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América Latina

Gasolina racionada con "carnet de la patria", la nueva política energética de Maduro

El "Carnet de la Patria", un documento al estilo de la libreta de racionamiento cubana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a los dueños de cualquier vehículo en el país acudir a un censo la semana que viene, a través del llamado "carnet de la patria", un instrumento por el que el Gobierno ofrece ayudas sociales, para ir a un "uso racional" de la gasolina.

"Tenemos que ir a un uso racional, justo, siempre justo (de la gasolina), y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor y el carnet de la patria es la respuesta, el censo es la respuesta", dijo durante la instalación del IV congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El jefe de Estado venezolano, que insistió en que debe haber una "política del manejo responsable" de la gasolina, la más barata del mundo, pidió a todo aquel que tenga un carro, moto, transporte público o de carga asistir entre el viernes y domingo de la semana próxima a un censo del carnet de la patria para una "nueva política energética".

"¿Cuánta gasolina se nos va al Caribe? ¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? toneladas, producto de que en Venezuela los hidrocarburos, la gasolina decir que se regala es poco, pagamos por echarla", señaló.

Más temprano un miembro de la dirección del PSUV, Elías Jaua indicó que dentro del partido está debatirse el precio de la gasolina y que para ello hay dos propuestas: "el aumento progresivo del precio de los combustibles" y "la internacionalización de precios".

Sin embargo, Maduro no se refirió al precio de la gasolina en su discurso, en el que si prometió "grandes" cambios económicos a partir del 20 de agosto, fecha en la que está programada la reconversión monetaria con la eliminación de cinco ceros al bolívar y para el que, según el jefe de Estado, el país cuenta con los billetes.

"Creo que va a haber un sacudimiento (...) porque se va a mover la estructura económica-social del país", dijo y apuntó que "vienen nuevas reglas que se irán despejando en el transcurso de esta semana".

El gobernante que ha pedido propuestas a su partido para atender la grave crisis económica del país, comentó también que recibió un planteamiento por parte del Partido Comunista de Venezuela en el que se propone la nacionalización "de parte de la economía del país".

"Y eso no está negado está en evaluación porque nosotros vamos a dar un cambio económico por las buenas o por las malas con el apoyo del pueblo, nada nos va a detener. Así lo digo claramente", apuntó.

El pasado miércoles, Maduro hizo anuncios económicos, los cuales denominó "políticas del nuevo comienzo" para intentar enfrentar la crisis económica, entre los que están la revisión del régimen cambiario y un plan para fortalecer las reservas internacionales.

(EFE)

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Informe OEA detecta manipulación e irregularidades graves en elecciones bolivianas

Una mujer quita los posters de Evo Morales en El Alto el pasado 11 de noviembre. Aizar RALDES / AFP

La Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó este miércoles en que hubo "operaciones dolosas" e "irregularidades graves" en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

El documento del organismo regional, afirma que "las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa".

Según el informe final, elaborado entre el 1 y el 9 de noviembre por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, "a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas".

Elecciones en Bolivia
Elecciones en Bolivia

Entre las "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección", el documento mencionó la "paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)" o conteo rápido.

"Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática", subraya la OEA.

Pero además indicó que cuando el sistema reanudó su funcionamiento, "al día siguiente, apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral".

El reporte establece que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos: alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas y en el procesamiento de los resultados, pues "se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas".

El estudio cita " irregularidades graves" como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.

El documento, que no incluyó lo ocurrido en la etapa preelectoral, considera los hallazgos "contundentes".

"El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron", defiende el texto, y concluye que "el margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas".

En un primer informe publicado el 10 noviembre la OEA instó a celebrar "otro proceso electoral" en Bolivia.

Morales hizo una convocatoria de nuevas elecciones generales horas después de que OEA recomendara la repetición de la primera ronda de las elecciones celebradas el 20 de octubre.

La renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios gobiernos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez

Maduro y sus allegados con el paso cerrado en varios países de América (VIDEO)

Nicolás Maduro acompñado de Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otros miembros de su gabinete el 23 de enero.

Quince países de América acordaron el martes prohibir el tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos, como parte de un incremento de los esfuerzos diplomáticos para obligar al presidente de Venezuela a ceder el poder sin el uso de la fuerza.

En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros.

Países del TIAR aprueban sancionar a allegados de Maduro
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En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Se instruye (...) a las autoridades competentes para que apliquen (...) medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado, en los territorios de los Estados partes del TIAR”, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum.

El TIAR es un acuerdo firmado en 1947 para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo considera a Maduro como una amenaza para la región.

Julio Borges, el canciller designado por el líder de la oposición Juan Guaidó, aseguró que 500 personas ya han sido sancionadas de una lista inicial de 2.000 individuos vinculados al Gobierno de Maduro, pero no reveló detalles.

“Aquí no hay acciones unilaterales, ni hay invitaciones al uso de la fuerza, aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más eficientes”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la reunión.

Aunque Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y unos 50 países más, Maduro mantiene el reconocimiento de potencias como Rusia.

