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Hong Kong: al menos 100 arrestados en las protestas prodemocracia son menores de edad

La policía dispersa a manifestantes en protestas en Hong Kong.

Cerca de 100 menores de edad fueron arrestados durante las protestas de esta semana en Hong Kong, realizadas en rechazo a dos nuevas y polémicas leyes relativas a la soberanía del territorio frente a China.

Según cifras de la policía, casi la mitad de las 396 personas detenidas el miércoles y el jueves son estudiantes, pertenecientes a 60 escuelas secundarias o institutos terciarios, lo que incluye a menores de edad.

Los reportes oficiales indican que el más joven de los detenidos por protestar tiene 12 años de edad, mientras que el detenido de mayor edad es de 70. A su vez, fueron arrestados 234 hombres y 162 mujeres.

El jueves, el Parlamento chino adoptó la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia del año pasado en la ex colonia británica, a pesar de las amenazas de sanciones de Estados Unidos.

Como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron por unanimidad esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong y llevó a Estados Unidos y Gran Bretaña a convocar una reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este viernes para analizar la situación.

Casi 200 personas fueron detenidas el domingo 24 de mayo y más de 300 el miércoles pasado, sumando en total casi 9.000 manifestantes arrestados en un año.

Unos 1.600 ya fueron enviados a juicio, 595 de ellos por “disturbios”, un delito que puede ser condenado con 10 años de cárcel.

Frente a tantos detenidos, está cerca del colapso el sistema judicial, con decenas de acusados en las salas de los juzgados y demoras interminables. Un año después del inicio de la crisis política, los tribunales de Hong Kong están desbordados por los contenciosos.

En Hong Kong se produjo, de junio a diciembre de 2019, una movilización sin precedentes contra la tutela de la República Popular China. Las protestas cesaron durante varios meses debido a las medidas de distancia social para contener el nuevo coronavirus.

Pero este paréntesis no ha bastado para que la justicia pueda tratar los miles de casos que se acumulan desde hace un año. Esta saturación podría agravarse si las protestas se reanudan.

En tanto, la declaración de Estados Unidos esta semana sobre la pérdida de autonomía de Hong Kong de China ha sido un momento histórico con potenciales consecuencias para esta plaza financiera, aunque mucho depende del presidente Donald Trump. La revocación del estatus oficial podría cambiar radicalmente la situación de la excolonia británica que ha servido durante décadas como la puerta de entrada de China a la economía mundial.

El viernes, el presidente Trump prometió despojar a la ciudad de algunos privilegios comerciales, asegurando que el plan de Pekín de imponer una ley de seguridad en el territorio semiautónomo es una “tragedia”. Por su parte, representantes del gobierno de Hong Kong (designados por Pekín), criticaron este sábado la decisión del presidente Trump de retirar el estatus especial que otorgaba al territorio, como castigo a China por imponer la nueva ley de Seguridad Nacional.

El gobierno en Pekín ya había advertido previamente a Washington que adoptaría represalias si finalmente la Casa Blanca optaba por ese tipo de medidas. El ejecutivo hongkonés pro China indicó que pese a las amenazas de Washington, seguirá adelante con el desarrollo de la ley de Seguridad Nacional.

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Periodista rusa que colabora con Radio Europa Libre se declara en huelga de hambre

La periodista rusa Yelena Shukayeva (foto de archivo de Memorial, publicado por Radio Free Europe/Radio Liberty).

La periodista rusa encarcelada Yelena Shukayeva, quien colabora con el Servicio Ruso de Radio Europa Libre (RFE/RL) y otros medios de comunicación independientes, inició una huelga de hambre para protestar contra una sentencia de cárcel de 14 días que se le impuso el 17 de agosto en la ciudad de Yekaterinburg, en los Urales, bajo cargos de publicar online mensajes del opositor Aleksei Navalny.

El grupo de derechos humanos OVD-Info dijo el 18 de agosto que esta huelga de hambre es "una protesta contra la arbitrariedad policial, la distorsión del sentido común y la complacencia de los jueces para cualquier fantasía que tenga la policía".

