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América Latina

Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al comandante militar, General Luis Fernando Navarro, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de agosto de 2022. (César Carrión/Colombian Presidency/Handout via REUTERS).

Gustavo Petro se convirtió este domingo en el 42 presidente de Colombia, en una toma de posesión catalogada como histórica, no solo por ser el primer presidente de izquierda del país suramericano, sino porque recibió la banda presidencial con el apoyo de organizaciones feministas, de izquierda, indígenas, afrodescendientes, sindicales y étnicos, y de una mayoría en el Congreso.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro, de 62 años, caminó rumbo a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa y sus hijos. Con el canto al unísono "¡Sí se pudo, sí se pudo!" y "Petro, amigo, el pueblo está contigo", la ciudadanía saludó al presidente.

Tras el himno nacional, Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, tomó juramento al nuevo mandatario. La senadora izquierdista María José Pizarro, en medio de lágrimas, le impuso la banda presidencial.

"Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar", dijo el nuevo presidente de Colombia.

El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.
El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.

En su discurso inaugural, Petro invitó a los grupos armados “a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y a “aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”.

Además, Petro señaló que es necesario cambiar la política contra las drogas. "Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año, que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados" y "ha llevado a los Estados a cometer crímenes”, agregó.

El nuevo presidente enumeró una serie de propuestas de su gobierno, entre ellas varias reformas a la salud, tributarias, a las pensiones y la educación, y dijo que ha "priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales".

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos”, agregó, al señalar que la desigualdad que vive el país es “aberrante”.

El mandatario también recalcó la importancia de la igualdad de género, del cambio climático y el cuidado de la selva amazónica.

Sobre una tarima en frente del Congreso, cuyas columnas fueron adornadas con flores y plantas exóticas, el líder de la izquierda pidió que hiciera presencia la espada de Bolívar -robada el 17 de enero de 1974 por la guerrilla del M-19 y entregada tras pactar la paz, en 1990- como símbolo de la búsqueda de la paz, y posteriormente tomó juramento de la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, Francia Márquez.

El evento de toma de posesión contó con la participación de 60 delegaciones nacionales e internacionales. Unas 100.000 personas y 1.000 artistas participaron.

Desde horas de la mañana, diferentes grupos de danza y música actuaron en tarimas dispuestas en inmediaciones de la plaza, donde los ciudadanos disfrutaron de ritmos folclóricos.

Luis Carlos Montenegro, representante del movimiento "Vamos por los derechos" dijo que vivió el evento “con alegría, con festividad, con colores” y que velarán porque se respete los derechos de activistas y defensores de derechos humano en su país.

La colombiana Sara Cruz le dijo a la VOA que ahora van a lograr “lo que hemos soñado durante muchos años”.

La joven Catalina Frayle señaló que “hay mucha felicidad. Los jóvenes estamos muy conscientes de todos los años que hemos intentado que esto cambie, y es emoción, es felicidad de sentir que vamos a llegar a un mejor lugar”.

Antes de la asunción oficial, Petro asistió a varias ceremonias simbólicas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, los indígenas aruhacos le dieron su “bendición”. Uno de los mamos -la máxima jerarquía de la comunidad- le pidió dar respuesta a las demandas de la sociedad y le entregó un bastón que representa la sabiduría.

Entre los invitados estuvieron el Rey Felipe VI de España; los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; el canciller de Brasil, Carlos Alberto França; el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Jr. y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, entre otros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado dadas las profundas diferencias políticas con Duque.

Por Estados Unidos asistió Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

El dispositivo de seguridad para la posesión incluyó 15.000 miembros de la Fuerza Pública, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército.

Las propuestas de Petro

La banda presidencial que portará Petro lleva consigo los desafíos de sortear la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Petro prometió una nación con menos desigualdad, que garantizará los derechos de todos sus ciudadanos -especialmente de los más vulnerables- y que dará prioridad al medio ambiente.

Las iniciativas del nuevo gobierno se centran en la justicia racial, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el cuidado de la vida y el territorio.

La economía, la inflación, la inseguridad, la desigualdad, la violación a los derechos humanos y las trabas de acceso a la salud y la educación serán los retos principales del presidente.

Una de sus banderas ha sido conseguir “la paz total”, en un país donde, según cifras de la Comisión de la Verdad, durante cinco décadas de conflicto han sido secuestradas 50.770 personas, 121.768 han desparecido y 450.664 han sido asesinadas.

