América Latina
Propuesta de EEUU para transición democrática en Venezuela incluye a chavistas
Estado Unidos pidió el martes un gobierno de transición para compartir el poder en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado indicó que también se podrían levantar las sanciones de Estados Unidos que han presionado al régimen de Maduro, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.
A continuación publicamos el "Marco para la transición democrática de Venezuela" divulgada hoy por el Departamento de Estado:
Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.
Se liberan de inmediato todos los presos políticos.
Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.
La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.
La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.
Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.
Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.
El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los
Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.
La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.
Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.
El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.
Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.
Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.
Garantías
El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.
Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.
El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que el plan puede fracasar "si deja de lado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional legítimamente elegida que dirige. O si incluye a Nicolás Maduro y ciertos miembros de la mafia que él controla ”.
El presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer enfatizó en que "la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas" sino una lucha "entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente".
El presidente encargado Juan Guaidó agradeció la iniciativa de Pompeo y el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que la soberanía de Venezuela no está en negociación.
"Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU", afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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