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Derechos Humanos

Desde la cárcel, un mensaje de José Daniel Ferrer sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos

Un poster aboga por la liberación de José Daniel Ferrer García, preso de concienca recluido en Mar Verde, Santiago de Cuba. (Facebook).

"Los invito a que realicemos, dentro y fuera de Cuba, todas las acciones posibles, de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos", dijo el preso político y líder de la UNPACU José Daniel Ferrer García en un mensaje grabado desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Ferrer García, detenido desde el 11 de julio, pide que se lleven a cabo jornadas en defensa de los derechos humanos en los primeros días de diciembre, ya que el 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos.

“Debemos estar en estrecha sintonía”, afirmó Ferrer García sobre la necesidad de la oposición de estar unida para enfrentar pacíficamente al régimen cubano.

El líder de la UNPACU tiene previsto realizar un ayuno durante los primeros 10 días de diciembre, en defensa de los pueblos oprimidos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bielorrusia, entre otros.

En su mensaje, Ferrer García comentó que su situación en Mar Verde es difícil, porque tiene dolores de cabeza y está sometido a un encierro total, muy aislado. Además, dijo "no puedo ni siquiera escribir. No tengo derecho ni acceso a lápiz y papel. Son tantos los detalles que demuestran que estoy en una cárcel con condiciones medievales".

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"Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30", insólitas condenas por sedición a los cubanos del 11J (VIDEO)

Zoila Rodríguez, esposa y madre de la "Familia Beirut", muestra la foto de sus tres familares presos

La familia Beirut pasó la peor Navidad de su vida. Enojados por la detención de su primogénito Exeynt durante las manifestaciones de julio pasado en Cuba, su padre y hermana se lanzaron a protestar, sin pensar que acabarían sentenciados en diciembre a 20 años de cárcel.

Fredy Beirut, de 64 años, y su hija Katia, de 36, forman parte del grupo de al menos 158 manifestantes acusados por el delito de sedición en Cuba, según la ONG de derechos humanos Cubalex. Esta semana 57 de ellos han sido juzgados en las provincias de La Habana, Holguín y Santa Clara.

La pesadilla para los Beirut comenzó cuando Exeynt, de 41 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 en Guantánamo (este) acusado de desorden público y sentenciado a cuatro años de prisión.

Al enterarse, el resto de la familia, que reside en el populoso barrio de La Güinera, en la periferia de La Habana, enfureció. Un día después Fredy y Katia salieron a marchar cerca de su casa, cuenta Zoila Rodríguez, de 59 años y madre de este clan.

La protesta de la Güinera se tornó en la más violenta de las jornadas del 11 y 12 de julio. Ahí fue abatido el único fallecido de las manifestaciones históricas que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre".

De acuerdo con Cubalex, quedaron además decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.

Cuba aplica condenas de hasta de 30 años a manifestantes del 11J
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"A mi hija y a mi esposo empezaron (a juzgarlos) por un delito de desorden público, los cuales terminaron con un delito de sedición", dice Zoila atemorizada por ellos, pese a estar separada de Fredy desde hace años.

Fredy fue detenido el mismo 12 de julio, cuando regresaba a su casa en moto. Siete días después agentes de seguridad llamaron a Katia, que se presentó creyendo que no tenía nada que temer.

La fiscalía dice por su parte que Katia grabó con su teléfono para "publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran", transmitiendo en vivo, indica el expediente al que AFP tuvo acceso.

Ambos caminaron con otros acusados, "gritando consignas contrarrevolucionarias" y "se les fueron sumando indistintamente más personas", indica la fiscalía. "Expresaban frases denigrantes en contra de la dirección del país" de tal forma "que se mostrara un clima de intranquilidad y violencia", agrega.

Pero también la fiscalía reconoce que no participaron en hechos violentos. "Conformes, satisfechos y habiendo logrado su objetivo de lograr de que toda esta turba se tornara agresiva, se retiraron hacia sus respectivos inmuebles", sostiene el documento.

