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Cuba

Denuncian ante ONU y OEA desalojo a madres solteras en Santiago de las Vegas (VIDEO)

Instantánea de un momento de la destrucción de las viviendas por parte de la policía, visto en un video compartido en YouTube por Diario de Cuba.

El capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Red Femenina de Cuba hicieron llegar a relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA una denuncia de los atropellos cometidos la madrugada del domingo contra familias, madres solteras y sus hijos en el Reparto Sierra Maestra, en el municipio capitalino de Santiago de las Vegas.

Así lo dieron a conocer el miércoles en una carta abierta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Las remitentes le recuerdan que fuerzas de la policía “apoyadas por buldóceres, entraron sin previo aviso a demoler las humildes viviendas de un grupo de pobladores, en su mayoría madres solteras con sus hijos” en el reparto de Santiago de las Vegas.

La demostración de fuerza sirvió para destruir los hogares que esas personas habían levantado allí con esfuerzo propio y sacrificios personales, dicen.

“En los testimonios del video que le anexamos, se verifica que algunas de las víctimas se niegan a creer que usted, que recién ha llamado a sus colegas a ser ‘valientes’ para arreglar el país, conoce los abusos que comete el gobierno que encabeza”, declaran.

El video en cuestión fue compartido en YouTube por el medio digital Diario de Cuba.

“Si en este caso se declara desconocedor de lo que ocurre a su alrededor lo emplazamos a que, al menos, detenga esta salvajada de inmediato y les dé garantías a esos pobladores mientras investiga los hechos”, exigen a renglón seguido.

Llaman la atención sobre el hecho de que algunas de las personas desalojadas a la fuerza nacieron en zonas rurales y decidieron moverse a otra parte de su propio país en busca de prosperidad para sus hijos.

“Pero una serie de decretos inconstitucionales violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos, y así han construido un muro de persecuciones, sanciones y deportaciones que incluye la demolición de sus precarias viviendas”, denuncia la carta.

Se trata de ciudadanos que ocuparon un limitado terreno lleno de escombros y basura por más de 25 años y, después de higienizarlo, levantaron viviendas muy modestas que para ellos eran sus hogares, indican las remitentes antes de subrayar una paradoja.

“A nadie nacido antes de 1959 se le escapa la ironía de que uno de los argumentos empleados por la revolución para legitimar la naturaleza humanista del proceso nacido ese año era precisamente poner fin a los desalojos agrarios y urbanos y establecer el derecho constitucional a una vivienda ‘digna’ o ‘adecuada”, dicen en el mensaje dirigido a Díaz-Canel.

Además, señalan, esas personas ya habían pagado multas de 500 y luego de 1,000 pesos, que se suponía les permitían legalizar sus viviendas. “Si eso fue una estafa, ¿quién se embolsilló ese dinero? ¿Lo sabe usted?”, preguntan las denunciantes.

Le dicen también al gobernante que tanto él como la policía del estado que encabeza deberían abstenerse de atizar odios en las circunstancias que vive el país.

“En lo que a nosotros respecta, y mientras usted decide qué acción va a tomar, abrimos una solicitud de vigilancia y acompañamiento de este caso con los relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA”, le informan. “El mundo estará mirando a partir de hoy la suerte que corran esas humildes madres solteras y sus hijos. Ellos no estarán solos”, concluyen.

EL DETONANTE

“Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba diariamente; estamos en contra de esa arbitrariedad, de ese abuso”, le dijo a la reportera de Radio Televisión Martí Yolanda Huerga la representante occidental del capítulo Cuba de FLAMUR, Lisandra Orraca, quien refirió que el detonante para remitir la denuncia y escribir la carta fue la extracción con violencia de entre ocho y 10 núcleos familiares en la comunidad del reparto Sierra Maestra.

“Esa fue la gota que derramó el vaso”, aseguro Orraca. “Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares, que habían construido con su propio sacrificio porque el gobierno nunca les dio ningún apoyo para poder levantar sus moradas y fueron echadas sin contemplaciones, cruelmente”, agregó la directiva de FLAMUR.

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Las desalojadas habian levantado sus casas donde antes estaba el llamado “basurero de los rusos”, porque allí depositaban sus desechos los técnicos procedentes de la entonces metrópoli socialista, que tenían un asentamiento cerca, explicó Agustín López Canino, autor del video que divulgó las denuncias de los afectados.

“La PNR, Policía Nacional Revolucionaria, fue al barrio y no les importaron las lágrimas que derramaron esas madres con sus niños, no tuvieron piedad y derrumbaron todas las casas, a pesar de que habían pagado ya multas de 500 y mil pesos porque les habían dicho que si las pagaban iban a poder legalizar sus domicilios”, denunció Orraca.

