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América Latina

Estratega de petro venezolano solía ser un opositor a Maduro en EEUU

Nicolás Maduro (c); vicepresidente Tareck El Aissami (i) y el ministro Hugbel Roa (d), en acto presentando criptomoneda "petro"

Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el congreso de Estados Unidos y alguna vez organizó protestas contra el mismo gobierno socialista al que ahora ayuda a evadir las sanciones financieras impuestas por Washington.

Gabriel Jiménez, de 27 años, se vio catapultado a una especie de estrellato tecnológico en Venezuela el mes pasado cuando apareció en la televisión nacional junto con el presidente Nicolás Maduro y dos empresarios rusos a la hora de firmar un contrato para posicionar al petro, el nombre de la moneda cibernética, entre los inversionistas internacionales.

“Es una empresa fundada y dirigida por jóvenes genios de Venezuela, muchachos y muchachas de Venezuela que tienen una de las empresas más avanzadas en tecnología blockchain del mundo”, afirmó un sonriente Maduro al develar el petro, refiriéndose a la compañía de Jiménez, de nombre The Social Us.

En repetidas ocasiones, Maduro ha elogiado al petro como una forma de superar las sanciones financieras impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, las cuales le impiden al gobierno venezolano _al que le urge el dinero en efectivo_ emitir nuevos bonos de deuda. Pero hasta hace poco tiempo, Jiménez había estado manifestándose en favor de esas mismas acciones de Washington para castigar al líder de Venezuela por encarcelar a sus opositores y destruir la economía petrolera.

Abogado de profesión que se describe como entusiasta de las innovaciones, Jiménez pasó varios años trabajando en un banco en la República Dominicana donde su padre era uno de los gerentes principales. Pero la institución se desplomó en 2014 y su papá fue uno de varios ejecutivos venezolanos acusados por esa nación caribeña de defraudar a los ahorradores con 30 millones de dólares.

Tras concluir la universidad, Jiménez comenzó a viajar a Estados Unidos para tomar clases de inglés y cursos de verano en las universidades de Harvard y George Mason. En 2013 lanzó The Social Us, una compañía que registró en Florida como desarrolladora de páginas de internet y de aplicaciones.

En 2014, Jiménez trabajó cinco meses como pasante en Washington para la republicana Ileana Ros-Lehtinen, dura crítica de Maduro. Un sondeo escrito que llenó al ser contratado, del cual la oficina de la legisladora proporcionó una copia, enlistaba en un inglés deficientemente escrito que sus metas en la pasantía eran obtener “conocimiento y experiencia acerca de la defensa de la democracia”.

Trip for Freedom / Recorrido por la Libertad 2014
Trip for Freedom / Recorrido por la Libertad 2014

Sus colegas lo recuerdan como un animoso opositor gubernamental que ayudó a organizar una caravana, conocida como Trip For Freedom (Recorrido por la Libertad), en la que miles de exiliados venezolanos viajaron en autobús a Washington para presionar al gobierno de Barack Obama para que sancionara al de Maduro. En fotografías de ese evento se puede ver a Jiménez de pie en un podio junto a Ros-Lehtinen en el Capitolio mientras se dirige a sus partidarios frente a una bandera estadounidense y fotografías de estudiantes venezolanos presuntamente torturados por las fuerzas de seguridad.

Ahora su ex jefa cree que él o cualquier otra persona detrás del petro también deberían ser sujetos de sanciones.

“Gabriel llegó a nuestra oficina y dijo que quería aprender cómo respaldar la libertad y la democracia”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. “En lugar de ello, parece que está utilizando las libertades que Estados Unidos le proporcionó para ayudar en los intentos del régimen de Maduro de consolidarse en el poder y destruir las instituciones democráticas de Venezuela. Los que trabajan para apoyar al régimen de Maduro y proporcionarle un salvavidas financiero han elegido el bando al que pertenecen y deberían esperar enfrentar todas las consecuencias de darle la espalda a su pueblo”.


En una entrevista, Jiménez dijo que su labor para el gobierno estaba encaminada a un propósito de mayor alcance, apolítico: darle fuerza a los venezolanos que pasan apuros para alimentarse en un contexto de una inflación de cuatro dígitos.



