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Cuba

DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022

Díaz-Canel rodeado de militares en el Día de la Defensa.

En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.

El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".

Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.

HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.

A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.

En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.

Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración

El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.

Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.

La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.

En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.

Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.

En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.

Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.

Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.

En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.

El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.

El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.

El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.

Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.

El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

Presos políticos

Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.

Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.

En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.

El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.

Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.

En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.

Defensores de derechos humanos

El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.

Orientación sexual e identidad de género

La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.

Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.

Derechos sexuales y reproductivos

Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.

Actores internacionales clave

El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.

En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.

En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.

La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.

Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.

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Naufragio en las costas de Florida deja un sobreviviente y 38 desaparecidos; recuperan un cadáver

Imagen del hombre rescatado del naufragio.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el miércoles que sus equipos recuperaron un cadáver en el mar y que continúan buscando a otras 38 personas desaparecidas en el mar frente a la costa de Florida, días después de que su barco partiera de las Bahamas en una supuesta operación de contrabando de personas.

La capitana Jo-Ann F. Burdian dijo en conferencia de prensa que encontrar a los otros migrantes con vida es su máxima prioridad.

"La situación es terrible. Cuanto más tiempo permanezcan en el agua... expuestos al medio marino... con cada momento que pasa, se vuelve mucho más grave y menos probable que se encuentren supervivientes", declaró.

La operación de búsqueda y rescate comenzó luego de que el martes por la mañana se encontró a un solo sobreviviente aferrado al casco volcado del barco. Las tripulaciones de al menos cuatro embarcaciones y cinco aviones ya peinaron una amplia zona la víspera después de que el hombre fuera puesto a salvo.

El hombre relató a quien lo rescató que formaba parte de un grupo de 40 personas que partieron el sábado por la noche de la isla de Bimini, en las Bahamas. La agencia de seguridad marítima sospecha de una operación de contrabando de personas. Dijo que ninguna usaba chalecos salvavidas cuando el barco zozobró en medio de mal tiempo.

La Guardia Costera informó que se había emitido un aviso a las embarcaciones pequeñas por la presencia de un frente frío severo en el peligroso paso marítimo el sábado y el domingo, con vientos de hasta 37 kilómetros por hora (23 millas) y marejadas de hasta 3 metros (9 pies) de altura. Tommy Sewell, un guía local de pesca deportiva, dijo que hubo vientos fuertes y chubascos feroces del domingo al lunes.

El sobreviviente fue llevado a un hospital por síntomas de deshidratación y exposición al sol después de que fue encontrado la madrugada del martes sentado en el casco a 72 kilómetros (45 millas) al este de Fort Pierce, informó la agencia. La Guardia Costera no mencionó de momento la nacionalidad del sobreviviente o de las personas perdidas en el mar.

Los traficantes de migrantes han utilizado desde hace mucho tiempo las islas de las Bahamas como trampolín para llegar a Florida y otras partes de Estados Unidos. A menudo Sus embarcaciones están sobrecargadas peligrosamente y son propensas a volcar. Ha habido miles de muertes a lo largo de los años.

Generalmente, estos migrantes son de Haití y Cuba, pero la Real Fuerza de Defensa de Bahamas informó que a principios de este mes detuvo a migrantes de otros países, entre ellos Colombia y Ecuador.

La Guardia Costera estadounidense patrulla constantemente las aguas que rodean Haití, República Dominicana, Cuba y las Bahamas. El viernes, sus tripulaciones sacaron a 88 haitianos de un carguero sobrecargado al oeste de la isla Gran Inagua, en las Bahamas.

“Navegar por los estrechos de Florida, los pasajes de Barlovento y Mona... es extremadamente peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas”, advirtió la Guardia Costera el fin de semana pasado.

En julio pasado, la Guardia Costera rescató a 13 personas después de que su embarcación volcara frente a Cayo Hueso cuando se acercaba la tormenta tropical Elsa.

Los sobrevivientes dijeron que habían salido de Cuba con 22 personas a bordo. Nueve desaparecieron en el mar.

El País: cubanos con coronavirus entran a Uruguay y colapsan el sistema de atención

Cubanos residentes en Uruguay gestionan visas para Nicaragua.

"En los primeros 20 días del año por el departamento Rivera (en Uruguay) ingresaron casi un tercio de todos los cubanos que pidieron refugio en 2021”, reporta el diario uruguayo ​El País.

