Brasil sumó en las últimas 24 horas 1.437 muertos por COVID-19, con lo que totaliza 97.256 víctimas, en tanto la cantidad de casos confirmados sobrepasa los 2,85 millones, informó este miércoles el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada se reportaron 57.152 nuevos casos, con lo que la cantidad de infectados con el Coronavirus ascendió a 2.859.073.

Pese a que varias regiones del país avanzan en el proceso de reactivación de sus economías, las muertes y los casos por COVID-19 continúan con una media diaria que supera el millar de víctimas y los 46.000 contagios.

Una de las más recientes víctimas del coronavirus fue el cacique Aritana Yawalapiti, un reconocido jefe indígena de la Amazonía brasileña, quien falleció el miércoles en Brasil.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que el político es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Es la primera vez en la historia de Colombia que el tribunal ordena privar de la libertad a un expresidente. Uribe, un político muy popular y polémico, deberá asumir el proceso privado de la libertad mientras la corte decide si lo acusa y lo lleva a juicio o archiva el caso.

"El senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso", dijo un comunicado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que aseguró que le decisión se adoptó por unanimidad.

Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor de Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió el exmandatario, de 68 años, en su cuenta de Twitter.

La orden de captura podría ahondar la tormenta judicial y política en el país. También amenaza con incrementar la polarización en un país políticamente dividido.

Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece prisión de hasta 12 años.

El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.

NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY

"No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy influyentes que sean", dijo el senador Cepeda después de conocer la decisión judicial.

Las conductas imputadas a Uribe fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista después de dejar la presidencia, aseguró la corte que justificó su decisión en posibles riesgos de obstrucción de la justicia.

El político colombiano se une a otros expresidentes de América Latina que terminaron implicados en procesos judiciales y en la cárcel después de gobernar sus países como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el peruano Alberto Fujimori.

El presidente Duque dijo que confía en la inocencia de Uribe y lamentó que no pueda defenderse en libertad.

"Duele como colombiano que, muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que, a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", afirmó el presidente en un mensaje.

Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia.

Con la detención de Uribe, el partido Centro Democrático pierde a su principal líder en el Congreso, donde Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para aliviar los estragos de la pandemia del coronavirus.

La ausencia del Congreso y de la actividad política del expresidente podría debilitar la cohesión de su partido Centro Democrático. La agrupación tiene 51 de los 280 curules del parlamento y necesita alianzas para impulsar su agenda.

Uribe y algunos de sus familiares han sido señalados por sus opositores de supuestos lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la actual investigación de la Corte es la que más ha avanzado en el tema.

Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.

El gobierno de Colombia aseguró que el silencio de Venezuela por las declaraciones de un jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en las que jura lealtad al régimen de Nicolás Maduro, es la confirmación de la alianza de esa guerrilla comunista con el régimen venezolano.

Así lo aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien dijo que el régimen de Maduro no ha mencionado una sola palabra sobre ese video, algo que es interpretado como la confirmación de una perversa alianza entre el ELN y la dictadura de Maduro.

El periódico El Tiempo publicó hace algunas semanas un video en el que alias "Edward", del Frente Oriental del ELN, le dice a Maduro que "cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte".

El guerrillero comunista agregó que son leales a Venezuela y quieren que tengan confianza en sus tropas, en su fuerza militar, y que sean una sola para defender la patria de Simón Bolívar.

El gobierno de Panamá propuso gestionar vuelos humanitarios de retorno voluntario a su país a los migrantes haitianos confinados en campamentos en la frontera con Colombia, en un esfuerzo por calmar el creciente malestar de los extranjeros que exigen se los deje seguir su tránsito hacia Norteamérica.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo a Prensa Asociada (AP) que esa es una de las opciones que se les planteó el fin de semana a los haitianos, además de la promesa de mejorar la atención en alimentación y salud en los campamentos de la provincia del Darién, adonde quedaron varados debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del nuevo coronavirus.

