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Cuba

Cuba vive la peor escasez de alimentos de los últimos 30 años, dice The Economist

Una cola para comprar aceite en Alamar. Tomado de Antonio Enrique González Rojas.

Cuba se enfrenta a su peor escasez de alimentos desde la década de 1990, asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist y señala a los errores del gobierno comunista y la escasez de dólares como los culpables de esta crisis.

“Los cubanos siempre han sido ingeniosos, pero ahora tenemos que ser magos y acróbatas" dijo a esta revista Ana, la propietaria de un restaurante privado que cultiva parte de los alimentos que ofrece.

The Economist reconoce que aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto "casi imposible".

El semanario inglés expone las numerosas dificultades que enfrentan los cubanos a diario para conseguir alimentos porque "las tiendas de comestibles están vacías" y los precios de los productos en Internet o el mercado negro son "prohibitivamente altos".

The Economist menciona que los agricultores ya no quieren vender los productos que cultivan porque necesitan consumirlos ellos mismos.

"El gobierno culpa de la escasez de alimentos principalmente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, sanciones que, el 24 de junio, la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar, como lo ha hecho casi todos los años desde 1992. Pero desde 2001 las sanciones han eximido los alimentos", recuerda la publicación fundada en 1843.

"De hecho, Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba, aunque el año pasado esas importaciones estuvieron en su nivel más bajo desde 2002", recalca el artículo.

La gente hace fila frente a una sucursal bancaria en La Habana. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
La gente hace fila frente a una sucursal bancaria en La Habana. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

La revista dice que el régimen está "tratando desesperadamente de ganar dólares y prescindir de bienes importados" que los cubanos ya no pueden comprar dólares en las casas de cambio operadas por el estado o en los aeropuertos. También menciona que desde febrero, en un intento desesperado por recolectar divisas, el gobierno ha exigido que los extranjeros y cubanos que residen en el exterior que paguen en dólares su estadía obligatoria de siete días en un hotel de cuarentena de propiedad estatal y que los sitios de comercio electrónico propiedad del Estado buscan que los cubanos en el exterior paguen en dólares o euros la comida y los bienes de consumo para los que están en Cuba.

"Muchos cubanos en el extranjero están tratando de ayudar a sus familiares a evitar el hambre enviando sus propios paquetes. Pero incluso estos se han vuelto más difíciles y costosos de publicar. Los productos de Estados Unidos que antes tardaban dos semanas en entregarse ahora pueden tardar hasta cuatro meses en llegar, ya que la escasez de combustible y camiones en Cuba dificultan el tramo final de la entrega".

The Economist califica de "fallidas" medidas tomadas por el gobierno cubano como la de cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepaga cargada de dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implica una tarifa extra.

Esta medida en lugar de estabilizar la economía, es probable que tenga un efecto contrario.

Policías controlan a los ciudadanos que se aglomeran por la necesidad de conseguir alimentos en La Habana, Cuba
Policías controlan a los ciudadanos que se aglomeran por la necesidad de conseguir alimentos en La Habana, Cuba

Como han dicho otros expertos, el semanario considera que el ultimátum del Club de París a la deuda de Cuba puede ayudar a explicar el deseo del gobierno de absorber billetes verdes urgentemente.

El régimen es incapaz de impulsar la producción agrícola o atraer inversores extranjeros: "Las empresas que producen alimentos en Cuba solo ganan pesos, que tienen poco valor internacionalmente, pero deben comprar casi todos sus insumos en el exterior en moneda extranjera. El gobierno exige que los agricultores vendan su cosecha al estado a precios no competitivos e impone reglas draconianas sobre el manejo del ganado".

La revista destaca el descontento popular ante la crisis y dice que la mejor manera de remediarlo sería implementar más y mayores reformas económicas, a un ritmo más rápido, comenzando por las granjas y las pequeñas empresas.

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Condenan en juicio sumario a activista de UNPACU a un año de trabajo correccional sin internamiento

Raiza Alcántara Benavides (Foto: Cortesía de Juana María Santos)

La activista Raiza Alcántara Benavides fue sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana.

Alcántara Benavides dijo a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito, donde le imputaron el cargo de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero pasado, delito que niega haber cometido.

El 13 de diciembre, Alcántara tendrá que presentarse ante el juez de Ejecución, según un documento que le fue entregado en el juicio.

Documento que le fue entregado en el juicio a la acusada. (Cortesía Raiza Alcántara)
Documento que le fue entregado en el juicio a la acusada. (Cortesía Raiza Alcántara)

La acusada no tuvo tiempo de contratar a un abogado debido a la rapidez con la que procedieron las autoridades. "Yo fui la que me defendí... Que yo, en ningún momento, lo ofendí a él", explicó.