Iliana Hernández, integrante de la Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al gobernante cubano, recordó que muchas de esos ciudadanos son tratadas como inmigrantes dentro del territorio que los vio nacer.

“Estas son personas que vienen desde el interior del país buscando mejorar su calidad de vida, pero con estas normas que hay aquí son como inmigrantes ilegales y es penoso, vergonzoso que alguien en su propio país sea un inmigrante ilegal”, comentó la también periodista independiente.

Hernández subrayó que las desalojadas “están indefensas; lo que tienen que hacer las autoridades es legalizar su situación.”

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Piden 9 años al cubano que publicó video de disturbios en Santiago de Cuba tras violación de una niña

Yoennis Domínguez de la Rosa. (Foto: Cubanet)

El cubano Yoennis Domínguez de la Rosa, de 35 años de edad, se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión por haber difundido en las redes sociales un video grabado durante el enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Santiago de Cuba entre vecinos y militares a causa de la violación a una niña de 8 años.

"El problema", dice De la Rosa refiriéndose a los disturbios, " fue el 10 de febrero. A mí me localizan el día 12 de febrero y me tuvieron yendo a la Unidad 12, 13 y 14, que ya es el último día que ellos deciden apresarme porque, según el delegado del MININT en Santiago de Cuba, Julián, dice que él tenía orden del ministro, supongo que sea del ministro del Interior, de que yo tenía que ser detenido", dijo en entrevista con la periodista Ivette Pacheco, de Radio Martí.

Domínguez de la Rosa, quien fuera liberado en agosto tras más de cinco meses en "calidad de detenido", sin presentación de cargos, explicó a Radio Martí que la petición fiscal, que le fuera entregada por su abogado el pasado viernes, esta llena de agravantes falsos.

"Se me llevó a la prisión, nunca me dijeron de qué yo estaba acusado. A los cuatro meses es que aparece un instructor y me dice que yo estoy acusado de desorden público. Yo estuve cinco meses y veinte días preso. Yo salí el 3 de agosto con fianza".

Cargos a autor de vídeos enfrentamiento vecinos y militares en Santiago de Cuba
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"¿Qué ahora pasa?", se pregunta Yoennis Domínguez, "que el delito que ellos habían acordado conmigo, no lo hicieron. Ahora me acusan a mí como que yo cogí a esa masa de personas que están ahí en los videos y que los llevé allí, a ese lugar, y que los incité a que les tiraran piedras a los policías".

Del "delito" inicial de desorden público del cual supuestamente se le acusaba, a la lista y la gravedad de los delitos que oficialmente se le imputan a De la Rosa existe una considerable distancia.

"Yo recibí mi petición fiscal el viernes: autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público, sanción conjunta, nueve años. Han puesto cosas en mi petición falsas, ponen que yo en el 2014 cumplí ocho meses de privación de libertad y yo nunca he estado preso, Eso es para buscar más agravantes para que el tribunal me juzgue con más severidad".

El 10 de febrero de 2020, vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba y fuerzas combinadas del Ministerio del Interior se enfrentaron tras un intento de linchamiento al ciudadano acusado de violar a una niña de 8 años. Las imágenes más difundidas de este suceso fueron grabadas y publicadas por Domínguez de la Rosa.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

EEUU aplica sanciones a empresa cubana para reducir la capacidad represiva del régimen

Michael Pompeo, Secretario de Estado de EEUU. (MANDEL NGAN / AFP)

El gobierno de Estados Unidos impuso este lunes sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen comunista.

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía American International Services (AIS), la cual "se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos en la isla".

Pompeo dijo que la empresa AIS genera ingresos que son usados por el gobierno cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela.

"Esta acción va reducir la capacidad del régimen cubano de reprimir a su propio pueblo", afirmó en Twitter el secretario de Estado de Estados Unidos.

"El presidente Trump ha dejado claro que apoya al pueblo cubano en su larga lucha por la libertad y contra el régimen comunista de La Habana. La adición de AIS a la Lista de propiedades cubanas restringidas contribuye al objetivo del gobierno de evitar que los militares cubanos controlen y se beneficien del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano", precisó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa aparte.

AIS es una compañía manejada por los militares cubanos mediante CIMEX-Panamá que permite el envío de divisas para la compra en las tiendas en dólares en Cuba, pero solo permite extracciones en cajeros automáticos en CUC y CUP.

Este sábado, FINCIMEX, brazo financiero de CIMEX bajo control del conglomerado militar GAESA, denunció un presunto fraude desde Estados Unidos con el envío de divisas a las tarjetas AIS.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones con el mismo fin de reducir los fondos que reciben las fuerzas militares cubanas por medio de sus empresas, particularmente en el sector del turismo.

Dichos cambios restringen el alojamiento de viajeros estadounidenses en propiedades del gobierno cubano, la importación de productos alcohólicos y de tabaco de origen cubano, organizar encuentros o conferencias profesionales en Cuba y asistir a ellas.