El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria.

Bolivia expulsa a 300 cubanos y venezolanos

Médicos cubanos regresan a la isla desde Bolivia (Foto: Archivo).

El gobierno interino de Bolivia expulsó a más de 300 ciudadanos de Cuba y Venezuela que permanecían ilegalmente en ese país, informó el viernes la Agencia Boliviana de Información.

“Les garantizamos que son más de 300 ciudadanos tanto de Venezuela como de Cuba que no estaban cumpliendo la Ley, que no estaban de manera regular en nuestro país”, declaró a los periodistas el director general de Migración de Bolivia, Marcel Rivas, citado por la agencia.

De acuerdo con Rivas, la mayoría de los ilegales fueron identificados en la ciudad de La Paz, donde hay una elevada población de extranjeros. Cubanet fue el primer sitio de noticias sobre Cuba en hacerse eco del reporte.

En un operativo conducido el jueves, los agentes del servicio migratorio boliviano repatriaron a 35 venezolanos que llevaban más de siete meses ilegalmente en el país, dijo el funcionario.

Se trata de extranjeros que entraron a Bolivia con propósitos diferentes al turismo o a la búsqueda de empleo, informó Rivas, y anunció que los operativos de control migratorio se intensificarán en el departamento central de Cochabamba.

Reveló también que el gobierno interino de Jeanine Añez pondrá en vigor mecanismos para darle seguimiento a la entrada en el país de extranjeros que llegan al amparo de convenios como el MERCOSUR, o por vías consulares, e incluso por razones humanitarias.

Marcel Rivas, director general de Migración del gobierno interino de Bolivia (Foto: Ministerio de Gobierno de Bolivia).
Marcel Rivas, director general de Migración del gobierno interino de Bolivia (Foto: Ministerio de Gobierno de Bolivia).

De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información, Rivas informó haberse reunido el jueves con la canciller del gobierno interino, Karen Longaric, para establecer los protocolos correspondientes.

"Con el intercambio de información que vamos a tener con la Cancillería, vamos a poder cruzar, asimismo también, esta información con los mecanismos de inteligencia a cargo del Ministerio de Gobierno y poder identificar a aquellos ciudadanos extranjeros que tengan alarmas en la Policía Internacional, denuncias a nivel internacional por terrorismo por narcotráfico”, declaró Rivas, citado por la agencia.

Solo 205 de los 725 cubanos que La Habana envió a Bolivia como parte de una brigada de “cooperación” eran médicos y técnicos de salud, reportó el jueves el diario boliviano El Deber.

A pesar de que no habían cursado estudios de Medicina, la mayoría de los cubanos del programa ganaba como un médico profesional y les pagaban viáticos diarios y gastos de viajes al interior del país, según denuncias del ministro de Salud, Aníbal Cruz, citadas por El Deber.

El lunes, Cruz informó que el gobierno había decomisado cinco inmuebles y 15 vehículos usados por la Brigada Médica cubana. Dos de las instalaciones, localizadas en la zona de Mallasa, en la capital, eran “muy grandes”, declaró el ministro. Las llamaban “las clínicas de Evo”, donde personal cubano estaba destruyendo mucha documentación, dijo.

"A mí me absolvió la historia", grita enfurecida Cristina Fernández a los jueces

La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega al tribunal en el primer día de un juicio por corrupción.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se consideró el lunes víctima de una persecución orquestada por la justicia y el presidente saliente Mauricio Macri al declarar cerca de cuatro horas ante un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.

A ocho días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner se defendió enfáticamente y en ocasiones a los gritos ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal no le concediera la petición de transmitir en vivo por televisión la audiencia de indagatoria, el mayor acto de defensa de un acusado ante un tribunal, y señaló que es víctima de un caso de “law fare”, que definió como “la articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos” de los gobiernos centroizquierdistas que gobernaron la región durante las últimas décadas.

Al término de su larga intervención, en la que apuntó que se trata de un juicio “armado” y cuestionó al gobierno saliente por considerarlo impulsor del mismo, la exmandataria dijo a los magistrados que no iba a contestar preguntas.

“Preguntas tienen que contestar ustedes”, increpó Fernández de Kirchner a los tres jueces. “Este es un tribunal de ‘law fare’, a lo mejor tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver a la historia, a ustedes los va a condenar la historia”, sostuvo enfurecida.

Fernández de Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta junto al presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular 51 contratos de obra públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena que personas.

Entre los acusados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

La expresidenta también afronta otros cuatro juicios por supuestos delitos cometidos durante su mandato cuyas fechas de inicio no han sido definidas aún y cinco pedidos de detención que no han prosperado porque, como senadora, cuenta con fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Este primer proceso en su contra se inició en mayo mientras la dirigente política se encontraba en campaña para volver al poder como vicepresidenta. Fernández, su entonces compañero de fórmula, dijo que ella iba a “probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

La dirigente de centroizquierda solo interrumpió su intervención para servirse agua en un vaso y beber algunos sorbos.

