América Latina
HRW: la presión internacional obligó a Nicolás Maduro a pedir ayuda
El acuerdo entre autoridades venezolanas y la oposición para que millones de dólares de asistencia humanitaria se distribuyan en Venezuela a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un paso importante y se debe en gran parte a la presión internacional, señaló la organización Human Rights Watch.
El acuerdo fue suscrito el 1 de junio para obtener financiamiento internacional que fortalezca la capacidad de respuesta de Venezuela ante la pandemia el coronavirus y mejorar la coordinación con la OPS.
“Este acuerdo representa una gran victoria para el pueblo venezolano, cuyo bienestar debe ser la máxima prioridad de los dirigentes”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Dijo que “En gran medida, esto es resultado de la presión internacional sostenida que se ha ejercido sobre el régimen de Maduro, que luego de haber descuidado descaradamente la vida y la salud de los venezolanos, finalmente – en un contexto de pandemia, emergencia humanitaria, economía en ruinas, cortes de energía eléctrica y escasez de combustible – no tuvo otra opción que pedir ayuda internacional. El próximo paso es transformar el acuerdo en acciones concretas que empiecen a salvar vidas”.
El acuerdo establece las siguientes prioridades:
- Detectar casos de Covid-19;
- Brindar tratamiento adecuado y oportuno de casos confirmados;
- Llevar a cabo el aislamiento supervisado de casos sintomáticos y medidas de cuarentena para las personas con las cuales hayan tenido contacto;
- Proteger al personal de salud;
- Establecer medidas de prevención y de control de infecciones en los establecimientos de salud;
- Brindar vigilancia epidemiológica, análisis de información y reportes de situación; y
- Comunicar los riesgos al público para que adopte medidas.
“Cada día que pasa con un sistema de salud colapsado, escasez de agua para los médicos que necesitan lavarse las manos, falta de datos epidemiológicos confiables y sin protección adecuada para los trabajadores de la salud, se pone en riesgo la vida de muchos venezolanos”, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
“Las medidas que contempla el acuerdo podrían ser determinantes para la respuesta de Venezuela a la pandemia; sin embargo, para que sean eficaces, es indispensable contar con fondos suficientes y que exista una implementación adecuada, con la debida supervisión de un tercero independiente”, dijo Page.
(Fuente: comunicado de prensa de Human Rights Watch)
Vea todas las noticias de hoy
Panamá alerta sobre aumento de cruces de migrantes por la selva del Darién
El tránsito de menores de edad por la selva de la provincia panameña del Darién, en la frontera con Colombia, creció durante enero y febrero respecto a igual periodo de 2022, lo que va en línea con un aumento exponencial que registra ese flujo irregular por esa zona inhóspita en lo que va de este año, advirtieron organismos de derechos humanos y que trabajan con la infancia.
En enero y febrero cruzaron por el Darién 9.683 menores de edad, 8.305 más que en igual lapso del año pasado, que terminó con un récord histórico con el tránsito de 40.438 niños y adolescentes, 1.119 de ellos no acompañados, según estadísticas oficiales recogidas en un informe sobre la situación de los derechos humanos de los niños que cruzan solos o acompañados la peligrosa frontera colombo-panameña con rumbo a Norteamérica.
Ese incremento en menores, que es siete veces superior, podría deberse al hecho de que durante los dos primeros meses de este año han cruzado casi 50.000 extranjeros, cinco veces más que en igual periodo del año anterior, cuyos mayores picos de tránsito se registraron en septiembre y octubre.
Al presentar el miércoles ante la prensa las conclusiones del informe, la Defensoría del Pueblo de Panamá y dos organismos de Naciones Unidas expusieron que esa ruta se está consolidado y que no se prevé que paren los casos de tránsito irregular a corto plazo.
"Año a año se superan las cifras de personas migrantes en tránsito por Panamá y la tendencia de los primeros meses de 2023 indican un crecimiento sin precedentes", señaló Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, junto a Unicef, tomó parte del informe.