Luego de tres días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.

"Me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, a todas las personas que están pasando por esto, no es concebible que en un pueblo, en un país donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente le hayan echado 20 años", dice Zoila, que divide su tiempo atendiendo al hijo de nueve años de Katia y visitas a las prisiones.

"Me han acabado la vida"

Más grave es el caso de Dayron Martín Rodríguez, detenido igual en la Güinera y sentenciado a 30 años.

Dayron, de 36 años, salió aquella tarde a comprar comida para sus palomas cuando se topó con la concentración. "Se puso a grabar para mandar a su padre el vídeo" y al sentir las pedradas encima se cayó y perdió el teléfono, narra su madre Esmeralda Rodríguez, de 63 años, que dice haber sufrido un preinfarto al enterarse en Ecuador, a donde emigró ocho años atrás.

La fiscalía señala que Dayron y más personas "se armaron con piedras y botellas tomadas del suelo", avanzando "con una multitud y a la vez las lanzaron contra los agentes del orden público" para tratar de llegar a la estación de policía de la zona, en una trifulca que duró cuatro horas.

Esmeralda cuenta que cuando su hijo la llama le dice: "Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30, ya no me pueden hacer más nada".

Para Laritza Diversent, directora de Cubalex, "las sanciones han sido ejemplarizantes", considerando que cada vez más las personas quieran organizarse para protestar.

Los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada, denuncia.

"La mayoría de las evidencias que tienen son testimonios de los propios agentes del Estado que ejercieron violencia con los manifestantes", alega al precisar que en los videos de prueba nunca aparecen agresiones de los policías.

Todo esto generó un fuerte impacto en las familias de los detenidos que han empezado a actuar. Es el caso de la familia de Andy Dunier García Lorenzo, dedicado al modelaje y de 34 años, detenido el 11 de julio en la central ciudad de Santa Clara.

Su familia lanzó una campaña para recaudar alimentos de apoyo a presos y dirigió una carta a embajadas acreditadas en Cuba, pidiendo observadores en el juicio esta semana de Andy, para quien solicitan siete años por desorden público y desacato, dice su hermana Roxana, una manicurista de 20 años, aguardando afuera del tribunal donde lo enjuiciaban.

Líder de UNPACU sigue aislado, enfermo y sin atención médica en prisión

José Daniel Ferrer. (Captura de imagen/Prisoners Defenders)

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, recibió en este miércoles, 12 de enero, la visita de sus familiares en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Su hermana, Ana Belkis Ferrer, dijo a Radio Martí que el prisionero político se encuentra extremadamente delgado, con problemas de salud y sufriendo aún el rigor del aislamiento.

“Manifiesta Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, que está extremadamente delgado, les impidieron pasar muchos de los alimentos de las jabas que llevaron. Tampoco le permitieron quedarse con un pomo de tabletas de Vitamina D para los huesos”, señaló.

“Estos medicamentos los mantienen los sicarios de la dictadura bajo su control y, en esta ocasión, dice Nelva que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando”, porque continúa con los fuertes dolores de cabeza”.

Ferrer García con dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y sin atención médica
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Además, Ferrer García está padeciendo de sangrado bucal permanente, zumbidos “ensordecedores en los oídos” y, explica la hermana del opositor, “también hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y un fuerte dolor estomacal”.

A pesar de todos esos síntomas, Ferrer García no ha recibido asistencia médica desde que fuera detenido, el 11 de julio de 2021, según denuncias de sus familiares.

“La semana pasada no sacaron a José Daniel ni siquiera un día a tomar sol y, en lo que va de esta semana, tampoco lo habían sacado al sol”, dijo la hermana.

