América Latina
- Agencias
El nuevo escenario político en Venezuela
Se esperan conflictos entre el poder legislativo y un Gobierno blindado por un andamiaje legal construido durante más de tres lustros por el oficialismo.
Los adversarios del presidente Nicolás Maduro lograron revertir el domingo la mayoría abrumadora de la que disfrutó durante más de 17 años el gobernante partido socialista, fundado por Hugo Chávez. Ahora, a sus herederos políticos no les queda otra alternativa que lidiar con un congreso que puede imponerle controles y frenar su avance para convertir Venezuela en un estado socialista.
Cuando restan por totalizarse menos del 4% de los votos, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela suma 46 escaños de 167, con lo que a partir de la juramentación de los nuevos legisladores el 5 de enero, inevitablemente quedarán invalidados para realizar cambios sustanciales en leyes fundamentales, acumular cada vez más poder y nombrar miembros de otros poderes, como Chávez y luego Maduro hicieron sin obstáculos desde 1999.
La Constitución requiere al menos 112 escaños para aprobar leyes fundamentales y designar a miembros de los poderes públicos –entre ellos, el Fiscal General, los miembros del Tribunal Supremo y las autoridades electorales.
Su superioridad en cuanto a número de legisladores en la Asamblea Nacional le permitió a Chávez durante sus casi 15 años de mandato, y luego a Maduro –su heredero político y elegido por un estrecho margen en abril del 2013– poblar de aliados los poderes públicos y acumular cada vez mayor poder.
Un escenario con una inflación de tres dígitos, un auge de la criminalidad que agobia a los venezolanos y escasez generalizada de alimentos y otros bienes básicos parece haber sido determinante a la hora de minar el apoyo a los candidatos oficialistas tal y como se esperaba.
Desde el 2006, los venezolanos enfrentan problemas de desabastecimiento, pero la situación se agravó en los últimos dos años coincidiendo con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos en divisas del Gobierno. La escasez se ha agudizado debido a que el Gobierno redujo la venta de divisas oficiales, lo que impidió a muchas empresas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.
Venezuela tiene una fuerte dependencia de las importaciones, que suponen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen en el país.
Según los críticos del Gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los artículos y las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.
Esos problemas no desaparecerán de un día para otro. Por el contrario, se espera que la crisis se agrave el próximo año en parte por la tardanza del Gobierno en adoptar medidas para corregir las distorsiones de la economía.
Algunos analistas han advertido que los cambios derivados del triunfo de la oposición tampoco serán inmediatos, pero si no se logran acuerdos de convivencia, desde enero podrían abundar los conflictos entre el poder legislativo y un Gobierno blindado por un andamiaje legal construido durante más de tres lustros por el oficialismo, para dotar al Ejecutivo de amplias competencias en los más variados ámbitos.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, advirtió que si la oposición no "administra adecuadamente esa mayoría" y el Gobierno se muestra intransigente "vamos a tener dos importantes fuerzas enfrentadas".
"Ojalá (las partes) entiendan que tienen que negociar, la gente en esencia votó para que le resuelvan sus problemas y la prioridad de esa Asamblea tiene que ser buscar soluciones a sus problemas" cotidianos, dijo León a AP.
Otros analistas sostienen que, pese a que el tema económico era quizás el principal elemento para votar en contra del Gobierno, la oposición debería abstenerse de proponer unilateralmente cualquier iniciativa en ese campo, y en particular olvidar los llamados paquetes económicos, que son mal vistos por la mayoría de los venezolanos.
En Venezuela, la adopción de medidas económicas suelen acarrear un elevado costo político.
Muchos advierten que para el Gobierno sería muy fácil trasladar a la oposición la culpa de los efectos dolorosos de alguna medida, algo que en los últimos 17 años han hecho cada vez que cualquier área evidencia un fracaso.
"El proyecto chavista ha sido un fracasado y no funciona. Eso ha llevado a Maduro a echarle la culpa a la oposición, a los empresarios, a cualquiera que lo libre ante la opinión pública de su responsabilidad", dijo a la AP el dirigente opositor Manuel Castro.
"La improvisación que ha demostrado (Maduro) en todos los frentes, le lleva siempre a buscar un chivo expiatorio para justificar su desastroso gobierno", agregó.
En su primer mensaje a la nación tras el triunfo de la oposición, Maduro comentó: "Es heroico que estemos hoy recogiendo el 42% de los votantes (...) luego de lo que se nos ha hecho y de lo que se ha hecho padecer a nuestro pueblo" en materia económica.
Maduro suele repetir que la crisis es consecuencia de una "guerra económica" promovida por empresarios y sectores opositores.
Entre las prioridades que, según la mayoría de los expertos debería tener la victoriosa oposición, se centran en la liberación de los "presos políticos", combatir la corrupción en el sector público, frenar la criminalidad y reducir la influencia del Ejecutivo en los poderes judicial y electoral.
Los 22 escaños aún en disputa determinarán si la bancada opositora alcanza o no los 101 votos necesarios para sancionar leyes que habiliten al Presidente para legislar por decreto, aprobar mociones de censura contra el Vicepresidente o los ministros o retirar a los integrantes del organismo electoral sin un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
La oposición, que ya había adelantado su triunfo antes del anuncio oficial de los resultados, sostiene que la cifra de 101 legisladores se superó ampliamente y que sólo falta que el organismo electoral refrende que alcanzó el objetivo de más de 112 escaños.
La mayoría de las reformas hechas desde 1999 para convertir al país en un Estado socialista, se hicieron mediante seis leyes habilitantes, que fueron la principal herramienta para redefinir las relaciones económicas, políticas y sociales de la nación.
Algunos de los opositores más radicales prometen convocar un referendo revocatorio para acortar el mandato de Maduro, que termina en 2019.
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Aumentan a 56 los muertos por las lluvias en el sur de Brasil; unos 70 siguen desaparecidos
El número de muertos por las lluvias en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ascendió a 56, según informaron las autoridades locales el sábado por la mañana, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas.
La autoridad de defensa civil de Rio Grande do Sul dijo que 67 personas seguían desaparecidas y que casi 25.000 habían sido desplazadas, ya que las tormentas afectaron a más de la mitad de las 497 ciudades del estado, fronterizo con Uruguay y Argentina.
Las inundaciones destruyeron carreteras y puentes en varias regiones del estado. La tormenta también provocó corrimientos de tierras y el derrumbamiento parcial de una presa en una pequeña central hidroeléctrica.
Un segundo embalse en la ciudad de Bento Gonçalves también corre el riesgo de derrumbarse, según las autoridades.
En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el río Guaiba se desbordó e inundó las calles. El aeropuerto internacional de la ciudad suspendió todos los vuelos por tiempo indefinido.
El gobernador estatal, Eduardo Leite, dijo a la prensa el viernes por la noche que el número de muertos aún podría aumentar.
Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, el sábado podría haber más lluvias en las regiones septentrionales del estado, y las autoridades instaron a los habitantes de las zonas de riesgo a buscar refugio en otros lugares.
Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
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