Brunori instó a reforzar las medidas que, según él, implementan Panamá y agencias de Naciones Unidas para proteger integralmente a los niños que se desplazan a través de las fronteras del país centroamericano.
El año pasado casi un cuarto de millón de migrantes cruzaron el Darién, en lo que representó el mayor flujo registrado en esa ruta hasta ahora y que fue dominado por los venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Este año los mayores tránsitos han sido de haitianos, ecuatorianos y venezolanos, respectivamente.
Ese flujo no se ha detenido a pesar de las medidas implementadas por Estados Unidos desde octubre para controlar la migración irregular en su frontera sur de miles de venezolanos, haitianos y cubanos, muchos de los cuales hacen el tránsito por tierra y agua a través de la porosa frontera colombo-panameña.
EEUU protesta por la toma del puerto mexicano que recibiría envíos desde Cuba
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que estaba "preocupado por que nuestras empresas reciban un trato justo en México" después de que la policía mexicana tomara ilegalmente un puerto de carga propiedad de una compañía con sede en Alabama.
La incautación por parte de México del puerto de carga en la costa caribeña mexicana se extendió a su segunda semana el martes. La policía mantiene retenido el puerto y al parecer lo ha utilizado para descargar cemento y áridos para la compañía mexicana Cemex.
Vulcan Materials, con sede en Alabama, señaló el martes que la policía y los fiscales aún no habían presentado ningún documento legal que justifique la toma del puerto.
El Departamento de Estado dijo que "casos como estos tienen el potencial de impactar nuestra capacidad de lograr nuestra visión compartida de mejorar los medios de subsistencia en una de las regiones económicamente más desfavorecidas de México. También impacta en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones".
El despacho del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la situación.
El presidente ha estado enfrascado en una disputa pública con Vulcan desde hace más de un año. López Obrador necesita el muelle para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir su proyecto conocido como el Tren Maya.
Una parte del cemento descargado en el muelle la semana pasada aparentemente iba destinado al proyecto del Tren Maya, que el presidente ha prometido inaugurar en diciembre a pesar de que va sumamente atrasado.
Vulcan indicó que la policía entró a la fuerza en su muelle de Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, el martes pasado.
"Debe quedar claro que el Estado de derecho ya no está garantizado en México para las compañías extranjeras", declaró la empresa en un comunicado. "Esta invasión, no respaldada por órdenes judiciales, viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan".
Vulcan dijo que tenía un acuerdo con Cemex, la empresa mexicana, para arrendarle una parte del puerto de carga, pero que el acuerdo expiró el 31 de diciembre y no había sido renovado.
Cemex reconoció que el contrato había expirado, pero dijo que había estado tratando de renegociarlo, aunque infructuosamente. Cemex dijo que tenía otros tres contratos con Vulcan que seguían siendo válidos.
Cemex señaló que interpuso una denuncia penal contra Vulcan y que la fiscalía estatal le concedió medidas cautelares y una orden judicial para acceder a la propiedad y seguir operando.
La declaración es extraña, debido a que ese tipo de medidas cautelares generalmente son emitidas por los tribunales federales de México y no por los fiscales, y ese tipo de disputas se resuelven mediante denuncias penales.
Debido a que no hay suministros locales de la piedra triturada necesaria para estabilizar las vías del tren, López Obrador se ha visto obligado a importar el producto, denominado balasto, desde Cuba.
Aun así, los buques cubanos se ven obligados a llegar al puerto de Sisal, al otro lado de la Península de Yucatán, desde donde el producto es transportado en camiones por unos 300 kilómetros (180 millas) hasta el lugar donde se está construyendo el tren.
El único muelle de carga privado de la costa del Caribe que podría manejar los envíos cubanos — y otros envíos de cemento y acero — es propiedad de Vulcan. López Obrador ha ofrecido comprar la propiedad, pero al parecer las negociaciones no han ido bien.
En mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México cerró la cantera de piedra caliza de Vulcan y prohibió a la empresa exportar piedra que se ha utilizado durante mucho tiempo en proyectos de construcción estadounidenses y mexicanos. El presidente acusó a la compañía de extraer y exportar piedra sin los permisos necesarios. Vulcan afirma que cuenta con dichos permisos.
