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Cuba

Hasta 10 años de cárcel para quienes reciban financiamiento del extranjero en Cuba

Una patrulla de la policía vigila el Malecón de La Habana. YAMIL LAGE / AFP

El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.

“Yo creo que este es un movimiento del régimen que, sin duda, se circunscribe en la búsqueda de nuevos mecanismos para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o, sencillamente, de linchamientos en los medios de propaganda, donde, desde hace muchísimo tiempo, se cataloga como mercenario a cualquiera que disienta de la política oficial”, indicó el abogado Eloy Viera Cañive desde Canadá.

“Lo que hace es contribuir a la ampliación del inventario de herramientas con las que cuenta el régimen para practicar la represión por motivos políticos y además se encadena con otros intentos regionales, como pudieran haber sido el de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que también han tratado de tener leyes de este tipo que criminalicen los financiamientos como principal objetivo para desarticular la sociedad civil crítica a los gobiernos de turno”, explicó.

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Se trata del Artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado" del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular:

"Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".

“La introducción de esta nueva figura saca la discusión del ‘mercenario’ del conflicto bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea me refiero al financiamiento: la Ley 88. Esta nueva formulación establece que no sólo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado nacional o extranjero, o sea, es sancionable casi cualquier cosa”, explicó Viera Cañive.

Juan Pappier, experto de Human Rights Watch, consideró que el lenguaje de la propuesta es ambigua, lo que permitiría al régimen abusar de esta nueva herramienta legal.

De ser aprobado el Código Penal presentado, el sistema comunista de la Isla tendría otro recurso para encarcelar a periodistas independientes y opositores, activistas, a otros actores inconformes con las políticas del Estado cubano o a cualquiera que según el criterio oficial promuevan “actividades contra el Estado”.

En silencio ...

“Es una maniobra que pretende hacer, además, en silencio, porque al mismo tiempo que se promueve la consulta del Código de la Familia, el Gobierno maneja también la aprobación de una de las normas medulares para legitimar la represión, que es precisamente el Código Penal”, apuntó el jurista Viera Cañive.

La “propuesta” de reglas penales emplea términos generales que profundizan la inseguridad jurídica y que permitirían al sistema coercitivo cubano describir como “financiamiento” hasta la más simple muestra de apoyo.

“Adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender como financiamiento desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa; pasando, por supuesto, por el acceso a grants y fondos de mayor calado”, subrayó Viera Cañive.

Durante más de seis décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.

“Esto que estamos viendo es muy grave. Existía la amenaza, porque la Ley 88, la Ley Mordaza sigue vigente, pero esto es un recrudecimiento aún mayor de esta Ley 88 y además la intensificación de la represión contra todo el posicionamiento independiente”, denunció desde la capital cubana, la periodista independiente Camila Acosta.

Las autoridades cubanas solo reconocen a los periodistas oficialistas y califican a los independientes como "mercenarios”, acusándolos de “usurpación de funciones”.

“La oposición, la disidencia, toda la sociedad civil independiente, como hemos visto, han florecido en los últimos años. Pues esta es la respuesta: aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, hace peligrar a la dictadura”, puntualizó la comunicadora.

“No basta que seamos profesionales, que enfrentemos esta situación con la verdad. Para ellos, el que mostremos al mundo la realidad cubana, es suficiente para ir contra nosotros”, recalcó Acosta.

En la mayor parte del mundo, no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto de organizaciones como individuos para desarrollar proyectos dentro de la Sociedad Civil.

Es un hecho común el soporte de organismos internacionales y gobiernos a las organizaciones de derechos humanos de cualquier zona del orbe para consolidar sus operaciones, desplegar iniciativas y fortalecer sus capacidades.

“Yo he estado en conferencias sobre los derechos que tienen grupos, personas en particular, a recibir financiamiento para desarrollar sus ideas, expandir su mensaje, etc. Claro, permitir esto dentro de Cuba sería como permitir la competencia política", señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.

“El castrismo va, una vez más, a demonizar, pero esta vez asentándolo en su paquete de leyes espurias que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento, con toda la ambigüedad que le va a permitir hacer una selección de quiénes irán a la cárcel o quiénes aparecerán con multas y creo que esto tiene como objetivo, lograr que la oposición, o lo que queda de oposición, o nuevos actores que surjan, tomen la decisión de irse o de, finalmente, estar tranquilos aquí dentro porque la espada de Damocles de ir preso está más que probada por estos días”, expresó.

“La gran ironía es que el castrismo no quiere que se financien proyectos que cuestionen su legitimidad, su eficiencia. Sin embargo, el castrismo debe su supervivencia al primer mundo, a las democracias, al exilio que vive en el capitalismo. Ojalá que este reciente intento por sofocar posturas democráticas sirva para que muchas democracias rompan, diplomáticamente, con el castrismo, retiren sus embajadas y comiencen una campaña para que las empresas extranjeras, que dentro y fuera de Cuba están aportando ganancias a la dictadura, tengan que parar porque están siendo cómplices del avasallamiento de este pueblo por 63 años ya”, concluyó Fuentes.