Desde que fuera trasladado a la prisión de Mar Verde, el prisionero político y de conciencia, encarcelado también durante la “Primavera Negra de Cuba” en 2003, se encuentra en una celda de aislamiento con una bombilla encendida día y noche; con una pequeña ventanita sin tener siquiera una hoja blanca y un lápiz para poder solicitar la asistencia religiosa porque, en más de seis meses, no ha recibido asistencia religiosa”.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba fue detenido el 11 de julio pasado, por intentar sumarse, en Santiago de Cuba, al estallido social que tuvo lugar ese día en toda isla.

Organizaciones internacionales y el gobierno de EEUU se han manifestado a favor de la liberación de Ferrer García. Este jueves, el Senado estadounidense aprobó de forma unánime una resolución en su honor y la de otros activistas de derechos humanos en la isla.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Denuncian abierta manipulación en juicios del 11J en Santa Clara y Holguín; 8 menores se enfrentan a altas condenas

Fuerte despliegue militar en Tribunal de Santa Clara durante juicio a manifestantes del 11 de julio.

Los juicios a los manifestantes del 11 de julio en las ciudades de Holguín y Santa Clara continúan este jueves, con la atención puesta en ocho menores de edad que pudieran ser condenados a largas penas de prisión.

En Holguín, donde están siendo procesados 21 residentes, los ocho menores, en edades entre 16 y 18 años, enfrentan peticiones fiscales de hasta 18 años de cárcel, informó el activista Ramón Zamora.

Combinación de fotografías tomadas de redes sociales de las protestas del 11 de julio en Holguín.
Combinación de fotografías tomadas de redes sociales de las protestas del 11 de julio en Holguín.


“Estos son niños prácticamente, y miren lo que están pasando, sumado a todos los abusos que cometieron con ellos luego de su detención tras las manifestaciones del 11 de julio, que hasta los desnudaron y los vejaron, y los humillaron, y ahora serán sancionados aberrantemente por las leyes dictadas por el régimen”, recordó el activista.

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Los nombres, edades y la petición fiscal de los menores son:

Keila Roxana Mulet Calderón (16), 15 años

Marcos Antonio Pintueles Marrero (18), 18 años

Jorge Luis Martínez García (18), 18 años

Samuel Torres Durán (17), 18 años

Yeral Michel Palacios Román (18), 15 años

Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17), 15 años

Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18), 15 años

Ayan Idalberto Jover Cardoza (17), 15 años.

Desde esta ciudad oriental Mailín Sánchez, esposa del cuentapropista Yosvany Rosell García, a quien le piden 30 años por el delito de sedición, resumió la vista celebrada el miércoles

“Ayer en la sesión de la tarde se presentó como testigo de la fiscalía, la Jefa de los Instructores del Departamento de Instrucción Penal, donde ella entró con un documento que leyó, donde inculpó a todos los encausados, calificándolos de violentos y agresivos, incluyendo a mi esposo, barbaridades de mentiras", denunció la señora.

'Luego los abogados de la defensa comenzaron a hacerle preguntas a la funcionaria, la cual no respondió ninguna de ellas, no sabía qué responder, claramente ella fue mandada a leer lo decía el documento”, señaló Mailín.

En Santa Clara ...

En el juicio que se realiza en la ciudad de Santa Clara, contra 16 manifestantes, siguen las violaciones jurídicas, y en la jornada de este miércoles hubo hasta la retractación de un testigo clave de la fiscalía, cuenta Jonathan López, familiar de Andy García Lorenzo, uno de los que está siendo juzgados.

“Es un muchacho que también salió el 11 de julio y declaró allí en la sala penal que fue coaccionado por la Seguridad del Estado para que declarará en contra de los acusados, y dijo además que negoció con ellos para asistir a la vista a dar el testimonio que quería la fiscalía”, destacó López.

Varios activistas y familiares de los encausados han denunciado cortes deliberados en sus comunicaciones y servicios de Internet mientras ocurren los juicios. Pedro López, es uno de ellos.

El residente en Santa Clara dijo a Radio Martí que cuando ellos llegan a la cercanías del tribunal les interrumpen la comunicación telefónica.