López Obrador quiere que la cantera llena de agua se utilice como parque para rivalizar con el cercano parque XCaret. También quiere que Vulcan construya un muelle para cruceros en la terminal de carga.
La línea del Tren Maya de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud recorrerá la península de Yucatán en un circuito irregular que conectará complejos turísticos de playa y sitios arqueológicos.
López Obrador promociona el tren como una forma de llevar parte de los enormes ingresos del turismo de Cancún a las comunidades del interior. Pero aún no existen estudios de viabilidad creíbles que demuestren que los turistas querrán utilizar el tren.
"Terremoto político” en Venezuela por investigación de corrupción beneficia a Maduro: analistas
La renuncia del ministro de Petróleo de Venezuela Tareck El Aissami y la detención de funcionarios de su círculo de confianza por presunta corrupción son parte de “un terremoto político” aún en marcha dentro del oficialismo venezolano, que beneficia el poder de la corriente política que lidera el presidente Nicolás Maduro, según analistas.
El Aissami, también ex vicepresidente del poder ejecutivo de Venezuela y uno de los políticos de esa nación reclamados penalmente por el gobierno de Estados Unidos, renunció a su cargo como zar petrolero tras la detención de una serie de políticos y agentes económicos de su entorno, entre ellos el superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez.
Las detenciones son parte de una cruzada nacional contra casos de malversación de fondos e irregularidades en operaciones que involucran al Tribunal Supremo de Justicia, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y algunas alcaldías del país, confirmó Maduro.
La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo”.Luis Peche Arteaga, analista político.
Se trata apenas del “primer poderoso golpe a los mafiosos” que “se han enquistado del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político” del país, dijo Maduro, quien subrayó que ha dirigido “personalmente” esas investigaciones.
La facción de Maduro y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y presidente del Parlamento, respectivamente, concretaron un movimiento político sumamente calculado para “garantizar más gobernabilidad interna”, indicó el politólogo Pablo Andrés Quintero.
El presidente venezolano “busca afianzar más su poder y su círculo de influencia en personas más leales y cercanas”, dijo el a la Voz de América.
A su juicio, Maduro y los hermanos Rodríguez “están buscando limpiar la casa” de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde se prevé que el presidente aspire a la reelección con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Quintero cree que el oficialismo busca preparar un escenario para “tomar decisiones un poco más individuales en la cúpula de poder de Maduro y los hermanos Rodríguez”.
“Están preservando el escenario de 2024, [buscando] construir mejores alianzas y tener a sus cuadros más cohesionados, fortalecidos, que no estén con otros sectores del poder, sino con el mismo presidente. Están despejando la casa, apagando las llamas que están encendidas para atender la campaña electoral”, señaló.
Movimientos internos
La corriente de poder de el Aissami, influyente en los asuntos económicos y en las conexiones del oficialismo con el mundo árabe, queda desactivada a partir de esta operación anticorrupción, coincide el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.
“A lo interno del gobierno, en el PSUV, parecen erguirse solo dos líneas [de poder], la de Maduro y la de los hermanos Rodríguez”, dijo a la VOA.
El analista da por sentado que la influencia de Diosdado Cabello, diputado y exvicepresidente que era considerado el número dos del chavismo, fue relevada “hace tiempo” de los círculos de poder y que “solo cumple funciones mediáticas”.
“La guerra contra la corrupción, enarbolada por el régimen, en nada beneficiará al país. Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”, afirmó.
Rodríguez Linárez también señala un aparente intento del chavismo de “lavarse la cara” en un contexto electoral, a pesar de las graves denuncias de corrupción en su contra.
La oposición acusa al oficialismo de haber malversado al menos 500.000 millones de dólares desde 1999.
Esta última operación política y policial “mueve el piso en las estructuras del PSUV, eliminando subvertientes, favoreciendo a las corrientes de Maduro y los hermanos Rodríguez, quienes finalmente acumulan el poder en Venezuela”, explicó el analista.
