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Cuba

Cuba, único país de América sin ninguna garantía para la libertad de expresión

Detención violenta de Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la campaña contra el Decreto 349 que censura la libertad de creación.

Informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba.

El reporte se divide en seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión.

Lanza sobre informe CIDH: Cuba mantiene monopolio sobre medios de comunicación
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Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes.

Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros.

También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales.

La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias.

"Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinariainstitucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.

Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.

Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.

El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.

En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento dela persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.

Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derechopenal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.

En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a lalibertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.

Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.

El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazaspruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.

En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.

La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a losderechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.

La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.

Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación yse mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.

Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.

El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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Mantendrán restricciones de la pandemia en la frontera entre México y EEUU

Cubanos acabados de cruzar la frontera por Yuma, Arizona, el 18 de febrero de 2022.

Las restricciones relacionadas con la pandemia que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deben mantenerse, según falló un juez el viernes en una orden que bloquea el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantarlas la próxima semana.

El Departamento de Justicia indicó que el gobierno apelará, pero el fallo prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes como estaba planeado. Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.

En la ciudad mexicana de Tijuana, Yesivet Evangelina Aguilar, de 34 años, se cubrió el rostro con las manos y sollozó cuando se enteró de la decisión a través de una reportera de The Associated Press. "Siento que ya no hay esperanza", dijo Aguilar, que huyó del estado mexicano de Guerrero hace casi un año después de que su hermano fue asesinado. "Se siente tan mal".

Las autoridades estadounidenses impidieron que Aguilar solicitara asilo cuando ella y su hija de 10 años se presentaron en el puerto de ingreso Tijuana-San Diego hace nueve meses. El viernes descansaba en una carpa en el albergue Ágape Misión Mundial, donde gran cantidad de migrantes acampan. Algunos llevan meses o años allí. La vida de Aguilar mientras espera no sólo ha sido aburrida, sino también peligrosa. El jueves por la noche, un migrante fue alcanzado en el cuello por una bala perdida de un tiroteo afuera del albergue.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha expulsado migrantes más de 1,9 millones de veces bajo el amparo del llamado Título 42, una disposición de salud pública que les niega la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, aunque es un derecho según las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.

El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantuvieran las restricciones mientras se tramita en la corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.

Summerhays falló que el gobierno de Biden no siguió los procedimientos administrativos que requieren que se dé aviso al público y se abra un periodo para comentarios sobre el plan de poner fin a las restricciones. Y dijo que los estados demandantes argumentaron que sufrirían perjuicios si las restricciones se suspendían.

El juez citó lo que dijo eran las propias predicciones del gobierno de que levantar las restricciones probablemente triplicaría los cruces fronterizos, hasta 18.000 diarios. Eso, agregó, resultaría en el procesamiento de más migrantes en sitios multitudinarios en los que pueden propagarse enfermedades contagiosas. "El registro también incluye evidencia que respalda la posición de los estados demandantes de que un incremento así en los cruces fronterizos elevaría sus gastos en atención médica y servicios educativos. Estos costos no son recuperables", escribió Summerhays.

La Casa Blanca dijo estar en desacuerdo con el fallo pero que lo acatará mientras es apelado. "La autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debería recaer en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y no en una corte de distrito por sí sola", manifestó la secretaria de prensa de la presidencia, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

Ahora el caso pasa a la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, que en el pasado ya ha fallado en contra de políticas importantes del gobierno de Biden. Esa corte está dominada por nominados republicanos, incluyendo seis nominados por el expresidente Donald Trump, que también nombró a Summerhays.

El Título 42 afecta principalmente a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales han estado aguardando en localidades fronterizas mexicanas después de que el gobierno estadounidense les negó el derecho a solicitar asilo.

El gobierno mexicano ha accedido a aceptar a migrantes de esos tres países centroamericanos que sean rechazados por Estados Unidos, y el mes pasado también comenzó a aceptar números limitados de cubanos y nicaragüenses.

Unos 15 migrantes cruzaron el Río Bravo (o Grande) de México hacia Eagle Pass, Texas, tras el fallo del viernes. Entre ellos había nicaragüenses que desconocían el Título 42 y estaban complacidos de que en general a sus compatriotas no se les aplica esa política.

El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por Biden y revivida por un juez designado por Trump.

Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles criticó la decisión.
"El Título 42 sólo podría ser utilizado para propósitos de salud pública, pero a los estados que interpusieron esta demanda sólo parecen importarles las restricciones por COVID cuando involucran a solicitantes de asilo, y están usando el caso como un claro intento de manejar la frontera", dijo Lee Gelernt. "Esa hipocresía no debería ser recompensada".

