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América Latina

Nicaragua, Venezuela y la corrupción en América Latina: las claves de la próxima Cumbre de las Américas

ARCHIVO - Logo de la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, EEUU.

Debbie Mucarsel-Powell, asesora especial del presidente Joe Biden para la cumbre, habla con VOA sobre el auge de la corrupción en la región, la postura de Managua tras expulsar a los funcionarios de la OEA y la relación con Caracas, algunos puntos que se abordarán en la agenda de la Cumbre.

MIAMI, EEUU — Estados Unidos acogerá la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Esta cita tiene que servir, según fuentes de la Casa Blanca, para reforzar las relaciones entre los socios y aliados de la región y abordar distintas problemáticas, como la migración, la corrupción y el cambio climático, entre otras.

El presidente de EEUU ha escogido un equipo de asesores especiales para este encuentro de altos mandatarios. Entre ellos está la excongresista de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell.

“Tenemos una responsabilidad muy grande de establecer y fortalecer nuestras relaciones con todos los países de la región”, explicó Mucarsel-Powell durante una entrevista con la Voz de América desde su casa en Miami, Florida.

Según ella, todos los temas que se tratarán tienen un denominador común: “Crear un futuro sostenible, equitativo y resiliente”.

La alta funcionaria reconoce que el reto al que se enfrenta la mayor parte de los países del mundo es “la debilidad de las democracias” y “de las instituciones democráticas”.

“Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región de las Américas que la democracia puede solucionar los temas más difíciles que estamos enfrentando en este momento”, dijo, asegurando que está “lista para este trabajo”.

Pero, sobre todo, insiste en que “es un momento para demostrar que la región está unida en contra de cualquier gobierno que esté violando derechos humanos”, con especial atención “a lo que está sucediendo en Nicaragua, pero también en Venezuela y Cuba”.

“Este es un momento en que los países democráticos tienen que unirse para posicionarse en la opinión de que las instituciones democráticas son las instituciones que nosotros vamos a valorar y proteger”, agregó.

Con todo, espera que esta fórmula sirva para “demostrar a todos los ciudadanos de las Américas que sus voces importan más y más”, especialmente cuando reclaman “gobiernos con integridad, transparencia, apoyo a la prensa libre y derrotar la desinformación que ha debilitado las instituciones democráticas de la región”.

Nicaragua y su salida de la OEA

La Cumbre de las Américas se dará en un momento especialmente delicado después de que el Gobierno de Daniel Ortega ordenara la expulsión de los funcionarios de la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, anunciase la salida del organismo y tomase la sede del mismo en la capital del país.

“Estamos viendo todas las medidas que ha tomado el Gobierno de Ortega y Murillo. No solamente está encarcelando a protestantes pacíficos que han alzado sus voces en contra de este régimen, pero también nos está demostrando que está tomando pasos autoritarios”, explicó.

En esa línea, Mucarsel-Powell considera que esa actitud obedece a la postura de presión que desde la comunidad internacional se ha ejercido para que desista con este tipo de políticas. “Esta es mi opinión personal y creo que el Gobierno de Ortega se siente no solamente aislado, sino también amenazado de la posición que estamos tomando en toda la región”, sostuvo.

La posición frente a Venezuela

La grave crisis política, económica, social y humanitaria que se vive en Venezuela es algo que se está viendo con gran preocupación en toda la región. La asesora especial de Biden aclaró que “la posición de Estados Unidos no ha cambiado en absoluto” y que el Gobierno “sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino” del país porque “fue el único electo de la Asamblea Nacional”.

En su opinión, la vía diplomática tiene que ser un espacio para encontrar una solución a la situación que vive esta nación sudamericana liderada por Nicolás Maduro.

“Lo que estamos tratando de hacer, y pienso que es algo que deberíamos haber hecho desde el inicio, es tener conversaciones diplomáticas para que puedan haber unas elecciones en Venezuela, para dar a los venezolanos la oportunidad de alzarse en contra del narcorégimen de Maduro y elegir a un gobernante que va a poder proteger los derechos de los venezolanos”, comentó.

Sobre la reunión que hubo entre funcionarios estadounidenses con venezolanos en el Palacio de Miraflores, Mucarsel-Powell confesó que ese encuentro le “preocupó” y quiso interesarse personalmente sobre las intenciones de la Casa Blanca con esa visita, que se producía días después de anunciar sanciones a gas y al petróleo ruso por la invasión a Ucrania.

