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Informe de la ONU denuncia que el trato a los uigures in Xinjiang, China, podría ser una forma moderna de esclavitud

Musulmanes en la India denuncian represión a los uigures en China. (Punit Paranjpe/AFP).

Un informe de Naciones Unidos advierte que las minorías en la región china de Xinjiang se ven obligadas a trabajar en contra de su voluntad y enfrentan violencia física y sexual y "otros tratos inhumanos o degradantes" en lo que puede constituir una forma moderna de esclavitud, reportó Radio Asia Libre, RFA.

En el informe de 20 páginas, Tomoya Obokata, relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, dijo que los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas estaban siendo utilizadas como mano de obra forzada en sectores como la agricultura y la manufactura.

Los miembros de estos grupos son detenidos y sujetos a colocaciones laborales bajo el sistema de educación y capacitación de habilidades vocacionales exigido por el Estado y un programa de alivio de la pobreza que coloca a los trabajadores rurales excedentes en sectores con escasez de empleados.

Existen medidas similares en el vecino Tíbet, donde un extenso programa de transferencia de mano de obra ha desplazado a los granjeros, pastores y otros trabajadores rurales tibetanos a trabajos poco calificados y mal pagados, según el informe, que se publicó para la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 12 de septiembre al 1 de octubre.

"Si bien estos programas pueden crear oportunidades de empleo para las minorías y mejorar sus ingresos, como afirma el gobierno, el relator especial considera que los indicadores de trabajo forzoso que apuntan a la naturaleza involuntaria del trabajo realizado por las comunidades afectadas han estado presentes en muchos casos”, dice el informe en referencia a Xinjiang.

El documento añade que los trabajadores soportan "vigilancia excesiva, condiciones de vida y de trabajo abusivas, restricción de movimiento mediante internamiento, amenazas, violencia física y/o sexual y otros tratos inhumanos o degradantes".

Dice que, en algunos casos, las condiciones que enfrentan los trabajadores "pueden equivaler a la esclavitud como un crimen contra la humanidad, lo que amerita un análisis independiente adicional".

El gobierno chino ha retenido a aproximadamente 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas en una amplia red de campos de "reeducación" que, según Beijing, tiene como objetivo prevenir el extremismo religioso y el terrorismo en la región. El trabajo forzoso u obligatorio ha sido una parte clave de la represión sistemática de los grupos, informa RFA.

El informe de Obokata se produce cuando los grupos de activistas uigures esperan la publicación de un informe atrasado sobre abusos de derechos en Xinjiang por parte de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien originalmente informó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2021 que su oficina estaba cerca de completar su evaluación de denuncias de violaciones de derechos en la región. Tres meses después, un vocero dijo que el informe se emitiría en cuestión de semanas, pero no fue así.

En julio, la oficina de Bachelet dijo que aún se estaba trabajando en el informe y que se publicaría antes de que ella dejara el cargo a finales de este mes.

Bachelet enfureció a los grupos de activistas uigures después de que visitó China, incluido Xinjiang, a fines de mayo, repitiendo la afirmación de China de que los campos de internamiento, a los que Beijing se refiere como centros de formación profesional, habían sido cerrados. Los grupos denunciaron el viaje como una oportunidad de propaganda que permitió a China encubrir sus crímenes contra la humanidad y el genocidio contra los uigures.

Estados Unidos y las legislaturas de varios países occidentales han declarado que la represión de China en Xinjiang constituye un genocidio y un crimen contra la humanidad.

"La publicación del informe de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud es muy importante en un momento en que China está haciendo todo lo que está a su alcance para suprimir la publicación del informe uigur por parte de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU", dijo Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur (WUC), a RFA.

Los hallazgos del informe de Obokata de que el trabajo forzado, e incluso la esclavitud, existen en Xinjiang demuestra "los crímenes que China está cometiendo contra los uigures", afirmó Isa.

Campaign for Uyghurs (CFU), con sede en Washington, DC, dijo que el informe era una "evaluación extremadamente importante y completa".

"Durante años le hemos estado diciendo al mundo que China utiliza la esclavitud uigur como una herramienta esencial para estimular la economía de China y convertir el genocidio uigur en curso en una empresa rentable", dijo Rushan Abbas, director ejecutivo de CFU, en un comunicado.