El representante federal demócrata Raul Ruiz, presidente del Caucus Hispano, dijo que el fallo era "indignante, ridículo y erosiona nuestro sistema de asilo".
Pero congresistas republicanos elogiaron la decisión del juez.

"Las cortes están haciendo las cosas bien de nuevo", declaró el senador Kevin Cramer.

Incluso algunos en el partido de Biden respaldaron mantener la restricción por la pandemia.

"La decisión de hoy no modifica el hecho de que hay una crisis en la frontera y debe haber un plan detallado que pueda ser implementado antes de que se levante el Título 42", manifestó el senador por Arizona Mark Kelley, quien intenta ser reelegido.

El mes pasado, la Corte Suprema federal escuchó argumentos acerca de si autoriza que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a aguardar en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses. Ese caso, que impugna una política llamada "Permanecer en México", se originó en Amarillo, Texas. La política fue restablecida en diciembre por una orden judicial y sigue en vigor en lo que se resuelve el litigio.

Denuncian que seguridad del Estado en Pinar del Río confiscó donación de medicamentos para opositores enfermos

Julio César Góngora

El miércoles en la tarde, la Seguridad del Estado interceptó en la ciudad de Pinar del Río al activista José Rolando Cásares cuando éste se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos, enviado desde Miami a través de una agencia, y destinado a dos periodistas independientes en delicado estado de salud.

La policía política del régimen condujo al activista hasta la sede provincial del Ministerio del Interior, donde le confiscaron los paquetes de medicinas y se negaron a entregarle un acta firmada de los fármacos ocupados. Cásares declaró a Radio Martí que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.

“Llegando a la jefatura provincial, inmediatamente procedieron a quitarme los medicamentos de Julio Cesar Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que padece de diabetes y al que también le habían mandado algunas medicinas, entre estas Insulina. Fueron confiscados, además, frascos de Ibuprofeno, Azitromicina, parches y cremas para los dolores musculares, gasa antiséptica, y otros materiales de cura, cosas que están en falta en el país y que ni el mismo sistema de salud pública (MINSAP) tiene disponible para los enfermos en la isla”, denunció el activista.

“Eso es una forma arbitraria por parte del departamento de la Seguridad del Estado, a la que estoy denunciando e incluso, estoy preparando una queja para entregarla en la Fiscalía Militar Provincial, es una falta de respeto para una persona que ante todo es un ser humano, que es lo principal”, afirmó.

Poicía política "confisca" medicamentos enviados a enfermos
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Mientras tanto, Góngora alertó que lleva muchos meses siendo hostigado por parte de la policía política y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física.

“Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos, yo soy parapléjico, sufro de una herida abierta, soy cardiópata, tengo además una afección pulmonar, y padezco la enfermedad celíaca de la piel, son padecimientos crónicos que traen muchas complicaciones, ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos de una persona discapacitada, confinado en una silla de ruedas", declaró.

"En mi caso, me tienen sitiado, cercado, con vigilancia constante y no dejan que nadie se acerque a mí, recientemente, incluso utilizaron el hospital provincial Abel Santamaría y el personal médico para hacerme un interrogatorio dentro de la institución médica", agregó.

"En el caso de Roberto Blanco Gil, si no le llegan los medicamentos puede sufrir un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la Seguridad del Estado nos están sentenciado a muerte en nuestras casas estando enfermos”, alertó el comunicador.

Realizan petición a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa por el régimen cubano

Javier Larrondo denuncia situación de médicos cubanos separados de sus hijos por el régimen cubano.

Grupos que amparan a los médicos cubanos que han huido de la isla hicieron pública este viernes una petición a la comunidad internacional a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa, como consecuencia de la llamada "ley de los ocho años" del Gobierno comunista.

"Acabemos con la esclavitud de las misiones médicas cubanas", reclamó Javier Larrondo, presidente de la organización Prisioners Defenders, durante una teleconferencia en Miami (EE.UU.) en la que se pidió acabar con la "separación forzosa impuesta por el Gobierno cubano".

Larrondo recordó que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos, que decidan no regresar a la isla tras cumplir "misiones" en el extranjero.

A estos que no regresan, el Gobierno en la isla los considera "desertores" y prohíbe la salida a sus hijos y cónyuges por el tiempo que fija la ley.

