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Cuba

"Más claro ni el agua, Cuba es una dictadura", dice Yunior García sobre respuesta oficial a Marcha Cívica por el Cambio

Cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio. (AP/Eliana Aponte, file)

Acusándolos de fines "inconstitucionales y desestabilizadores", el gobierno cubano dio este martes la primera respuesta oficial a los organizadores de la "Marcha Cívica por el Cambio", convocada en varias ciudades de la isla para el 15 de noviembre próximo.

El portal oficialista Cubadebate publicó una carta del Intendente del Consejo de Administracción de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, dirigida al coordinador de la plataforma Archipiélago y principal promotor de la marcha, el dramaturgo y activista Yunior García Aguilera.

Más tarde, el diario estatal Granma, órgano oficial del Partido Comunista, dijo que "las autoridades de varios municipios de provincias cubanas como La Habana, Villa Clara y Las Tunas", habían hecho público un comunicado similar. Las notas van acompañadas de videos con entrevistas a los funcionarios locales.

Aunque no le sorprendió la respuesta oficial, García Aguilera dijo a Radio Martí que las autoridades “han optado por la decisión menos sensata”. La respuesta, señaló, no es una iniciativa de los intendentes, es "una respuesta vertical que viene del mando más alto".

Bajo el encabezado "Respuesta al documento presentado sobre la decisión de realizar una marcha con fines desestabilizadores", el funcionario señala que "no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen" para la realización de la misma, citando el mismo Artículo 56 de la Constitución que ampara el derecho ciudadano a la manifestación pacífica.

García Aguilera manifestó que los organizadores de la marcha trataron de seguir todos los pasos legales requeridos para su realización, pero que “no hay nada que hacer en el camino de la legalidad, porque Cuba no es un Estado de derecho, es una dictadura”, enfatizó.

La comunidad internacional, dijo, tiene que mirar hacia Cuba y ver las cosas como son. "La realidad, más clara ni el agua: Cuba es una dictadura y los ciudadanos cubanos no tenemos derechos”.

La plataforma Archipiélago comunicó la noticia a sus seguidores en un post en Facebook, en el que anuncia que los "próximos pasos" sobre la marcha del 15N "se darán a conocer en breve". García Aguilera reafirmó la idea en sus declaraciones a Radio Martí. Lo primero que hará, dijo, será ponerse en contacto con los otros miembros de Archipiélago y dar a conocer en un comunicado los próximos pasos a seguir.

La carta oficial acota que el Artículo 56 señala entre los requisitos para el ejercicio al derecho a la manifestación "la licitud y el respeto al orden público, y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

También menciona presuntos vínculos de algunos integrantes de Archipiélago con "organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense" que tendrían "la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba", lo que calificó de "provocación, como parte de la estrategia de "cambio de régimen" para Cuba, ensayada en otros países".

Al respecto, subraya el documento oficial que la convocatoria cívica "recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a una intervención militar", y cita el Artículo 4 de la Constitución que dicta la irrevocabilidad del sistema socialista, "por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita", concluye.

Los organizadores de la marcha del 15N han reiterado que la convocatoria es a una "manifestación pacífica", y que el grupo no apoya ningún tipo de violencia.

En un post titulado "Algunos apuntes necesarios", Archipiélago puntualiza:

  • "Archipiélago nace por la necesidad de que en Cuba existan más ciudadanos y menos habitantes.
  • Nosotros no permitimos ningún tipo de violencia ni aceptamos que se promueva dentro del espacio aunque esto limite la democracia del grupo.
  • Ya grupos violentos han declarado que no nos apoyan porque somos excluyentes.
  • Nosotros no hemos pedido, ni pediremos a nadie que salga antes del 15, otras convocatorias podrán existir pero no dentro de Archipiélago, nuestra marcha es el 15 por:
    -La libertad de los presos políticos en especial los de 11J ( tenemos hermanos presos )
    -Contra la violencia
    -Porque se respeten los derechos de todos los cubanos
    -Y por encontrar solución a nuestros problemas por vías democráticas y pacíficas.
  • Las imágenes que circulan en las redes asociando la marcha del 15N con sucesos violentos no corresponden la intención de este grupo."