"Es un alivio ver que las Naciones Unidas finalmente reconoce hasta qué punto se están cometiendo estas atrocidades", comentó. "Ahora se necesitan acciones tangibles para responsabilizar al Partido Comunista Chino por estos crímenes en base a estos hallazgos recientes".

Adrian Zenz, investigador de la Fundación de las Víctimas del Comunismo con sede en Washington, DC, y experto en la región de Xinjiang, calificó el informe como "una declaración fuerte" en la que el relator expresó que hay "pruebas razonables para concluir que el trabajo forzoso se lleva a cabo en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y que existe un programa similar en el Tíbet".

"Y luego dice que en algunos casos la situación puede equivaler a la esclavitud como un crimen contra la humanidad", dijo a RFA. "Esa es la forma más fuerte. Esta es una especie de evaluación formal a un nivel muy alto".

Zenz señaló que el informe de Obokata llega casi cuatro días después de que China ratificara dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso, uno de los cuales está diseñado para contrarrestar el trabajo forzoso patrocinado por el Estado, prohibiendo su uso con fines políticos y de desarrollo económico.

La otra convención prohíbe el uso de trabajo forzoso en todas sus formas y requiere que los Estados miembros castiguen las prácticas de trabajo forzoso como un delito penal.

(Traducido por RFA Uyghur. Escrito en inglés por Roseanne Gerin).

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La UE anuncia 500 millones para apoyar la vivienda, educación y seguridad alimentaria en Ucrania

Un voluntario busca los restos de víctimas de un ataque de Rusia en Izium, Ucrania. (Reuters/Zohra Bensemra).

El comisario de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, ha anunciado este miércoles una ayuda de 500 millones de euros del presupuesto europeo para apoyar la vivienda, educación y seguridad alimentaria en Ucrania.

Este anuncio llega en medio de su visita a Kiev, donde se ha desplazado por tercera vez desde el inicio del conflicto, y siguiendo el acuerdo de financiación sellado a principios de mes en Bruselas en el Consejo de Asociación UE-Ucrania.

"Ucrania cuenta con nuestro mayor respeto por luchar por la independencia y la democracia mientras trabaja simultáneamente en las reformas para avanzar en su camino hacia la UE", ha asegurado.

En este sentido ha indicado que existe un "impulso" de reformas generado tras la decisión de la UE de otorgar el estatus de candidato a la adhesión y ha destacado los avances en áreas como la lucha contra la corrupción y la reforma del sector judicial.

"El trabajo sustancial que queda por hacer también incluye abordar los conflictos de intereses y finalizar el marco legal para las minorías nacionales", ha dicho, al mismo tiempo que ha señalado que profundizar los aspectos del acuerdo de asociación es "esencial" para una mayor integración de Ucrania en la UE. "Apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario", ha resumido.

(Artículo de Europa Press)

Siguen las protestas en Irán a pesar de fuerte represión

Mujeres iraníes protestan por la muerte de Mahsa Amini

La policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad iraníes se enfrentaron el martes a manifestantes en decenas de ciudades, informaron medios de comunicación estatales y publicaciones en redes sociales, como parte de las continuas protestas por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini bajo custodia policial.

Amini, de 22 años, originaria de la ciudad kurda iraní de Saqez, fue detenida este mes en Teherán por "vestimenta inadecuada" por la policía de la moral que hace cumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

Su muerte ha desencadenado la primera gran muestra de oposición en las calles de Irán desde que las autoridades aplastaron las protestas contra una subida del precio de la gasolina en 2019.

A pesar del creciente número de muertos y de la feroz represión de las autoridades, los vídeos publicados en Twitter mostraban a los manifestantes pidiendo la caída del sistema clerical mientras se enfrentaban a las fuerzas de seguridad en Teherán, Tabriz, Karaj, Yazd y muchas otras ciudades iraníes.

La televisión estatal dijo que la policía se enfrentó a lo que llamó "alborotadores" en algunas ciudades y disparó gases lacrimógenos para dispersarlos.

Los vídeos publicados en las redes sociales desde Irán mostraban a los manifestantes coreando "Mujer, vida, libertad", mientras las mujeres agitaban y quemaban sus velos.


Los vídeos publicados en Twitter mostraban a los manifestantes cantando "Muerte al dictador" en la ciudad de Tabriz, en referencia al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. En las ciudades kurdas de Sanandaj y Sardasht, la policía antidisturbios disparó contra los manifestantes, mostraron vídeos en Twitter.