A pesar de la firma del acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún el país está sumergido en la violencia. Petro ha propuesto iniciar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y someter a la justicia las bandas criminales que se nutren del narcotráfico.

Sus promesas también incluyen una reforma al sistema de pensiones y la suspensión del otorgamiento de licencias mineras en favor de las energías renovables, lo que ha generado polémicas e el gremio empresarial.

Por otro lado, algunos opositores han señalado temores de que con Petro en el poder Colombia se pueda convertir en una "segunda Venezuela”, ya que el exalcalde de Bogotá anunció que restablecerá relaciones con el país vecino.

Analistas dijeron a VOA que con el restablecimiento de relaciones con Venezuela esperan una reactivación económica en la zona de la frontera.

Tras ser elegido, Petro buscó el diálogo con sus críticos y opositores y consiguió una mayoría en el Congreso, necesaria para sacar adelante diferentes reformas, entre ellas la tributaria, que busca aumentar los impuestos a las clases más altas y darle recursos a programas sociales.​

(Con información de la VOA y AP).

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En Nicaragua, el destierro de opositores al estilo cubano

El aeropuerto de Managua, Nicaragua. (Foto de Houston Castillo, VOA)

Salir de Nicaragua para una reunión que sostuvo con la CEPAL en Chile significó el destierro para la activista y feminista María Teresa Blandón, quien al abordar un avión para regresar a su país de destino, le fue denegado el ingreso.

La línea aérea Avianca le informó que el Gobierno de Nicaragua le prohibía su entrada al país, sin dar mayores detalles, dijo Blandón a la Voz de América.

El gobierno nicaragüense busca así "castigar a quienes hemos denunciado la violación sistemática de derechos humanos y exigimos la salida del régimen Ortega-Murillo, y un cambio de rumbo para el país”, señaló la activista, quien dice sentirse desterrada y a quien meses atrás el gobierno le canceló la ONG La Corriente, que dirigía y apoyaba a mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos.

A inicios de junio, la periodista nicaragüense Tifani Roberts, de la cadena Univisión, dijo que se le negó el ingreso al país cuando intentaba retornar para ver a su familia. La aerolínea Avianca le indicó que el gobierno de Nicaragua la había rechazado.

El 27 de septiembre, las autoridades migratorias prohibieron el ingreso al país del religioso Guillermo Blandón, párroco de una iglesia en Boaco, quien regresaba de un viaje por Israel, y al vicerrector de la Universidad Centroamericana, UCA, Jorge Huete. Blandón no está relacionado con la activista María Teresa Blandón.

Periodistas, activistas de derechos humanos, sacerdotes y opositores al presidente Daniel Ortega han denunciado que les han impuesto la misma prohibición de regresar a su propio país, una práctica que recuerda la que utiliza el gobierno de Cuba, aliado de Ortega, como arma política, dijeron analistas consultados por la VOA.

Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, dijo que el gobierno cubano le impide la entrada a los disidentes, y mencionó el ejemplo de Anamely Ramos, líder del movimiento San Isidro de Cuba, a quien las autoridades de la isla no le permitieron retornar tras visitar Estados Unidos en febrero pasado.

Algo similar vivió la periodista Karla Pérez, cuyo caso hizo titulares cuando en marzo de 2021 el gobierno de La Habana le impidió entrar a la isla por sus vínculos con opositores. Actualmente Pérez vive en Costa Rica, donde obtuvo refugio.

El gobierno cubano también le impidió el regreso a la isla a la opositora Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien estaba en tratamiento médico en Estados Unidos, denunció el Centro para una Cuba Libre (CFC) en junio. De acuerdo con el CFC, la opositora llegó al aeropuerto con sus documentos en regla para regresar a su país y una representante de la aerolínea le dijo que no podía abordar el vuelo por instrucciones de Cuba.

De acuerdo con el exdiplomático e historiador cubano Guillermo Belt, en la isla desde hace años el Partido Comunista ha impuesto la práctica de no dejar entrar a ciudadanos críticos del gobierno. Esta práctica viola un derecho humano, que es el derecho a la nacionalidad y a retornar a su propio país, dijo.

