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América Latina

Tres días de duelo en Haití por las víctimas del ciclón Matthew

HAITÍ CONTINÚA EVALUANDO DAÑOS Y VÍCTIMAS DEL HURACÁN MATTHEW

El número total de víctimas aún no se había determinado el domingo con exactitud, y había discrepancias en las cifras divulgadas.

Haití comenzó el domingo tres días de duelo nacional por los cientos de víctimas que dejó el huracán Matthew, sobre todo en el suroeste del país, donde la ayuda humanitaria comienza a llegar a cuentagotas.

El presidente Jocelerme Privert emitió la noche del sábado un decreto en el que establece que durante los tres días de duelo los centros de diversión deberán permanecer cerrados y la bandera a media asta.

Los días de duelo fueron declarados "para asociar el país al duelo de padres y amigos de los desaparecidos" por el paso del huracán, que azotó al país la semana pasada cuando había alcanzado la categoría 4, de 5, en la escala Saffir-Simpson, informó la presidencia en su cuenta en Twitter.

El número total de víctimas aún no se había determinado el domingo con exactitud, y había discrepancias en las cifras divulgadas.

La dirección de protección civil informó el domingo que hasta el sábado se había reportado la muerte de 336 personas y unas 60.000 personas damnificadas permanecían en albergues.

En cambio, Guillaume Silvera, miembro de la dirección de protección civil en la provincia de Grand-Anse, que fue la más afectada por el meteoro, dijo el sábado que sólo en esa zona había 522 muertos confirmados, sin contar aquellos en los pueblos remotos a donde no han llegado aún los rescatistas porque las carreteras y puentes quedaron destruidos.

En Grand-Anse se ubica la localidad de Jeremie, donde miles de casas quedaron completamente destruidas.

El ministerio de Educación indicó que al menos 300 escuelas habían sido dañadas.

Una pequeña pista aérea a la orilla del pueblo de Jeremie trabajaba sin cesar. Los convoyes de ayuda llegaban desde la capital de Haití ahora que algunos caminos dañados por el huracán Matthew han quedado despejados. Una barcaza cargando agua y alimentos está anclada en este poblado costero.

La respuesta internacional al impactante golpe propinado por Matthew en el suroeste haitiano finalmente estaba en camino el domingo a pesar de que las autoridades todavía tratan de evaluar la extensión de daños y muertes.

"Está comenzando la recolección ahora", dijo Stephane Rolland, coordinadora regional para la Federación Internacional para la Cruz Roja mientras los trabajadores descargaban mantas, jabón y otros artículos básicos que se necesita en Jeremie.

Los dos primeros de aviones de carga con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos arribaron el sábado al aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, donde el embajador estadounidense Peter Mulrean informó que su país enviará otros cinco aviones con un total de 480 toneladas de productos para los damnificados.

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Un año de violencia letal contra la prensa

En Managua, venta del diario La Prensa. (AP/Ariel Leon).

Este 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 38 periodistas asesinados en la región.

Así lo señaló este lunes Paula Roko, coordinadora en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión con representantes de medios, Gobiernos y entes reguladores en Washington.

"La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional", dijo Roko, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Los ataques contra la prensa se dan en un ambiente en que políticos y funcionarios de los propios Gobiernos hablan de manera "estigmatizante" sobre los profesionales de la comunicación, apuntó la experta.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95% de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

"Requerimos acciones", sentenció Cardozo, quien pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

El responsable de Fepalc citó "el clima de impunidad, el avance del crimen organizado y la permanente represión a quien investiga" como algunos de los factores de violencia contra los reporteros.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó este lunes los ataques a la prensa y rechazó "cualquier forma directa o indirecta de restricción" contra la libertad de expresión.

"El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos", dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

Litigio territorial entre Colombia y Nicaragua: ¿qué esperar?

Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. (REUTERS/Yves Herman//File)

BOGOTÁ — El lunes 5 de diciembre comienzan las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, relacionadas con la “delimitación de la plataforma continental” entre ambos países, “más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense".

En el 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera está relacionada precisamente con la plataforma y, la segunda, por “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua contra Colombia)”.

En esta última, la Corte aceptó tener una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago, y rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto; sin embargo, hizo énfasis en que la nación suramericana no podía emitir permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.

Argumentos de parte y parte

Los nicaragüenses buscan que la Corte les reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa; es decir, el derecho a más espacio marítimo.

En este sentido, que se establezca el curso preciso o los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental, que le corresponden a cada uno, más allá de las fronteras fijadas por la Corte, en su fallo del 19 de noviembre de 2012.

Según un explicativo de la Cancillería colombiana, el país “ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”.

Colombia, agrega el texto, demostró que tiene “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”. En este último caso, Nicaragua había presentado una pretensión en el sentido de que la Corte fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero esta pretensión fue descartada por el tribunal, en la sentencia del 17 de marzo de 2016, al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.

De esta manera, tanto Colombia como Nicaragua responderán ante el tribunal por dos temas claves: los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial ,más allá de las 200 millas náuticas de un país, y la determinación de las líneas base, a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que reclama Nicaragua.

Excepciones preliminares

En este caso, Colombia presentó excepciones preliminares el 14 de agosto de 2014. Entre el 5 y 9 de octubre de 2015, se realizaron las audiencias públicas orales, en La Haya, sobre dichas excepciones preliminares.

En marzo de 2016, La Corte falló sobre excepciones preliminares, le dio la razón a Colombia, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes.

