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América Latina

Expresidente panameño acusa de graves amenazas a Raúl Castro

Ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli. Archivo EFE

“Antes de incautar el barco de Corea del Norte fui llamado por el Presidente Raúl Castro y el Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba donde me amenazaron. Se dejó muy claro que si detenia la nave sufriría graves consecuencias”, dijo Martinelli en una carta abierta dirigida “al pueblo y Gobierno de Estados Unidos”.

El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reveló que fue seriamente amenazado por Raúl Castro durante la captura de un barco norcoreano procedente de Cuba, que transportaba armas ocultas con destino a Corea del Norte.

“Antes de incautar el barco de Corea del Norte fui llamado por el Presidente Raúl Castro y el Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba donde me amenazaron. Se dejó muy claro que si detenia la nave sufriría graves consecuencias”, dijo Martinelli en una carta abierta dirigida “al pueblo y Gobierno de Estados Unidos”.

Martínoticias tiene copia de las cuatro páginas de la carta, fechada el 14 de mayo, en la cual Martinelli lamenta que las autoridades estadounidenses hayan aceptado su extradición solicitada por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Copia de la carta firmada por Ricardo Martinelli
Copia de la carta firmada por Ricardo Martinelli

“Cuando la CIA me pidió que detuviera en el Canal de Panana el barco norcoreano que salía de Cuba ni siquiera pestañeé. Yo mismo busqué en el barco y encontré las armas, misiles, aviones y radares que violaban el embargo de Naciones Unidas”, afirmó el ex presidente panameño.

El barco norcoreano "Chong Chon Gang"fue interceptado en julio de2013 por autoridades panameñas cuando intentaba cruzar el Canal de Panamá, con un cargamento de armas cubanas a bordo no declaradas ocultas bajo los sacos de 10.000 toneladas de azúcar. El barco transportaba unas 240 toneladas de armamento, incluidos dos complejos de misiles antiaéreos Volga y Pechora, de fabricación soviética, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de avión.

Aunque el gobierno cubano dijo entonces que se trataba de armamento “obsoleto”, expertos de la ONU que viajaron a Panamá para inspeccionar el armamento señalaron en un informe que Cuba había violado las resoluciones de Naciones Unidas que impiden a Corea del Norte importar o exportar cualquier tipo de armamentos.

“Después de haber capturado el barco el Presidente de Estados Unidos me llamó para agradecerme mi intervención y aproveché para informarle de las amenazas recibidas del gobierno cubano”, asegura Martinelli.

La carta del ex mandatario panameño contiene duros reproches a las autoridades estadounidenses involucradas en su proceso de extradición.

Martinelli recuerda en su misiva múltiples oportunidades en que su gobierno y él personalmente, colaboraron con las autoridades de Estados Unidos en diferentes asuntos de interés para ese país, que van desde la reducción del tráfico de drogas hacia Estados Unidos a través de Panamá, hasta la negativa a las guerrillas de las FARC para que usaran el territorio panameño como santuario.

Martinelli, gobernó Panamá entre 2009 y 2014, y fue arrestado el de junio del año pasado en su residencia de Coral Gables, Florida, donde vivía tras salir de su país en 2015. El gobierno de Panamá solicitó su extradición en 2016 por la supuesta intervención ilegal de las comunicaciones a unos 150 opositores durante su presidencia.

En agosto de 2017, El juez federal Edwin Torres de la Corte de Distrito del Sur de la Florida autorizó su extradición. Martinelli niega los cargos y se considera víctima de una venganza política del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela.

La Corte de Apelaciones de Atlanta concedió el 30 de abril un mes más de plazo a Martinelli para la presentación de sus argumentos en la apelación que presentó contra la extradición. La defensa del expresidente, que había solicitado más tiempo la semana pasada, tiene hasta el próximo 1 de junio para sustentar el caso.

“Mi carrera política está lejos de terminar. Al contrario, este proceso me ha convertido en un mártir político. Mis índices de aprobación en Panamá se incrementaron a fines de mi mandato y las más recientes encuestas muestran que esa aprobación está aumentando una vez más”, expresa el ex mandatario en su misiva.

Martinelli dice que cuando comenzó el proceso de extradición habían 23 casos abiertos en su contra, “políticamente motivados”, y “solo cuatro de ellos se mantienen y pronto serán desestimados”.

“Si algo he aprendido en este tiempo es que la verdad siempre se abre paso”, afirmó.

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EEUU no invita a gobiernos de Maduro y Ortega a Cumbre de las Américas, ¿y Cuba?

De izquierda a derecha, el canciller cubano Bruno Rodríguez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. (Foto: Ramon Espinosa/Pool via REUTERS/Archivo)

El presidente Joe Biden no invitó al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, ni al de Daniel Ortega, en Nicaragua, a la Cumbre de las Américas, dijo el coordinador nacional de la Cumbre, Kevin O'Reilly, en una audiencia de un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

A una pregunta del Senador Marco Rubio, quien es miembro senior del Comité de Relaciones Exteriores, sobre si se había invitado a alguien del régimen cubano, O’Reilly dijo que eso era una decisión que le tocaba a la Casa Blanca.


El senador Rubio le preguntó, además, si se había invitado a representantes de la sociedad civil en Cuba, y dio como ejemplo “personas involucradas en lo que pasó en julio pasado, en su mayoría artistas y cosas de esa naturaleza que, simplemente, quieren poder tener la libertad de expresión”.