Dijo que su trabajo en lo que se convertiría en el petro comenzó cuando regresó a Venezuela en 2015 y se unió a otros emprendedores tecnológicos con el fin de diseñar una moneda digital. Entonces el grupo trató de asociarse con el gobierno con la esperanza de sacar del mercado negro las transacciones de los venezolanos en monedas virtuales, y ponerlas en circulación legal. En esa época, los así llamados mineros del bitcoin _otra moneda virtual_ enfrentaban ser arrestados o extorsionados por parte de agentes gubernamentales.

Si el petro tiene éxito, señala, los venezolanos podrán intercambiar libremente sus bolívares inservibles por una moneda más estable, lo que les daría la oportunidad de reunir un capital y ahorrar. En la actualidad, la única forma en que la mayoría de los venezolanos pueden evadir los estrictos controles de cambios impuestos en 2003 es adquirir divisas de reconocida solidez en el mercado negro ilegal.

“Esto se trata de darle oxígeno a una población, no a un gobierno”, afirmó Jiménez en una entrevista en la animada oficina en Caracas de The Social Us, donde una docena de jóvenes programadores trazaban códigos con plumones rosados sobre ventanas de cristal que dan hacia las copas de los árboles y diseñaban materiales para promocionar el petro.

Es una concesión a las autoridades que muchos en la floreciente comunidad del llamado software de cadena de bloques (blockchain) de Venezuela _casi todos ellos opuestos ideológicamente al gobierno_ están dispuestos a aceptar.

A pesar de ello, nadie niega que el gobierno será el primero y tal vez el mayor beneficiado.

Este mes, Maduro dijo que el gobierno había recibido compromisos de los inversionistas para adquirir 5.000 millones de dólares en la moneda virtual durante la fase de preventa que concluye esta semana. Si realmente se concretan, representarían un beneficio imprevisto equivalente a más de la mitad de las reservas de Venezuela en dólares, dinero al que el gobierno se aferra desesperadamente mientras hace malabares para reembolsar millones de dólares en bonos que no ha pagado e intenta erradicar la escasez generalizada de productos.

Sin embargo, legisladores estadounidenses presionan para que Washington aplique una respuesta firme, ante el temor de que otros países que enfrentan sanciones de Estados Unidos _como por ejemplo Irán y Rusia_ pudieran emular el ejemplo de Venezuela, o que el petro pudiera ser utilizado por redes criminales o funcionarios corruptos para lavar dinero.

Los rusos de la criptomena petro


De los dos rusos que también firmaron acuerdos con el gobierno para ayudar a desarrollar el petro, uno de ellos, Denis Druzhkov, director general de una compañía llamada Zeus Trading, fue multado con 31.000 dólares por la Bolsa Mercantil de Chicago y se le prohibió efectuar transacciones durante tres años por comerciar en forma fraudulenta con contratos de futuros. El otro, Fedor Bogorodskiy, vive en Uruguay y el gobierno lo describió como director de una compañía, Aerotrading, cuyo sitio de internet sólo cuenta con una página y no proporciona información sobre la empresa.

Ninguno hizo declaraciones acerca de su labor con el gobierno venezolano. Pero en respuesta a la solicitud de comentarios, en un correo electrónico firmado por “El equipo Zeus” se afirma que Druzkhov había sido invitado a Venezuela como un experto, y que Zeus no participa en el proyecto. Indicó también que, como parte del acuerdo de Druzhkov con la Bolsa Mercantil en 2014, no reconoció haber violado ninguna norma.

Los senadores demócratas Bill Nelson y Bob Menendez, así como su colega republicano Marco Rubio, exhortaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos _el cual es el responsable de aplicar las sanciones_ a que combata el uso del petro, de forma que no sea utilizado para evadir la prohibición de que los estadounidenses le presten dinero al gobierno de Maduro.

El Departamento del Tesoro indicó en enero que el uso del petro podría dar la apariencia de estarle proporcionando una línea de crédito a Venezuela, y le advirtió a todos los estadunidenses que utilizar esa moneda virtual conlleva el riesgo de violar las sanciones estadounidenses.

