El número de migrantes muertos por un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, se elevó a 40, informaron este martes las autoridades mexicanas.

"El presidente (de México) López Obrador lamentó el fallecimiento de 40
migrantes por el incendio de un albergue en Ciudad Juárez,
Chihuahua", declaró el portavoz de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, en sus redes sociales.

Poco antes, durante su rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador había informado del deceso de 39 migrantes. Cifra de fallecidos que Ramírez Cuevas aclaró, precisando que el número de muertos había ascendido a 40.

Entretanto, el INM emitió un comunicado este martes, en el que lamenta el fallecimiento de los migrantes y afirma que "se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y, en su caso, e proceda en consecuencia".

López Obrador había detallado que el incidente ocurrió a las 21.30 horas (04.30 GMT) en Ciudad Juárez, en la frontera con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, donde primero hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela, informó la agencia española de noticias EFE.

El mandatario mexicano dijo que el incendio se debió a una protesta de migrantes.

"Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego", declaró.

Asimismo, informó que el director del INM (Francisco Garduño) y la FGR (Fiscalía General de la República) ya "investigan para deslindar las responsabilidades".

El gobierno estadounidense, por su parte, reaccionó a la muerte de los migrantes, mediante un tweet publicado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. "Nos unimos al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en incendio en Ciudad Juárez", afirmó el diplomático, reiterando que desgracias como esta "es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular."

Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna. EFE señala que la presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.

El Gobierno mexicano ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por "aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias", explicó EFE.

Organizaciones civiles mexicanas han señalado a 2022 como el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Políticos y activistas de varias regiones del mundo advirtieron este lunes en Madrid de los "peligros y desafíos" que acechan a la democracia y pidieron "unidad" para protegerla.

En el encuentro "Protegiendo las democracias de las semillas del autoritarismo", organizado por el Club de Madrid, junto a la Embajada de Estados Unidos en España y la Fundación Carlos Amberes, ex primeros ministros y activistas analizaron la situación de varios países y reclamaron sanciones para estos regímenes.

La activista cubana Carolina Barrero se refirió a las elecciones parlamentarias del domingo en Cuba y las tildó como un "proceso de farsa electoral".

"No lo puedo llamar proceso electoral, no podíamos elegir nada, los colegios amanecieron vacíos, no sé de donde se sacan el dato de participación", dijo.

Barrero denunció "detenciones e impedimentos" de activistas cubanos que intentaron acercarse a los colegios para dar cuenta de la participación y criticó el papel de la Unión Europea y de España en su relación "con la dictadura más longeva del hemisferio occidental".

La nicaragüense Bianca Jagger insistió, por su parte, en que la violación a los derechos humanos "es sistemática, constante y horizontal" en su país, donde "nada ni nadie está a salvo".

"El régimen criminal se mantiene en el poder con implacable represión, es una gran cárcel donde impera la impunidad, tenemos que hacer todo lo posible para unirnos y ver de qué forma podemos salvar la democracia", sostuvo.

En esta línea, la venezolana Isadora Zubillaga advirtió de que "ni siquiera las elecciones pueden ser garantes de procesos democráticos".

Zubillaga aludió a la relación de Rusia con Cuba, Nicaragua y Venezuela, al asumir que "si ellos se apoyan", las oposiciones "tienen que apoyarse con los gobiernos que de verdad tienen capacidad y disposición de ponerle capital político al asunto de las dictaduras y organizaciones del crimen".

La ex primera ministra de Polonia Hanna Suchocka reconoció que "después de los años 90", tras caer el Muro de Berlín, no esperaba que su país tuviera "un sistema semi autoritario" y alertó "de los grandes riesgos" que afronta la democracia polaca.

El ministro consejero de la Embajada de EEUU en Madrid, Conrad Tribble, recordó las palabras del presidente Joe Biden sobre la democracia: "la democracia no sucede por accidente. Hay que defenderla, luchar por ella, fortalecerla, renovarla".

La opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya intervino con un vídeo grabado en el que denunció la situación de su país con "miles" de compatriotas "en la cárcel, en condiciones terribles".

Pese a ello, subrayó que "la gente de Bielorrusia sigue luchando" y "necesitan más que nunca el apoyo de la comunidad internacional (...). Necesitamos más presión para el régimen de (Aleksandr) Lukashenko, sanciones hacia él y Rusia son necesarias".

El ex primer ministro de Túnez Mehdi Jomaa reconoció que su país, tras llevar a cabo la revolución de 2010, se dejó "llevar por el romanticismo" de ese movimiento. "Nos concentramos en la restitución de la democracia, en generar elecciones, debates... Pero nos olvidamos de dar mejores condiciones de salud y educación".

Sanam Naraghi Anderlini, directora del Centro para las Mujeres, la Paz y la Seguridad, se refirió a las mujeres en Irán, que "por primera vez" han conseguido que el movimiento ciudadano contra el Gobierno "tenga un mensaje feminista: las mujeres quieren libertad".

En ese sentido, Naraghi pidió más presencia femenina en "las discusiones de alto nivel" para proteger la democracia, porque las "contribuciones" de ellas "son prácticas y específicas".

Thinzar Shunlei Yi, coordinadora en el Comité de Acción por el Desarrollo de la Democracia de Birmania, se sumó a ese pedido para "tomar acción contra los autócratas" y aseguró que la población de su país "no quiere más militarismo".

Maestros de diferentes estados de Venezuela protestaron este lunes ante el Ministerio de Educación en Caracas para exigir aumentos de salarios y la discusión del convenio colectivo, así como la renuncia de la ministra de dicha cartera, Yelitze Santaella.

