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Cuba

Human Rights Watch: Cuba continuó reprimiendo la libre expresión y el disenso en 2017

Damas de Blanco protestan antes de ser arrestadas en su sede nacional en el barrio de Lawton, La Habana. Foto de archivo A. Moya.

El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017 y la cantidad de detenciones arbitrarias, aunque menor que el año anterior, se mantuvo alta, señala el apartado sobre Cuba del Informe Mundial 2018 de la organización.

El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017, y aunque la cantidad de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior comparada con 2016, todavía fue alta, encabeza su apartado sobre Cuba la organización Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2018 publicado este jueves.

El reporte consigna que el gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.

Destaca las detenciones arbitrarias de activistas opositores como las Damas de Blanco, Eliécer Avila y los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos que protestaron el 26 de julio en la catedral de Santiago de Cuba, así como las de periodistas independientes como Henry Constantín y Sol García Basulto.

También toma nota del encarcelamiento, por ejercer sus derechos de libre expresión, de decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Destaca la sobrepoblación de las prisiones y la indefensión de los reclusos, que solo pueden acudir a huelgas de hambre para reclamar sus derechos.

El informe 2018 de Human Rights Watch también expone la situación de los derechos laborales en Cuba; la amplia discrecionalidad con que el gobierno está aplicando el derecho a viajar legalizado por la reforma migratoria del 2013; la frágil situación de los defensores de los derechos humanos; y también estudia el papel de actores internacionales clave como Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos y los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

A continuación, el texto completo en español:

Cuba

Eventos de 2017

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior que en 2016, pero igualmente alta, y hubo más de 3.700 señalamientos de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2017. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.

En junio, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que revertiría la política del gobierno anterior con respecto a Cuba, al restablecer las restricciones comerciales y de viajes que se habían relajado en 2015.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización de derechos humanos independiente que no cuenta con autorización oficial y la cual es considerada ilegal por el gobierno.

La cantidad de detenciones disminuyó significativamente en 2017, con 4.537 detenciones arbitrarias reportadas entre enero y octubre, lo cual supone una reducción del 50 % respecto del mismo período en 2016.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.

A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, la organización Damas de Blanco —fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— no tiene autorización oficial y, por ende, es considerada ilegal por el gobierno. Policías o agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a sus miembros antes o después de asistir a la misa de domingo.

En abril, el activista político Eliécer Ávila del grupo Somos+ fue detenido dos veces en tres días por grabar y transmitir un mensaje de protesta, luego de que las autoridades confiscaran su computadora en el aeropuerto de La Habana. La primera detención se produjo el 6 de abril, cuando llegó de Colombia. Fue liberado la mañana siguiente y regresó al aeropuerto para reclamar su computadora. Al día siguiente, sus documentos y equipos electrónicos fueron confiscados y la policía lo detuvo en su domicilio, según transcendió en los medios de comunicación. Fue liberado ese mismo día bajo fianza.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente el servicio domiciliario de Internet a todas las provincias del país.

Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades. Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue detenido el 20 de febrero en el aeropuerto de Camagüey, junto con la periodista Sol García Basulto, una colega del medio La Hora de Cuba y corresponsal del sitio web de noticias independiente 14ymedio.

García Basulto fue liberada sin que se presentaran cargos en su contra. Constantín permaneció incomunicado cerca de 36 horas por haber presuntamente fomentado “propaganda enemiga”, sobre la base de información extraída de una computadora que había sido confiscada en una oportunidad en la cual fue detenido por un breve período, en noviembre de 2016. Aunque el cargo se retiró en febrero, en marzo ambos periodistas fueron acusados de ejercer el periodismo sin la correspondiente certificación, según trascendió en la prensa, y se les prohibió viajar al extranjero. Basulto quedó bajo arresto domiciliario el 24 de julio.

Los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos José Carlos Girón Reyes, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron detenidos el 26 de julio tras llevar a cabo una protesta pública en reclamo de “justicia, libertad y democracia”. Los activistas manifestaron haber sido golpeados mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades. El 2 de agosto, Girón fue puesto en libertad sin que se formularan cargos, y los otros tres quedaron encarcelados hasta el 18 de octubre.

Presos políticos

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó sobre decenas de presos políticos —incluidos 54 miembros del grupo Unión Patriótica de Cuba— hasta mayo de 2017. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos, y cuyos casos no pueden documentar.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías al debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.

El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a tres años de prisión el 20 de marzo. Fue detenido en noviembre de 2016 luego de que, en entrevistas concedidas a medios internacionales, expresara críticas contra el expresidente Fidel Castro poco después de su muerte.

