La Voz de América condenó el martes el cierre ordenado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de Radio Darío, una de sus estaciones afiliadas.

“La Voz de América denuncia de manera inequívoca la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la licencia de funcionamiento de Radio Darío, afiliada de VOA y USAGM”, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales.

Radio Darío es uno de los pocos medios independientes que se atreve a criticar las acciones y políticas del gobierno de Daniel Ortega.

"Nos alarma que nuestra afiliada sea objeto de este tipo de intimidación. Creemos que esta acción restringe el libre flujo de noticias e información a los ciudadanos de Nicaragua y atenta contra la libertad de prensa en el país", dijo la VOA en un comunicado.

El pasado viernes 12 de agosto Ortega ordenó el cierre de la emisora, una de las más antiguas e importantes de Nicaragua, ubicada en el occidente del país.

La radio, que tenía más de 70 años de existencia, se había reestructurado recientemente tras haber sido incendiada en 2018 durante las protestas antigubernamentales.

El director de la emisora, Aníbal Toruño, compartió una carta emitida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), el cual regula a los medios de comunicación radiales y televisivos, en donde se justifica la cancelación de la radio por supuestas modificaciones a la licencia con la cual operaba.

El escrito precisa que “una inspección in situ en las instalaciones de esta Radio, verificó que sus estudios de transmisión no corresponden a los autorizados por la licencia” y que las “instalaciones en las que debe operar han sido modificadas y alteradas”, lo que fue mostrado como las principales justificaciones para retirar la licencia de la estación.

Toruño cree que la decisión de TERCOL es política y dijo a la VOA que su estación de radio ha cumplido con los requisitos operativos legales. “Tenía informes de que tenían que encontrar alguna justificación para su resolución, e inventaron problemas técnicos sin base”.

Solo en los últimos dos meses el gobierno de Nicaragua revocó las licencias de 17 medios de comunicación. Además, la campaña sistemática del gobierno de Ortega contra los medios independientes resultó en la huida del país a Costa Rica de 136 periodistas desde 2018, incluidos los corresponsales de VOA que abandonaron el país en diciembre de 2021.

El cierre de Radio Darío representa un golpe en al menos dos departamentos importantes de Nicaragua: León y Chinandega, ambos ubicados en el Occidente del país, pero aparte de eso deja un apagón informativo en las comunidades rurales de estos lugares en donde no hay acceso a internet, ni televisión por cable.

Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios de julio e insisten en que en el país existe una “ola de detenciones selectivas”.

Al elevar su voz en las inmediaciones de la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, Diannet Blanco, expresa política y esposa del sindicalista y activista humanitario, Gabriel Blanco, expuso lo “duro” que ha sido revivir sus momentos de “injusto encarcelamiento”.

“Fui víctima de una detención arbitraria igual que mi esposo, sabiendo toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo”, dijo a la VOA en medio de una manifestación en el este de la capital venezolana.

Blanco fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”, pero se negó y, decenas de vecinos salieron a resguardarlo, detalló en ese entonces la ONG Provea.

Esa madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron con una orden de aprehensión en la que se le imputaban los delitos de “terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)”.

Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron los dirigentes sindicales privados de libertad el mes pasado. A la lista se suma Douglas González, directivo sindical de la empresa estatal Venalum, por incumplir con el régimen de presentación por delitos relacionados con un paro de trabajadores en 2018.

“Es otra acción represiva contra el movimiento sindical que está reclamando sus derechos”, comentó a la VOA Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV).

“Un patrón”

Para la abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, en el país se registra un “patrón” de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores, ellos han venido denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente”, expuso a la VOA.

Forero llamó a “no dejar solos” a los hombres y mujeres que “luchan por los derechos humanos” y considera importante “tocar todas las puertas” para lograr la liberación de los presos políticos.

Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, reitera que en Venezuela persiste un patrón de detenciones arbitrarias y procedimientos contrarios a la Constitución y a la ley.

“Una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden emitida por un tribula de la República, previa motivación de la fiscalía general y si en efecto son sorprendidos cometidos un hecho punible, ninguno de estos dos supuestos se cumple”, explicó en referencia a varios casos registrados recientemente.

En Venezuela, la política antisindical ha ido avanzando progresivamente hacia formas más “represivas “y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, reveló una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA que, entre 2015 Y 2020, documentó 82 casos de violencia contra defensores de derechos laborales y líderes sindicales.

A pesar del escenario de criminalización de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre de este año y 1.642 de las manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para DDHH de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria.

Más de 20 expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, han exhortado al Papa Francisco a brindar "una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa" tras la creciente represión ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega sobre miembros del clero.

Los exmandatarios agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) ven "con preocupación agravada" que ahora la dictadura de los Ortega-Murillo haya extendido a la comunidad religiosa la represión que ya venía ejerciendo sobre la disidencia política.

"El propósito es palmario" y pasa, según un comunicado de los exdirigentes, por "destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense a fin de dejarlo en la anomia y hacerlo fácil presa de dominio".

Comparan esta persecución y la destrucción de iglesias e imágenes con las purgas de la Alemania nazi.

La Iglesia católica nicaragüense ha denunciado en las últimas semanas la detención de más de una decena de sacerdotes y obispos y entre las organizaciones afectadas por la batería de ilegalizaciones figuran las Misioneras de la Caridad, la ONG fundada por la madre Teresa de Calcuta.

"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela", señalaron 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de Venezuela.

"La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas", indicó Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa.

Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.

"Los gobiernos latinoamericanos", señalaron los 125 grupos civilistas, "deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato". Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.

El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y [...] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba "como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos", precisó HRW.

La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones.

Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión "ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos".

Si se renovara el mandato, "los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias".

Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.

El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.

Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020, indicó HRW. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.

Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las 125 organizaciones.

Los firmantes:

AC Conciencia Ciudadana

AC Instituto Mead de Venezuela

AC Liderazgo y Vision

AC Los Naguaritos

AC Médicos Unidos de Venezuela

AC Trabajando Sin Frontera

Acceso a la Justicia

Acción En Positivo

Acción Solidaria

AlertaVenezuela

Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla)

Amnesty International

Asociación Cauce

Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA)

Asociación Mujeres Sin Fronteras

Asociacion Venezolana para la Hemofilia

Asosaber

Aula Abierta

Bandesir Lara

CADAL

Caleidoscopio Humano

Caminos de la Memoria

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia)

Center for Justice and Peace (CEPAZ)

Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre)

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI)

Centro de Atención Psicosocial CAPS

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM)

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Children Believe

Ciudadanía Con Compromiso AC

Civil Rights Defenders

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Comisión Episcopal de Acción Social – Peru

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara

Comisión ULA Mujer

Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad

Comunidad en Movimiento AC

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

DefensActiva

Defiende Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Doria Esther Benaim

Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Entretejidas

Epikeia Derechos Humanos

Espacio Público

Foro Penal

Freedom House

Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer

Fundacion Aguaclara

Fundación Aylwin Chile firma

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Fundación Construir

Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ)

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Lucelia

Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez

FundaRedes

FUNDEMUL Venezuela

Global Centre for the Responsibility to Protect

GobiérnaTec

Hearts On Venezuela

Hombres por la equidad e igualdad

Human Rights Watch

Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX

Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú)

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

International Center for Transitional Justice

International Commission of Jurists (ICJ)

International Service for Human Rights (ISHR)

Justicia Encuentro y Perdón

KISTH

Laboratorio de Paz

Maria Antonieta Torres Ferrer

María Teresa Sánchez.

Monitor de Víctimas

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento Ciudadano Dale letra

Movimiento Decode

Movimiento San Isidro (MSI)

Mulier

Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes

Observatorio Global de Comunicacion y Democracia

Observatorio Venezolano de Prisiones

ODEVIDA, Capítulo Venezuela

Ong Hombres por la equidad e igualdad

Operación libertad internacional

Pacientes Oncologícos

Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR

Paz y Esperanza

People in Need

Prepara Familia

PROMEDEHUM

Provea

Proyecta Ciudadanía AC

Race & Equality (Raza e Igualdad)

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos

Red naranja Venezuela

Robert F. Kennedy Human Rights

Rosibel Torres

Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil

SOS Pacientes Renales

The Kota Alliance

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

UNFPA

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

Veneactiva Perú

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women Riots

Women’s Link Worldwide

WUNRN-Women’s UN Report Network

100 voces

100% Estrógeno ONG

Juiz de Fora (Brasil), 16 ago (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó este martes su campaña para la reelección con un acto de masas en el que agitó el fantasma del "comunismo" contra su mayor rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

"Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo", dijo Bolsonaro en Juiz de Fora, en el interior del estado de Minas Gerais.

Bolsonaro escogió esa ciudad para su primer acto de la campaña, que comenzó este martes, pues fue allí donde, el 6 de septiembre de 2018, fue atacado a cuchilladas por un enfermo mental que intentó asesinarle cuando faltaba un mes para las elecciones que le llevaron al poder.

"Es la ciudad de mi renacimiento, donde mi vida fue salvada por nuestro creador", apuntó el líder de la ultraderecha, que según las encuestas comienza la campaña con una intención de voto cercana al 30 %, frente al 45 % que se le atribuye a Lula, abanderado de un frente progresista.

"Damos la largada donde intentaron pararnos en 2018", dijo en alusión al atentado, para luego animar a los brasileños a encarar el proceso electoral como "una lucha por la libertad" y a impedir que el "comunismo" se instale en el país.

"Ellos proclaman justicia social de la boca para afuera, pero la verdad es bien diferente y llevan a los pueblos a la miseria", dijo Bolsonaro, quien volvió a citar a Venezuela como una "prueba de las elecciones equivocadas" que pueden tomar los votantes.

Sin citar a su adversario una sola vez, Bolsonaro aludió a los escándalos de corrupción que marcaron las gestiones del progresista Partido de los Trabajadores (PT), a lo que la multitud respondió una y otra vez gritando "Lula ladrón, tu lugar es la prisión".

El mandatario, capitán de la reserva del Ejército, recordó que juró "dar la vida por la patria como militar" y afirmó que ahora, "como ciudadano", mantiene el juramento y hará "todo por la libertad" de los brasileños.

Reiteró además su convocatoria para un gran acto nacional el 7 de septiembre próximo, en ocasión de la conmemoración de los 200 años de la Independencia de Brasil.

"El próximo 7 de septiembre vamos todos a la calle por la última vez para conmemorar, en un primer momento, nuestra independencia, y en un segundo momento, la garantía de nuestra libertad", declaró.

En el acto también intervino su esposa, Michelle Bolsonaro, que se sumará a la campaña a fin de intentar reducir el rechazo que el mandatario tiene entre las mujeres, que representan cerca del 53 % del padrón electoral.

Ferviente evangelista, Michelle pidió la "ayuda del buen Dios" y la "protección del cielo, del amor y la paz" frente a "un enemigo que sólo quiere robar, matar y destruir".

Lula tiene previsto este mismo martes un acto a las puertas de una fábrica en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en la década de 1970 entró en el sindicalismo, para comenzar la que será su sexta campaña electoral con la intención de volver al poder que ya ejerció entre 2003 y 2010. EFE