Sí, señor. Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil de todos los países donde las autoridades son dictadores que buscan sofocar el debate público”, contestó O’Reilly.

A otra pregunta de si se había invitado a alguien del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el funcionario declaró que se está en conversaciones con ellos para ver cual es la major manera de que puedan participar en la Cumbre, añadiendo que le corresponde a la Casa Blanca decidir si extender la invitación.

A mediados de mayo, el subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que había poca probabilidad de que Washington invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre, ya que sus gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas.

Esta semana, durante un evento en Caracas, Maduro calificó a Estados Unidos de “excluyente” por su manejo de la organización del evento regional. Díaz-Canel, por su parte, ha dicho que "en ningún caso" asistirá a la magna reunión.

La Cumbre de las Américas se celebrará del 6 al 10 de junio, en Los Angeles.

Colombia: Candidatos presidenciales temen por legitimidad de elecciones

Debate presidencial entre Federico Gutiérrez, candidato presidencial que representa a la coalición Equipo por Colombia, derecha, y el aspirante presidencial Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico. (AP/Fernando Vergara)

A pocos días de que se abran las urnas en Colombia, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas advirtieron el lunes que un manto de duda pende sobre el registrador nacional, encargado de garantizar la legitimidad del proceso electoral del 29 de mayo.

"Tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional, su comportamiento. Lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo deja mucho que desear", dijo Sergio Fajardo, candidato de centro, durante un debate presidencial organizado por el periódico El Tiempo y la Revista Semana.

Fajardo se refería a las elecciones legislativas en las que el registrador, Alexander Vega, admitió que hubo inconsistencias entre los resultados preliminares y los escrutinios debido a errores en el diligenciamiento de los formularios por parte de los jurados. La diferencia más notoria se dio en los 390.000 votos más para el Pacto Histórico, el movimiento político del candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro.

Tras las inconsistencias en las elecciones legislativas, la Registraduría ha enfrentado cuestionamientos de varios sectores políticos. El 6 de mayo un tribunal negó suspender provisionalmente al registrador como lo pedía una acción popular, al no encontrar suficientes pruebas de las presuntas irregularidades en las elecciones, y definió que la procuraduría es la encargada de tomar una decisión en el caso.

Petro, que lidera las encuestas, advirtió en los últimos días durante su cierre de campaña que estaría por dársele "un golpe a las elecciones" al suspender al registrador, pero no mostró pruebas. El gobierno desmintió al candidato e indicó que las elecciones ya comenzaron en los consulados y embajadas en el extranjero y no se suspenderán.

En el debate, Petro aseguró que recibió la advertencia desde otra campaña presidencial, sin especificar cuál, y señaló que la procuraduría podría suspender al registrador.

"Estamos en una ruptura real del estado social de derecho", advirtió.
El candidato de derecha Federico Gutiérrez aseguró que las denuncias de Petro son un elemento "distractor" en medio de la recta final, pero sí le pidió a la Registraduría garantías durante las elecciones.

"Será muy importante la veeduría internacional y nacional... estamos en medio de un ambiente enrarecido en el cual muchas de esas dudas no se han resuelto a pocos días de la elección", aseguró.

De todas formas, Gutiérrez indicó que respetará los resultados de las elecciones y "jamás llamaría a la violencia". Fajardo, por su parte, coincidió en que no convocaría a sus votantes a las calles en un país que "con una pequeña chispa puede convertirse en una hecatombe".

Petro aseguró que con el antecedente de las elecciones legislativas, en caso de que se descubran presuntas irregularidades, llamarían a hacer un escrutinio en el que se "restablezca la verdad".

Las reglas electorales de Colombia indican que, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos totales, se convocará a una segunda vuelta presidencial con los dos aspirantes que obtengan más sufragios el 19 de junio.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos ya comenzó su monitoreo en Colombia y se espera que luego de los resultados publique un informe.

La SIP analizará con congresistas de EEUU la libertad de prensa en países como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela

Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez, periodistas independientes cubanos en prisión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abordará los casos de persecución, represión y violencia en Cuba, Nicaragua, México y Venezuela contra los periodistas, de acuerdo con un comunicado que recoge la agencia Efe.

La SIP desarrollará esta semana en Washington un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios estadounidenses sobre el "comportamiento" de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación, anunció este lunes la organización. Durante varios encuentros el martes y el miércoles con senadores y representantes del Congreso estadounidense.

En su reunión semestral celebrada de manera virtual el pasado abril, la organización de medios de comunicación concluyó que "la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas".

Según el organismo hemisférico, con sede en Miami, el objetivo es además conocer la "posición y compromiso de los congresistas" sobre los proyectos de ley de Competencia y Preservación del Periodismo y de Sostenibilidad del Periodismo Local de EE.UU.

Asimismo, el martes, la misión de la SIP asistirá a la apertura de la 48 Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que se celebra esta semana en Washington, y al día siguiente participará en un panel organizado por el centro de investigaciones Diálogo Interamericano (IAD, en inglés) sobre la
sostenibilidad de la industria periodística y los desiertos informativos.

La delegación de la SIP se reunirá además durante estos dos días con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este grupo está integrado por los embajadores de las Misiones Permanentes ante la OEA de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La comitiva también se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Encabezada por su presidente, Jorge Canahuati, y Carlos Jornet, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, la misión contará además con otros directivos de la SIP como Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Asuntos Legales, y Andrea Miranda, miembro de la Junta de Directores.

Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

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