Cuestionó que sucesivas audiencias judiciales fueron transmitidas en vivo y en directo y “en los pasajes más escabrosos que decía el fiscal apuntaban a mi cara y el resto de los acusados”, una muestra de que los medios de comunicación hacen conocer a la población “cosas que no figuran en el expediente ni conforman delito para que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Según Fernández de Kirchner, la causa que dio inicio a este proceso se activó en enero de 2016 a partir del entonces recién nombrado responsable de Vialidad, Javier Iguacel.

“La primera resolución que saca (Iguacel) es hay que investigar todas las obras de la constructora Austral de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz, y manda hacer una auditoría”, relató al apuntar a que la orden para impulsar la investigación partió del gobierno de Macri.

Durante su intervención, Fernández de Kirchner intentó refutar una de las acusaciones de los fiscales de que los fondos supuestamente irregulares para las obras ejecutadas por Báez estaban recogidos en varios proyectos de ley de presupuesto que la entonces mandataria envió al Congreso.

La expresidenta se desligó de responsabilidad alguna al respecto y acotó que el Congreso no cuestionó esas iniciativas y los encargados de ejecutar los presupuestos son los jefes de Gabinete de ministros. “Aquí no han citado a ningún jefe de gabinete y no digo que deban ser citados”, puntualizó.

"Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo sobre el hecho de que Fernández, el próximo mandatario, fue el titular de la jefatura del Gabinete durante parte de su presidencia y todo el mandato de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

La exmandataria también cuestionó que Kirchner - gobernador durante un largo periodo de Santa Cruz- esté considerado supuesto planificador de la asociación ilícita que luego ella encabezó.

“Acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner para ser presidente de la república y saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez. ¿Por qué si Néstor fue gobernador de Santa Cruz 16 años no lo hizo antes?" argumentó.

Según la acusación, la "organización criminal" que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes y puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez.

Fernández de Kirchner también empleó la indagatoria para arremeter contra la justicia en otras causas en las que está procesada. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país”, subrayó la dirigente.

Además apuntó contra la “persecución” que sufren sus hijos Máximo -que es diputado electo- y Florencia, sometida a un tratamiento médico en Cuba debido a los estragos que han causado en su salud las investigaciones judiciales en su contra, según ha apuntado en varias ocasiones la exmandataria.

Cuestionó además que la justicia argentina arremeta permanentemente contra dirigentes peronistas y sus allegados por presunta corrupción.

México: 748 feminicidios de enero al 30 de septiembre, según Amnistía Internacional

Mujeres en México marchan contra la violencia de género

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según el informe Cuando las palabras no bastan, recientemente presentado por Amnistía Internacional, no ha hecho lo suficiente para remediar la preocupante situación de los derechos humanos en México.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evalúa la gestión presidencial de AMLO a un año de asumir el mando del país: “El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad para avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios sustanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad de México”.

Respecto al compromiso adquirido por la administración mexicana el pasado mes de agosto, cuando anunció estar dispuesta a reconocer la participación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en la revisión de comunicaciones acerca de casos individuales, como una forma de satisfacer las constantes peticiones de personas con familiares desaparecidos y también las solicitudes presentadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, Guevara Rosas expresó que:

“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero los desacredita públicamente”.

Durante su primer año al frente del gobierno mexicano, el presidente López Obrador se ha mantenido fiel a la fórmula de militarizar en extremo la seguridad, al igual que quienes le antecedieron en el cargo y a su vez, ha incrementado las dificultades del proceso migratorio. De igual modo, ha impuesto serias limitaciones a la libertad de reunión pacífica de los mexicanos, denigrando de manera reiterada a periodistas, organizaciones de la sociedad civil que no aprueban su gestión.

La violencia contra las mujeres y niñas o “violencia de género”, lejos de disminuir, presenta un ostensible aumento. La creación de leyes y nuevas disposiciones estatales resultan insuficientes para dar atención y frenar el elevado número de asesinatos, desapariciones y otros actos violentos y discriminatorios contra mujeres y niñas en todo el territorio nacional.

Mujeres y policías enfrentados en México durante manifestación contra violencia de género
Mujeres y policías enfrentados en México durante manifestación contra violencia de género

“Aún quedan muchos pendientes”, enfatiza Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México “en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año. Se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”.

Para Amnistía Internacional el cambio debería comenzar por la aceptación de responsabilidades por parte del actual gobierno, que debe abandonar el hábito de poner toda la culpabilidad en las anteriores administraciones. A partir de esta asunción, formular estrategias que salden las “graves deudas pendientes en la materia” y también, priorizar las políticas que tengan los derechos humanos y “obligaciones internacionales” como tarea fundamental.

La situación de indefensión en que se encuentran las minorías, como los indígenas y sus emplazamientos, los grupos LGTBI, y las facilidades de acceso a derechos de índole sexual y de reproducción, así como la posibilidad de ejercitar sus derechos tanto sociales como económicos debe ser una de las tareas a emprender por el gobierno.

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Reneaum Panszi concluye: “El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”.

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