Aseguró que esa reunión, sobre todo, tenía la intención de liberar a Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, dos estadounidenses encarcelados en Venezuela.

“Para las familias de esas personas, eso fue un éxito de las conversaciones”, argumentó insistiendo en que Estados Unidos quiere buscar las vías para que “los venezolanos puedan cambiar el gobierno ellos mismos”.

Las claves para combatir la corrupción

América Latina se sitúa como una de las regiones peor evaluadas en los listados internacionales sobre corrupción, algo que afecta directamente a la política y a la economía de los países en tanto que incentiva, según advierten los expertos, la violencia y la desigualdad.

Venezuela, Haití, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Honduras, Argentina, Uruguay y Guatemala son algunos de los países latinoamericanos que aparecen en el reporte de Transparencia Internacional, un organismo que vela por los niveles de corrupción en todo el mundo.

Hace unos días, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández llegó extraditado a Estados Unidos acusado por tráfico de drogas y armas aprovechándose de su situación como presidente del gobierno.

Ante este escenario, la corrupción será otro de los temas que se incluirán en la agenda de discusión de la reunión en California porque, según dice Mucarsel-Powell, “no podemos fortalecer las instituciones democrática, si no tomamos la corrupción que ha existido no solamente en América Latina, sino también en los gobiernos democráticos aquí en Estados Unidos y en otras democracias del mundo”.

“Para Estados Unidos, el mensaje siempre ha sido que nadie está sobre la ley y pienso que el sistema judicial tiene que estar fortalecido”, señala la excongresista, convencida de que así se podrán enfrentar los casos de corrupción.

“La Cumbre de las Américas es una oportunidad de traer a relucir la unión entre la sociedad civil, la sociedad empresaria y líderes de gobiernos para que puedan tener esa conversación de cómo [los ciudadanos] pueden tener mejor representación en sus gobiernos de Latinoamérica”, apostilló.

El giro a la izquierda en América Latina

En los últimos tiempos, en la región latinoamericana se está dando un giro hacia la izquierda con la elección de presidentes más liberales. Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú son algunos de los nuevos mandatarios que se definen de izquierda. Y en poco tiempo podría pasar lo mismo en Colombia.

“Tenemos que respetar las voces de los colombianos en las elecciones y después de ver a quién van a elegir, sea del partido que sea, debemos tener el compromiso de apoyar a los colombianos por la decisión que han tomado”, dijo sobre los comicios en los que Gustavo Petro, el líder de izquierda más importante del momento en Colombia, tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones.

Ante este escenario, Debbie Mucarsel-Powell también enfatizó que el compromiso de EEUU es respetar “las elecciones libres y transparentes”, aunque no entró a valorar si a la Administración estadounidense le preocupa ese giro. “Nosotros hemos tenido esta posición globalmente: no violen derechos humanos, no comiencen a tomar pasos autocráticos que puedan afectar las instituciones democráticas”, advirtió.

En ese sentido, recalcó que “el componente más importante” de la Cumbre de las Américas “va a ser la gobernación democrática”, que pasa por “respetar las voces que salen a votar y las elecciones de cada país”.

“Tenemos que siempre tener esa posición de que tenemos que respetar cuando haya elecciones libres y transparentes, y las voces de las personas que eligen a su gobierno y a sus gobernantes”, agregó.

Por eso insistió en que es el deber de Estados Unidos “de demostrar que las democracias funcionan y que juntos y unidos podemos enfrentar los obstáculos que nosotros tenemos en la región”.

“Porque no es solamente la democracia, también tenemos problemas económicos, de desarrollo, tenemos el problema del cambio climático, tenemos que enfrentar la deforestación que estamos viendo en Brasil, tenemos que trabajar juntos para controlar la contaminación del agua y de la basura que estamos viendo en el océano”, expuso consciente de que “hay que alcanzar las respuestas para poder enfrentar todos esos obstáculos”.

La inmigración

La cuestión migratoria va a ser otro de los temas estrella que se incluyen en el programa de los países que participan en esta cumbre de máximo nivel diplomático. Biden, cuando tomó cargo como presidente en enero de 2021, se comprometió a enfrentar como una prioridad los flujos de migraciones ilegales hacia Estados Unidos y tratar de incentivar las oportunidades económicas para evitar que la población se viera obligada a emigrar.