Regresar a su propio país "es un derecho que tenemos todos, y que no está sujeto a una autorización del gobierno", dijo Belt. “Yo diría que esto que está poniendo en práctica ahora la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua se parece muchísimo al sistema que impera en Cuba”, señaló.

Prohibiciones para salir del país

En Cuba antes de una reforma migratoria de 2012, se debía realizar una solicitud para viajar al exterior, que era otorgada a discreción de las autoridades. Ahora el gobierno de la isla aplica las llamadas “regulaciones” a determinados ciudadanos, como personal militar y funcionarios con acceso a información sensible, así como a personal de salud y otros profesionales. Los “regulados” tienen que pedir permisos especiales para salir del país que no siempre son autorizados.

En Nicaragua las autoridades han impuesto una medida similar, denunciaron activistas.

En las universidades se debe informar con un mes de anticipación sobre la salida del país de estudiantes y profesores, según una misiva del Consejo Nacional de Universidades dirigida a rectores de universidades.

De acuerdo con la misiva, los avisos de “las salidas por asuntos personales, tales como turismo, visitas a familiares, vacaciones” de los estudiantes se deben hacer con 30 días de anticipación.

La medida se ha extendido a funcionarios y trabajadores de entidades del Estado, según un empleado del Ministerio de Gobernación que habló bajo condición de anonimato.

“Nos prohíben salir, debemos informar minuciosamente a dónde vamos”, dijo.

El Gobierno de Ortega no se ha pronunciado sobre esta medida. Las autoridades de Emigración y Extranjería de Nicaragua y la oficina de la vicepresidencia no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario de la Voz de América.

[Con la colaboración de la periodista de VOA Yeny García, desde Miami]

Diosdado Cabello se convierte en el gran censor de artistas musicales extranjeros en Venezuela

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, considerado el segundo líder político más influyente del chavismo, ha criticado vehementemente a cantantes latinoamericanos, como el colombiano Juanes y el puertorriqueño Luis Fonsi, por su reciente oferta de shows en el país suramericano.

Cabello, quien ejercía como vicepresidente de la República durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril de 2001, ha proferido fuertes reproches e insultos contra al menos cuatro cantantes de talla mundial en su programa semanal "Con el Mazo Dando". Sus opiniones han derivado en la suspensión de conciertos de al menos dos de ellos.

Este año marcó el retorno a Venezuela de artistas de talla internacional, como Alejandro Fernández, Wisin y Yandel, Natti Natasha e Il Divo, luego de casi una década de inestabilidad política con una serie de protestas violentas de calle, la pandemia del COVID-19 y una crisis económica caracterizada por un prolongado ciclo inflacionario.

El primer artista al que Cabello vetó públicamente fue Juanes, el solista que más Grammy Latinos ha ganado (26) y que ha vendido más de 16 millones de discos en todo el mundo.

El vocalista tenía pautado un concierto el 4 de noviembre en Caracas, pero Cabello lo llamó “inmoral supremo” y “gusano” en su programa televisivo del 17 de agosto pasado.

“Juanes, te voy a decir algo: el presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro. El mismo que, según tú, no te dejaba entrar. Es una inmoralidad. Eres un gran inmoral, vienes por dinero, después de decir que no venías a Venezuela, y que cantaste en un concierto donde pedías una invasión al país”, dijo, en referencia a su participación en el Venezuela Live Aid.

“Puede venir”, pero…

Cabello, quien se exculpó por la suspensión del concierto de Juanes y dijo que solo quería recibirlo en el aeropuerto para llamarlo “inmoral” en su cara, arremetió contra Luis Fonsi y Olga Tañón un mes después de hacer lo propio contra el cantante colombiano.

También los llamó “inmorales” en su programa de mediados de septiembre y los acusó de recibir dinero por hablar mal de Maduro y del chavismo en numerosas oportunidades.

Presentó en su programa televisivo el extracto impreso de una entrevista de Fonsi con el diario El Español en abril de este año, donde afirmó que le dio “un parado” a Maduro por querer utilizar su exitosa canción Despacito para propaganda y lo calificó de “dictador”.

Cabello dijo no tener problemas con que Fonsi celebrara sus conciertos pautados en Caracas y el estado Carabobo, pero insistió en llamarlo “inmoral” y mencionó que su país natal, Puerto Rico, era “un cachorrito del imperio”, en referencia a Estados Unidos.