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Ahoras antes, su madre, Xiomara Benavides, dijo a Radio Martí que Alcántara fue citada y detenida el lunes por un hecho ocurrido en febrero, donde la policía golpeó a familiares de vendedores en el municipio San Miguel del Padrón.

“Mi hija está en este momento en el Tribunal. Ayer la soltaron, supuestamente, dicen ellos, porque estaban mal hechos los papeles”, dijo Benavides. “Ya ella estaba en el VIVAC (centro de detenciones) para llevarla para la prisión del Guatao y, entonces, el jefe de la prisión no estuvo de acuerdo y la mandó para atrás”.

Según Benavides, su hija fue puesta en libertad en la noche del martes, y advertida de que debía presentarse este miércoles, a primera hora, en el Tribunal, porque “dicen que ayer, por la noche, llegaron los papeles del Tribunal. No es fácil, ¡qué rápido trabajan entonces!”, ironizó la mujer.

 A juicio activista de UNPACU en La Habana
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Xiomara Benavides explicó que la acusación contra la activista “proviene de un operativo (policial) que hubo en (el barrio de) La Cuevita, en la “Feria de La Candonga”, el 2 de febrero de este año. Entraron con un operativo y cogieron a los ilegales y les entraron a golpes, como si fueran unos perros".

Añadió que los policías les estaban "entrando a golpes a mi sobrino, a su mamá y a su otra hermana y, entonces, cuando Raiza entra, ella se manifiesta sobre los derechos humanos y les dice ‘No, porque ustedes los policías son unos esbirros’. El teniente Ivandry Álvarez […] le dice a mi hija: ‘Te voy a meter presa y te voy a desaparecer’, y le hizo papeles de desacato”, relató la mujer.

De acuerdo con Benavides, ni ella ni su hija se acordaban de dicho incidente, y por eso la activista se presentó en la unidad policial, y “cuando llega allí, al momento la detienen y la ponen en la patrulla. Se la llevaron directamente para la Oncena (unidad de policía) sin decir nada de que está circulada por el Tribunal, porque aquí nunca llegó citación, jamás”, concluyó Benavides.

Raiza Alcántara Benavides, de 35 años, es activista de la célula "Por una Cuba Libre" de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana. Es madre de 5 hijos, 4 de ellos menores de edad.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Coordinadora de Justicia 11J Camila Rodríguez parte al exilio forzoso bajo presiones del régimen

Camila Rodríguez al frente de una manifestación pacífica en Cuba. (Foto: Twitter/@interpuellas)

El nombre de Camila Rodríguez, activista y miembro del grupo Justicia 11J, se une a la ya larga lista de opositores cubanos que se han visto obligados a acudir al exilio debido a las presiones y el hostigamiento del régimen cubano, muchos de ellos en meses recientes.

Rodríguez, que en los primeros días de diciembre viajó a Europa, aunque sin especificar a qué país, explicó su salida y los porqués a través de un hilo en su cuenta de Twitter en el cual asegura haber partido de Cuba “convencida de que no hay otro camino que el de cumplir la responsabilidad de devolver a su hogar a todos aquellos que fueron detenidos” durante las manifestaciones populares que sacudieron la isla.


La activista que, fuera detenida en enero de este año junto a los familiares de los prisioneros del 11J que eran juzgados en el Tribunal de 10 de Octubre, permaneció casi un mes sitiada en el interior de su hogar y, pese al acoso de la policía política cubana, no dejó de apoyar a los presos políticos y sus familiares.

Según declaró en una entrevista al portal digital independiente Diario de Cuba, debido a las amenazas, tomó la decisión de intentar pasar desapercibida por un tiempo. “Bajar mi perfil, trabajar anónimamente y hacerles pensar que me había ‘quitado’. Fue la única manera de asegurar que podía seguir trabajando”, dijo.

Rodríguez, graduada de Filología en la Universidad de La Habana en 2014, subrayó que su compromiso con la libertad de los presos políticos, junto al apoyo y asesoramiento a sus familiares, continuarán siendo el centro de su actividad en el exilio.

Por su parte, el equipo de asistencia a los presos por razones políticas Justicia 11J, señaló en Twitter que continúan y continuarán trabajando en función de los prisioneros políticos cubanos, “y acompañando a las familias en el terreno, aún cuando nuestro equipo principal permanece fuera del país”.

La escritora María Matienzo y su pareja, la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, activistas ambas y miembros de ese “equipo principal” mencionado por Justicia 11J, se encuentran residiendo en Argentina desde el pasado agosto, tras dos años encerradas en su vivienda en La Habana, cercadas por las fuerzas represivas del régimen comunista cubano.

Ambas activistas lograron salir de la isla con el apoyo de instituciones internacionales como CADAL, organización internacional que vela por el respeto a los derechos humanos, aunque, señalan, no consideran definitiva su salida de Cuba, sino un distanciamiento imprescindible para su recuperación física y psicológica.