El activista Jorge Cervantes García, de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en mayo presuntamente por “desacato” y “resistencia”, apenas semanas después de haber publicado en línea algunos videos que denunciaban maltratos en una cárcel cubana y corrupción entre las autoridades del país. Luego de una huelga de hambre de 39 días, fue trasladado a un establecimiento de máxima seguridad. Cervantes fue liberado en agosto luego de permanecer 85 días retenido.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente, las visas de salida se habían usado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.

Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdo con el gobierno.

El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el gobierno impuso restricciones principalmente a personas que viajaban a países latinoamericanos para asistir a conferencias. En junio, la comisión registró la mayor cantidad de restricciones a la libertad de circulación en varios años: se impidió que al menos 29 personas viajaran al extranjero para asistir a conferencias internacionales y otros eventos.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo forzado. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En septiembre de 2016, la sede de Cubalex, una organización que desde hace seis años investiga violaciones de derechos humanos y brinda asesoría legal gratuita a activistas de libertad de expresión, inmigrantes y defensores de derechos humanos, fue allanada por la policía. Los policías confiscaron expedientes, obligaron a desnudarse y palparon a cuatro hombres y una mujer y detuvieron a dos abogados, uno de los cuales todavía permanecía detenido para el momento en que se redactó el presente informe.

Actores internacionales clave

Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, luego que Estados Unidos relajara las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes. Sin embargo, en junio de 2017, el Presidente Trump declaró que revertiría lo acordado por el anterior gobierno.

El gobierno de EE. UU. expulsó a 15 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington en octubre, luego que diplomáticos estadounidenses ubicados en Cuba manifestaran padecer diversas enfermedades misteriosas. En noviembre, el gobierno de EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con empresas vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. También votó contra una resolución de la ONU que condena el embargo estadounidense sobre Cuba, revirtiendo así la anterior abstención en 2016.

Por primera vez en años, Cuba aceptó que un investigador de las Naciones Unidas visitara la isla. En abril, la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata.

El experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional también visitó Cuba en julio de 2017, e instó a Cuba a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos.

Al Secretario General de la OEA Luis Almagro se le negó el ingreso a Cuba debido a que funcionarios cubanos consideraron que el motivo de su visita constituía “una provocación inaceptable”. Estaba previsto que Almagro recibiera un premio a la democracia que lleva el nombre del opositor Oswaldo Payá, ya difunto, entregado por la organización latinoamericana Jóvenes por la Democracia. El gobierno también negó visas a la exministra chilena Mariana Aylwin, al expresidente mexicano Felipe Calderón y a miembros de Jóvenes por la Democracia.

En mayo, la Unión Europea celebró su tercer diálogo de alto nivel sobre derechos humanos con Cuba. En julio, el Parlamento Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la “Posición Común sobre Cuba”, adoptada por la UE en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. Aunque el acuerdo entró en vigencia en forma provisoria en noviembre de 2017, al momento de redactar este informe todavía no había sido aplicado plenamente por los países miembros.

En octubre de 2016, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.

(Con informacion de Human Rights Watch)

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"No vengas a la frontera. No pongas tu vida en riesgo, solo para ser devuelto", alerta Mayorkas (VIDEO)

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, alertó esta semana que las fronteras de EEUU no están abiertas.

En un video divulgado el martes el cubanoamericano reiteró que Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y que las restricciones en la frontera no han cambiado, por lo que advirtió que "las personas y las familias no deben poner en riesgo sus vidas tomando el peligroso viaje solo para ser enviados de regreso".

"Las restricciones en nuestra frontera suroeste no han cambiado. Los adultos solteros y las familias seguirán siendo expulsados cuando corresponda según el Título 42, y aquellos, que no puedan establecer una base legal para permanecer, serán expulsados", agregó el funcionario.

Mayorkas reconoció que la Patrulla Fronteriza ya maneja cifras a niveles históricos debido a los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras dificultades y pronosticó que "las cifras podrían aumentar aún más".

También informó que el Departamento de Seguridad Nacional está ejecutando un plan integral de todo el gobierno para administrar los aumentos actuales y potenciales en la frontera de una manera segura, ordenada y humana, consistente con el cumplimiento de las leyes. Al mismo tiempo, dijo que están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera en asociación con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el hemisferio occidental.

"La conclusión es que las fronteras de EEUU no están abiertas, las personas y las familias continúan sujetas a restricciones fronterizas, incluida la expulsión. No vengas a la frontera. No pongas tu vida en riesgo, solo para ser devuelto", concluyó.


Seguridad Nacional se pronunció también sobre el fallo del Tribunal de Distrito sobre el Título 42 y reiteró que se trata de una autoridad de salud pública empleada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como medida de protección contra la propagación de enfermedades transmisibles, en este caso, el COVID-19.

"Daremos cumplimiento a la orden de la corte de continuar haciendo cumplir de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras permanezca vigente. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará ejecutando su plan integral que suma a todo el gobierno para gestionar los incrementos potenciales en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera", indicó un comunicado oficial.

