América Latina
Fiscalía boliviana imputa a Evo Morales por terrorismo y pide su detención

La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.
En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.
La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.
En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.
No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.
Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.
Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.
Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.
En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.
En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.
Sí lo hizo el gobierno interino, que a través de Murillo, expresó: “Celebramos que el terrorista Evo Morales sea imputado por terrorismo. Hay esperanza, se hará justicia. Ojalá tenga la valentía de volver y purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece”.
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Voz de América denuncia el cierre de Radio Darío en Nicaragua
![Aníbal Toruño, periodista y director de 'Radio Darío'. [Foto Houston Castillo, VOA].](https://gdb.radiotelevisionmarti.com/0a570000-0a00-0242-542b-08da81686b8e_w250_r1_s.png)
La Voz de América condenó el martes el cierre ordenado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de Radio Darío, una de sus estaciones afiliadas.
“La Voz de América denuncia de manera inequívoca la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la licencia de funcionamiento de Radio Darío, afiliada de VOA y USAGM”, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales.
Radio Darío es uno de los pocos medios independientes que se atreve a criticar las acciones y políticas del gobierno de Daniel Ortega.
"Nos alarma que nuestra afiliada sea objeto de este tipo de intimidación. Creemos que esta acción restringe el libre flujo de noticias e información a los ciudadanos de Nicaragua y atenta contra la libertad de prensa en el país", dijo la VOA en un comunicado.
El pasado viernes 12 de agosto Ortega ordenó el cierre de la emisora, una de las más antiguas e importantes de Nicaragua, ubicada en el occidente del país.
La radio, que tenía más de 70 años de existencia, se había reestructurado recientemente tras haber sido incendiada en 2018 durante las protestas antigubernamentales.
El director de la emisora, Aníbal Toruño, compartió una carta emitida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), el cual regula a los medios de comunicación radiales y televisivos, en donde se justifica la cancelación de la radio por supuestas modificaciones a la licencia con la cual operaba.
El escrito precisa que “una inspección in situ en las instalaciones de esta Radio, verificó que sus estudios de transmisión no corresponden a los autorizados por la licencia” y que las “instalaciones en las que debe operar han sido modificadas y alteradas”, lo que fue mostrado como las principales justificaciones para retirar la licencia de la estación.
Toruño cree que la decisión de TERCOL es política y dijo a la VOA que su estación de radio ha cumplido con los requisitos operativos legales. “Tenía informes de que tenían que encontrar alguna justificación para su resolución, e inventaron problemas técnicos sin base”.
Solo en los últimos dos meses el gobierno de Nicaragua revocó las licencias de 17 medios de comunicación. Además, la campaña sistemática del gobierno de Ortega contra los medios independientes resultó en la huida del país a Costa Rica de 136 periodistas desde 2018, incluidos los corresponsales de VOA que abandonaron el país en diciembre de 2021.
El cierre de Radio Darío representa un golpe en al menos dos departamentos importantes de Nicaragua: León y Chinandega, ambos ubicados en el Occidente del país, pero aparte de eso deja un apagón informativo en las comunidades rurales de estos lugares en donde no hay acceso a internet, ni televisión por cable.
Activistas denuncian patrón de persecución contra sindicalistas en Venezuela

Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios de julio e insisten en que en el país existe una “ola de detenciones selectivas”.
Al elevar su voz en las inmediaciones de la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, Diannet Blanco, expresa política y esposa del sindicalista y activista humanitario, Gabriel Blanco, expuso lo “duro” que ha sido revivir sus momentos de “injusto encarcelamiento”.
“Fui víctima de una detención arbitraria igual que mi esposo, sabiendo toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo”, dijo a la VOA en medio de una manifestación en el este de la capital venezolana.
Blanco fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”, pero se negó y, decenas de vecinos salieron a resguardarlo, detalló en ese entonces la ONG Provea.
Esa madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron con una orden de aprehensión en la que se le imputaban los delitos de “terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)”.
Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron los dirigentes sindicales privados de libertad el mes pasado. A la lista se suma Douglas González, directivo sindical de la empresa estatal Venalum, por incumplir con el régimen de presentación por delitos relacionados con un paro de trabajadores en 2018.
“Es otra acción represiva contra el movimiento sindical que está reclamando sus derechos”, comentó a la VOA Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV).
“Un patrón”
Para la abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, en el país se registra un “patrón” de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores, ellos han venido denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente”, expuso a la VOA.
Forero llamó a “no dejar solos” a los hombres y mujeres que “luchan por los derechos humanos” y considera importante “tocar todas las puertas” para lograr la liberación de los presos políticos.
Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, reitera que en Venezuela persiste un patrón de detenciones arbitrarias y procedimientos contrarios a la Constitución y a la ley.
“Una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden emitida por un tribula de la República, previa motivación de la fiscalía general y si en efecto son sorprendidos cometidos un hecho punible, ninguno de estos dos supuestos se cumple”, explicó en referencia a varios casos registrados recientemente.
En Venezuela, la política antisindical ha ido avanzando progresivamente hacia formas más “represivas “y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, reveló una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA que, entre 2015 Y 2020, documentó 82 casos de violencia contra defensores de derechos laborales y líderes sindicales.
A pesar del escenario de criminalización de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre de este año y 1.642 de las manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para DDHH de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria.
Más de 20 expresidentes iberoamericanos piden al Papa que se pronuncie sobre el acoso a la iglesia en Nicaragua

Más de 20 expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, han exhortado al Papa Francisco a brindar "una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa" tras la creciente represión ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega sobre miembros del clero.
Los exmandatarios agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) ven "con preocupación agravada" que ahora la dictadura de los Ortega-Murillo haya extendido a la comunidad religiosa la represión que ya venía ejerciendo sobre la disidencia política.
"El propósito es palmario" y pasa, según un comunicado de los exdirigentes, por "destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense a fin de dejarlo en la anomia y hacerlo fácil presa de dominio".
Comparan esta persecución y la destrucción de iglesias e imágenes con las purgas de la Alemania nazi.
La Iglesia católica nicaragüense ha denunciado en las últimas semanas la detención de más de una decena de sacerdotes y obispos y entre las organizaciones afectadas por la batería de ilegalizaciones figuran las Misioneras de la Caridad, la ONG fundada por la madre Teresa de Calcuta.
Ante falta de independencia judicial, Venezuela necesita monitoreo internacional, afirman 125 organizaciones civilistas

"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela", señalaron 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de Venezuela.
"La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas", indicó Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa.
Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.
"Los gobiernos latinoamericanos", señalaron los 125 grupos civilistas, "deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato". Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y [...] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba "como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos", precisó HRW.
La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones.
Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión "ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos".
Si se renovara el mandato, "los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias".
Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.
El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.
Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020, indicó HRW. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.
Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las 125 organizaciones.
Los firmantes:
AC Conciencia Ciudadana
AC Instituto Mead de Venezuela
AC Liderazgo y Vision
AC Los Naguaritos
AC Médicos Unidos de Venezuela
AC Trabajando Sin Frontera
Acceso a la Justicia
Acción En Positivo
Acción Solidaria
AlertaVenezuela
Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla)
Amnesty International
Asociación Cauce
Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA)
Asociación Mujeres Sin Fronteras
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Asosaber
Aula Abierta
Bandesir Lara
CADAL
Caleidoscopio Humano
Caminos de la Memoria
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia)
Center for Justice and Peace (CEPAZ)
Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre)
Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI)
Centro de Atención Psicosocial CAPS
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM)
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Children Believe
Ciudadanía Con Compromiso AC
Civil Rights Defenders
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Episcopal de Acción Social – Peru
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comisión ULA Mujer
Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad
Comunidad en Movimiento AC
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Coordinadora de Lucha Vecinal Lara
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
DefensActiva
Defiende Venezuela
Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley
Doria Esther Benaim
Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Entretejidas
Epikeia Derechos Humanos
Espacio Público
Foro Penal
Freedom House
Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer
Fundacion Aguaclara
Fundación Aylwin Chile firma
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Fundación Construir
Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ)
Fundación Iribarren Lucha
Fundación Lucelia
Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
FundaRedes
FUNDEMUL Venezuela
Global Centre for the Responsibility to Protect
GobiérnaTec
Hearts On Venezuela
Hombres por la equidad e igualdad
Human Rights Watch
Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX
Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú)
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP
International Center for Transitional Justice
International Commission of Jurists (ICJ)
International Service for Human Rights (ISHR)
Justicia Encuentro y Perdón
KISTH
Laboratorio de Paz
Maria Antonieta Torres Ferrer
María Teresa Sánchez.
Monitor de Víctimas
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Ciudadano Dale letra
Movimiento Decode
Movimiento San Isidro (MSI)
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicacion y Democracia
Observatorio Venezolano de Prisiones
ODEVIDA, Capítulo Venezuela
Ong Hombres por la equidad e igualdad
Operación libertad internacional
Pacientes Oncologícos
Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR
Paz y Esperanza
People in Need
Prepara Familia
PROMEDEHUM
Provea
Proyecta Ciudadanía AC
Race & Equality (Raza e Igualdad)
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Red naranja Venezuela
Robert F. Kennedy Human Rights
Rosibel Torres
Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil
SOS Pacientes Renales
The Kota Alliance
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
UNFPA
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC
Veneactiva Perú
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women Riots
Women’s Link Worldwide
WUNRN-Women’s UN Report Network
100 voces
100% Estrógeno ONG
Bolsonaro inicia su campaña recordando a los brasileños que los comunistas "llevan a los pueblos a la miseria"

