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América Latina

El canciller de Japón reitera su apoyo al gobierno de Juan Guaidó

El canciller nipón Toshimitsu Motegi, el 18 de noviembre de 2020

El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, realiza a partir de este lunes una gira por cinco países latinoamericanos con el fin de reforzar sus lazos en la región por medio de una diplomacia "con empatía y firmeza", según dijo en una entrevista con la agencia Efe.

El periplo lo llevará a México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. “Japón y los países latinoamericanos han venido manteniendo durante muchos años una relación de amistad, y somos socios importantes que comparten valores fundamentales como la libertad, la democracia y el imperio de la ley, entre otros”, explicó.

Acerca de Venezuela, dijo que Japón comparte las preocupaciones sobre la crisis y el éxodo de venezolanos. También reiteró el apoyo de su gobierno al presidente interino Juan Guaidó.

Ante la pregunta, “Los cinco países que visitará tienen posiciones divergentes respecto a la crisis política de Venezuela, un tema que está muy presente en la agenda política latinoamericana y que sigue creando divisiones en la región. ¿Qué postura va a llevar Japón en ese tema con las personalidades con las que se entrevistará en las cinco naciones?”, el canciller nipón respondió:

“El agravamiento de la situación política, económica y humanitaria en Venezuela ha generado 5,4 millones de refugiados y migrantes, y se ha convertido en un asunto regional que implica no solo a Venezuela sino a los países de su entorno. Tengo entendido que los cinco países que voy a visitar esta vez, México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil tienen una visión común en el sentido de que todos comparten la importancia de solucionar cuanto antes la crisis venezolana de manera democrática y pacífica.

En cuanto a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela celebradas el pasado mes de diciembre, Japón tiene dudas sobre la legitimidad de sus procesos electorales y manifestó su profunda preocupación al respecto.

Asimismo, ha venido expresando su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las conferencias internacionales de donantes, entre otros.

Ante tal empeoramiento de la situación política, económica y humanitaria en Venezuela, Japón ha aportado una serie de ayudas cuyo monto total asciende a 41,3 millones de dólares desde 2017 destinados al pueblo venezolano y a los países vecinos que reciben refugiados y migrantes venezolanos como Brasil, Colombia, Perú o Ecuador.

Recientemente, en el mes pasado, Japón aportó unos 4,9 millones de dólares al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para apoyar la vacunación de niños y mujeres embarazadas en Venezuela, incluidos repatriados y desplazados internos, y para la capacitación de los profesionales sanitarios.

De igual modo, donó unos 2,95 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de proporcionar ayuda alimentaria y formación profesional a los refugiados y migrantes venezolanos en Perú.

Japón sigue haciendo un llamamiento en pro de la restauración de la democracia con la amplia participación de ciudadanos y la pronta celebración de elecciones libres y justas en Venezuela, y apoya al presidente interino, Juan Guaidó.

Seguiremos atentos a la situación humanitaria, incluida la acogida de los refugiados y migrantes fuera de Venezuela, y continuaremos nuestra colaboración con los países latinoamericanos, incluidos los 5 países que voy a visitar, y la comunidad internacional para afrontar estos retos, a pesar de la situación de la expansión de la Covid-19.

Con Argentina, Brasil y México, que forman parte de los países que voy a visitar en esta ocasión, no solo mantenemos relaciones bilaterales estrechas, sino que colaboramos en el ámbito multilateral como miembros del G20.

Con Uruguay, celebramos en 2021 el primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Paraguay es un país amigo de Japón donde los descendientes de inmigrantes japoneses, nikkei, contribuyeron de manera importante al desarrollo del país también.

Asimismo, es la primera vez que un ministro de Asuntos Exteriores de Japón visita Paraguay en un contexto bilateral.

He decidido realizar esta gira para desplegar en persona una “diplomacia con empatía y firmeza”, que es mi objetivo, en los países latinoamericanos que son importantes socios nuestros.