“Él puede venir, en Venezuela no tenemos esos rollos (inconvenientes), pero jamás ni nunca se le podrá quitar que es un inmoral. Esta gente cobraba por decir lo que decían, porque ahora con su cara muy lavada vienen a cantar a Venezuela”, manifestó.

La productora del concierto de Fonsi en Caracas anunció la semana pasada que el evento se postergaba “hasta nuevo aviso”, alegando “cambios inesperados en la logística”.

Cabello denunció en el mismo programa de televisión que Olga Tañón habría dicho que “no venía a Venezuela ni prendida en candela, pues, porque aquí había una dictadura”. La venta de entradas para su concierto del 1 de octubre en el Poliedro de Caracas sigue en marcha, con ofertas que van desde los 25 hasta los 500 dólares.

Amenazas y dineros

Carlos Baute, cantante venezolano que reside en el extranjero desde hace años, es el último artista que Cabello ha criticado públicamente por sus posturas políticas de vieja data.

Lo acusó de querer “buscar plata” a pesar de haber declarado el año pasado que fue “amenazado” por las autoridades venezolanas en su última visita al país.

Baute declaró en octubre pasado a la Cadena SER que autoridades aeroportuarias le transmitieron “una amenaza brutal” durante su última visita a Venezuela, en 2009, advirtiéndole que lo acusarían de narcotráfico al sembrarle cocaína en su equipaje.

“Yo siempre he sido un opositor, no tengo filtro ni pelos en la lengua, he dicho que Maduro es un dictador y muchas otras cosas (…) No puedo volver. Tengo familia, es un país sin ley. Es una dictadura”, confió entonces a una presentadora de la cadena española.

Cabello ironizó la semana pasada sobre ese episodio, asegurando que un trabajador del aeropuerto solo quiso exigirle a Baute el pago “completo” por movilizar sus maletas.

“Doce años después, parece que pasó la amenaza. Yo les voy a decir algo, señores opositores. Es una gente que es desechable absolutamente por sus opiniones, no tienen constancia de nada, y cuando los ponen así entre sus principios y la plata, no hay nada que comparar. Principios y plata, ¿pa’ dónde crees que agarra Carlos Baute? Pa’ la plata”, dijo.

Cabello acaba de ser mencionado en un informe de la Misión para la Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como uno de los máximos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.

Según los investigadores de las Naciones Unidas, el militar retirado codirigió un plan diseñado para atacar a la disidencia mediante torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles. El gobierno venezolano calificó ese informe como un “panfleto”.

Una de las canciones más conocidas de Baute, “Yo me quedo en Venezuela”, fue icónica en las manifestaciones opositoras de calle contra los gobiernos de Chávez y Maduro. Cabello también se refirió a ello. “El ‘bicho’ se les fue y ahora viene a buscar plata. ¿A quién le hace daño, al gobierno, a la revolución? Se hace daño él y a ustedes que creyeron en él”, expresó.

Baute tiene pautados dos conciertos en Venezuela: se presentará el 26 de noviembre en el Hotel Hesperia WTC de Valencia, y al día siguiente en el Eurobuilding de Caracas.

“Después de muchos años sin ir a mi lindo país, Venezuela, llegó el día de contarles que regreso, para reencontrarme con mi gente”, escribió en sus redes sociales el artista, días antes de las críticas en su contra por parte del segundo líder del chavismo.

Nacho, sin permiso

El artista venezolano Nacho suspendió un concierto gratuito previsto para el sábado pasado en la isla de Margarita, en el oriente de Venezuela, debido a que no obtuvo los permisos correspondientes “por orden de arriba”, según denunció en sus redes sociales.

Nacho es uno de los artistas de mayor proyección de Venezuela. Durante años, fue uno de los principales críticos de Maduro entre los cantantes locales. Dio un discurso en 2016 ante la Asamblea Nacional del país suramericano donde denunció los privilegios y lujos que exhibían líderes del chavismo, según su opinión, mientras el pueblo pasaba necesidades.

De acuerdo con la versión que compartió el artista en sus redes sociales, el responsable de la suspensión de su concierto gratuito sería el máximo comandante militar de Margarita.

El cantante venezolano, de 39 años, improvisó en cambio un show la noche del sábado en un sector popular de la isla, repartió decenas de bolsas de comida a los presentes y aseguró que se trató de “uno de los mejores conciertos” que ha tenido en su carrera.