La comunicadora fue acusada también de publicar símbolos de una organización extremista. El año pasado, Rusia declaró que el grupo de Navalny, la Fundación Anti Corrupción, era extremista y prohibió el uso de sus símbolos.

También el 17 de agosto, la policía en la capital de la República rusa de Tatarstan, Kazan, registró las casas de siete periodistas que colaboran con los Programas Ruso y Tártaro-Bashkir de RFE/RL, así como con Idel.Realities, un proyecto en línea que cubre noticias y eventos en la región de Volga-Urales.

La página pro Kremlin, Tatar-Inform, reporta que los allanamientos estaban vinculados a los artículos de los periodistas que cubrían la invasión de Rusia contra Ucrania.

El presidente Vladimir Putin firmó una ley en marzo que exige largas penas de prisión por distribuir "información deliberadamente falsa" sobre las operaciones militares rusas, para controlar la narrativa sobre su guerra en Ucrania, indicó RFE/RL.

La ley prevé sentencias de hasta 10 años de prisión para las personas condenadas por un delito, mientras que la pena por la distribución de "información deliberadamente falsa" sobre el ejército ruso puede ser de 15 años de prisión.

También declara ilegal "hacer llamados contra el uso de tropas rusas para proteger los intereses de Rusia" o "para desacreditar tal uso" con una posible pena de hasta tres años de prisión. La misma disposición se aplica a los pedidos de sanciones contra Rusia.

El presidente y director ejecutivo de RFE/RL, Jamie Fly, ha condenado la sentencia de Shukayeva y los allanamientos de los hogares de los periodistas.

Nuevo informe sobre el uso de hospitales psiquiátricos para acosar a la oposición en China

Un policía frente al Centro de Detención II, en Beijing, China. (AP Photo/Alexander F. Yuan).

La policía en China continúa confinando a los críticos del gobierno en hospitales psiquiátricos a pesar de las 'reformas', según un nuevo informe del grupo de derechos humanos, Safeguard Defenders, reporta Radio Asia Libre, RFA.

"Estas reformas legales no han funcionado en absoluto", dijo el grupo en un comunicado que da a conocer su nuevo informe sobre ser "enfermado mentalmente", un término de la jerga en línea que se usa para indicar el internamiento forzoso en un centro psiquiátrico, método que a menudo usan las autoridades chinas para silenciar a disidentes.

La policía y los agentes del gobierno “continúan enviando arbitrariamente a activistas, a veces repetidamente", a esos hospitales, y una mujer entrevistada por Safeguard Defenders dijo que había sido confinada 20 veces en dichos centros.

Los encarcelamientos tienen lugar tanto en instalaciones médicas generales como dentro de la red de hospitales de Ankang administrados por la policía, diseñados para albergar a delincuentes y sospechosos con problemas de salud mental.

"Los médicos y los hospitales son coaccionados por las autoridades o se confabulan con ellas al permitir que se produzcan estos abusos", denuncia el informe.

Si bien una nueva Ley de Salud Mental prohibió el internamiento de pacientes psiquiátricos sin una evaluación médica, y una Ley de Procedimiento Penal enmendada fortaleció los requisitos de supervisión judicial donde la policía interna a las personas para atención psiquiátrica, poco ha cambiado sobre el terreno, señala el estudio.

"Una vez adentro, las víctimas pueden permanecer allí durante meses, incluso años", advierte Safeguard Defenders. "Nueve víctimas han estado adentro durante más de 10 años. Otras han sido encerradas varias veces".

Casi un tercio de las 99 víctimas entrevistadas dijeron que habían sido confinadas de esta manera al menos dos veces.

"Muchos pacientes sufrieron abusos físicos y mentales", dijo el grupo. "Fueron sometidos a una dolorosa terapia electroconvulsiva, a menudo sin anestesia, atados a sus camas donde los dejaron durante horas humillados en sus propios desechos, golpeados y aislados".

A las personas encarceladas por "enfermedad mental" también se les niega el contacto con familiares o abogados, incluso por teléfono.

Y sus problemas no terminan una vez que salen. Víctimas sufren "graves traumas físicos y psicológicos" que incluyen pérdida de peso dramática, cicatrices y atrofia muscular por negligencia y maltrato.

