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América Latina

Nicaragua, Venezuela y la corrupción en América Latina: las claves de la próxima Cumbre de las Américas

ARCHIVO - Logo de la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, EEUU.
ARCHIVO - Logo de la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, EEUU.

Debbie Mucarsel-Powell, asesora especial del presidente Joe Biden para la cumbre, habla con VOA sobre el auge de la corrupción en la región, la postura de Managua tras expulsar a los funcionarios de la OEA y la relación con Caracas, algunos puntos que se abordarán en la agenda de la Cumbre.

MIAMI, EEUU — Estados Unidos acogerá la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Esta cita tiene que servir, según fuentes de la Casa Blanca, para reforzar las relaciones entre los socios y aliados de la región y abordar distintas problemáticas, como la migración, la corrupción y el cambio climático, entre otras.

El presidente de EEUU ha escogido un equipo de asesores especiales para este encuentro de altos mandatarios. Entre ellos está la excongresista de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell.

“Tenemos una responsabilidad muy grande de establecer y fortalecer nuestras relaciones con todos los países de la región”, explicó Mucarsel-Powell durante una entrevista con la Voz de América desde su casa en Miami, Florida.

Según ella, todos los temas que se tratarán tienen un denominador común: “Crear un futuro sostenible, equitativo y resiliente”.

La alta funcionaria reconoce que el reto al que se enfrenta la mayor parte de los países del mundo es “la debilidad de las democracias” y “de las instituciones democráticas”.

“Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región de las Américas que la democracia puede solucionar los temas más difíciles que estamos enfrentando en este momento”, dijo, asegurando que está “lista para este trabajo”.

Pero, sobre todo, insiste en que “es un momento para demostrar que la región está unida en contra de cualquier gobierno que esté violando derechos humanos”, con especial atención “a lo que está sucediendo en Nicaragua, pero también en Venezuela y Cuba”.

“Este es un momento en que los países democráticos tienen que unirse para posicionarse en la opinión de que las instituciones democráticas son las instituciones que nosotros vamos a valorar y proteger”, agregó.

Con todo, espera que esta fórmula sirva para “demostrar a todos los ciudadanos de las Américas que sus voces importan más y más”, especialmente cuando reclaman “gobiernos con integridad, transparencia, apoyo a la prensa libre y derrotar la desinformación que ha debilitado las instituciones democráticas de la región”.

Nicaragua y su salida de la OEA

La Cumbre de las Américas se dará en un momento especialmente delicado después de que el Gobierno de Daniel Ortega ordenara la expulsión de los funcionarios de la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, anunciase la salida del organismo y tomase la sede del mismo en la capital del país.

“Estamos viendo todas las medidas que ha tomado el Gobierno de Ortega y Murillo. No solamente está encarcelando a protestantes pacíficos que han alzado sus voces en contra de este régimen, pero también nos está demostrando que está tomando pasos autoritarios”, explicó.

En esa línea, Mucarsel-Powell considera que esa actitud obedece a la postura de presión que desde la comunidad internacional se ha ejercido para que desista con este tipo de políticas. “Esta es mi opinión personal y creo que el Gobierno de Ortega se siente no solamente aislado, sino también amenazado de la posición que estamos tomando en toda la región”, sostuvo.

La posición frente a Venezuela

La grave crisis política, económica, social y humanitaria que se vive en Venezuela es algo que se está viendo con gran preocupación en toda la región. La asesora especial de Biden aclaró que “la posición de Estados Unidos no ha cambiado en absoluto” y que el Gobierno “sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino” del país porque “fue el único electo de la Asamblea Nacional”.

En su opinión, la vía diplomática tiene que ser un espacio para encontrar una solución a la situación que vive esta nación sudamericana liderada por Nicolás Maduro.

“Lo que estamos tratando de hacer, y pienso que es algo que deberíamos haber hecho desde el inicio, es tener conversaciones diplomáticas para que puedan haber unas elecciones en Venezuela, para dar a los venezolanos la oportunidad de alzarse en contra del narcorégimen de Maduro y elegir a un gobernante que va a poder proteger los derechos de los venezolanos”, comentó.

Sobre la reunión que hubo entre funcionarios estadounidenses con venezolanos en el Palacio de Miraflores, Mucarsel-Powell confesó que ese encuentro le “preocupó” y quiso interesarse personalmente sobre las intenciones de la Casa Blanca con esa visita, que se producía días después de anunciar sanciones a gas y al petróleo ruso por la invasión a Ucrania.

Aseguró que esa reunión, sobre todo, tenía la intención de liberar a Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, dos estadounidenses encarcelados en Venezuela.

“Para las familias de esas personas, eso fue un éxito de las conversaciones”, argumentó insistiendo en que Estados Unidos quiere buscar las vías para que “los venezolanos puedan cambiar el gobierno ellos mismos”.

Las claves para combatir la corrupción

América Latina se sitúa como una de las regiones peor evaluadas en los listados internacionales sobre corrupción, algo que afecta directamente a la política y a la economía de los países en tanto que incentiva, según advierten los expertos, la violencia y la desigualdad.

Venezuela, Haití, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Honduras, Argentina, Uruguay y Guatemala son algunos de los países latinoamericanos que aparecen en el reporte de Transparencia Internacional, un organismo que vela por los niveles de corrupción en todo el mundo.

Hace unos días, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández llegó extraditado a Estados Unidos acusado por tráfico de drogas y armas aprovechándose de su situación como presidente del gobierno.

Ante este escenario, la corrupción será otro de los temas que se incluirán en la agenda de discusión de la reunión en California porque, según dice Mucarsel-Powell, “no podemos fortalecer las instituciones democrática, si no tomamos la corrupción que ha existido no solamente en América Latina, sino también en los gobiernos democráticos aquí en Estados Unidos y en otras democracias del mundo”.