(Voz de América)

Analistas critican declaraciones del canciller de Nicaragua en la ONU

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2022. (Reuters/Eduardo Muñoz).

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, brindó este lunes su discurso en la 77ª Asamblea de las Naciones Unidas reiterando el llamado del presidente Daniel Ortega de respeto a “la soberanía e independencia” de los pueblos y pidiendo que se levanten las sanciones impuestas contra su gobierno, las cuales tildó de “medidas coercitivas”.

El discurso, según los analistas consultados por la Voz de América, “fue repetitivo, pobre y triste”, al no ofrecer una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de cuatro años.

Moncada tampoco se refirió a los más de 200 presos políticos que hay en el país centroamericano, ni a la persecución desatada contra la Iglesia católica. Tampoco de la creciente emigración de nicaragüenses que buscan mejorar sus condiciones de vida.

“El canciller de la dictadura no trajo nada nuevo a la mesa. Ignoró los mensajes enviados por el Vaticano, naciones y organismos de derechos humanos que han pedido la liberación de presos políticos. Para la dictadura los presos políticos no existen al no mencionarlos del todo”, indicó a la VOA el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields.

El canciller Moncada también reiteró el respaldo de Ortega a sus aliados, como Venezuela y Cuba, y apoyó a Rusia, de quien dijo que luchaba “contra el fascismo y por la paz”, pese a que la invasión del Kremlin a Ucrania ha sido cuestionada por la comunidad internacional.

Moncada también extendió palabras para China, nuevo aliado político de Ortega desde finales de 2021, y a quien, según los analistas, ve como un posible sustituto sociocomercial tras las sanciones de Estados Unidos a Managua.

“Nuestro abrazo solidario a la admirable resistencia, y desarrollo justo de la República Popular China, que genera tanta incomodidad, inquietud y envidias, a los enemigos del bien común”, señaló el canciller nicaragüense.

Finalmente el diplomático concluyó el discurso apelando a la independencia y soberanía de Nicaragua, al igual que hicieron los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, Alejandro Giammattei, Nayib Bukele y Xiomara Castro, respectivamente.

Algo que, de acuerdo con el analista salvadoreño Napoleón Campos, experto en temas internacionales, “es un punto común en los libretos de todas las tiranías y regímenes autoritarios en el mundo”.

“El uso de este argumento por los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, nos dice que a ambos les llegó la hora de esa argumentación ante los crecientes señalamientos... por el desmantelamiento democrático, constitucional e institucional; y las graves violaciones a los derechos humanos que ambos perpetran”, sentenció Campos.

El experto enfatizó que Ortega pasa por alto el artículo 46 de la Constitución en el que el Estado de Nicaragua asume la obligación de la protección de “los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Mientras, Bukele –prosigue el analista- no honra el compromiso del Artículo 144 de la Constitución, que establece que los tratados y convenios internacionales celebrados por El Salvador “constituyen leyes de la República”, y que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Organizaciones piden más presión de la ONU por la "persecución a la Iglesia" en Nicaragua

Conferencia de prensa en Nueva York con destacados miembros de organizaciones de derechos humanos que denunciaron la represión contra los miembros de la Iglesia en Nicaragua por oponerse a las políticas del presidente Daniel Ortega.

Hace un mes, el arresto del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, uno de los mayores críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, causó una gran indignación por parte de la comunidad internacional al considerarse que era un “abuso de las autoridades”, informa la Voz de América, VOA.

Ese no ha sido un caso aislado. En los últimos tiempos, varios sacerdotes nicaragüenses, entre ellos Monseñor Silvio Báez o el Padre Edwin Román, se han visto obligados a huir y exiliarse a causa de la fuerte represión que, según denuncian algunas organizaciones, han sufrido por parte del Gobierno de Nicaragua.

Lamentan que el único “delito” que han cometido ha sido el de oponerse públicamente a las políticas del presidente Ortega.

“Se está ensañando en contra de ellos por ser voces, por denunciar esas violaciones a los derechos humanos de la población, y esa es parte de la criminalización a la que están siendo sometidos”, dijo Leyla Prado Vanegas, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa en Manhattan, Nueva York, para denunciar la situación que está viviendo la Iglesia en Nicaragua.

