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Derechos Humanos

DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022

Díaz-Canel rodeado de militares en el Día de la Defensa.

En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.

El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".

Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.

HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.

A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.

En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.

Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración

El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.

Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.

La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.

En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.

Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.

En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.

Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.

Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.

En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.

El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.

El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.

El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.

Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.

El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

Presos políticos

Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.

Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.

En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.

El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.

Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.

En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.

Defensores de derechos humanos

El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.

Orientación sexual e identidad de género

La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.

Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.

Derechos sexuales y reproductivos

Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.

Actores internacionales clave

El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.

En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.

En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.

La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.

Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.

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Se agravan condiciones de vida en cárceles de Cuba, alerta informe

Prisión "Combinado del Este", en La Habana. (Adalberto Roque/AFP/Archivo).

El Centro de Derechos Humanos en La Habana alertó en un reciente informe sobre la situación en las cárceles de la isla donde se percibe de manera sustancial deterioro de las condiciones de vida en los centros penitenciarios cubanos.

La economista Martha Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe explicó a Radio Televisión Martí que, a partir de conversaciones con familiares y con algunos presos, pudieron conocer que durante el mes de enero las comidas para los reos fueron reducidas a la mitad.

"El mismo 50 por ciento de disminución también de lo que le están dando para el aseo, es decir el jaboncito y en el caso de las mujeres las almohadillas sanitarias, así como otras limitaciones de productos", agregó la opositora.

"Además se redujo el suministro de medicamentos, apenas hay medicinas, ni siquiera hay analgésicos para un dolor de cabeza, tampoco aparecen los médicos, y el preso para poder ir a una consulta médica pasa muchísimo trabajo. No se pueden trasladar a los reos a los hospitales porque no aparece el transporte por falta de gasolina, la situación de la medicina en las prisiones es algo que supuestamente se debiera resolver allí pero no se resuelve”, advirtió la exprisionera política del Grupo de los 75.

Denuncian sustancial deterioro de condiciones de vida en centros penitenciarios cubanos
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Roque Cabello también señaló irregularidades legales con los condenados por las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021: "Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio de 2021, aun sin petición fiscal y en un limbo jurídico".

La asesora del Centro de Derechos Humanos dijo desde La Habana que han registrado casos "de injusticias desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista, y estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problema, que afecta tanto al preso como a la familia".

El informe del Centro de Derechos Humanos correspondiente a enero de 2023, asegura que hay decepción entre los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, quien descartó la posibilidad legal de una amnistía que los beneficie.

"Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos, algo que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación, ellos mantienen como prisioneros esa esperanza", apuntó Roque Cabello.

Régimen amenaza a activistas por supuestamente violar artículos del nuevo Código Penal

Los activistas (de izquierda a derecha) Katia Hernández Torres, Esteban Ajete Abascal, Irina León Valladares y Lisandra Orraca Guerra.

La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a cuatro activistas, quienes recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal, denunciaron los opositores a Radio Televisión Martí.

Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.

Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río donde quedaron detenidos e interrogados individualmente durante varias horas por oficiales del Ministerio del Interior (MININT), informó Ajete Abascal.

“Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, dijo el activista.

“Nos hicieron una carta de advertencia, también tenían todos los videos que hemos publicado, incluso los links de programas en los que hemos participado y otros videos de actividades realizadas con otras organizaciones, quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo".

"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrada en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, añadió Ajete Abascal.

Activistas de Pinar del Río amenazados con ir a prisión por violar el nuevo Código Penal
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Por su parte, León Valladares destacó que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.

“Me están amenazando con cinco años de prisión, me leyeron varios artículos del Código Penal por los que me pueden procesar, pero estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”, aseguró la activista.

Mientras tanto, Lisandra Orraca Guera declaró a Radio Martí que le advirtieron que podría ser procesada por violar el artículo 124 del Código Penal.

“Me advirtieron que en cualquier momento me pueden detener y llevarme a prisión por lo que estamos haciendo, nos amenazan continuamente con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ellos no tienen respeto por nada, los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos”, enfatizó Lisandra.

Por su parte, Katia Hernández Torres reiteró que ninguno de los cuatro opositores firmaron la carta de advertencia.

“Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas, en mi caso me dijeron que por violar la resolución 124 me podían pedir varios años de prisión, es muy humillante como nos tratan esos oficiales del Ministerio del Interior y es muy injusto y doloroso”, dijo la activista.

Denuncian crítica situación de dos condenados por el 11J

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba, el 11 de julio de 2021, en la que participó Alexander Díaz Rodríguez.

El preso político del 11 de julio de 2021, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santamaría, en la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y Medio de esta provincia.

Su tía Moraima Rodríguez Batista, a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunció la situación de Díaz Rodríguez en esa prisión, donde las condiciones son pésimas y no cuentan con recursos médicos para tratar su delicado estado de salud, informó a Radio Televisión Martí, Juan Carlos González Leyva.

