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Venezuela

Denuncian ante OEA aumento de tortura en Venezuela

Instituto CASLA de Praga presenta informe sobre Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.

La tortura "se ha incrementado" en Venezuela, donde el primer trimestre de este año ha sido "el más duro y cruel", denunció este miércoles la abogada venezolana disidente Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga, ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La tortura no ha cesado, al contrario, se ha incrementado por el desespero de Maduro de que siente que pierde el control", aseguró Suju en una rueda de prensa junto al secretario de la OEA, Luis Almagro, y en la que participó de forma remota un exfuncionario de la Inteligencia militar venezolana.

Suju, que reside como exiliada política en la República Checa desde 2014 y que está acusada en Venezuela de "traición a la patria" y de "desestabilización", aseguró que el Instituto CASLA "ha documentado en dos meses 40 nuevos casos de tortura, dentro de los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares", y al menos ochos muertos.

CASLA es un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo y que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos a responsables del Gobierno de Maduro.

"La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad han marcado este casi primer trimestre del 2019 como el más duro y cruel en su alcance", apuntó la letrada, quien que en noviembre pasado ya advirtió ante la OEA de que hasta esa fecha habían documentado 106 casos de tortura en ese país.

Según Suju, su organización se basa para contabilizar esos casos en los testimonios y fotografías aportados por los familiares de las presuntas víctimas a la hora de elaborar sus estadísticas.

La abogada alertó de que los casos detectados son masivos en el contexto de conflictividad en Venezuela, y citó como ejemplo las 690 detenciones contabilizadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ocurridas durante un día.

Además, aseguró que las ocho muertes registradas por CASLA corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría de jóvenes, denunciadas por sus propios parientes.

"Las denuncias se multiplican con la detención arbitraria de familiares de oficiales disidentes, madres y padres, cuyos hogares han sido brutalmente allanados y a los que detienen para que aparezcan sus hijos", agregó Suju, quien afirmó que cinco de estos casos corresponden a familiares de militares que cruzaron la frontera hacia Colombia.

La letrada también advirtió de la "pública y notoria actuación de los paramilitares armados", en alusión a los denominados "colectivos" vinculados al chavismo.

Almagro, por su parte, lamentó que, a pesar de los avances en la legislación internacional en el hemisferio, se siga utilizando la tortura no solo como instrumento de castigo y fuente de inteligencia, sino que se haya expandido.

Almagro: Cuba lleva años interviniendo en Venezuela

"La aplicación de la tortura en Venezuela y también en otros casos no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados", subrayó Almagro, quien denunció que "el régimen cubano lleva años interviniendo en los asuntos internos" del país petrolero.

Sobre las presuntas torturas cometidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el teniente Ronald Alirio Dugarte, quien se identificó como exfuncionario de esa unidad, expuso en una videoconferencia vía Skype desde un lugar que no precisó el supuesto trato que reciben los detenidos en una sede en Caracas.

"No me había imaginado ver tantas atrocidades inhumanas como las que viven los prisiones", relató el exmilitar, vestido con un uniforme de la Aviación.

El relato del exoficial estuvo acompañado de vídeos que dijo que había grabado de forma oculta durante su estadía en el DGCIM, en los que se observan presuntos detenidos entre ellos, uno que identificó como el coronel Jhonny Mejías Laya.

No obstante, admitió que nunca pudo ingresar "en el área donde torturaban a los prisioneros", la cual describió como "restringida" y a la que tenía acceso "personal autorizado".

(EFE)

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Militares retirados confirman presencia cubana en gobierno venezolano

Nicolás Maduro en una reunión con militares en junio 2020.

Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman la presencia de funcionarios cubanos en la estructura del gobieno de Nicolás Maduro.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, los militares aseguraron que la presencia isleña está en muchos organismos del país.

Confirman presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Maduro
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Además de las Fuerza Armadas, "hay ingerencia en organizaciones donde se lleva el control de las comunicaciones, los registros públicos, y las notarías", aseguró el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt.

Todo eso es "grave y se hace muy difícil la vida en un país que cada día enfrenta una realidad mucho más compleja por la problemática socio económica en que se está viviendo", agregó.

El general Miguel Aparicio, también retirado, señaló que "el control de Venezuela por parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez".

Aparicio recordó que el difunto "Chávez puso el país completo, como si fuera un país esclavo, bajo las órdenes del castrocomunismo".

"Ahora ellos (en referencia a Cuba) son los que dirigen la política militar, la parte estratégica, la parte táctica", subrayó.

"Maduro es un títere del régimen cubano que ya se apoderó de todo el control de la sociedad civil", concluyó el general retirado.