Funcionaria comunista lidera campaña de descrédito contra médico cubano

Cirujanos del Hospital Erenesto Guevara de Las Tunas.

El doctor Alexander Raúl Pupo Cruz denuncia que es víctima de una campaña en redes sociales para desacreditarlo en lo profesional y lo moral, encabezada por la jefa del núcleo del Partido Comunista del hospital Ernesto Guevara de la Serna en Las Tunas.

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El médico fue expulsado el pasado jueves de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, y suspendido de la Sala de Neurología de este hospital donde ejercía como médico residente tras criticar en su perfil de Facebook las condiciones de trabajo que padecen de los galenos en la isla.

El amonestado está desafiando a la directora de servicios de Neurología, la doctora Lissett Ponce de León, para que presente las pruebas sobre esta alegaciones sin fundamento alguno.

“Usted con sus patrañas y acusaciones infundadas, solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan segura está de mi mal trabajo como residente y como médico la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles, demuestre que alguna organización me paga por hablar, demuestre que tengo malas relaciones con mi padre, demuestre que no atiendo a mi niña, demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea”, concluyó Alexander.

Según el galeno esto es otra prueba concreta del monopolio absoluto sobre las ideas que pretenden los comunistas en la isla.

“Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder, dudo que alguien la siga por devoción, usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano”, afirmó el médico.

Pupo Casas reitera que este intento por destruirlo moralmente no impedirá que siga expresando sus opiniones libremente, sin importarle el costo.

“A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad, esta no se compra; se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora, dentro o fuera del país, y jamás he violado los principios éticos de la Medicina, como demostré frente a la comisión el jueves pasado", declaró Alexander.

Este domingo, la plataforma No Somos Desertores convocó un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina expulsado José Carlos Santos.

Los CDR son un cuerpo "parapolicial" de vigilancia, recuerdan opositoras

Caldosa en La Habana para los CDR

Creados por Fidel Castro el 28 de septiembre de 1960 para seguir a nivel de cuadra los movimientos de cada ciudadano cubano, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo "parapolicial" de vigilancia.

Para algunos, los CDR son un ente en desuso que para los cubanos importa poco ya. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el régimen cubano por aquello de que "son los ojos del gobierno en el interior de cada casa".

Yoani Sánchez, directora del diario independiente 14ymedio, en su podcast Ventana 14, dice que a los CDR "los pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo", refiriéndose a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos y recolectas de materia prima.

"Pero, en realidad, señoras y señores" explica Yoani Sánchez, "los CDR son una organización "parapolicial", de vigilancia, que se dedica a escudriñar en los barrios pàra detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema".

Yoani Sánchez y Marta Beatriz Roque opinan sobre los 60 años de los CDR
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De acuerdo a la opinión de la periodista independiente, "detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle".

Recientemente, le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos Gerardo Hernández. La economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, exprisionera política con una larga trayectoria como opositora al régimen de la isla, opinó al respecto:

"Están tratando de volver a activar los CDR, algo que considero bastante difícil. El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR porque la gente está cansada, tremendamente cansada de esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando qué tienen en la jaba. Bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la jaba, pero investigan para comprarlo", señaló.

OCDH: "Inconcebible" que Cuba se postule a Consejo DDHH ONU sin respetar unos 16 tratados internacionales

Patrullas de la policía bloquean el acceso al Malecón, en La Habana, durante el toque de queda establecido por el repunte de coronavirus. (YAMIL LAGE / AFP)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó este lunes de "inconcebible" que Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos "sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales".

Un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuestiona "la poca implicación jurídica" del Estado cubano en el Derecho Internacional y en su ordenamiento interno, según Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

Cires mencionó, sobre todo, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron firmados en 2008, "pero, transcurridos más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlos, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno [de la isla] a sus prerrogativas".

OCDH rechaza postulación de Cuba a Consejo DDHH ONU
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La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye además a las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico.

Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada por Cuba en 1995. "No obstante, 25 años después, La Habana no reconoce la competencia del Comité contra la Tortura, para recibir y examinar comunicaciones de otros Estados partes y posibles víctimas que aleguen incumplimientos o violaciones de la convención".

Esto significa, según Cires, que su ratificación fue "una mera formalidad", lo que "propicia la impunidad" del régimen cubano.

El OCDH considera "preocupante" que La Habana no haya ratificado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.

"En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas", explica el documento.

Otros convenios no ratificados por La Habana son la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apátridas, la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la legislación nacional, el OCDH recuerda que la propia Constitución de la República prima sobre los tratados internacionales. Además señala la falta de independencia del poder judicial, supeditado al Partido Comunista, un código penal que establece "medidas predelictivas", así como leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación.

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