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América Latina

HRW considera que Senado no debe aprobar ley que ataca libertad de expresión en Chile

Bandera chilena enarbolada durante una manifestación

La Cámara de Diputados de Chile dio el visto bueno recientemente a un controversial proyecto de ley con el cual se pretende castigar hasta con tres años de cárcel a quien “justificare, aprobare o negare" las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura, entre 1973 y 1999. El proyecto de Ley aún debe ser debatido por el Senado.

Las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben contrarrestar con argumentos, no con sanciones penales

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en declaraciones al respecto, ha dicho que “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben contrarrestar con argumentos, no con sanciones penales”. El proyecto de la ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos en vigencia en la actualidad y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”.

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto, las sanciones serían aplicadas a quienes se expresen de manera en que “perturben el orden público” o “impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de terceros”.

Sin embargo, acorde a lo manifestado por el derecho internacional, “la libertad de expresión sólo puede ser limitada en circunstancias muy específicas”, señala HRW.

El Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención americana sobre Derechos Humanos (CADH), ratificados ambos por la República de Chile, “sólo pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión de forma proporcional y necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral públicas".

la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e información recibidas favorablemente o consideradas inofensivas

También el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión apunta que “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e información recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

“Sancionar las expresiones ofensivas”, concluye Vivanco. “No es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente. Estas sanciones pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen más atención”.

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Se inicia registro de personas bajo MPP en Matamoros

El asentamiento informal en Matamoros, en la frontera norte de México. © OIM/Alberto Cabezas

Comunicado de ACNUR, OIM, CICR y UNICEF

Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP.

Este miércoles, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comenzará con el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual que se ha implementado desde el 19 de febrero. Se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en el campamento, algunas desde hace dos años.

El primer grupo del campamento, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas COVID correspondientes para evitar riesgos de salud pública. También se estará dando seguimiento a la situación de las personas fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están registradas en el sitio web CONECTA o a través de la línea de apoyo telefónico.

Esta respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25,000 personas estimadas que tienen casos activos en Estados Unidos pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o “Remain in Mexico”, puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos han considerado que en línea con ese proceso para dar fin al Programa MPP, se debe priorizar a las personas en el campamento de Matamoros. ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estamos coordinando para materializar esa petición.

Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California, como parte del operativo para desmantelar el MPP.

ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.

En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA para registrar a todos los casos activos bajo MPP. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8,000 casos, equivalente a unas 12,000 personas.

La página web CONECTA fue lanzada el pasado viernes 19 de febrero, pero por la alta demanda, experimentó retos técnicos. El equipo de ACNUR ya realizó los cambios necesarios y se han habilitado canales adicionales, como un correo electrónico, una línea telefónica de registro e información y números de WhatsApp. Por la alta demanda siempre puede darse congestión en las líneas, pero el ritmo de registro y procesamiento está avanzando. En este sentido es importante reiterar que no hay relación alguna entre la fecha de registro en CONECTA y la fecha de ingreso en los EEUU.

En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas COVID-19. Hasta el momento no se han detectado casos de COVID-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos. Las fechas y puertos de entrada de acceso a Estados Unidos de las personas que ya han completado el registro son determinadas por el Gobierno de Estados Unidos. El programa no tiene fecha establecida para ser completado del momento que todas las personas eligibles van a poder ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, las agencias involucradas, piden paciencia del momento que el proceso puede durar varios meses.

Para más información:

España y Colombia firman acuerdo que incluye atención a inmigrantes venezolanos

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y la canciller colombiana, Claudia Blum

España destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el 2024.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su homóloga colombiana, Claudia Blum, firmaron el viernes el nuevo 'Marco de Asociación País – (MAP) 2020-2024’, en el cual se consolidan estrategias binacionales y que incluye la atención a inmigrantes venezolanos que viven en el país suramericano.

González Laya manifestó que uno de los intereses de su visita a Colombia es la crisis migratoria y reconoció el esfuerzo "grande, generoso" de Colombia para la atención a los inmigrantes. "En momentos en los que otros países cierran las puertas, que erigen muros, Colombia ha optado por acoger, protegiendo de manera temporal a los miles de venezolanos que se encuentran en sus territorios", sostuvo.

De ahí, enfatizó, su interés en viajar a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para conocer la situación de cerca.

Así mismo tiempo, dijo que España seguirá acompañando a Colombia, incluso financieramente, y anunció que la nueva conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos será liderada por Canadá y se realizará en la segunda mitad de este año.