"Como parte de este esfuerzo, el DHS ha establecido un Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste para ejecutar esos planes. El DHS también aumentará el personal y los recursos según sea necesario, y ya ha redistribuido más de 600 agentes de la ley adicionales a la frontera", concluyó la información oficial.

Las autoridades federales aplicaron el Título 42 a cerca de cuatro de cada 10 encuentros, por lo que muchos tuvieron el derecho a solicitar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos registró en los últimos 7 meses del año fiscal en curso (FY2022) la llegada a territorio estadounidense de un total de 114.916 cubanos.

Tan sólo en el mes de abril, se documentó el arribo de 35.079 inmigrantes provenientes de Cuba y la mayoría de los ingresos se produjo por puntos fronterizos con México, por donde atravesaron 34.821 cubanos ese mes.

En las cifras de abril también destaca el cruce de 136 menores (hasta los 17 años de edad) no acompañados y 7.950 familias cubanas.

Rusia desea construir sanatorios para sus militares en las playas de Cuba

Foto Archivo. Raúl Castro en conversaciones con el ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu.

El diputado ruso Oleg Nilov propuso el martes en la sesión plenaria de la Duma rusa la construcción de sanatorios en las playas de Cuba para los militares rusos heridos en la invasión a Ucrania.

Según reporta la agencia rusa Interfax, Nilov, quien es el sustituto del líder de la fracción parlamentaria Rusia Justa, manifestó su propuesta de “conseguir algunos territorios en las maravillosas costas de balnearios cubanos, se construyan con fondos rusos sanatorios, centros de salud, especialmente para el personal militar".

Nilov afirma que en Cuba se ayudaría a "la recuperación, el tratamiento incluso de los soldados que están heridos, mutilados hoy en Ucrania" y de paso “los sanatorios podrían servir también para otra función, apaciguar a los que están allí a 90 millas de Cuba".

Al final de la alocución dijo el diputado que tiene confianza en que "Cuba acepte y vaya a por ello", como constata también news.ru.

En abril, fuentes de la cancillería de Rusia afirmaron que el país se encaminaba a fortalecer su alianza con Cuba. Alexandr Schetinin, el director del departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, comentó a la publicación rusa Sputnik sobre la intención de su gobierno para la “profundización de la cooperación estratégica entre Cuba y Rusia”.

“Reforzaremos la asociación estratégica ruso-cubana en la escena mundial, en la promoción de la cooperación comercial y económica, la prestación de la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de los contactos entre las personas", dijo el diplomático.

El 24 de enero, en una conversación telefónica, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar “la cooperación estratégica” y “fortalecer las relaciones bilaterales”.

Días antes de lanzar la invasión a Ucrania el 24 de febrero, La Habana recibió a el vicepresidente ruso, Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Viacheslav Volodin y consiguió la reestructuración de su deuda con Moscú valorada de 2.300 millones de dólares.

En una reunión en el Capitolio de La Habana, Volodin propuso el establecimiento de reuniones sistemáticas para debatir, en los comités de ambos parlamentos, aspectos de interés común, entre ellos la defensa, el turismo, la agricultura, la educación, y otros.

Guardia Costera repatria a 26 cubanos

FOTO ACHIVO. Guardia costera de EEUU y cubanos balseros.

La tripulación del guardacostas estadounidense Bernard Webber repatrió a 26 cubanos el martes, luego de una interdicción frente a los Cayos de Florida.

Un buen samaritano alertó a los vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso el viernes, 20 de mayo, sobre una embarcación rústica aproximadamente a las 12:15 p.m., a unas 15 millas al sureste de Islamorada.

Por su parte, la suboficial Nicole J. Groll, del Distrito Siete de la Guardia Costera, indicó que los familiares en los Estados Unidos que tengan preguntas sobre miembros de su familia interceptados en el mar, deben comunicarse con su representante local de los Estados Unidos.

Con una imagen añadida al comunicado, la Guardia Costera resaltó que las condiciones climáticas pueden cambiar repentinamente y por ende los viajes pueden terminar con víctimas mortales.


En distintas oportunidades, la Guardia Costera ha recordado que cruzar ilegalmente el Estrecho de Florida en embarcaciones improvisadas es muy peligroso.

“Anima a tus seres queridos a migrar legalmente, es más seguro”, dijo en el mes de mayo Mark Cobb, oficial de seguridad del Distrito Siete de la Guardia Costera al reportar otra repatriación.

Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1,952 cubanos en su intento de llegar a Estados Unidos por vía marítima.

Un número alto en comparación con 838 migrantes cubanos registrados durante todo el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre.

Mantienen sentencias contra manifestantes de Cárdenas, Los Arabos y Colón

"Abajo el Comunismo", gritó Samuel Pupo Martínez en las protestas de Cárdenas del 11 de julio.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios matanceros de Colón y Los Arabos.