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Experto analiza retos de empresas privadas en Cuba

Los permisos para crear mipymes incluyen actividades vinculadas al hospedaje, los servicios de belleza, producción de alimentos, proyectos de desarrollo local, manufactura, informática, actividades logísticas y de transporte, entre otras.

Cuba aprobó esta semana 180 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas (MIPYMES). Con estas suman 4.651 las empresas que han recibido la autorización del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) tras más de 50 años prohibidas.

“Lo cierto es que estas empresas privadas nacionales se enfrentan a un elevado proceso inflacionario y, dicho sea de paso, un proceso inflacionario inducido por parte de las autoridades cubanas, que ahora han colocado una tasa de 120 pesos cubanos para la compra de divisas, por parte del sistema bancario y financiero en la Isla, aplicando un 2% de margen comercial para todas las divisas y específicamente en el caso del dólar un 8 por ciento”, indicó el asesor de emprendimientos, Angel Marcelo Rodríguez Pita, desde La Habana.

“Se enfrentan, también, a la inexistencia del mercado mayorista y tienen que importar la mayoría de los insumos y materias primas con los cuales se van a desenvolver dentro del mercado interno”, comentó.

De la cifra total, 4.544 son privadas, 51 estatales y 56 son cooperativas. El 53% son transformaciones de negocios que ya existían y el 47% son nuevos emprendimientos.

“Hay otros elementos como el tema del control de las divisas en el mercado que ejerce el sistema bancario y que ese sistema bancario está atado también al grupo GAESA. Puedo recordar que la empresa REDSA pertenece a ese grupo empresarial que está en manos de las Fuerzas Armadas”, apuntó el especialista.

GAESA (Grupo de Administración Empresarial, SA) es la entidad más poderosa económicamente de Cuba porque controla las empresas más importantes del país.

Según el MEP, las mipymes admitidas podrán generar 79.641 nuevos puestos de trabajo.

Los permisos para crear mipymes y cooperativas incluyen actividades vinculadas con el hospedaje, los servicios de belleza y a edificios e instalaciones industriales, producción de alimentos, proyectos de desarrollo local, manufactura, informática, actividades logísticas y de transporte, entre otras.

“Otros aspectos para un análisis mayor y entender claramente el fenómeno, son las cuestiones concernientes a los procesos de relación con la inversión extranjera. Y ojo aquí, el gobierno cubano ha dicho en la Asamblea Nacional, por boca del Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca, que se hará una reforma de la Ley 118 de 2014 sobre la inversión extranjera y por tanto se va a dar posibilidad a la creación de sociedades anónimas que contengan participación, tanto del sector privado nacional como de los inversores extranjeros”, señaló Rodríguez Pita.

La CIDH otorga medidas cautelares a Luis Robles, el joven de la pancarta en el Boulevard de San Rafael

Luis Robles, manifestándose pacíficamente en Centro Habana poco antes de ser arrestado por la policía política en diciembre del 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió acoger este martes una solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui.

Mediante la Resolución 41 de 2022, la entidad continental adscrita a la OEA busca la protección de Robles Elizástegui, por considerar que se encuentra privado de libertad “en una situación de gravedad y urgencia puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.

El joven fue condenado a 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia luego de que el 4 de diciembre de 2020, protestara en solitario en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con una pancarta escrita a mano que decía "Libertad no más represión” y “Free Denis”, en referencia al rapero encarcelado Denis Solís, quien ahora se encuentra en el exilio.

La organización indica que Robles “estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica a la fecha”.

“Sus familiares y abogado alegaron dificultades para mantener contacto y realizar visitas, así como obtener información sobre su condición de detención y de salud” y “ha sufrido actos de agresión por agentes penitenciarios en la cárcel”, apunta la nota de prensa de la CIDH.

Robles padece de gastritis crónica, enfermedad para la que necesita medicamentos que no le han sido proporcionados en la prisión.

En su comunicado, la Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el Reglamento.

No obstante, la organización demandó del gobierno cubano que se asegure que las condiciones de detención de Robles sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia: que se le brinde la atención médica que requiere, que se permita la visita regular de familiares y abogado, que se valore la aplicación de alguna medida alternativa a la privación de libertad y que se adopten acciones frente a las amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en contra del prisionero político.

Asimismo, la CIDH pide al Estado cubano que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Activista es amenazado y sancionado por denunciar irregularidades en redes sociales

El activista cubano Adelth Bonne Gamboa tiene prohibido salir de Cuba y ha sido amenazado con el nuevo código penal.

La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Adelth Bonne Gamboa si continúa denunciando la situación de la isla en sus redes sociales.