Sobre la pretensión nicaragüense para que se le reconozcan derechos sobre el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, la mitad de los jueces de la Corte le dio la razón a Colombia de que Nicaragua ya lo había solicitado y se había rechazado, lo que evitaba una nueva discusión. Pero el empate requirió el voto dirimente del presidente de la CIJ (situación que hasta entonces sólo había ocurrido dos veces en la historia), decidiendo que el tribunal sí tenía competencia para estudiar la demanda de Nicaragua.

¿Qué viene?

Durante una semana, Nicaragua y Colombia presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones, y lo propio hará Colombia, quien presentará sus argumentos contra las demandas del país centroamericano. Las audiencias serán públicas y serán transmitidas en vivo y en tiempo real, a través de la página de la ONU.

Según la cancillería Colombia, hasta que no finalicen las audiencias orales, los Estados permanecen en total reserva para no afectar la estrategia jurídica de cada parte.

El equipo jurídico de Colombia estará liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, agente; los coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor; el asesor Gabriel Cifuentes, asesor y Andrés Villegas Jaramillo, Coordinador de asuntos ante la CIJ, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que la Corte anuncie los pasos a seguir en el desarrollo del proceso, de acuerdo con su calendario y procedimiento. El fallo de la Corte podría tomar varios meses.

Cuba, entre regímenes autoritarios de las Américas, según informe global (VIDEO)

Agentes de civil, armados con palos, se dirigen a reprimir una protesta pacífica en La Habana, durante un apagón el 30 de septiembre de 2022.

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de “regímenes autoritarios” de las Américas, según el Estado Global de la Democracia 2022, que detalla un clima generalizado de retrocesos en todo el mundo.

En el caso de Cuba, se observó en 2022 “un grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta”, explicó María Ángeles Morales, analista del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés).

“Hemos visto, desde hace algunos meses, cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. También se intensifica la voz de quienes se manifiestan no solo contra la pobreza, sino contra la falta de atención adecuada ante fenómenos naturales”, añadió Morales en entrevista con Radio Televisión Martí.

IDEA observa “grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta” en Cuba
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IDEA, con sede en Estocolmo, advierte de problemas graves en El Salvador, que “podría convertirse en el futuro en un régimen híbrido o autoritario”, y llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. Afirma que “tres de cada siete” países en retroceso se encuentran en las Américas, “lo que apunta a instituciones debilitadas”.


En cuanto a Estados Unidos, el estudio habla de “declive desde 2016”, especialmente en cuestiones como la “independencia judicial”.

Morales también mencionó “las acciones del 6 de enero de 2021” y el “retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos”.

El informe asegura que “la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones”.

Incluso en Europa, “casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos cinco años”. En Asia-Pacífico, “el autoritarismo se solidifica” y “solo el 54% de la población vive en una democracia”. Mientras tanto, en África, países como Gambia, Níger y Zambia “están mejorando su calidad democrática”.

“Globalmente, vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un deterioro que, en muchos casos, tiene que ver con el descontento y cómo este ha sido atendido por los gobiernos y las instituciones”, concluyó Morales.

De nuevo, régimen de Nicaragua cancela más de 100 ONGs

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, en una foto de archivo. (AP Foto/Ismael Francisco).

El Gobierno de Nicaragua canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.

La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel.

Supuestamente, las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.

A través de una declaración pública, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria.

Según ese organismo humanitario, el propósito del Gobierno de Daniel Ortega "es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente, y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense".

"Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas. Exigimos el cese de la represión", añadió ese Colectivo.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.

Costa Rica creará en 2023 categoría especial para migrantes de Cuba

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

Costa Rica emitió medidas que restringirán el acceso al refugio, anunció el miércoles Rodrigo Chaves, presidente del país centroamericano, en un intento por reducir las crecientes solicitudes de ese estatus, principalmente de nicaragüenses y venezolanos.

La nueva política contempla prohibir la salida del país a cualquier solicitante de refugio, rechazo a peticiones cuando migrantes tengan más de un mes en Costa Rica y la obligación de cotizar en sanidad social para tener derecho a renovar el permiso de trabajo.

"A veces la gente abusa de la generosidad. Teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio de tipo político, para poder trabajar en el país", dijo Chaves en conferencia de prensa.


El decreto, firmado por Chaves y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, también contempla negar el estatus de refugio a quienes previo a llegar a Costa Rica hayan cruzado por países considerados seguros.

Autoridades costarricenses han dicho que intentan reducir el volumen de peticiones de refugio, las cuales superaron las 222,000 desde 2018, una por cada 23 habitantes.

Desde ese año han aumentado las solicitudes, principalmente debido a la represión en Nicaragua contra protestas sociales.

Recientemente también aumentaron las peticiones de migrantes venezolanos. En octubre alcanzaron los 407 registros, el doble del mes anterior, según cifras oficiales. El mandatario advirtió que entre el 80% y 90% de los solicitantes de refugio no cumplen los requisitos para esa categoría migratoria.

En otro decreto, Chaves anunció que a partir de marzo de 2023 se creará una categoría especial para migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en suma acreditan el 96% de solicitudes de refugio. El proyecto tendrá vigencia de un año.

El nuevo acuerdo también aplicará para quienes tengan pendiente una solicitud de refugio planteada entre enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 o a quienes se les haya denegado, a fin de que desistan de la protección de tipo político y puedan regularizar su permanencia en el país mediante estatus laboral.

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