Terremoto con mensaje
Luis Peche Arteaga, analista político y especialista en asuntos internacionales, considera que “un terremoto político” está en plena evolución dentro del chavismo venezolano.
La salida de El Aissami se enmarca en un momento de negociaciones directas de Maduro con el gobierno de EEUU para asuntos bilaterales y posibles avances para la reinstitucionalización de Venezuela antes de las presidenciales de 2024, dijo a la VOA.
“La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo por parte del chavismo”, expresó Peche Arteaga, y recordó que el hoy exministro fue uno de los primeros acusados penalmente por EEUU por varios delitos, entre los que destaca el narcotráfico.
EEUU extendió por seis meses los alcances de una licencia que estaba a punto de vencer para que la empresa Chevron extraiga y exporte a Norteamérica crudo venezolano. Mientras Caracas pide suspender las sanciones económicas del todo, EEUU dice esperar avances en las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición, y reitera su advertencia de que es posible revertir la flexibilización de sus políticas si no hay progreso en esos debates.
Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”.Leandro Rodríguez Linárez, politólogo.
Quintero, por su parte, advierte que Maduro pudiera aprovechar el momento para enjuiciar a Juan Guaidó, quien lo denunció como usurpador de la presidencia y al que 50 gobiernos reconocieron como mandatario interino entre enero de 2019 e inicios de este año.
Maduro solicitó el lunes aplicar las leyes contra Guaidó, a quien llamó “ladrón” y “bandido”.
“Pido justicia por el dinero robado por esa ultraderecha también, que ha indignado tanto. Fueron los que pidieron las medidas de sanciones contra la economía venezolana, contra el pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario.
Foro celebra 40 años sin dictadura en Argentina pero obvia los DDHH en Cuba, Nicaragua y Venezuela
Activistas de los derechos humanos criticaron al gobierno de Argentina por organizar esta semana el III Foro Mundial de Derechos Humanos en el que no se abordará la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Este foro, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh, organismo creado en 2009 por Argentina y la Unesco) y por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, engloba actividades como talleres, presentación de experiencias de lucha y movilización por los derechos humanos, y actividades artísticas y culturales, con la participación de unas 12 mil personas de 98 países.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) condenó en un comunicado la "partidización" de los derechos humanos por parte del Gobierno argentino al organizar este encuentro global "sin la presencia de defensores, activistas y víctimas de Venezuela, Cuba y Nicaragua".
"En el programa no figura ningún panel sobre la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por el contrario, el evento fue llenado con una serie de personalidades que se han mostrado como fervientes defensores de las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega", aseveró el colectivo que integran, entre otros, varios parlamentarios argentinos, el excanciller argentino Jorge Faurie y la activista por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide.
En el foro participan el presidente argentino, Alberto Fernández; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel; el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, y la directora del Cipdh, la argentina Fernanda Gil Lozano.
El encuentro, cuya primera edición se celebró en 2013 en Brasil, se hace esta vez en Argentina, en coincidencia con los 40 años del retorno del país suramericano a la democracia tras la sangrienta dictadura (1976-1983), y culminará el viernes con la marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que conmemora el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Entre los 150 oradores convocados destacan, entre otros, el exjuez español Baltasar Garzón, y varios expresidentes latinoamericanos, como el uruguayo José 'Pepe' Mujica, el boliviano Evo Morales, el colombiano Ernesto Samper y el ecuatoriano Rafael Correa, y el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.
[Con información de la agencia EFE]
Renuncia ministro de Petróleo de Venezuela
El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, renunció el lunes a su cargo en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP) sobre “graves hechos de corrupción” en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras ramas del poder público.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en Twitter el lunes por la tarde.
El Aissami, de 48 años, señalado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU desde 2017 como un “narcotraficante especialmente designado”, dijo que en su condición de “militante revolucionario” se ponía a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para “apoyar” la “cruzada” contra los “antivalores” emprendida por el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general Tarek William Saab informó el domingo que inició las diligencias pertinentes a fin de judicializar a un grupo de funcionarios públicos detenidos durante las últimas horas.