Jiménez, cuya preferencia en el uso de zapatillas deportivas y pantalones de mezclilla deja entrever un estilo de persona brillante poco interesada en los convencionalismos sociales similar a otros directivos del Silicon Valley, dijo que nunca pretendió evadir las sanciones de Washington. Argumenta también que el petro _un producto financiero que no genera intereses ni cuenta con una fecha de pago como la que tienen los bonos gubernamentales_ no cumple los requisitos del tipo de instrumento de deuda que el gobierno de Trump está sancionando.

En lugar de ello, Jiménez dice que pretende “democratizar” el acceso al sistema financiero global para los emprendedores en apuros, así como descentralizar el sistema de divisas operado por el gobierno de Venezuela, al que muchos culpan de la crisis económica.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados estando en Venezuela, viendo lo que nosotros estamos viviendo, nuestros amigos, nuestras familias”, señaló. “Sería una irresponsabilidad el hecho de no hacer nada”.

AP / Por Joshua Goodman

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OEA apoya plan para democracia en Venezuela y exige salida de agentes cubanos

Elliott Abrams (izq.), representante especial de Estados Unidos para venezuela, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó el martes en un comunicado que la vuelta a la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y la salida de los miles de agentes de la inteligencia cubana en esa nación.

El texto hace referencia al plan presentado el martes por el secretario de Estado Mike Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela, que propone levantar las sanciones a Venezuela a cambio de un acuerdo para compartir el poder entre miembros de la oposición y del partido del gobernante Nicolás Maduro, en un gobierno de transición antes de las elecciones.

Pompeo anunció formalmente el plan, que ofrece una "ruta de salida" de las duras sanciones, incluyendo las que pesan sobre la industria petrolera, si Maduro y sus aliados se muestran receptivos.

"El régimen está ahora bajo una presión más fuerte que nunca", afirmó el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, citado por Reuters. "Quizás esta presión conduzca a una discusión seria dentro del régimen".

La propuesta, que Abrams confirmó que fue aprobada por el presidente Donald Trump, pide que Maduro "se haga a un lado" y que la Asamblea Nacional controlada por la oposición "elija un gobierno de transición inclusivo aceptable para las principales facciones". Según el plan, el presidente encargado Guaidó también renunciaría durante la transición.

Al pronunciarse, la OEA reiteró que "resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia".

La declaración del organismo hemisférico subrayó que "la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros".

La Secretaría General de la OEA considera "que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país".

Y amplió: "El camino propuesto en el plan del Departamento de Estado en el día de hoy merece el apoyo de todos aquellos que bregamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, y con observación internacional, incluyendo la OEA".

Propuesta de EEUU para transición democrática en Venezuela incluye a chavistas

A Venezuelan holds a national flag during a protest against the government of President Nicolas Maduro at Santander square in Cucuta, Colombia, border with Venezuela, on February 12, 2019. - The tug of war between the Venezuelan government and opposition

Estado Unidos pidió el martes un gobierno de transición para compartir el poder en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado indicó que también se podrían levantar las sanciones de Estados Unidos que han presionado al régimen de Maduro, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

A continuación publicamos el "Marco para la transición democrática de Venezuela" divulgada hoy por el Departamento de Estado:

Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.

Se liberan de inmediato todos los presos políticos.

Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.

La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.

La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.

Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los

Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.

La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.

Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.

El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.

Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.

Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.

Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.

El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que el plan puede fracasar "si deja de lado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional legítimamente elegida que dirige. O si incluye a Nicolás Maduro y ciertos miembros de la mafia que él controla ”.

El presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer enfatizó en que "la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas" sino una lucha "entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente".

El presidente encargado Juan Guaidó agradeció la iniciativa de Pompeo y el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que la soberanía de Venezuela no está en negociación.

"Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU", afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio.

Guerrilla colombiana anuncia cese el fuego por el coronavirus

Un miembro del Ejército de Liberación Nacional en la selva colombiana. (Archivo)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes a los colombianos un cese el fuego unilateral durante abril como un gesto humanitario para contribuir a contener la expansión del coronavirus.