Las misiones médicas consisten en el envío de profesionales sanitarios a países que así lo solicitan al Gobierno cubano. A lo largo de los años, más de 40.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia.

El presidente de Prisioners Defenders señaló que los médicos cubanos en misiones extranjeras, que ven retenidos sus pasaportes y títulos profesionales, trabajan en "condiciones de esclavitud" y reciben solo entre el 5 y el 20 % de lo que Gobiernos e instituciones extranjeras pagan por sus servicios al Gobierno cubano.

Recordó, a modo de ejemplo, que el Gobierno de México pagaba a cada uno de estos médicos 400 dólares, pero pagaban a Cuba casi 11.000 dólares.

Precisamente el pasado 6 de mayo, se explicó hoy, los denunciantes sostuvieron una reunión de una hora con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde interpusieron una denuncia en noviembre para exponer las situaciones de "maltrato, torturas y secuelas que esto representa para más de 5.000 niños que lo sufren en la actualidad".

En aquella reunión presentaron un estudio que desgranó 191 testimonios de "separación materno-filial", en la mayoría de casos conformados por profesionales de la salud y que en el 76 % fueron declarados desertores en base a la ley de los 8 años.

Señalaron que los niños de entre 1 y 5 años conforman la mayoría de esa muestra, y que el 70 % de los menores, en general, sufren secuelas emocionales a causa de la separación familiar.

La primera transmisión de Radio Martí

Desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos, un día como hoy hace 37 años, nacía la primera transmisión al aire de Radio Martí.

Integrada por profesionales cubanos y de otras nacionalidades, Radio Martí se ha esforzado en cumplir la misión de informar al pueblo cubano de todo el acontecer noticioso en Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo.

Durante casi cuatro décadas, Radio Martí, elemento principal de la Oficina de Transmisiones a Cuba, ha trabajado sin cesar por romper el bloqueo informativo del régimen cubano.

Les invitamos a escuchar la primera tranmisión de Radio Martí, el 20 de mayo de 1985, en las voces de Humberto Medrano y de Moisés López, quien en vivo dio el primer muy buenos días al pueblo de Cuba.

La primera transmisión tuvo entre sus titulares el anuncio del Gobierno cubano de suspender los acuerdos migratorios con EEUU, como reacción al lanzamiento de la emisora y las palabras del presidente Ronald Reagan para definir a Radio Martí como un esfuerzo "para contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro."

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Obispos de EEUU aplauden medidas de Biden hacia Cuba

Obispo David Jay Malloy de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

El presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elogió el jueves el levantamiento de algunas restricciones a Cuba por parte de la administración Biden, anunciadas esta semana por la Casa Blanca.

“Elogiamos el interés renovado de la administración en reiniciar el compromiso de Estados Unidos con Cuba. Reconociendo que quedan puntos de discordia entre nuestros dos países, el aislamiento punitivo de Cuba no ha producido el cambio económico y social que Estados Unidos ha buscado lograr”, dijo el obispo David J. Malloy de Rockford, Illinois, quien preside el comité de política internacional de la USCCB.

“Los obispos de EE. UU., incluidos los obispos cubanoamericanos, junto con la Santa Sede y los obispos de Cuba, continúan enfatizando la importancia vital del compromiso bilateral y las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas entre Estados Unidos y Cuba como la clave para un cambio transformador en la isla”, afirmó el obispo Malloy en un comunicado.

El religioso dijo que la ampliación de las oportunidades de viaje para los ciudadanos estadounidenses, “así como el levantamiento de las onerosas limitaciones a las remesas", fortalecerán los lazos familiares, económicos y sociales de ambos países.

"La sociedad civil y el sector privado en desarrollo de Cuba dependen del liderazgo proporcionado por la participación activa de la sociedad civil estadounidense en Cuba”, opinó el obispo.

La Administración Biden anunció el lunes la intención de facilitar la reunificación familiar restableciendo el Programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas (Cuban Family Reunification Parole, CFRP); fortalecer los lazos familiares y facilitar los contactos educativos para el pueblo estadounidense y el cubano ampliando los viajes autorizados en apoyo al pueblo cubano; autorizar vuelos programados y chárter a lugares distintos de La Habana; reanudar los viajes grupales (people-to-people); incrementar el apoyo a emprendedores cubanos independientes; ampliar el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación y eliminar el límite actual a las remesas familiares de USD 1000 trimestral para cada par de emisores-receptores y autorizar las remesas con fines de donación (es decir, no destinadas a familiares) que apoyan a emprendedores cubanos independientes, entre otras medidas.

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