Bonne Gamboa relató a Radio Televisión Martí que la Seguridad del Estado lo amenazó con aplicarle una ley del nuevo Código Penal.

Además, el agente "Osvaldo", quien llevó a cabo el interrogatorio de más de una hora este miércoles en La Habana, le notificó que se encontraba regulado y que solo podía salir del país cuando la Seguridad del Estado revirtiera esa medida. "Según él era que voy a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la Seguridad del Estado le diera la gana", denunció el opositor.

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"El oficial Osvaldo es un tipo que intenta ir por la tónica de 'agente de la Seguridad del Estado amigable' pero cuando le haces frente y no haces silencio a su discurso de que 'ellos son buenos y nosotros los malos', se deja ver todo el odio y el desprecio que en realidad siente hacia las personas que reprime", denunció Bonne Gamboa en su perfil de Facebook.

Bonne Gamboa explicó que en la citación, que se llevó a cabo en la zona de los calabozos de la unidad policial de Aguilera en La Habana, el agente intentó disfrazar las intimidaciones en "consejos". "Fue básicamente eso, la típica amenaza de que me voy a complicar, de que ellos lo que quieren es ayudar".

A pesar del acoso del régimen, el activista dijo que no va a parar de denunciar y defender sus derechos. "Qué tomen la medida que quieran", con sus acciones demuestran que son "una dictadura", afirmó el opositor.

Legisladores demócratas advierten que Cuba necesita más ayuda para enfrentar las crisis de los incendios y la escasez

Trabajadores sentados frente a un cartel del gobierno en Matanzas, Cuba, el 10 de agosto de 2022. (Reuters/Alexandre Meneghini).

"Estamos profundamente preocupados por el desastre humanitario que se desarrolla en Matanzas, Cuba, a menos de 150 millas de nuestra frontera. Crisis como éstas exigen una respuesta urgente y significativa de los países vecinos", declararon este miércoles los representantes del Congreso de Estados Unidos, Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Meeks.

"Hoy, hacemos un llamado a la administración Biden para que ofrezca de inmediato la asistencia apropiada para facilitar los esfuerzos de respuesta internacional luego de las explosiones en la Base de Superpetroleros en Matanzas”, subrayaron los tres legisladores demócratas en un comunicado.

“También instamos a la administración a suspender cualquier sanción relevante para acelerar tal respuesta, y para brindar ayuda humanitaria muy necesaria a los cientos de ciudadanos cubanos afectados por esta crisis, así como a los muchos más que enfrentan crisis múltiples y en cascada en Cuba, incluida la escasez de alimentos, energía y medicamentos”, afirmaron McGovern, Lee y Meeks.

Cuba ya carece de recursos y podría ser empujada “hacia el borde del abismo”, advirtieron. “Ahora es el momento de dejar la política a un lado y priorizar el compromiso humanitario, la protección ambiental y la cooperación regional”.

Por su parte, el Departamento de Estado ha reiterado que existe una vía para viabilizar exportaciones y ayuda humanitaria a Cuba, y ha exhortado a personas, organizaciones y bancos a contactar con el Buzón Humanitario para Cuba (CubaHumanitarian@state.gov). "Nuestro equipo es un gran recurso para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder a cualquier pregunta”, informó en la red social Twitter la embajada estadounidense en La Habana.

Siguen creciendo las exportaciones de pollo de EEUU a Cuba

Cubanos compran pollo en un supermercado en La Habana. (Reuters/Sarah Marsh).

Estados Unidos sigue incrementando sus exportaciones de pollo a Cuba.

Entre enero y junio se alcanzó el segundo mejor registro histórico de exportaciones de pollo estadounidense hacia Cuba, con 141 mil toneladas a un valor de 129,3 millones de dólares, informó el economista cubano Pedro Monreal basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Esas cifras solo fueron superadas en el primer trimestre de 2021, cuando Estados Unidos exportó a Cuba 163 mil toneladas de pollo a 149,4 millones de dólares.

Monreal reportó en Twitter que estas exportaciones dieron un salto en junio de 62,5% en cuanto a las toneladas y de 58% en cuanto al valor, en relación con el mes anterior.

"Se registró una ligera reducción del valor del kilogramo del pollo estadounidense exportado a Cuba en junio de 2022 (1 USD) en comparación con el nivel de 0,97 USD/kg en mayo de 2022", agregó Monreal.

Las exportaciones anuales de pollo de EEUU a Cuba han sido:

  • 2017: 165 millones de toneladas
  • 2018: 155 millones de toneladas
  • 2019: 190 millones de toneladas
  • 2020: 144 millones de toneladas
  • 2021: 280 millones de toneladas

En abril, Paul Johnson, director de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba (USACC), dijo a Radio Martí que podría duplicar este año la exportación de productos agrícolas estadounidenses a Cuba.

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