(Con reporte de Pedro Corzo para Radio Martí)

Inhabilitan a Guaidó, no podrá ejercer cargos públicos en Venezuela

Juan Guaidó habla durante una conferencia de prensa. AP/ Ariana Cubillos

La medida se extiende también a otros 27 diputados en el exilio. Los señalados recuerdan que no reconocen la legitimidad del Contralor General del país, pero opinan que estas sanciones lastrarán el eventual regreso de la oposición a la vía electoral.

MARACAIBO, VENEZUELA. - El Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo.

Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.

Detalló que la decisión abarca “el período máximo previsto en el decreto contra la corrupción”, es decir, 15 años, hasta el año 2036. Según el funcionario, los legisladores “se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente” y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.

Además de Guaidó, la lista de políticos venezolanos inhabilitados incluye a Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.

También, están incluidos los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Américo De Grazia, otro de los inhabilitados, que reside en Italia, considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, luego que el madurismo lo obligara al exilio, le despojara de su emisora radial y su pasaporte, le dictara auto de detención e, incluso, le golpeara -cuenta- en no menos de cuatro oportunidades.

“Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América. El legislador dijo comprender a sus colegas que, al residir en Venezuela, deban rendir cuentas o entregar reportes de sus finanzas personales a instituciones como Amoroso, a quien llama “usurpador”.

Las inhabilitaciones se conocen en momentos cuando no pocos partidos de la oposición venezolana contemplan la posibilidad de participar en las elecciones regionales de este año, en contra de la opinión de Guaidó.

Ocurren, asimismo, días luego de que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, excandidatos presidenciales, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y que abandonó Venezuela rumbo a España en octubre de 2020.

Autoridad "Usurpada"

Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.

“Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter. Un comunicado de su despacho resaltó posteriormente que las “supuestas inhabilitaciones” a Guaidó suman más de 60 años de sentencias “sin valor práctico”.

La contraloría general ya había sancionado a Guaidó en marzo de 2019 y lo había inhabilitado por 15 años por presuntas “inconsistencias” entre su nivel de ingresos y su nivel de gastos, en referencia a sus viajes al exterior desde 2015.

“Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela”, rezó el texto divulgado por sus colaboradores.

Ismael García, uno de los inhabilitados, recordó que la oposición y la comunidad internacional no reconocen a Amoroso como funcionario legítimo debido a su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria en 2018 no se consultó en referendo popular.

Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto”
Ismael García, diputado inhabilitado

“El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos, nulos”, declaró a la VOA desde su exilio en Costa Rica.

García consideró que las sanciones nacen del “chantaje, la intimidación y la persecución” del madurismo, y advirtió que hacen flaco favor a las eventuales negociaciones de alto nivel que pudiera haber para zanjar la crisis venezolana.

“Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto. En la práctica, no ganaría ninguna elección con alguna condición o garantía”, remarca.

Tras reprochar la “conducta moral” y el pasado político de Amoroso, García estimó que la inhabilitación más notoria en Venezuela es la crisis en sí misma, marcada por la hiperinflación, la escasez y las complicaciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. “Tenemos a un pueblo inhabilitado”, dijo.

Amoroso, en su conferencia de prensa, pidió a la comunidad internacional “respeto y consideración” a sus decisiones. “Estos ciudadanos no se han ajustado a derecho”, justificó el funcionario madurista.

Guanipa, primer vicepresidente de la directiva parlamentaria de 2020, dijo en Twitter que le tenía “sin cuidado” lo que Maduro y “sus cómplices” hicieran para sancionarle. “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, indicó.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y dirigente de la oposición asilado en España, llamó a Amoroso “sicario de un régimen ilegítimo” y estimó que una inhabilitación de su parte no debe considerarse como un castigo, sino un honor.

Embajador de EEUU en Venezuela informa de reunión con líderes de la oposición y la sociedad civil

El embajador de EEUU en Venezuela, James Story.

El embajador de Estados Unidos en Venezuela James “Jimmy” Story elogió en Twitter la iniciativa del gobierno interino de Juan Guaidó y su delegación presidencial de realizar reuniones de líderes políticos, actores de la sociedad civil y del sector privado para dar a conocer una visión unitaria de sus soluciones a altos funcionarios de EEUU.

El diputado del partido gobernante Jorge Rodríguez reaccionó diciendo que “tenemos a alguien escuchando todo. Seguiremos informando. Y nosotros, el pueblo de Venezuela, quienes estamos del lado correcto de la historia, el de la libertad, la independencia y la soberanía, Venceremos!!”.

“Jimmy” Story, también por medio de Twitter, invitó a Rodríguez a su programa del jueves, Aló Embajador, para conversar. Dijo además que “le complace ver que el régimen finalmente estará escuchando a actores políticos, el sector privado y la sociedad civil que opinan diferente; nos gustaría ver una conferencia similar en Venezuela, donde los participantes no terminen encarcelados por expresar su opinión y la verdad”.

Agregó el funcionario de la administración Biden que mientras “el régimen intenta dividir al pueblo venezolano, representantes del gobierno interino se mantienen firmes en el trabajo conjunto para devolver la democracia y el respeto por los derechos humanos a Venezuela. El pueblo venezolano se mantiene fuerte”.