"La medicación forzada también ha dejado cicatrices mentales duraderas que incluyen signos de demencia incluso en víctimas jóvenes, terrores nocturnos, temblores y pensamientos suicidas", subraya Safeguard Defenders.

El grupo ha pedido a la comunidad internacional que "preste atención una vez más a este grave abuso de los derechos humanos" y al gobierno chino a poner fin a la práctica y a cerrar los hospitales de Ankang.

El jurista radicado en EEUU, Chen Guangcheng, dijo que el "tratamiento" psiquiátrico forzado se usa con frecuencia para atacar a disidentes y opositores.

El Partido Comunista de China ha estado usando esta alternativa “durante mucho tiempo", dijo Chen a RFA. "Si no pueden reprimirlos con detenciones y acoso, en su lugar hacen esto".

"La policía tiene el poder de decidir si estás enfermo y decidir enviarte a un hospital psiquiátrico, e incluso decidir el diagnóstico que te dan", precisó. "El hospital adapta el diagnóstico a las necesidades del Partido Comunista, para que los defensores de los derechos humanos puedan ser detenidos y perseguidos a voluntad".

Chen dijo que los cambios a la ley habían hecho poca diferencia.

"No importa cuán bien redactada esté una ley: si no hay controles y equilibrios en su implementación, entonces es inútil", comentó.

La abogada de derechos Wang Yu dijo que representó a un cliente en la ciudad de Harbin hace 10 años en un caso similar.

"Algunos de estos disidentes, peticionarios y defensores de los derechos humanos no han infringido la ley en absoluto, pero han sido declarados enfermos mentales y recluidos en un hospital psiquiátrico, sin el debido proceso ni la aprobación necesaria de las autoridades", declaró Wang. "Es un método particularmente atroz".

Huang Yong, hijo del activista por los derechos de Sichuan, Huang Dingbin, dijo que él y su padre recibieron un trato similar.

"Mi padre fue detenido el 5 de septiembre de 2008 y recluido durante 43 días en un hospital psiquiátrico", dijo Huang a RFA. "Básicamente, defendíamos nuestros derechos y hacíamos peticiones".

"Me enviaron a [un hospital psiquiátrico] durante nueve días en 2013, 2016 y 2017", dijo. "Tanto mi padre como yo fuimos detenidos muchas veces".

"Mi padre fue a Chengdu para presentar una queja en 2008 a la Comisión Central de Control Disciplinario [del Partido Comunista", dijo, y “luego lo encerraron”.

(Nota de Radio Asia Libre, RFA. Traducido y editado por Luisetta Mudie).

Navalny pide más sanciones contra el gobierno ruso

El presidente de Rusia Vladimir Putin y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el 15 de agosto de 2022. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS).

El opositor ruso Alexei Navalny pidió este miércoles a los países occidentales que emitan sanciones más duras contra los oligarcas rusos mientras continúa la guerra contra Ucrania, pues a su parecer, el presidente Vladimir Putin y su entorno siguen "saliéndose con la suya".

"La guerra de Putin con Ucrania lleva ya seis meses. Desde el día uno, los líderes occidentales afirmaron con firmeza que los oligarcas y sobornados de Putin se enfrentarían a sanciones y que esta vez no se saldrían con la suya, pero se libraron", escribió en Twitter el prisionero político.

Navalny agregó que existe un amplio consenso en instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Congreso de Estados Unidos para sancionar a los "belicistas", pero en el momento de concretar, "todo se desmorona".

El opositor sugiere sanciones contra al menos seis mil oligarcas que trabajan con Putin, así como una prohibición de entrada a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea por espacio de 20 años, para las personas involucradas en la guerra contra Ucrania.

Navalny se encuentra cumpliendo una pena de nueve años de cárcel por un delito de fraude fiscal.

Madre deja muy claro a las autoridades cubanas que su hijo no va al Servicio Militar (VIDEO)

Raisa Velázquez muestra nueva citación a su hijo para el Servicio Militar. (Tomada de Facebook)

“Después que me citaron, después que dije que el niño no se va a presentar, que no estoy de acuerdo con este sistema, que no creemos en el Servicio Militar obligatorio, me vuelven a traer otra citación para el niño”, denunció en redes sociales la cubana Raisa Velázquez, madre del menor Josué Menéndez.