"Docentes y trabajadores de la educación exigen la renuncia de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, ante la falta de un salario digno y un contrato colectivo", indicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde compartió videos y fotografías de la manifestación, en la que participaron maestros de los estados Barinas, Portuguesa y La Guaira.

Provea recordó que los docentes, y otros trabajadores del sector público del país, llevan varias semanas protestando para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

"Alertan que viven una esclavitud moderna bajo los salarios de hambre de los que son víctimas", agregó.

Gricelsa Sánchez, dirigente sindical docente, denunció que funcionarios de seguridad del Estado impidieron el paso a los maestros que viajaban en autobús desde el estado Carabobo hacia Caracas para unirse a la protesta.

"Queremos denunciar la persecución que tienen contra los trabajadores del Ministerio de Educación, tenemos autobuses detenidos, en Carabobo el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) los devolvió (...) además de esto el metro (de
Caracas) cerrado, trancaron los pasos para que los docentes pudieran movilizarse", señaló a través de un vídeo difundido por Provea.

En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalían entonces a unos 30 dólares, y que, debido a la inflación, se han visto reducidos a poco más de 5 dólares.

Una familia venezolana de cinco personas necesitó, el pasado febrero, 90,3 salarios mínimos para costear la canasta básica, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM) difundidas el pasado martes, informó la agencia de prensa Efe.

El fiscal general de Venezuela ofreció detalles sobre la más reciente trama de corrupción en la industria petrolera por la que 10 altos funcionarios y 11 empresarios fueron detenidos y que condujo a la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo.

CARACAS — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el sábado que la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) e implicó “operaciones paralelas” con cargas de crudo en buques, sin “ningún tipo” de control administrativo ni garantías, “incumpliendo con las normativas de contratación”.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA, ahí es donde estamos viendo el daño patrimonial, la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos, estamos viendo de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron”, dijo.

Saab también informó que se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y demostrando un “estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”.

El fiscal añadió que se captaba a jóvenes para incluirlos en la red de lavados de activos y que estos eran premiados “con una vida desmedida suntuosa, ilegal y criminal”.

Los detenidos serán imputados por apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación. A los funcionarios públicos, además, se le sumará el delito de traición a la patria.

En rueda de prensa este sábado, a través del canal del Estado, fue divulgado un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas utilizadas para la minería de bitcoin y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos.

“Ya están a buen resguardo los bienes de estos sujetos obtenidos de manera ilícita, es una recuperación importante”, insistió.

El fiscal evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial argumentando que se encuentran en una “fase de investigación”.

¿Quiénes son los detenidos y por qué?

Saab precisó que diez funcionarios y once empresarios fueron detenidos por la trama de corrupción.

Los funcionarios son: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y a quien señaló como “jefe principal” de la estructura de corrupción; Joselit Ramírez Camacho, ahora ex superintendente de la Sunacrip, quien figura en una lista del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones”.

Además, el ahora ex parlamentario Hugbel Roa, quien según explicó el fiscal usaba su condición de diputado de la Asamblea Nacional para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban y a quien calificó como “uno de los más desfachatados de la banda criminal”.

José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Oduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior, detalló el fiscal.

También fueron detenidos Rajiv Alberto Mosqueda y Reny Gerardo Barrientos, ambos funcionarios de la Intendencia de Minería Digital.

Los empresarios son Manuel Meneces, a quien identificó como operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Roger Martínez, “coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados”; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, “hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar criminales”.

Además, Daniel Prieto, “empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional que fue detenido en República Dominicana por requerimiento del Estado venezolano.

También mencionó a Cristopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernando Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.

“Todos vinculados a esta red de corrupción, con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales, se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde que Hugbel Roa era ministro de Alimentación”, especificó Saab.

Orden de aprehensión

Saab anunció que fueron liberadas órdenes de aprehensión para once personas más: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, “hermanos como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente”; William Ribas, Ximena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvanis Gaspari, Railyn Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yurabic Ravelo, respecto a estos últimos no especifico cómo están implicados.

“Aparecen vinculadas varias de estas damas que aparecen como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos”, agregó.

Alcalde

El fiscal hizo especial mención a Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua en el centro del país, detenido por su vinculación con “el Conejo”, uno de los criminales más buscados en Venezuela y quien fue abatido esta semana según confirmó el viernes el ministro de Interior, Remigio Ceballo.

“Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de este sujeto (…) la máxima pena le va a recaer a este grupo de personas”, aseguró.

Respecto al alcalde, Saab lo señaló de tener vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias “el niño Guerrero”, quien dirige “células terroristas a nivel internacional” en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

El alcalde fue imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria.

Sistema judicial

El fiscal reiteró que el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y José Mascimino Márquez, juez cuarto de Control con competencia en casos vinculados en delitos de terrorismo, fueron detenidos por haber eliminado cargos y otorgada medida sustitutiva a Cheremo Carrasquel, un hombre procesado como integrante del Ten del Llano, un grupo de delincuencia organizada.

Confirmó también que, en el estado Falcón, el abogado Bracho Gómez, fue detenido por haber acordado la entrega de vehículos automotores que eran objetos de una medida cautelar de incautación.

Gobierno interino

Respecto a miembros del extinto gobierno interino, Saab recordó que han abierto aproximadamente unas 22 investigaciones por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, corrupción y traición a la patria, entre otros.

“Hemos logrado 288 ordenes de aprehensión, han sido y detenidas y acusadas 129 personas, aquí no ha habido impunidad contra este sector llamado gobierno interino, hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas y se han practicado 137 allanamientos y 149 incautaciones. Hay un resultado importante”, expuso.

Según Saab, desde agosto del 2017 el MP ha investigado 31 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, particularmente a la industria petrolera, lo que ha dejado 194 personas judicializadas y procesadas y 75 condenadas.