La iniciativa se presentó en una reunión con líderes de los haitianos y migrantes de otras nacionalidades que permanecen en los albergues, entre ellos cubanos, africanos y asiáticos, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se estima que en Darién hay casi 2.000 migrantes, el 80% haitianos, refirió el ministro.

“Les dije que Panamá está dispuesto a que ellos, de manera voluntaria, si quieren retornar a su país de origen, nosotros podemos tramitar eso sin ningún problema”, aseguró Pino en una entrevista telefónica el lunes. “Algunos de los representantes dijeron que sí, pero una cosa es que lo digan y otra cosa es que quieran hacerlo voluntariamente".

“Nadie puede trepar en un avión a nadie a la fuerza”, subrayó, al tiempo en que explicó que sería un proceso coordinado con la OIM y el gobierno de Haití. El ministro dijo que quedaron en volver a reunirse en un mes. La AP pidió por correo electrónico un comentario a una oficial de la OIM en Panamá pero no fue respondido de inmediato.

El mismo sábado, empero, un grupo de haitianos incendió al menos tres carpas plásticas donde se guardaban insumos médicos en uno de los albergues en Darién y lanzó piedras impactando a un par de agentes del Servicio Nacional de Fronteras, dijo el ministro, quien hace poco conversó con su par costarricense sobre el tema.

Los haitianos insisten en seguir su tránsito por tierra a como dé lugar para llegar hasta Estados Unidos. La mayoría son familias que salieron de su país tras el devastador terremoto de 2010 con el fin de trabajar en Brasil y Chile. Posteriormente, con el dinero que lograron ahorrar, se lanzaron a viajar por tierra desde Sudamérica, incluido el peligroso cruce de la porosa frontera entre Colombia y Panamá.

(Artículo de Prensa Asociada)

En una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, con sede en Washington, el Comisionado para las Naciones Unidas y Asistencia Humanitaria del gobierno interino venezolano, Miguel Pizarro, dijo que se necesita una ONU que no tenga miedo a perder acceso a un país o a que se le expulse del mismo.

“Se necesita una ONU sin miedo… que entienda el rol humanitario que pueden desempeñar, entendiendo que en un conflicto como el venezolano, si no actúan como mediador de los acuerdos humanitarios, no se puede encontrar una solución real… Tenemos que abordar la causa y podemos tener planes humanitarios, de refugiados y todo pero hay que abordar la causa y la causa es el régimen de Nicolás Maduro”, expresó Pizarro.

Con él coincidió la subsecretaria de Estado Adjunta para Cuba y Venezuela, en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado, Carrie Filipetti, quien añadió que la ONU necesita pensar bien su equilibrio entre tener un acceso a un país y lograr objetivos.

“La ONU tiene que usar sus recursos para lograr resultados y los estados miembros tienen que dejar de eludir su responsabilidad y presionar para que se logre. Entiendo por qué el miedo es un miedo al conflicto, que si no hay una acción colectiva, será una amenaza a la vida y el sustento de la gente en la región. Pero quiero señalar que ya existe una amenaza a la vida y el sustento de la gente. La falta de acción no ha hecho nada para detenerlo”, opinó Filipetti.

Asimismo declaró que el fracaso de la ONU en abordar el nexo entre los derechos humanos y la paz y seguridad internacional desafortunadamente ha atrasado la respuesta del organismo a la situación en Venezuela, lo que ha puesto en riesgo a países vecinos como Brasil, Colombia y Ecuador.

Por su parte, la vicedirectora interina de la división Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, dijo que la ONU pudiera desempeñar un rol fundamental en Venezuela.

“Lo que es esencial aquí es garantizar una respuesta humanitaria a gran escala, liderada por la ONU, que sea apolítica y que dé prioridad a la gente y salve vidas”, expresó Taraciuk.

Opinó además que el reciente acuerdo entre el gobierno y la oposición para “trabajar coordinadamente” en la lucha contra la pandemia del coronavirus en Venezuela, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, era un paso extremadamente importante pero que ahora era crítico ver cómo se implementaba.