No es la primera vez que la madre denuncia esta situación.

En la transmisión en vivo compartida en Facebook por la consultoría jurídica independiente Cubalex, Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, recordó las controvertidas palabras de Yisel González García, funcionaria cubana ante Naciones Unidas, donde aseguró que el Servicio Militar en Cuba era “voluntario”.


La citación al menor está fechada para el próximo lunes, 22 de agosto, y la mujer dijo que no sabe “cómo hacerles entender (a las autoridades) que no estamos de acuerdo con este sistema”.

Tras reafirmar no estar de acuerdo con la obligatoriedad del Servicio Militar, la mujer asevera que “después de esto que pasó en Matanzas, con tantos niños muertos, menos que menos”, refiriéndose a los jóvenes reclutas sin experiencia que habrían sido puestos en primera línea a combatir el fuego desatado en la Base de Supertanqueros de Matanzas, que duró del 5 al 11 de agosto.

Con el estallido del primer tanque, declararon como desaparecidas a catorce personas, presuntamente bomberos, entre los que estarían varios reclutas del Servicio Militar Activo (SMA), según denuncias de familiares y allegados. La información no ha sido confirmada de manera oficial, ni se ha identificado a los desaparecidos.

“¡Ya está bueno ya! ¡Está bueno ya!”, enfatizó la mujer.

El pasado 24 de junio, Velázquez publicó un post, también en Facebook, anunciando que a su hijo Josué estaban al citarlo para pasar el SMA, y desde entonces advirtió que el menor no asistiría.

La madre compartió entonces el video de la presentación ante la ONU de González García y expresó: “Madres cubanas, no sé ustedes, ya yo dije mi última palabra”.


La semana pasada, el diario digital independiente 14ymedio hizo públicas en su cuenta de Twitter las imágenes de los jóvenes reclutas del SMA que familiares aseguran forman parte de los 14 desaparecidos en el incendio de la base de almacenamiento de combustible de la zona industrial de Matanzas.

Mientras, activistas y otros miembros de la sociedad civil cubana usan la etiqueta #NoAlServicioMilitarObligatorio en una campaña en redes sociales y lanzan una petición en la plataforma Change.org que busca firmas para exigir al gobierno de la isla el fin del Servicio Militar Activo (SMA) con carácter obligatorio.

Hasta el momento de redactar esta nota, la petición sobrepasaba las 3 mil firmas.

Informe de la ONU denuncia que el trato a los uigures in Xinjiang, China, podría ser una forma moderna de esclavitud

Musulmanes en la India denuncian represión a los uigures en China. (Punit Paranjpe/AFP).

Un informe de Naciones Unidos advierte que las minorías en la región china de Xinjiang se ven obligadas a trabajar en contra de su voluntad y enfrentan violencia física y sexual y "otros tratos inhumanos o degradantes" en lo que puede constituir una forma moderna de esclavitud, reportó Radio Asia Libre, RFA.

En el informe de 20 páginas, Tomoya Obokata, relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, dijo que los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas estaban siendo utilizadas como mano de obra forzada en sectores como la agricultura y la manufactura.

Los miembros de estos grupos son detenidos y sujetos a colocaciones laborales bajo el sistema de educación y capacitación de habilidades vocacionales exigido por el Estado y un programa de alivio de la pobreza que coloca a los trabajadores rurales excedentes en sectores con escasez de empleados.

Existen medidas similares en el vecino Tíbet, donde un extenso programa de transferencia de mano de obra ha desplazado a los granjeros, pastores y otros trabajadores rurales tibetanos a trabajos poco calificados y mal pagados, según el informe, que se publicó para la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 12 de septiembre al 1 de octubre.

"Si bien estos programas pueden crear oportunidades de empleo para las minorías y mejorar sus ingresos, como afirma el gobierno, el relator especial considera que los indicadores de trabajo forzoso que apuntan a la naturaleza involuntaria del trabajo realizado por las comunidades afectadas han estado presentes en muchos casos”, dice el informe en referencia a Xinjiang.