Los medios de comunicación social, junto con algunos activistas, han convocado una huelga en todo el país.

Varios profesores universitarios han dimitido en protesta por la muerte de Amini, según declaraciones publicadas por ellos en las redes sociales.

Los estudiantes de varias universidades se han negado a participar en las clases en protesta por la detención generalizada de estudiantes.

Los vídeos publicados en las redes sociales y los informes de dimisión no pudieron ser verificados por Reuters.

La muerte de Amini ha suscitado una amplia condena internacional, mientras que Irán ha culpado a "matones" vinculados a "enemigos extranjeros" de provocar disturbios.

Teherán ha acusado a Estados Unidos y a algunos países europeos de utilizar los disturbios para intentar desestabilizar a la República Islámica.

(Editado en español por Javier López de Lérida)

HRW pide a países latinoamericanos denunciar en la ONU "el terrible impacto" de la represión en Rusia

Una mujer en Tara, Omsk, llora mientras el gobierno ruso envía a más jóvenes a la guerra en Ucrania, el 26 de septiembre de 2022. (Reuters/Alexey Malgavko).

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue acaparando la atención mundial, pero la comunidad internacional no debe pasar por alto la represión que Rusia ejerce dentro de su propio territorio y el terrible impacto que esta tiene sobre la ciudadanía, indicó este lunes en un comunicado Human Rights Watch (HRW).

Así como varios gobiernos latinoamericanos se han pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela, también deberían demarcarse dirigiendo la atención hacia la represión en Rusia, comentó HRW.

La organización recuerda que en los días posteriores a la invasión a gran escala en febrero, "las autoridades rusas adoptaron leyes de censura sin precedentes que criminalizan las críticas al conflicto armado en Ucrania. Informar sobre la guerra se convirtió en una libertad exclusiva de los medios de comunicación gubernamentales y de aquellos que se hacen eco de ellos. Los medios de comunicación independientes solo tienen una alternativa: abandonar el país o enfrentar duras sanciones".

Tras una década de represión en espiral en Rusia, "se han abierto cientos de expedientes penales y administrativos contra periodistas, activistas y personas que simplemente se manifestaron contra la guerra. Otros miles han pasado días o semanas en la cárcel por participar en protestas contra la guerra. Cada día se abren nuevos expedientes administrativos y penales".

"La represión en Rusia", señala HRW, no es nuevo. "Comenzó hace 10 años, poco después de que Vladimir Putin reasumiera la presidencia, cuando se adoptó una primera legislación sobre 'agentes extranjeros'. En virtud de esa ley, los grupos de la sociedad civil que reciben aunque sea un solo céntimo de financiación extranjera deben registrarse como agentes extranjeros –término que en Rusia se entiende como espía o traidor— o enfrentarse a sanciones. El gobierno ruso ha utilizado esta ley para demonizar y tratar de silenciar las críticas".

"Esta etiqueta se ha generalizado hasta convertirse en un instrumento comodín de estigmatización", advierte HRW. "Cientos de grupos cívicos, activistas y periodistas han sido marcados con esta etiqueta tóxica y penalizados a pagar grandes multas, en ocasiones, repetitivas. Además, esta etiqueta ha sido complementada con otras leyes –por ejemplo, la ley de organizaciones extranjeras “indeseables” y enmiendas de amplio calado a la legislación contra el extremismo y el terrorismo— que esencialmente ponen a cualquiera que piense de forma crítica bajo una espada de Damocles".

En 2021, "Rusia prohibió los grupos afiliados al político opositor encarcelado Alexey Navalny –que se centró en denunciar la corrupción de alto nivel– por considerarlos extremistas, y abrió un proceso penal contra Navalny y sus colaboradores más cercanos. Las autoridades aprobaron recientemente unas enmiendas que amplían la responsabilidad penal por la participación de ciudadanos rusos en organizaciones “indeseables”. El gobierno sigue poniendo en la lista negra a los grupos extranjeros, tendiendo una trampa a los rusos afiliados a ellos".

"No fue ninguna sorpresa el año pasado cuando el Ministerio de Justicia desmanteló Memorial, el grupo de derechos humanos más destacado de Rusia. Ni cuando anularon el registro de las oficinas locales de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras 13 organizaciones extranjeras e internacionales", denuncia el comunicado.