“La situación empeorará”

Advierten que la situación contra los líderes religiosos en el país centroamericano ha empeorado en los últimos meses y que, si no se actúa desde la comunidad internacional, el acoso seguirá agudizándose. Por eso, insisten en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estos días se celebra en su sede principal, en la Gran Manzana, debe servir para presionar a Ortega y buscar una solución.

“Hoy hablamos de una decena de sacerdotes detenidos, pero mañana puede haber más. Es una situación dramática y que genera una enorme incertidumbre y mucho temor”, manifestaba Juan Carlos Arce, abogado y miembro de la organización Nicaragua Nunca +, que también vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el país liderado por Ortega.

La situación no ha pasado desapercibida para los principales organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras naciones han expresado su preocupación por las medidas de Ortega contra todo aquel que se oponga a sus políticas.

Apoyo de Washington, rechazo desde Managua

Estados Unidos por su parte ha mostrado su apoyo total a los miembros de la Iglesia perseguidos en Nicaragua y el compromiso de seguir denunciando estos abusos ante las instancias diplomáticas de alto rango internacional, como la ONU, porque, insisten, se está viendo un agravamiento de la represión.

“El aumento de los ataques contra la Iglesia Católica y sus partidarios es particularmente alarmante. Desde junio, el régimen expulsó por la fuerza a 18 monjas, persiguió a varios sacerdotes católicos hasta el exilio y encarceló a otros seis”, explicó Rashad Hussain, embajador especial de Estados Unidos designado para la Libertad Religiosa Internacional, que también participó en el evento.

Pese a las voces del exterior, el Gobierno de Daniel Ortega acusa a la Casa Blanca y a otros países de mentir sobre la represión contra los opositores en Nicaragua, como los miembros de la Iglesia, activistas o periodistas.

Preocupación en la Asamblea General de la ONU por las crisis en Venezuela y Nicaragua

Migrantes de Venezuela y América Central en Chiapas, México, el 7 de junio de 2022. (AP Foto/Marco Ugarte).

Las crisis humanitarias en Venezuela y Nicaragua, el inédito flujo de migrantes y sus consecuencias para la región estuvieron en la mira de los presidentes latinoamericanos que tomaron la palabra este martes en la apertura de la 77ª Asamblea General de la ONU, donde se alzó un reclamo unánime por el “cese inmediato” a la guerra en Ucrania.

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el más vocal en su crítica al nicaragüense Daniel Ortega, al que denunció por su persecución y encarcelamiento de religiosos católicos que se han opuesto a su administración.

Bolsonaro tampoco se cortó en su rechazo a la gestión de Nicolás Maduro y aseguró que han recibido en Brasil a unos 600 refugiados venezolanos cada día, a quienes han garantizado acceso a “al mercado laboral, servicios públicos y prestaciones sociales”.

En su estreno ante la ONU, el chileno Gabriel Boric, también admitió que la llegada de cientos de venezolanos ha puesto una “enorme presión” a las estructuras de su país y además pidió trabajar “por la liberación de los presos políticos en Nicaragua”.

Boric insistió en que el aplastante rechazo popular a su propuesta de Constitución no era una derrota en sí sino un paso más hacia la democracia, que “consiste en escuchar al pueblo”.

Mientras, el paraguayo Mario Abdo, aseguró que su país impulsó una resolución dentro del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar “a profundidad” las violaciones de DDHH de Venezuela. El mandatario abogó porque las naciones más desarrolladas asumieran “compromisos políticos concretos.

Por el contrario, el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha mostrado su disposición a dialogar con Caracas y Managua, evitó hacer denuncias explícitas sobre Nicaragua y Venezuela y en su lugar centró su primer discurso en la ONU en la guerra contra las drogas en su país y la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Frente unido por Ucrania

Ucrania fue la gran protagonista de la mañana en Nueva York. Cada presidente llamó la atención sobre la necesidad del “cese inmediato” del conflicto y las consecuencias económicas que la “injusta invasión de Rusia” ha causado en el mundo entero.

Para ello pidieron a las Naciones Unidas jugar un papel más protagónico en la resolución “pacífica y diplomática” de la guerra.

“Necesitamos una salida digna de la crisis de Ucrania y solo podrá ser a través de una solución diplomática que sea justa y funcional”, precisó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

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