Alexander Díaz Rodríguez
Alexander Díaz Rodríguez

“Fue sacado del hospital y trasladado para una galera de la prisión, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece un cáncer en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por el personal de salud de ese penal, donde no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas", explicó González Leyva y añadió que por que por esas razones "está raquítico, falta de vitaminas y de sol”.

Díaz Rodríguez, fue acusado de los presuntos delitos de "desacato" y "desordenes públicos", tras su participación en las protestas populares el 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión.

El preso político es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y ex prisionero político, Oscar Elías Biscet.

González Leyva también denunció las pésimas condiciones que enfrenta el preso del 11 J Andy Boza Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón.

Devuelven a la cárcel a preso político que pedece cáncer de garganta
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Su madre Maidelín Padrón reportó que el prisionero está extremadamente delgado debido a la hambruna en esa prisión y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros.

"Mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en las últimas tres semanas, literalmente, lo están matando de hambre, antes podía tomar el sol y aire puro y podía dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo y le han prohibido las llamadas telefónicas", advirtió la madre del prisionero al Consejo de Relatores.

González Leyva aseguró, por otra parte, que el joven está siendo víctima "de torturas sicológicas por parte de los guardias que lo amenazan con que se va a podrir allí porque es reincidente, algo que no es cierto, y por esa razón no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos, la mínima severidad y la libertad condicional”.

Boza Padrón fue detenido el 11 de julio de 2021 y fue procesado por los delitos "desórdenes públicos" y "atentado", y condenado a nueve años de cárcel.

Representantes de la Unión Europea (UE) pidieron recientemente a las autoridades cubanas el indulto de cientos de manifestantes detenidos tras las protestas antigubernamentales.

El viernes último fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia de noticias EFE que el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera "matizó que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba".

Cubanas exigen en espacios públicos la libertad de sus familiares presos del 11J (VIDEOS)

Vestidas de negro para pedir libertad para sus hijos, Marta Perdomo (der.) Layda Yirkis Jacinto (izq.) y Liset Fonseca (centro)

Madres y esposas de presos por las protestas del 11 de julio de 2021, exigieron, el pasado domingo en diferentes localidades de la Isla, la liberación de sus familiares.

“Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata, pidiendo la libertad de nuestros hijos, íbamos pensando: ‘por esas calles ellos también caminaron’”, dijo a Radio Televisión Martí, Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca que cumple una sanción de diez años de privación de libertad.

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“Es la decisión que tomamos de todos los domingos vestirnos de negro y salir a caminar pidiendo la libertad de nuestros hijos y de todos los presos políticos”, agregó.

También Layda Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yasiel Palau Jacinto con una sentencia de 5 años de cárcel y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a ocho y seis años de privación de libertad.

“Prometí vestirme de negro, con la imagen de mis hijos en el pecho, para que el mundo sepa que soy la madre de dos inocentes que están presos injustamente”, recalcó Perdomo.

Las tres madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque.

En relación con la marcha del domingo, fue citada, el lunes a la estación policial de San José de las Lajas, Marta Perdomo.

Agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron que no permitirían marchas de ningún tipo y "mucho menos, la concentración de mujeres de distintos lugares".

Del mismo modo, Delanis Álvarez Matos, esposa de Duniesky Ruiz, sentenciado a cinco años de cárcel y Saily Núñez, esposa de Maikel Puig Bergolla, condenado a 14, aseguró que cada domingo reza en el templo católico San Julián, de Güines, Mayabeque, por la libertad de todos: “Yo voy con un pullover con la foto de mi esposo y su nombre. Todos los domingos voy a misa y pido por la liberación de mi esposo y todos los presos políticos”.

En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Saily Navarro y esposa de Félix Navarro, quienes cumplen sentencias de ocho y nueve años de privación de libertad, respectivamente, en relación con las manifestaciones de julio de 2021.

En las redes sociales, las mujeres escribieron mensajes contra la represión y por la liberación de sus familiares que cumplen duras penas de cárcel.

Propinan brutal golpiza a preso del 11J en Camagüey, denuncian familiares

Oslanis Zulueta Echevarría, (Foto: Cortesía de Jiordan Marrero Huerta)

El prisionero político Oslanis Zulueta Echevarría fue “brutalmente golpeado” por un carcelero en la prisión de Kilo-9, en Camagüey, donde cumple condena por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en esa provincia.

Jiordan Marrero Huerta, activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano en la región, dijo a Radio Televisión Martí que familiares de Zulueta Echevarría denunciaron el hecho a través de una llamada telefónica.

“El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echevarría, en la prisión de Kilo-9, Destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias ‘El flaco’”, detalló Marrero Huerta.

Golpean brutalmente a preso del 11J en Camagüey
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De acuerdo con el reporte, el carcelero “sacó del destacamento a Zulueta Echevarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba”.

“La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey”, aseguró Marrero Huerta.

Oslanis Zulueta Echevarría, de 28 años, fue acusado de los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “atentado” y “daños a la propiedad” y sentenciado en la causa Nº 229 de 2021, en el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey, a cumplir nueve años de condena.

Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)
Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

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