“Más de seis por día llegaron en promedio, y muchos de ellos con coronavirus, por lo que el sistema de atención a estos inmigrantes se vio saturado”, informa el rotativo.

Ante ese flujo de personas “se generó un cuello de botella y tuvimos que cambiar el protocolo porque se saturó el sistema”, dijo a El País el director General de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera Giovani Conti.

El funcionarios explicó que los costos de atender a los cubanos ha sido asumido por la intendencia de Rivera, pero que a partir del 31 de enero espera que la Cancillería aporte fondos.

Muchos migrantes cubanos suelen entrar a Uruguay "por la frontera con Brasil solicitando refugio a la Dirección de Migración y se les realiza un test de Covid-19, pero como consecuencia de las demoras (producto de la alta demanda debido a la cantidad de casos activos) muchos deben permanecer en el centro de contingencia hasta tener el resultado".

Otro problema es que los migrantes enfermos de Covid deben cumplir la cuarentena en ese mismo lugar.

Acerca de las cifras, El País precisa que en los primeros 20 días de enero ingresaron 538 cubanos y se fueron 268. Por Rivera entraron 135 pidiendo refugio y se fueron dos.

En total, arribaron el año pasado "2.887 cubanos y se fueron 3.529. De ellos, 2.300 ingresaron por el Aeropuerto de Carrasco y 450 por la frontera con Rivera”.

El año pasado, El País reportó que los cubanos dejan por miles Uruguay rumbo a Estados Unidos, y suelen pagar unos ocho mil dólares para completar la peligrosa odisea.

Exiliados cubanos se manifiestan en el metro de Madrid (VIDEO)

Protesta en el Metro de Madrid. (Captura de video/Twitter)

El activista Lázaro Mireles, del grupo Acciones por la Democracia-Madrid, dijo este lunes durante una manifestación en el metro de la capital ibérica que dónde sea que se tenga oportunidad hay que contar la realidad del pueblo cubano.

Mireles declaró en un video que publicó en Twitter: "Vamos en el metro de #Madrid contando a la gente lo que los medios no les cuentan, dictadura, represión, miseria, abuso, menores encarcelados e inseguridad, esta es la #ResistenciaMadrileña #SosCuba”.

Mireles y un grupo de cubanos exiliados pidieron a los españoles que apoyen al pueblo de Cuba y que miren la triste realidad de los hospitales de la isla, "que son un desastre".

También, este sábado, un grupo de cubanos en España, acompañados por varios activistas nicaragüenses que también luchan por la libertad de su país, realizaron una protesta frente a la exhibición del régimen de Cuba en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en el recinto IFEMA MADRID.

Los activistas publicaron videos en las redes sociales donde se les puede ver en el lugar agitando banderas y gritando consignas contra ambos gobiernos, hasta que son obligados por las autoridades a abandonar el sitio.

El grupo coreaba: "¡Derechos humanos para nuestros hermanos!, ¡Libertad! Nicaragua y Cuba son una dictadura", entre otras consignas.

El medio digital nicaragüense Artículo 66 recogió el testimonio de varios activistas que participaron en la protesta, entre ellos la de Mireles, quien dijo que el régimen cubano "promociona una mentira" cuando vende a la isla como un país seguro.

"Exigimos la liberación de los presos políticos, justicia para los asesinados y libertad para Nicaragua", señaló, por su parte, el nicaragüense Rayid Alvarado, integrante del Movimiento Autónomo 18 de Abril.

Ministro de Salud desmiente a Díaz-Canel: la vacunación no es suficiente para frenar la pandemia en Cuba; reportan otras 6 muertes

Mujeres embarazadas hacen fila para recibir la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 en una clínica en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aclaró este martes que la vacunación no basta para frenar la pandemia, y que la situación en el país con los contagios por Ómicron sigue siendo preocupante, tras declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel que afirman lo contrario.

"La alerta ante la amenaza del virus, que nadie lo dude, sigue siendo constante en el país y no nos está permitido bajar la guardia en ningún momento. Se equivocan quienes piensan que el nivel de inmunidad que hemos logrado con la campaña de vacunación es suficiente para hacer desaparecer la epidemia", afirmó el titular de Salud en un artículo publicado en el sitio en internet del MINSAP.