Recientemente, las autoridades rusas aprobaron nuevas leyes que penalizan la “asistencia” de gobiernos y organizaciones extranjeras que atenten contra la “seguridad” de Rusia, aunque ambos términos no han sido definidos. "Es decir, esto podría utilizarse, por ejemplo, contra cualquiera que abogue por sanciones contra el Kremlin. La misma ley también equipara la recopilación de información sobre las fuerzas armadas de Rusia con el espionaje".

Añade que otra ley reciente permite bloquear contenidos de la web y suspender medios de comunicación sin supervisión judicial. "Un proyecto de ley presentado en abril profundizaría la represión contra las personas LGBT. El ritmo de la represión no da señales de ceder".

"Muchos periodistas, defensores de los derechos humanos y detractores de la guerra han abandonado Rusia desde el inicio de la guerra. Sin embargo, son muchos más los que están en el país y continúan su trabajo bajo una presión insoportable. Es esencial proteger a ambos grupos y permitir que todos los medios de comunicación independientes, y grupos cívicos reanuden sus actividades pacíficas dentro del país para contrarrestar las falsedades y las narrativas perversas del Kremlin sobre la guerra", precisa la organización.

Desde que Rusia renunció al Consejo de Europa en marzo, los rusos han perdido una importante vía de justicia a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Dada la gravedad de la situación, no cabe duda de que los rusos buscarán ahora una mayor atención y apoyo de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La creación de un relator especial dedicado a Rusia podría atraer la atención y el alivio de los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas rusos, ya sea en el exilio o en Rusia".

Finalmente, tras meses de presión de parte de organizaciones de la sociedad civil, estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a presentar una moción con este fin ante el Consejo de Derechos Humanos durante su actual sesión de trabajo.

Human Rights Watch espera que "los países latinoamericanos que actualmente integran dicho foro ―especialmente Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, México, y Paraguay― apoyen públicamente este meritorio esfuerzo. Esta es la única línea de acción congruente con las determinaciones que llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Rusia como miembro del Consejo el pasado 7 de abril, por un margen de 93 votos a favor y solo 24 en contra".

"Aunque la guerra en Ucrania y la represión dentro de Rusia puedan parecer muy lejanas, los países latinoamericanos tienen interés en que la represión interna en Rusia sea investigada, analizada y puesta en evidencia", concluye el texto. "Los gobiernos latinoamericanos no deberían perder la oportunidad de apoyar el establecimiento de un relator especial y solidarizarse así con los ciudadanos rusos que creen en la democracia y no merecen menos".

La UE deplora la represión a las manifestaciones en Irán; exige el respeto a la libertad de Expresión

En Berlín, una protesta contra la muerte en Teherán de la mujer iraní, Mahsa Amini. Imagen tomada el 24 de septiembre de 2022. (REUTERS/Annegret Hilse).

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha emplazado este domingo a las autoridades iraníes a respetar el derecho de manifestación, de libre expresión y la libertad de información después de la dura represión de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, detenida en Teherán por no llevar bien puesto el velo.

"El uso de la fuerza generalizado y desproporcionado contra manifestantes no violentos es injustificable e inaceptable. La gente de Irán y la de cualquier otro lugar tiene el derecho a manifestarse pacíficamente. Ese derecho se debe garantizar en todas las circunstancias", ha apuntado Borrell en un comunicado oficial.

La UE emplaza así a Teherán a respetar los principios recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que es signatario Irán. "Esperamos que Irán cese de inmediato la represión violenta de las protestas y garantice el acceso a Internet y el libre flujo de información", ha indicado Borrell.

Igualmente pide a Irán "aclarar el número de muertos y detenidos, liberar a los manifestantes no violentos y respetar el debido proceso para todos los arrestados". En particular solicita "una investigación adecuada de la muerte de Mahsa Amini" y que los responsables de su muerte rindan cuentas. "Tomamos nota de las palabras del presidente de Irán al respecto", señala.

Además, la UE considera "todas las opciones" con vistas al próximo Consejo de Asuntos Exteriores, el foro que reúne a los ministros de Exteriores de la Unión, en respuesta a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes y a la propia muerte de Amini.

(Artículo de Europa Press)

Encendidas manifestaciones en Irán y alrededor del mundo en protesta por la muerte de Mahsa Amini

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