"El Ejército de Liberación Nacional estima conveniente declarar un cese unilateral activo, por un mes, a partir del 1 hasta el 30 de abril, gesto humanitario del ELN con el pueblo colombiano, que padece la devastación del coronavirus", dijo el grupo rebelde en un comunicado en su página de Internet.

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que pidió un cese el fuego global para que el mundo pueda concentrarse en combatir la pandemia, recibió con beneplácito el anuncio y confió en que ayude a aliviar a las comunidades de las zonas afectadas por conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, reportó la agencia de noticias Reuters.

Este grupo, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que el cese es activo porque sus combatientes se reservarán el derecho a defenderse de los ataques de las Fuerzas Militares.

El grupo convocó al Gobierno del presidente Iván Duque unirse con su delegación que se encuentra en Cuba para concertar un cese al fuego bilateral y temporal, algo que parece improbable luego que el mandatario canceló una posible negociación tras un ataque con un carro bomba en una academia policial en Bogotá, en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos.

Duque exige a esa guerrilla, que cuenta con unos 2.000 combatientes, un cese unilateral de hostilidades incluyendo la suspensión de secuestros y ataques contra la infraestructura petrolera del país, además de concentrar sus combatientes con supervisión internacional, como condición previa para iniciar un diálogo de paz, demandas que el ELN no acepta.

El grupo también pidió al gobierno descongestionar las cárceles en medio de la emergencia sanitaria liberando a los presos políticos, un subsidio monetario a todos los desempleados y la suspensión del pago de las deudas de las personas con el sistema financiero.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que el gobierno colombiano "no bajará la guardia y vigilará el cumplimiento de lo anunciado por esta guerrilla".

Cwballos insistió en la urgencia de que el ELN suspenda las acciones violentas, libere a las personas secuestradas y deje de reclutar a menores.

Colombia permanece en un aislamiento preventivo obligatorio de 19 días hasta el 13 de abril, como parte de las medidas del gobierno para prevenir la propagación del Covid-19.

HRW denuncia "desinterés temerario" de López Obrador respecto a COVID-19

El presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, asegura que el coronavirus no es un problema.

En su más reciente informe, Human Rights Watch da a conocer su preocupación por el “desinterés temerario” que muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al negarse a brindar información real a los ciudadanos del país sobre la epidemia COVID-19.

Pese a que ya son seis los fallecidos y la cifra de contagiados asciende a 475 casos, el presidente de México rechaza cumplir con protocolos, orientaciones y recomendaciones de los organismos de la Salud Pública y tampoco cumple con el deber de ofrecer información verídica sobre la trascendencia de la situación.

Según afirma HRW, López Obrador llega incluso a contradecir abiertamente las disposiciones de las autoridades especializadas, exhortando a los mexicanos “a que sigan saliendo a espacios públicos”.

“El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del CVID-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos”, declara José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ha mostrado una renuencia indignante a brindar información precisa y comprobada sobre los riesgos de un virus que ya ha matado a miles de personas en todo el mundo. Es necesario que aborde este problema con seriedad, a fin de proteger la salud y la vida de la población mexicana”.

Las ligeras palabras del presidente de México: “no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”, o, a sus efectos: “Hay quien dice que, por lo del Coronavirus, no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse. No pasa nada”. Han salido a relucir en el presente informe.

Hace apenas una semana, los empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, encargada de realizar las pruebas y atender a los afectados, elevó una protesta por la total “ausencia de protocolos” para actuar contra el virus, “el secretario de Salud llegó tarde a la fiesta del Coronavirus”, apuntaron.

Por su parte, el personal médico apunta directamente hacia el gobierno de AMLO por su reticencia a aceptar que la epidemia se propaga rápidamente entre los ciudadanos, limitando con ello la posibilidad de las pruebas, dificultando también el conocer cuál es la cantidad de casos que “casi seguro es muy superior” a los reconocidos oficialmente.

No fue, sino después de varias sentencias obtenidas por varias ONG en colaboración con activistas mexicanos que, el pasado 23 de marzo el gobierno de López Obrador reconoció que el COVID-19 se estaba propagando dentro de México.

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