Entre los recurrentes está Yasmany Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.

“Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones en el juicio. Muchas violaciones del mismo Código Penal, de sus leyes. Y mucha mentira y manipulación. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona, él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos”, indicó a nuestra redacción, Rosmery Bello Castillo, esposa del condenado, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.

Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él.

“Todavía no oye por uno de sus oídos porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios, porque querían que él se culpara de algo que no hizo y mi esposo dijo que él si salió a las manifestaciones, pero fue a exigir sus derechos como estipula la Constitución”, señaló Bello Castillo.

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Además de Porras, recibieron la ratificación de sus sentencias otros 11 participantes del estallido social convictos por los delitos de Sabotaje, Desórdenes públicos, Robo con fuerza en las cosas y Atentado: Adrián Fernando Domínguez Hidalgo ( 13 años y 9 meses), Andy Alexis Martín Pérez (10 años y 6 meses), Andy Ortega Murgado (5 años de correccional con internamiento), Dainier Flores Oliva (6 años), Omar Herrera Moré (11 años), Roberto Díaz Martínez (5 años), Rolando Sardiñas Fernández (12 años), Wilfredo Castillo González (15 años), Yoel Montano Alpizar (14 años y 6 meses) y Yordan Puentes Morera (10 años).

El documento de la Casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías:

“Aprovechando que estaban vigentes un grupo de medidas restrictivas” debido a la pandemia “transitaron por las calles principales del municipio Colón, donde se concentran varios centros comerciales”, cuyas ventas son en MLC (en moneda libremente convertible) “comercios que los acusados deseaban destruir e impedir que cumplieran su objeto social, alentados por ciudadanos inescrupulosos que pretenden mediante métodos violentos derrocar la ’Revolución Cubana’”.

“El recurso de casación es mucho más técnico que la apelación. Sus causales pueden ser por quebrantamiento de forma e infracción de ley”, respondió a consulta de Radio Televisión Martí, el abogado independiente Julio Ferrer.

“Una manifestación para pedir libertad. Era su derecho porque estaba escrito en la Constitución, lo maltrataron demasiado. De hecho, ahora está cumpliendo 17 años, en el Combinado del Sur y no se hace justicia. Mi esposo es inocente, en ningún momento atentó contra nadie. Yo pido libertad y justicia para él”, reclamó la mujer.

Por otro lado, el juicio de Apelación de ocho de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas.

“Fue el Juicio de Apelación de mi esposo Samuel Pupo Martínez. Al igual que en el de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos. Pero una vez más, no les importa eso. Ratificaron las sentencias, quedando en lo mismo para todos”, explicó a nuestra redacción la esposa, Yuneisy Santana González.

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Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Agüica en la provincia matancera, fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.

La familia de Samuel Pupo Martínez sufre desde el 11 de julio la ausencia del padre.
La familia de Samuel Pupo Martínez sufre desde el 11 de julio la ausencia del padre.

Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado la protesta ciudadana frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, pero más adelante el caso pasó al tribunal civil y se desestimaron los cargos más graves.

“No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula con las “shakiras”, esposado como un criminal. ¿Y sigo preguntándome qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño. ¿Por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa?”, lamentó Santana.

Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido comunista y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!".

Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional.

“Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz y no me callará nadie hasta que no llegues a casa con nuestro niño que te necesita tanto en su vida. Tengo fe en la justicia de Dios, no en la del hombre. Dios permita que esta pesadilla termine pronto. Exijo libertad para mi esposo Samuel Pupo Martinez y todos los presos políticos en Cuba”, resaltó Santana.

Tres fallecidos y 17 lesionados es el saldo preliminar por accidente en la zona oriental de Cuba

En 2021 hubo un total de 8.354 accidentes de tráfico en el país (Archivo).

Tres fallecidos y 17 lesionados es el saldo preliminar del accidente de tránsito que ocurrió en la madrugada de este martes, en la zona conocida como La Norma, ubicada entre los municipios de Media Luna y Campechuela, en la oriental provincia de Granma, por la volcadura de un camión con pasajeros.

El vehículo, que pertenece a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Vicana Abajo, de Media Luna, regresaba de la central provincia de Ciego de Ávila, informó la agencia de prensa Efe.

Este es el segundo siniestro de este tipo en cuatro días en Cuba. En 2021 hubo un total de 8.354 accidentes de tráfico en el país.

La cifra representa un aumento del 8,32% (632) con respecto a 2020. Por otro lado, las muertes por este tipo de incidentes aumentaron en un 24%, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba son la falta de atención del conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad.

Asimismo, incide el mal estado de las carreteras y el envejecido parque automotor del país caribeño, donde transitan autos con más de 50 años de antigüedad.

Nota con datos de EFE.

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