“Este es un tema que nos afecta, no solamente a Estados Unidos, sino también a otros países. Hemos visto cómo Colombia ha tenido que abrir sus puertas a más de 2 millones de venezolanos que han tenido que escapar de este régimen, que ha violado los derechos humanos de los venezolanos”, dijo, recordando que gracias a la colaboración de otros países de la región, se ha podido abordar esta crisis.

Durante la entrevista con la VOA, la funcionaria defendió que “ningún inmigrante quiere salir de país y dejar la familia atrás para escapar de la violencia”, por lo que es importante forjar alianzas con “el sector privado y los gobiernos de la región” en temas de inversión y acceso a financiación para promover las oportunidades laborales de los centroamericanos y otras poblaciones sudamericanas.

Críticas de los republicanos

Desde la bancada republicana, algunos han criticado ciertas políticas del Gobierno en la región. En el tema venezolano, por ejemplo, el Senador por Florida Marco Rubio arremetió contra Biden por el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela en el Palacio de Miraflores y calificó el encuentro como “bochornoso” después de las sanciones impuestas al petróleo ruso por la guerra en Ucrania.

“Estados Unidos no necesita una sola gota de petróleo de Maduro, podemos producir más que suficiente aquí si Biden lo permitiera”, señaló.

Al mismo tiempo, aseguró que esta reunión supone una “traición” para el exilio venezolano en Estados Unidos. “Es un bochorno y una pena que hayan abandonado y traicionado a aquellos que estén peleando por la libertad de Venezuela”, indicó.

La cuestión migratoria también ha provocado el rechazo de los republicanos en el Congreso. La oposición republicana dijo estar alarmada por las cifras récord de la inmigración ilegal en Estados Unidos, que calificaron de "catástrofe humanitaria".

Los ingresos desde México aumentaron en las últimas semanas y dos memorandos publicados por líderes republicanos acusan al presidente demócrata Joe Biden de haber convertido la situación en la frontera en "la peor en la historia de Estados Unidos".

En una conferencia de prensa, senadores republicanos denunciaron la débil respuesta del gobierno de Biden a la situación, a la que estimaron "fuera de control".

"Hoy una crisis hace estragos en la frontera sur", dijo el senador republicano por Texas Ted Cruz, quien agregó que la misma fue "creada por Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris".

Acusó a los demócratas de apoyar la inmigración ilegal, pues consideran a "los dos millones de inmigrantes ilegales llegados el año pasado como futuros votantes".

La guardia fronteriza contabilizó 1,7 millones episodios de detención de migrantes indocumentados en el último año fiscal, el mayor número hasta ahora registrado.

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Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

Chile apoya inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, pero sin exigir

El presidente de Chile, Gabriel Boric, el 2 de mayo de 2022. (AP Photo/Esteban Félix).

El gobierno chileno considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben asistir a la Cumbre de las Américas, pero que la participación de Chile no estará supeditada a la presencia de esos tres países.

La canciller Antonia Urrejola dijo el domingo al diario La Tercera que en los últimos años la exclusión no ha dado resultado en materia de derechos humanos, y que ella y el presidente Gabriel Boric han estado insistiendo en celebrar una Cumbre lo más amplia posible.

Acerca de las ideas políticas de Boric, quien en el pasado ha criticado la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que el presidente tiene un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana y que está promoviendo un liderazgo enfocado en el valor de la democracia y los derechos humanos.

Agregó que la región está superfragmentada, se ha polarizado y que de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sería importante poder conversar más allá de las diferencias.

El gobierno mexicano ha amenazado con no asistir a la Cumbre si hay exclusiones. El gobierno de Estados Unido no ha cursado las invitaciones al evento, pero el Departamento de Estado ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua probablemente no estarían presentes porque no son democracias.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Angeles del 6 al 10 de junio.

¿Quién es Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez acusada de corrupción en EEUU?

MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado.

Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir sobornos milmillonarios gracias a sus cargos.

Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por “riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades españolas la entregaran a Estados Unidos.

Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.

¿Quién es ella?

Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.

Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, recibió hasta 25% de las regalías petroleras.

Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y ex edecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrián Velásquez.

¿De qué se le acusa?

Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.

Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.

La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.

Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.

Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.

“Esquema" corrupto

Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.

Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.

La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.

La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.

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