Representantes de los grupos ciudadanos que firmaron las cartas enviadas a los gobiernos locales con motivo de la realización de la marcha cívica fueron citados para este martes por funcionarios de las Asambleas Municipales de La Habana Vieja, Consolación del Sur, Santa Clara, Cienfuegos, Nuevitas, Las Tunas, Holguín y Guantánamo, con el supuesto objetivo de darles una respuesta oficial a la convocatoria.

En horas de esta tarde, la moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, fue detenida en su vivienda por agentes de la Seguridad del Estado, denunció la organización en Twitter.

El viernes último, García Aguilera dijo a Radio Martí que en una reunión con un grupo de organizadores del evento cívico no violento, y después de largo debate, se decidió cambiar la fecha de la convocatoria de la manifestación, inicialmente prevista para el 20 de noviembre, para el 15 del mismo mes.

La decisión, dijo, se debió a que, en un intento de perturbar la marcha, el régimen comunista anunció un despliegue militar del "Día Nacional de la Defensa" en la misma fecha.

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DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba

Policías vestidos de civil detienen a una persona durante protestas el 11 de julio de 2021. REUTERS / Stringer

La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.

El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.

Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio.

Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas.

Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021.
Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el

EEUU devuelve a la isla a decenas de balseros y recuerda que existen vías legales para que los cubanos emigren

Un miembro de la Guardia Costera de los Estados Unidos pilota un avión HC-144 Ocean Sentry durante una misión de patrullaje en el Estrecho de Florida, el 17 de julio de 2021. REUTERS / Marco Bello

Estados Unidos anunció este lunes la repatriación de decenas de cubanos que fueron interceptados en el mar en tres operaciones distintas de la Guardia Costera, en las que los balseros fueron avistados por unidades de la Estación Aérea.

"La tripulación del guardacostas William Trump repatrió a 45 cubanos a Cuba el lunes, luego de tres intercepciones en el Mar Caribe debido a preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar", indica un comunicado oficial, donde se asegura que en ninguna de las operaciones se reportaron heridos.

El comunicado exhorta a las personas que residan en los Estados Unidos y que tengan preguntas sobre posibles miembros de su familia que hayan sido interceptados en el mar, que se comuniquen con su representante local y los familiares que se encuentran fuera de los Estados Unidos que contacten con la embajada de EEUU para conseguir información.

Un grupo fue localizado el viernes, alrededor de las 12:30 p.m., en una embarcación ubicada aproximadamente a 15 millas de La Habana; otro, ese mismo día, pero alrededor de las 3:40 p.m., en una embarcación localizada a 35 millas de Cay Sal, Bahamas y el sábado, alrededor de las 5:40 p.m., en una embarcación detectada aproximadamente a 40 millas de Key West.

"Existe un medio de migración controlado, seguro y legal para llegar a los Estados Unidos", dijo el oficial Connor Ives, del Séptimo Distrito de la Guardia Costera.

"No seguir este proceso al migrar por mar es ilegal y pone en peligro la vida de todos los involucrados", añadió.

Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 122 cubanos, asegura la nota oficial que explica que
una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica y que durante la interdicción, los miembros de la tripulación de la Guardia Costera fueron equipados con equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.

Fallece en Miami la periodista y presentadora radial cubanoamericana Lourdes D' Kendall

Lourdes D' Kendall.

La periodista y presentadora radial de origen cubano Lourdes Bertot, conocida como Lourdes D' Kendall, falleció este lunes en Miami víctima del cáncer, dijeron colegas de la emisora local Radio Mambí, donde laboraba.

"Con inmenso dolor #RadioMambi710 informa el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga, Lourdes D Kendall. Nos sumamos al duelo que embarga a su familia, amigos y oyentes por esta irreparable pèrdida y pedimos a Dios por su descanso eterno", dijo la emisora en Twitter.

“Es una gran perdida para todos. Nunca la olvidaremos, pues yo también fui uno de sus fieles oyentes, que tenía el radio puesto para oír sus comentarios y enlaces con sus queridos oyentes”, dijo su esposo Walter Bertot al canal hispano Univisión.