UE impone sanciones a 19 venezolanos por comicios de diciembre

Parlamento de la Unión Europea en plena sesión, diciembre 2020

La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre que, según el bloque, estaban amañadas a favor del presidente Nicolás Maduro.

Los aliados de Maduro ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue desautorizada por Estados Unidos y vista en Occidente como una forma para que el presidente tomara el control de la única instancia de poder que aún no estaba en sus manos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaron las sanciones el lunes, elevando a 55 el número total de venezolanos incluidos en la lista negra del bloque.

En Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las nuevas sanciones.

"Señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables, como reacción ante la frustración de un grupo de estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión", agregó Arreaza en el comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.

Al igual que Estados Unidos, la UE ha intensificado las sanciones contra Maduro en los últimos dos años, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa, aunque las medidas aún no han logrado su objetivo declarado de provocar nuevas elecciones presidenciales.

"Las personas agregadas a la lista son responsables (...) de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales", dijo la UE en un comunicado.

Entre los sancionados se encuentran dos legisladores de lo que la UE llamó la Asamblea Nacional elegida no democráticamente: Bernabé Gutiérrez y José Brito, que fueran de partidos de la oposición y son vistos como cercanos al gobierno.

La UE también sancionó a Omar Prieto, gobernador del petrolero estado Zulia; a Remigio Ceballos Ichaso, jefe del comando operativo de las Fuerzas Armadas, y a tres funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos su presidenta, Indira Alfonzo.

Las nuevas prohibiciones de viaje y congelación de activos también se dirigieron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y marcaron un endurecimiento de su enfoque de sanciones al apuntar a líderes políticos que se describen a sí mismos como miembros de la oposición, pero que se consideran aliados de Maduro.

Una gran parte de países occidentales acusa a Maduro de abusos contra los derechos humanos, socavar la democracia y avivar la hiperinflación que ha arrastrado a la nación andina productora de petróleo hacia el colapso económico.

Maduro dice que la situación económica de Venezuela es el resultado de las sanciones de Estados Unidos, que han paralizado las exportaciones de petróleo y le han impedido importar combustible.

“Falta mucho por decir”: activistas venezolanos sobre informe de relatora de la ONU

Alena Douhan, Relatora Especial de ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos (Foto Reuters).

Con la etiqueta #Lacrisisfueprimero, diversas organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en redes sociales tras la presentación del informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan.

Al cierre de su visita a Venezuela, la relatora concluyó que las sanciones impuestas contra Venezuela han tenido un “efecto devastador” e instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar dichas sanciones.

Consultada por la Voz de América, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a madres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, manifestó que es importante que se evidencie “claramente la situación preexistente” de la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud.

“La inseguridad alimentaria que sufre la población, en especial la que nosotros atendemos que es la más vulnerable, que son los que están hospitalizados, los niños que tienen patologías crónicas, que están a la espera de un trasplante, las mujeres cuidadoras que están al pie de la cama, que realmente sufren en carne propia el impacto de esta emergencia que desde el 2014 de una manera multidimensional afecta su vida”, dice Martínez.

A su juicio, aunque la relatora especifica la “grave situación” que vive el país, el informe no establece las causas reales y considera que “falta mucho por decir”.

“Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones y esperamos el informe definitivo que va a presentar en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos”, afirmó la directora de Prepara Familia.

Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otras instancias que deben visitar Venezuela, según el compromiso del Estado y que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos.

“Estamos a la espera de las relatorías con la cuales se comprometió el Estado en invitar con la señora Bachelet en junio de 2019 y que después fueron ratificadas en septiembre de 2019, como son el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, la Relatora sobre el derecho a la alimentación, el relator sobre el derecho a toda persona al disfrute al mas alto nivel posible de salud física y mental, el relator de torturas y la relatora sobre Pueblos Indígenas”, puntualizó.

La defensora de derechos humanos destacó que “la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos que están compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo pueden asesorar, investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”.

En tanto, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) también expresó “preocupación” por lo que calificó de lenguaje “poco contundente” utilizado por la relatora y, aunque admiten que las sanciones afectan a la población, consideran necesario que en un próximo informe se aborde la situación desde “el verdadero origen” de la emergencia humanitaria compleja, pues subraya que es consecuencia de “políticas de desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho”, así como de “montos de corrupción únicos en el mundo”.

“Reconocemos el efecto de sanciones sectoriales en la crisis que vive Venezuela y apoyamos la solicitud de @ONU_es y @CIDH, que se alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en respuesta a las necesidades de la población”, señala la organización en un mensaje en Twitter.

Luego, agrega: “el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia adentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades”.

El presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno ha actuado para “mitigar el impacto brutal” de las sanciones.

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