Juiz de Fora (Brasil), 16 ago (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó este martes su campaña para la reelección con un acto de masas en el que agitó el fantasma del "comunismo" contra su mayor rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
"Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo", dijo Bolsonaro en Juiz de Fora, en el interior del estado de Minas Gerais.
Bolsonaro escogió esa ciudad para su primer acto de la campaña, que comenzó este martes, pues fue allí donde, el 6 de septiembre de 2018, fue atacado a cuchilladas por un enfermo mental que intentó asesinarle cuando faltaba un mes para las elecciones que le llevaron al poder.
"Es la ciudad de mi renacimiento, donde mi vida fue salvada por nuestro creador", apuntó el líder de la ultraderecha, que según las encuestas comienza la campaña con una intención de voto cercana al 30 %, frente al 45 % que se le atribuye a Lula, abanderado de un frente progresista.
"Damos la largada donde intentaron pararnos en 2018", dijo en alusión al atentado, para luego animar a los brasileños a encarar el proceso electoral como "una lucha por la libertad" y a impedir que el "comunismo" se instale en el país.
"Ellos proclaman justicia social de la boca para afuera, pero la verdad es bien diferente y llevan a los pueblos a la miseria", dijo Bolsonaro, quien volvió a citar a Venezuela como una "prueba de las elecciones equivocadas" que pueden tomar los votantes.
Sin citar a su adversario una sola vez, Bolsonaro aludió a los escándalos de corrupción que marcaron las gestiones del progresista Partido de los Trabajadores (PT), a lo que la multitud respondió una y otra vez gritando "Lula ladrón, tu lugar es la prisión".
El mandatario, capitán de la reserva del Ejército, recordó que juró "dar la vida por la patria como militar" y afirmó que ahora, "como ciudadano", mantiene el juramento y hará "todo por la libertad" de los brasileños.
Reiteró además su convocatoria para un gran acto nacional el 7 de septiembre próximo, en ocasión de la conmemoración de los 200 años de la Independencia de Brasil.
"El próximo 7 de septiembre vamos todos a la calle por la última vez para conmemorar, en un primer momento, nuestra independencia, y en un segundo momento, la garantía de nuestra libertad", declaró.
En el acto también intervino su esposa, Michelle Bolsonaro, que se sumará a la campaña a fin de intentar reducir el rechazo que el mandatario tiene entre las mujeres, que representan cerca del 53 % del padrón electoral.
Ferviente evangelista, Michelle pidió la "ayuda del buen Dios" y la "protección del cielo, del amor y la paz" frente a "un enemigo que sólo quiere robar, matar y destruir".
Lula tiene previsto este mismo martes un acto a las puertas de una fábrica en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en la década de 1970 entró en el sindicalismo, para comenzar la que será su sexta campaña electoral con la intención de volver al poder que ya ejerció entre 2003 y 2010. EFE
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