España también anunció que destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el año 2024.

Por su parte, la ministra Blum resaltó la firma de la estrategia de cooperación colombo-española que se enfocará en "programas de estabilización de los territorios, la migración como factor de desarrollo y el fortalecimiento del desarrollo rural, sostenible, con enfoque de género".

Otros objetivos

Otros de los objetivos de la visita de González Laya es apoyar los esfuerzos de Colombia en la implementación del proceso de paz.

"Todos sabemos ya todos nos duele que sigan habiendo personas asesinadas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, excombatientes. Por eso, redoblamos con nuestra presencia aquí nuestro apoyo a Colombia y a sus instituciones para poder avanzar en este proceso de paz", manifestó la canciller española.

También, resaltó el trabajo que harán conjuntamente en la recuperación economía del país, tras la pandemia generada por al propagación del COVID- 19 en el mundo.

Arancha González llegó el jueves al país y visitará la frontera colombo-venezolana, el sábado.

Marco de Asociación País | (MAP) 2020-2024
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Militares retirados confirman presencia cubana en gobierno venezolano

Nicolás Maduro en una reunión con militares en junio 2020.

Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman la presencia de funcionarios cubanos en la estructura del gobieno de Nicolás Maduro.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, los militares aseguraron que la presencia isleña está en muchos organismos del país.

Confirman presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Maduro
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Además de las Fuerza Armadas, "hay ingerencia en organizaciones donde se lleva el control de las comunicaciones, los registros públicos, y las notarías", aseguró el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt.

Todo eso es "grave y se hace muy difícil la vida en un país que cada día enfrenta una realidad mucho más compleja por la problemática socio económica en que se está viviendo", agregó.

El general Miguel Aparicio, también retirado, señaló que "el control de Venezuela por parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez".

Aparicio recordó que el difunto "Chávez puso el país completo, como si fuera un país esclavo, bajo las órdenes del castrocomunismo".

"Ahora ellos (en referencia a Cuba) son los que dirigen la política militar, la parte estratégica, la parte táctica", subrayó.

"Maduro es un títere del régimen cubano que ya se apoderó de todo el control de la sociedad civil", concluyó el general retirado.

(Con reporte de Pedro Corzo para Radio Martí)

Amnistía Internacional elogia la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El continente americano sin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sería una región más injusta, declaró Amnistía Internacional.

"Muchos de los grandes avances en materia de derechos humanos a lo largo de nuestra historia se dieron debido a las intervenciones de este mecanismo de protección", dijo Amnistía en un comunicado que detalla la importancia de la entidad adscrita a la OEA:

Desde sus visitas históricas en tiempos de los regímenes militares y conflictos armados en la región, que permitieron la consolidación de estándares interamericanos que aún son utilizados hoy en día, hasta la presentación de casos emblemáticos para avanzar en temas tan relevantes como la protección de personas defensoras de derechos humanos, y los derechos de las mujeres, personas LGBTI y pueblos indígenas, la CIDH ha sido la promotora de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.

Ser parte del mecanismo hemisférico que establece límites al poder estatal en derechos humanos, trae aparejado grandes desafíos. Pero ahora la CIDH se enfrenta a un nuevo reto: elegir a alguien para dirigir su secretaría ejecutiva.

Esta es la tercera vez que la CIDH llama a un concurso público para elegir a quien la dirigirá. Desde que empezó el proceso el septiembre pasado, la CIDH ha cumplido con una amplia representación geográfica, así como la equidad e igualdad de género en la selección, y ha permitido a la sociedad civil del continente hacer llegar sus observaciones sobre las diez personas semifinalistas.

La Comisión hizo pública la lista de cinco personas finalistas el 3 de febrero de 2021 y después de realizar entrevistas presenciales en mayo, la persona seleccionada ocupará el cargo a partir del 1° de junio próximo.

A diferencia de las anteriores elecciones para el puesto, en esta oportunidad la CIDH se enfrenta a un complejo ambiente interno y externo. En los últimos años, se ha instaurado en el continente un discurso contrario a los derechos humanos, incluso en algunos países, por sus máximas autoridades. Además, ante la pandemia, se ha visto cómo muchos Estados hicieron uso desproporcionado de la fuerza y adoptaron medidas represivas bajo el pretexto de prevenir y combatir al COVID-19.