Las relaciones entre Japón y Latinoamérica se están intensificando especialmente en los últimos años. En el ámbito económico, numerosas empresas japonesas han expandido sus actividades a estos países y han venido realizando proyectos en colaboración con socios locales en pro del desarrollo mutuo en Latinoamérica.

El número de establecimientos de dichas empresas asciende a unos 3.000. Asimismo, los más de 2 millones de nikkei que viven en Latinoamérica constituyen un puente que une Japón y esta región.

Mientras la propagación global de la Covid-19 está afectando a todo el mundo, incluidos Japón y América Latina, la necesidad de la colaboración internacional aumenta más que nunca. Por lo cual, Japón también colabora con los países latinoamericanos para superar
esta situación difícil.

Hemos mantenido el diálogo con los países de la región, por ejemplo a través de consultas políticas online, pese a que los movimientos físicos aún están limitados.

Además, como ayuda para la lucha contra la Covid-19, Japón aporta a 20 países latinoamericanos materiales vitales como equipos médicos por un valor de 73,6 millones de dólares, una contribución de 2,7 millones de dólares a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para proporcionar aparatos médicos en la región.

Asimismo, a través del Fondo Fiduciario de Japón que financia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se están llevando a cabo proyectos en los países latinoamericanos para el fortalecimiento de las capacidades y el suministro de materiales en el ámbito de salud y asistencia médica valorados en unos 8,05 millones de dólares.

Con ocasión de la visita del entonces Primer Ministro Abe en 2014, Japón anunció tres principios rectores de la política japonesa hacia América Latina “¡Juntos!” , es decir, Progresar juntos, Liderar juntos e Ilustrarnos juntos.

Además, en 2018 se presentó una iniciativa para fortalecer la conectividad con los países latinoamericanos en tres ámbitos, a saber, conectividad económica, conectividad de valores y conectividad de la sabiduría.

El actual Gobierno del primer ministro Suga, que se inauguró en septiembre de 2020, continuará con estas políticas, y al mismo tiempo, se esforzará en cooperar con los países de la región también en la digitalización y el cambio climático. Asimismo, con estos países, con los que se comparten valores fundamentales, seguiremos colaborando para el mantenimiento y la expansión del orden internacional libre y abierto basado en normas.

Quisiera fortalecer aún más las relaciones con los países latinoamericanos y colaborar con ellos también ante la crisis de la Covid-19 que estamos afrontando, sobre los cimientos de una larga historia de amistad que compartimos y teniendo en cuenta las nuevas tendencias como la digitalización”.

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Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

Chile apoya inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, pero sin exigir

El presidente de Chile, Gabriel Boric, el 2 de mayo de 2022. (AP Photo/Esteban Félix).

El gobierno chileno considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben asistir a la Cumbre de las Américas, pero que la participación de Chile no estará supeditada a la presencia de esos tres países.

La canciller Antonia Urrejola dijo el domingo al diario La Tercera que en los últimos años la exclusión no ha dado resultado en materia de derechos humanos, y que ella y el presidente Gabriel Boric han estado insistiendo en celebrar una Cumbre lo más amplia posible.

Acerca de las ideas políticas de Boric, quien en el pasado ha criticado la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que el presidente tiene un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana y que está promoviendo un liderazgo enfocado en el valor de la democracia y los derechos humanos.

Agregó que la región está superfragmentada, se ha polarizado y que de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sería importante poder conversar más allá de las diferencias.

El gobierno mexicano ha amenazado con no asistir a la Cumbre si hay exclusiones. El gobierno de Estados Unido no ha cursado las invitaciones al evento, pero el Departamento de Estado ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua probablemente no estarían presentes porque no son democracias.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Angeles del 6 al 10 de junio.

¿Quién es Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez acusada de corrupción en EEUU?

MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado.

Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir sobornos milmillonarios gracias a sus cargos.

Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por “riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades españolas la entregaran a Estados Unidos.

Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.

¿Quién es ella?

Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.

Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, recibió hasta 25% de las regalías petroleras.

Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y ex edecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrián Velásquez.

¿De qué se le acusa?

Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.

Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.

La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.

Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.

Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.

“Esquema" corrupto

Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.

Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.

La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.

La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.

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