El domingo pasado, en una reunión del Partido Comunista en Cienfuegos, el gobernante Díaz-Canel afirmó que "Ómicron no se ha comportado en Cuba como en el resto del mundo", algo que, a su juicio, "no hubiera sucedido sin nuestros actuales niveles de inmunización".

Pero el contagio no se detiene. Este martes, el MINSAP reportó 2,764 nuevos casos de COVID-19 y otros seis fallecidos. En menos de un mes transcurrido en lo que va de 2022, la isla acumula más de 60 mil contagios, muy por ecima de los 3,845 reportados en diciembre pasado.

Díaz-Canel se mostró entusiasmado con los modelos matemáticos que estimaban que Cuba debería estar actualmente "por encima de los 6,000 nuevos positivos diarios", cuando en los últimos días ha alcanzado un pico de entre 2,700 y 3.700 casos al día, aproximadamente.

Portal Miranda no fue tan optimista en su artículo, al explicar que, "con el reporte de 22 mil 919 nuevos pacientes, la semana que recién concluye es la quinta en que de manera consecutiva ha continuado el ascenso en el diagnóstico de enfermos, y la sexta en que se mantiene también el alza de personas ingresadas por estar contagiados con el SARS-CoV-2".

En los partes oficiales sobre la situación del COVID19 que publica en Facebook el MINSAP, varios cubanos se quejan de que las cifras no reflejan del todo la realidad, y de que tanto la población como las instituciones del país han descuidado el cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que favorece el contagio.

"Hay cierta confianza en la población y se ha bajado un poco el cumplimiento de las medidas", dijo este martes la residente en Guantánamo, Noelquis Frómeta.

"¿Cómo detectan los casos en La Habana, si no le están haciendo test a nadie, solo a embarazadas y niños menores de 2 años? Al menos, en El Cerro, es así", denunció desde ese municipio capitalino Maylin Sera.

Largas horas de juicio en Tribunal de Jovellanos en medio de “fuerte operativo policial”

Vigilancia policial en una de las calles que conducen al Tribunal Municipal de Jovellanos. (Foto: Facebook)

Concluyó en horas de la noche la primera jornada del juicio que se realiza en el Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, en contra de Félix Navarro, su hija Saylí y otros siete residentes del poblado de Perico, por su participación en las protestas populares del 11 de julio.

Mientras, varios activistas de derechos humanos, y miembros de la organización Damas de Blanco siguen vigilados y no se les permite acercarse a la sala judicial, informó a Radio Martí la opositora Annia Zamora Carmenate.

“Nadie ha podido llegar a Jovellanos, hay un fuerte operativo policial que nos impide salir de Carlos Rojas, y los activistas que viven en el mismo Jovellanos no han podido acercarse allí tampoco, porque todas las calles que conducen al tribunal municipal, donde se realiza el juicio, están completamente patrulladas con militares, y hasta permanece vigilado el parque ubicado frente a la sala judicial”, aseguró la activista.

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La vista se desarrolló con la presentación de “falsos testimonios” por parte de la Fiscalía y sus testigos, y cargado de irregularidades, denunció Zamora.

“A las ocho de la noche pude hablar con Sonia, la esposa de Félix Navarro, que me dijo que había sido increíble… todas las violaciones que se están cometiendo con todos los presos que se juzgan. Hasta pasada las siete de la noche tuvieron a todas esas personas en el tribunal, inclusive, querían seguir sesionando a esa hora. Todo un abuso.

“Imagínate, en las condiciones de salud en las que se encuentra Félix, quien está muy enfermo y es diabético, y lo trasladaron al amanecer desde la prisión para la sala del juicio. Estuvo sentado en el banquillo de los acusados todas esas horas, junto a las demás personas enjuiciadas, enfrentado acusaciones falsas e injustas. Porque el oficial de la Seguridad del Estado, llamado Yuniel, fue quien golpeó a Félix el día que lo detuvieron, agrediendo a un hombre de 68 años y enfermo, dándole un fuerte puñetazo en la cara, que provocó incluso la rotura de sus espejuelos. Sin embargo, ahora es Félix el acusado”, aseguró la opositora.

Félix Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, con petición fiscal de 15 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos, y su hija Saylí, a quien piden 11 años por los mismos delitos, son juzgados junto a Daymelin Abreu Rodríguez, Odrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Cristian Carlos Contreras Matos, Yoandry Ripoll Smith, Yanelys Rosabal Milanés y Mildrey Mederos Soca.

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