Nacida en La Habana, D’ Kendall emigró a Estados Unidos junto a su familia en los años 60, tras la llegada al poder de Fidel Castro.

El señador republicano por Florida, Marco Rubio, ofreció sus condolencias a familiares y amigos de la fallecida. "El legado de Lourdes vivirá en los corazones de todos sus oyentes y la familia de @radiomambi710", reza un tuit de su cuenta oficial.

El congresista republicano Carlos Giménez expresó también sus condolencias por el fallecimiento de la comunicadora, a quien considera "un icono de la radio en español de nuestra comunidad", manifestó.

El excomisionado y candidato a la alcaldía de Hialeah, Esteban Bovo, lamentó "la pérdida de una luchadora conservadora” como D’ Kendall.

“Lourdes De Kendall fue una voz fuerte en contra el socialismo y la izquierda radical. Mis condolencias a su familia y a sus colegas de @radiomambi710. Que descanse en paz”, escribió en la red social.

A 100 días de las protestas del 11J en Cuba, HRW presenta informe sobre la "represión brutal" del régimen

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

La organización Human Rights Watch presentará este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”, y ha extendido una invitación a los interesados.

La presentación tendrá lugar este 19 de octubre, a las 11: 45 de la mañana, en el Miami Dade College, Edificio número 2, Breezewey, y la exposición del informe estará a cargo del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

"(...) a 100 días de las protestas del 11 de julio, presentaremos un informe exhaustivo sobre la brutal represión del régimen cubano contra manifestantes”, anunció este lunes Vivanco en Twitter.

El informe se basa en las denuncias recibidas por la organización defensora de los derechos sobre la violencia desatada contra el pueblo por el régimen cubano durante los días 11, 12 y 13 del pasado mes de julio, cuando cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles de todo el país al grito de “¡Libertad!”.

Esta sublevación espontánea, inédita en los 62 años de duración del régimen castrista en el poder, dejó el saldo de un muerto a tiros y varias decenas de heridos a causa de la violencia policial, además de cientos de detenidos.

Gana premio de podcast latino el activista Raúl Soublett

Raúl Soublett, galardonado por un podcast hecho en Cuba. (Imagen de Twitter).

La Academia Internacional para los Premios Latinos de Podcast, en la categoría “Revelación del año: Sociedad y Cultura”, otorgó su galardón a “En estéreo podcast Cuba” del habanero Raúl Soublett López.

“Estuvimos nominados en tres categorías y ganamos en ésta. Es un gran reconocimiento a todo el trabajo que hemos realizado el equipo desde el 2 de octubre de 2020 que salimos por primera vez al aire”, dijo.

La aplicación estéreo de podcast permite a los influencers emitir al mismo tiempo que reciben preguntas en forma de audio por parte de los oyentes, lo cual hace que haya una comunicación bidireccional.

Soublett, coordinador de la Alianza Afro-Cubana, es un activista contra la discriminación racial y por los derechos del colectivo LGBTIQ.

Sabe que éste es un buen momento para poner en la palestra pública el debate sobre racismo y segregación por razones de género en la Isla y así lo ha hecho en su espacio “En estéreo podcast Cuba”, que se puede encontrar en Facebook.

“Es la primera vez que participan podcasters cubanos en este certamen en el que hay competidores de América Latina, del Caribe, América del Norte. Y este premio no es solo para nosotros, sino que está visibilizando a nuestro país, los problemas que hay en Cuba. Por eso lo dedicamos a cada uno de los presos políticos y toda la población va a estar representada”.

Los aspirantes concursan en categorías por países, internacionales, multinacionales, podcast en inglés, en idiomas mixtos y el premio Podcast of the Year.

Los ganadores recibieron un trofeo y diplomas que acreditan su excelencia en una ceremonia virtual celebrada el sábado 16 de octubre transmitida en vivo.

Los Latin Podcast Awards, con sede en Estados Unidos y creados en 2017, son la forma de reconocimiento más grande e importante para los podcasters latinos en todo el mundo.

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