“Para Estados Unidos, el mensaje siempre ha sido que nadie está sobre la ley y pienso que el sistema judicial tiene que estar fortalecido”, señala la excongresista, convencida de que así se podrán enfrentar los casos de corrupción.

“La Cumbre de las Américas es una oportunidad de traer a relucir la unión entre la sociedad civil, la sociedad empresaria y líderes de gobiernos para que puedan tener esa conversación de cómo [los ciudadanos] pueden tener mejor representación en sus gobiernos de Latinoamérica”, apostilló.

El giro a la izquierda en América Latina

En los últimos tiempos, en la región latinoamericana se está dando un giro hacia la izquierda con la elección de presidentes más liberales. Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú son algunos de los nuevos mandatarios que se definen de izquierda. Y en poco tiempo podría pasar lo mismo en Colombia.

“Tenemos que respetar las voces de los colombianos en las elecciones y después de ver a quién van a elegir, sea del partido que sea, debemos tener el compromiso de apoyar a los colombianos por la decisión que han tomado”, dijo sobre los comicios en los que Gustavo Petro, el líder de izquierda más importante del momento en Colombia, tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones.

Ante este escenario, Debbie Mucarsel-Powell también enfatizó que el compromiso de EEUU es respetar “las elecciones libres y transparentes”, aunque no entró a valorar si a la Administración estadounidense le preocupa ese giro. “Nosotros hemos tenido esta posición globalmente: no violen derechos humanos, no comiencen a tomar pasos autocráticos que puedan afectar las instituciones democráticas”, advirtió.

En ese sentido, recalcó que “el componente más importante” de la Cumbre de las Américas “va a ser la gobernación democrática”, que pasa por “respetar las voces que salen a votar y las elecciones de cada país”.

“Tenemos que siempre tener esa posición de que tenemos que respetar cuando haya elecciones libres y transparentes, y las voces de las personas que eligen a su gobierno y a sus gobernantes”, agregó.

Por eso insistió en que es el deber de Estados Unidos “de demostrar que las democracias funcionan y que juntos y unidos podemos enfrentar los obstáculos que nosotros tenemos en la región”.

“Porque no es solamente la democracia, también tenemos problemas económicos, de desarrollo, tenemos el problema del cambio climático, tenemos que enfrentar la deforestación que estamos viendo en Brasil, tenemos que trabajar juntos para controlar la contaminación del agua y de la basura que estamos viendo en el océano”, expuso consciente de que “hay que alcanzar las respuestas para poder enfrentar todos esos obstáculos”.

La inmigración

La cuestión migratoria va a ser otro de los temas estrella que se incluyen en el programa de los países que participan en esta cumbre de máximo nivel diplomático. Biden, cuando tomó cargo como presidente en enero de 2021, se comprometió a enfrentar como una prioridad los flujos de migraciones ilegales hacia Estados Unidos y tratar de incentivar las oportunidades económicas para evitar que la población se viera obligada a emigrar.

“Este es un tema que nos afecta, no solamente a Estados Unidos, sino también a otros países. Hemos visto cómo Colombia ha tenido que abrir sus puertas a más de 2 millones de venezolanos que han tenido que escapar de este régimen, que ha violado los derechos humanos de los venezolanos”, dijo, recordando que gracias a la colaboración de otros países de la región, se ha podido abordar esta crisis.

Durante la entrevista con la VOA, la funcionaria defendió que “ningún inmigrante quiere salir de país y dejar la familia atrás para escapar de la violencia”, por lo que es importante forjar alianzas con “el sector privado y los gobiernos de la región” en temas de inversión y acceso a financiación para promover las oportunidades laborales de los centroamericanos y otras poblaciones sudamericanas.

Críticas de los republicanos

Desde la bancada republicana, algunos han criticado ciertas políticas del Gobierno en la región. En el tema venezolano, por ejemplo, el Senador por Florida Marco Rubio arremetió contra Biden por el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela en el Palacio de Miraflores y calificó el encuentro como “bochornoso” después de las sanciones impuestas al petróleo ruso por la guerra en Ucrania.

“Estados Unidos no necesita una sola gota de petróleo de Maduro, podemos producir más que suficiente aquí si Biden lo permitiera”, señaló.

Al mismo tiempo, aseguró que esta reunión supone una “traición” para el exilio venezolano en Estados Unidos. “Es un bochorno y una pena que hayan abandonado y traicionado a aquellos que estén peleando por la libertad de Venezuela”, indicó.

La cuestión migratoria también ha provocado el rechazo de los republicanos en el Congreso. La oposición republicana dijo estar alarmada por las cifras récord de la inmigración ilegal en Estados Unidos, que calificaron de "catástrofe humanitaria".

Los ingresos desde México aumentaron en las últimas semanas y dos memorandos publicados por líderes republicanos acusan al presidente demócrata Joe Biden de haber convertido la situación en la frontera en "la peor en la historia de Estados Unidos".

En una conferencia de prensa, senadores republicanos denunciaron la débil respuesta del gobierno de Biden a la situación, a la que estimaron "fuera de control".

"Hoy una crisis hace estragos en la frontera sur", dijo el senador republicano por Texas Ted Cruz, quien agregó que la misma fue "creada por Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris".

Acusó a los demócratas de apoyar la inmigración ilegal, pues consideran a "los dos millones de inmigrantes ilegales llegados el año pasado como futuros votantes".

La guardia fronteriza contabilizó 1,7 millones episodios de detención de migrantes indocumentados en el último año fiscal, el mayor número hasta ahora registrado.

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Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

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