día”, apuntó la mujer.
En 2016, José Antonio Pompa López fue sancionado a dos años y seis meses de cárcel por protagonizar una protesta frente al Capitolio de la Habana. En 2019, volvió a ser sancionado a un año de prisión por el cargo de Desórdenes públicos.
A inicios de 2024, el opositor, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, colgó un cartel en el balcón de su vivienda tras ser despedido de su empleo: “SOS. Mis hijos se mueren de hambre”, escribió.
Díaz-Canel le desea éxito a Putin en su invasión a Ucrania (FOTOS)
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le deseó éxitos a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania, de acuerdo con múltiples reportes de la prensa estatal rusa.
"Deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial", dijo Díaz-Canel en Moscú en un encuentro con Putin tras el desfile militar que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania nazi.
El régimen ruso ha utilizado el eufemismo “operación militar especial” para designar la invasión a gran escala lanzada sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que ya entra en su tercer año.
"Ustedes son nuestros amigos y hermanos. Rusia siempre podrá contar con el apoyo de Cuba", añadió Díaz-Canel.
Ucrania ha denunciado el reclutamiento de miles de hombres cubanos para luchar del lado ruso como mercenarios. Aunque inicialmente el régimen cubano intentó desligarse del reclutamiento, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo que La Habana, un tradicional aliado de Moscú, no haría nada para impedirlo.
Díaz-Canel también condenó lo que consideró "manipulación geopolítica” llevada a cabo “por el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de que la OTAN se acerque a las fronteras de Rusia”, uno de los pretextos de Putin para la invasión, que ha reiterado La Habana en todos sus canales de oficialistas.
El régimen cubano pasa por una de sus peores crisis económicas y ve en Rusia un importante proveedor de petróleo y gas, así como de turismo.
Díaz-Canel llegó a Moscú en compañía de su esposa Lis Cuesta y el canciller, Bruno Rodríguez, convirtiéndose en el único gobernante occidental en participar en el desfile militar en Moscú y brindar apoyo explícito al jefe del Kremlin.
El gobernante cubano dijo en sus redes sociales que había servido como mensajero de Raúl Castro, quien envió cartas al presidente Putin y al jefe del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov.
Díaz-Canel participó en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, un grupo de países ex soviéticos que orbitan alrededor de Moscú y donde intentó -sin éxito según la mayoría de los analistas- pedir inversiones y confianza en el mercado cubano.
Una madre del 11J se planta ante la sede del MININT por el paso a mínima de su hijo
“De aquí no me voy, exigiendo la mínima de mi hijo Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez”, expresa en un Facebook Live Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021.
Decidida a permanecer frente a las dependencias de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT) en 15 y K, El Vedado, en la capital cubana, Gutiérrez Padrón, dijo que no cederá en su “plante” hasta que sus requerimientos sean atendidos por las autoridades del régimen cubano.
Su hijo de 23 años está cumpliendo una condena de 10 años de privación de libertad por el delito de sedición tras manifestarse en La Güinera, Arroyo Naranjo, durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
La madre del 11J se quejó de no tener información sobre la medida que daría el paso a régimen de menor severidad o “mínima”, como popularmente se le conoce y a la cual, todos los prisioneros, independientemente de su causa, tiene derecho, de acuerdo con el Código Penal cubano.
"Yo, como madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, no me voy de aquí afuera y me declaro plantada aquí afuera por la mínima de mi hijo”, dijo la señora.
“A toda la Seguridad del Estado, al órgano represivo de la Seguridad del Estado por la mínima de mi hijo. ¡Libertad!”, gritó la mujer desesperada por ver un cambio de medida en el caso de su hijo
Gutiérrez es una de las madres que firmó la "Carta de petición ciudadana para una Ley de Amnistía", entregada en la sede del Parlamento, en el Capitolio Nacional y la más reciente “Carta al pueblo cubano y al mundo en nombre de las madres de los presos políticos del 11J”.
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