El documento añade que los trabajadores soportan "vigilancia excesiva, condiciones de vida y de trabajo abusivas, restricción de movimiento mediante internamiento, amenazas, violencia física y/o sexual y otros tratos inhumanos o degradantes".

Dice que, en algunos casos, las condiciones que enfrentan los trabajadores "pueden equivaler a la esclavitud como un crimen contra la humanidad, lo que amerita un análisis independiente adicional".

El gobierno chino ha retenido a aproximadamente 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas en una amplia red de campos de "reeducación" que, según Beijing, tiene como objetivo prevenir el extremismo religioso y el terrorismo en la región. El trabajo forzoso u obligatorio ha sido una parte clave de la represión sistemática de los grupos, informa RFA.

El informe de Obokata se produce cuando los grupos de activistas uigures esperan la publicación de un informe atrasado sobre abusos de derechos en Xinjiang por parte de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien originalmente informó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2021 que su oficina estaba cerca de completar su evaluación de denuncias de violaciones de derechos en la región. Tres meses después, un vocero dijo que el informe se emitiría en cuestión de semanas, pero no fue así.

En julio, la oficina de Bachelet dijo que aún se estaba trabajando en el informe y que se publicaría antes de que ella dejara el cargo a finales de este mes.

Bachelet enfureció a los grupos de activistas uigures después de que visitó China, incluido Xinjiang, a fines de mayo, repitiendo la afirmación de China de que los campos de internamiento, a los que Beijing se refiere como centros de formación profesional, habían sido cerrados. Los grupos denunciaron el viaje como una oportunidad de propaganda que permitió a China encubrir sus crímenes contra la humanidad y el genocidio contra los uigures.

Estados Unidos y las legislaturas de varios países occidentales han declarado que la represión de China en Xinjiang constituye un genocidio y un crimen contra la humanidad.

"La publicación del informe de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud es muy importante en un momento en que China está haciendo todo lo que está a su alcance para suprimir la publicación del informe uigur por parte de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU", dijo Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur (WUC), a RFA.

Los hallazgos del informe de Obokata de que el trabajo forzado, e incluso la esclavitud, existen en Xinjiang demuestra "los crímenes que China está cometiendo contra los uigures", afirmó Isa.

Campaign for Uyghurs (CFU), con sede en Washington, DC, dijo que el informe era una "evaluación extremadamente importante y completa".

"Durante años le hemos estado diciendo al mundo que China utiliza la esclavitud uigur como una herramienta esencial para estimular la economía de China y convertir el genocidio uigur en curso en una empresa rentable", dijo Rushan Abbas, director ejecutivo de CFU, en un comunicado.

"Es un alivio ver que las Naciones Unidas finalmente reconoce hasta qué punto se están cometiendo estas atrocidades", comentó. "Ahora se necesitan acciones tangibles para responsabilizar al Partido Comunista Chino por estos crímenes en base a estos hallazgos recientes".

Adrian Zenz, investigador de la Fundación de las Víctimas del Comunismo con sede en Washington, DC, y experto en la región de Xinjiang, calificó el informe como "una declaración fuerte" en la que el relator expresó que hay "pruebas razonables para concluir que el trabajo forzoso se lleva a cabo en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y que existe un programa similar en el Tíbet".

"Y luego dice que en algunos casos la situación puede equivaler a la esclavitud como un crimen contra la humanidad", dijo a RFA. "Esa es la forma más fuerte. Esta es una especie de evaluación formal a un nivel muy alto".

Zenz señaló que el informe de Obokata llega casi cuatro días después de que China ratificara dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso, uno de los cuales está diseñado para contrarrestar el trabajo forzoso patrocinado por el Estado, prohibiendo su uso con fines políticos y de desarrollo económico.

La otra convención prohíbe el uso de trabajo forzoso en todas sus formas y requiere que los Estados miembros castiguen las prácticas de trabajo forzoso como un delito penal.

(Traducido por RFA Uyghur. Escrito en inglés por Roseanne Gerin).

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