Según Saab, los ilícitos investigados “corresponden a distintas ramas y niveles del Poder Público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia”.
El viernes, la Policía Anticorrupción de Venezuela había anunciado que solicitó al MP el “encauzamiento judicial” de una serie de individuos que podrían estar incursos en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
¿Quiénes son los detenidos?
Uno de los funcionarios detenidos es Joselit Ramírez, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), y quien figura en una lista del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones”.
“Ramírez trabajó con otros para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas”, precisa la agencia gubernamental.
Ramírez, quien desde 2018 estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), encargada de la oferta del petro, la moneda digital venezolana, fue destituido. Maduro designó una junta para reestructurar la cartera, según la Gaceta Oficial divulgada el sábado.
Ramírez estaría siendo investigado por casos vinculados a PDVSA, según reportes del diario Últimas Noticias, cercano al gobierno.
El Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense señala a Ramírez de tener vínculos El Aissami.
Otros de los funcionarios detenidos e investigados son el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, el juez José Mascimino Márquez, quien estuvo al frente de casos donde se condenaron importantes líderes opositores, y Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, una zona al centro del país que a fines del pasado año sufrió daños por inundaciones, informó la Policía Anticorrupción de Venezuela en un comunicado.
También fueron detenidos el coronel Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de comercio y suministro de PDVSA, y el coronel Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina, filial marítima de la petrolera, reportó Reuters.
Las detenciones en PDVSA habrían sido por una investigación sobre el zarpe de barcos con cargamentos de exportación sin el pago de la debida compensación a la empresa. Otros funcionarios de la compañía han sido suspendidos de sus cargos por la misma pesquisa, reportó Reuters.
No se han revelado oficialmente los cargos ni los casos específicos de corrupción en los que estarían involucrados los detenidos. Este tipo de operativos son poco frecuentes en la administración pública de Venezuela, marcada por la opacidad de sus gestiones, según grupos no gubernamentales como Transparencia Internacional.
Cabello anuncia “medidas ejemplarizantes”
Según el parlamentario Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres claves del gobierno, la investigación contra los jueces detenidos está relacionada con el “cobro de sentencias, probadas y comprobadas”.
Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena, en el estado Aragua, fue detenido por estar presuntamente vinculado a bandas delictivas, según Cabello.
Cabello aseguró el lunes que en el país han tomado “medidas ejemplarizantes” y acusó a Estados Unidos de proteger a ex funcionarios implicados en casos de corrupción.
“No le tapamos ningún acto delictivo a nadie, absolutamente a nadie y seguiremos avanzando por el camino correcto (…) el que incurra en algún hecho delictivo, que sepa que no va a tener defensa de parte nuestra, al contrario”, dijo en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, el canal del Estado.
Además, aseguró que los funcionarios detenidos desde el viernes en medio del operativo de la Policía Nacional Anticorrupción han “venido declarando” y precisó que “todas las declaraciones son tomadas en cuenta para que la investigación siga adelante”.
Dirigentes de la oposición y disidentes del chavismo sostienen que la situación registrada en las últimas horas evidencia “pugnas” internas entre sectores de poder del chavismo.
“Lo que estamos viendo en las últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuentas entre la cúpula que detenta el poder. Se están peleando el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo”, escribió en Twitter el precandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación durante el gobierno de Hugo Chávez y ex ministro de Turismo de Maduro entre 2013 y 2015, señaló al mandatario de usar la corrupción “para controlar las ambiciones de los grupos” mientras se reserva el poder para él.
“La golpiza viene porque el plan para tomar el poder se devela. Esto apenas comienza”, escribió en Twitter.
El viernes, en medio de un acto transmitido por el canal del Estado, Maduro llamó a los ministros de su gabinete a “apegarse a la ética”.
“Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado, el servicio como un apostolado al pueblo porque el poder que nosotros tenemos no nos pertenece, el poder que tengo como presidente no me pertenece, le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide ministros, ministras, compañeros que tienen dirección, yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza”, insistió el mandatario.
Foro