Por otra parte, si bien el mal llamado proceso de fortalecimiento dejó huellas en la CIDH, en años recientes hemos vuelto a observar cómo diversos Estados de la región han tratado de maniatar a la Comisión en su actuar desconociendo su independencia y autonomía.

El tema financiero tampoco es alentador, a pesar de que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se comprometieron a duplicar en un periodo de tres años el financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar “los acuerdos de Cancún” durante la Asamblea General del 2017.

Lamentablemente, en su Asamblea General el año pasado, los Estados miembros de la OEA decidieron que el presupuesto para estos órganos se otorgará teniendo en consideración los recursos disponibles con los que cuenta la OEA.

Esto quiere decir que no necesariamente se cumplirá la promesa de doblar el presupuesto a partir del 2021, lo cual pone en riesgo el trabajo que desarrollan estos órganos.

(Comunicado de Amnistía Internacional)

Inhabilitan a Guaidó, no podrá ejercer cargos públicos en Venezuela

Juan Guaidó habla durante una conferencia de prensa. AP/ Ariana Cubillos

La medida se extiende también a otros 27 diputados en el exilio. Los señalados recuerdan que no reconocen la legitimidad del Contralor General del país, pero opinan que estas sanciones lastrarán el eventual regreso de la oposición a la vía electoral.

MARACAIBO, VENEZUELA. - El Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo.

Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.

Detalló que la decisión abarca “el período máximo previsto en el decreto contra la corrupción”, es decir, 15 años, hasta el año 2036. Según el funcionario, los legisladores “se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente” y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.

Además de Guaidó, la lista de políticos venezolanos inhabilitados incluye a Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.

También, están incluidos los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Américo De Grazia, otro de los inhabilitados, que reside en Italia, considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, luego que el madurismo lo obligara al exilio, le despojara de su emisora radial y su pasaporte, le dictara auto de detención e, incluso, le golpeara -cuenta- en no menos de cuatro oportunidades.

“Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América. El legislador dijo comprender a sus colegas que, al residir en Venezuela, deban rendir cuentas o entregar reportes de sus finanzas personales a instituciones como Amoroso, a quien llama “usurpador”.

Las inhabilitaciones se conocen en momentos cuando no pocos partidos de la oposición venezolana contemplan la posibilidad de participar en las elecciones regionales de este año, en contra de la opinión de Guaidó.

Ocurren, asimismo, días luego de que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, excandidatos presidenciales, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y que abandonó Venezuela rumbo a España en octubre de 2020.

Autoridad "Usurpada"

Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.

“Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter. Un comunicado de su despacho resaltó posteriormente que las “supuestas inhabilitaciones” a Guaidó suman más de 60 años de sentencias “sin valor práctico”.

La contraloría general ya había sancionado a Guaidó en marzo de 2019 y lo había inhabilitado por 15 años por presuntas “inconsistencias” entre su nivel de ingresos y su nivel de gastos, en referencia a sus viajes al exterior desde 2015.

“Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela”, rezó el texto divulgado por sus colaboradores.

Ismael García, uno de los inhabilitados, recordó que la oposición y la comunidad internacional no reconocen a Amoroso como funcionario legítimo debido a su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria en 2018 no se consultó en referendo popular.

Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto”
Ismael García, diputado inhabilitado

“El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos, nulos”, declaró a la VOA desde su exilio en Costa Rica.

García consideró que las sanciones nacen del “chantaje, la intimidación y la persecución” del madurismo, y advirtió que hacen flaco favor a las eventuales negociaciones de alto nivel que pudiera haber para zanjar la crisis venezolana.

“Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto. En la práctica, no ganaría ninguna elección con alguna condición o garantía”, remarca.

Tras reprochar la “conducta moral” y el pasado político de Amoroso, García estimó que la inhabilitación más notoria en Venezuela es la crisis en sí misma, marcada por la hiperinflación, la escasez y las complicaciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. “Tenemos a un pueblo inhabilitado”, dijo.

Amoroso, en su conferencia de prensa, pidió a la comunidad internacional “respeto y consideración” a sus decisiones. “Estos ciudadanos no se han ajustado a derecho”, justificó el funcionario madurista.

Guanipa, primer vicepresidente de la directiva parlamentaria de 2020, dijo en Twitter que le tenía “sin cuidado” lo que Maduro y “sus cómplices” hicieran para sancionarle. “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, indicó.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y dirigente de la oposición asilado en España, llamó a Amoroso “sicario de un régimen ilegítimo” y estimó que una inhabilitación de su parte no debe considerarse como un castigo, sino un honor.

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