López denunció que en esos juicios continúa el favoritismo de los jueces con la fiscalía, lo cual considera 'demerita el actuar, no sólo del tribunal, sino también de los demás testigos".

"Si en un aparato represivo como este, un testigo declara que fue coaccionado, quién me garantiza a mí que no podría ocurrir lo mismo con los demás. Sin embargo, el juicio continuó como si nada hubiese pasado", apuntó.

López aseguró que la jueza "cuando ya no le conviene lo que están diciendo los testigo de la defensa, detiene el testimonio, y sin embargo los testigos de la fiscalía pueden hablar todo lo que quieran”.

La agrupación Justicia 11, que lleva un registro pormenorizado de las detenciones y los procesos penales en relación con el estallido social del 11 de julio, dijo esta semana que "ningún medio de propaganda de las autoridades cubanas ha informado hasta ahora de la ejecución de juicios ordinarios a al menos 223 manifestantes. Al menos otras 234 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Otras 98 personas han sido multadas y 9 han sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus casos".

DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022

Díaz-Canel rodeado de militares en el Día de la Defensa.

En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.

El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".

Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.

HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.

A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.

En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.

Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración

El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.

Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.

La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.

En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.

Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.

En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.

Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.

Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.

En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.

El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.

El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.

El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.

Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.

El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

Presos políticos

Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.

Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.

En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.

El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.

Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.

En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.

Defensores de derechos humanos

El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.

Orientación sexual e identidad de género

La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.

Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.

Derechos sexuales y reproductivos

Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.

Actores internacionales clave

El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.

En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.

En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.

La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.

Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.

Mantienen en prisión domiciliaria a Ángel Cuza, otro manifestante de Obispo (VIDEO)

Policías reprimen a manifestantes pacíficos en la calle Obispo de La Habana Vieja, el 30 de abril. (Foto: La Cola de la Libertad/Facebook)

Ángel Cuza Alfonso, uno de los manifestantes detenido el pasado 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana y que fue excarcelado recientemente, dijo a Radio Martí que fue sacado de prisión por un cambio de medida cautelar, que de prisión preventiva lo puso en prisión domiciliaria.

“En los papeles que yo firmé, hubo una modificación de la medida sancionadora que me iban a dar o algo. En vez de prisión preventiva, decía domiciliaria. Es domiciliaria, pero yo puedo caminar, yo puedo ir a todos lados”, explicó Cuza Alfonso, quien estuvo en prisión por más de ocho meses por participar en la Protesta de la calle Obispo donde varias personas pidieron a las autoridades que los dejaran llegar hasta la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara que en ese momento permanecía en huelga de hambre y sed.

Cuza Alfonso asegura que aún desconoce si tanto él como los demás activistas que también fueron llevados a la cárcel por protestar en la calle Obispo serán llevados a juicio.

En este caso, los que quedan en Cuba, todos bajo prisión domiciliaria, como la activista Thais Mailén Franco, la periodista independiente Mary Karla Ares, el joven Yuisán Cancio Vera, su madre Nancy Vera y el también activista Inti Soto Romero, liberado, al igual que Ángel, el pasado 4 de enero.

“Los papeles los mandan para el Tribunal, de allí los recogen de nuevo y los mandan para Fiscalía; están así con los papeles porque todavía no han decidido lo que van a hacer con nosotros”, afirmó el activista.

“Sólo me expresé y fui llevado a prisión”, indicó.

“Dije la verdad: ¡Abajo la dictadura Castro-comunista, los niños se están muriendo por negligencia médica, casi no hay medicinas, no hay alimentación y ‘Patria y Vida’, es todo lo que yo dije, más nada”, expresó Cuza Alfonso.

Otro de los manifestantes de Obispo fue el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fuera sacado de la prisión Combinado del Este, en La Habana, a inicios de enero bajo la condición de que abandonara el país.

VIDEO Así fue la manifestación pacífica en la Calle Obispo el 30 de abril de 2021
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