Grupos políticos latinoamericanos denuncian la protección de la Unión Europea a Cuba

Algunos participantes en el foro ECR-Eurolat. (Foto: Frente Hemisférico por la Libertad)

El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea (UE) al régimen de La Habana.

Invitados por el diputado de VOX Hermann Tertsch, estuvo en la reunión, entre otros, el exdiputado costarricense Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin.

“Se demuestra con los más de 35 mil millones de dólares que le ha dado Rusia a Cuba a lo largo de los años, y como tal el régimen de los Castro ha sido el articulador político de los rusos para el resto de Latinoamérica”, dijo Dolanescu.

“Todo lo qué pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. Y cuando hablo de izquierda meto también algunos partidos de izquierda costarricenses que responden al Foro de Sao Paulo, que sabemos cuáles partidos fueron a representar a Costa Rica en ese foro”, recalcó.

El exsenador de México, René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos:

“La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la Isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76 por ciento de la deuda. Hace dos años, 8.500 millones de euros donados, es decir regalados a la dictadura y todavía en este año se les ha otorgado millones de euros en diversos programas, contraviniendo los propios lineamientos que tiene la Unión Europea”.

La reunión entre diputados europeos y organizaciones políticas latinoamericanas se celebró en el marco de un foro, dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Eurolat, una iniciativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región.

Esto “se ha visto refrendado a partir de las protestas ciudadanas del 11 de julio del 2021 y producto de este movimiento social tan importante, hay 1.300 presos políticos, por el hecho solo de manifestarse”, dijo Bolio.

“¿Qué hace la dictadura con este dinero? No lo usa para comida, no lo usa para combustibles, no lo usa para medicinas. ¿En que los usa? En la compra de equipos para represión, patrullas, escudos, macanas y una serie de elementos para reprimir a la población cubana”, añadió el jurista mexicano.

En la misma línea, el diputado del Parlamento de República Dominicana, Elías Wessin, indicó que “la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse indefinidamente en el poder”.

“En Iberoamérica nos estamos jugando el futuro de la libertad de todo Occidente”, subrayó Tertsch y denunció “la complicidad” del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, con la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel.

Criminalización de derechos civiles en nuevo Código Penal cubano, en la mirilla del OCDH

Yaxys Cires, director de Estrategia de Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). (Foto: OCB/ Roberto Koltun/Archivo)

El aumento a 24 de los considerados “delitos” a los que se puede aplicar la pena de muerte en el nuevo Código Penal cubano, que entrara en vigor el 1 de diciembre, continúa recibiendo las críticas y el rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización con sede en Madrid, España, condenó este martes la remodelación de dicho Código, que restringe aún más las ya limitadas posibilidades de los cubanos de ejercer sus derechos civiles.

“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”, expresó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, en una nota de prensa publicada este martes.


En declaraciones a Radio Martí, Cires se refirió también al endurecimiento de este nuevo Código, que penaliza con severos castigos el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución de la República, lo cual deja la definición de “delito” a la interpretación intencionada de quienes ostentan el poder en la isla.

OCDH rechaza nuevo Código Penal cubano
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“El propio código condena a penas que pueden llegar hasta a 10 años a aquellos ciudadanos que ejerzan derechos, incluso, reconocidos en la propia Constitución. También persigue determinadas formas de expresión de descontento ciudadano, acogiéndose al derecho a manifestación, a la libertad de expresión, por ejemplo. Estas acciones de los ciudadanos, incluso cívicas, son condenadas incluso cabiendo penas de prisión”, apuntó Cires.

“Estamos denunciando esto porque, en realidad, lo que está haciendo el Estado cubano es dotándose de más instrumentos para acallar, perseguir, reprimir, en especial, aquellas nuevas formas de manifestación de ese descontento ciudadano por el fracaso político, económico y social del propio régimen”, concluyó.

Por su parte, la nota de prensa publicada por el OCDH hace énfasis en la criminalización, que el código Penal institucionaliza, de la colaboración, en todos los sentidos, de instituciones extranjeras con la sociedad civil cubana.

“También se criminaliza y establece una condena de hasta 10 años de prisión contra las actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal (142), lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la ONU a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano”, señaló el OCDH.

La organización concluye que, con este nuevo Código Penal, el régimen cubano persigue el ejercicio cívico de cualquier derecho político.

(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)

Acoso constante, hambre y enfermedad: la prisión es un calvario para los manifestantes del 11J

Hora de la visita familiar en una prisión cubana. (Adalberto Roque/AFP/Archivo)

Manifestantes condenados por su participación en las protestas populares del 11J sobreviven en medio de las precarias condiciones de las prisiones cubanas y el acoso de sus carceleros, denunciaron este martes sus familiares a Radio Televisión Martí.

Este lunes fue la visita, en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, del preso Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por su participación en las protestas en Palma Soriano.

La visita duró 30 minutos porque, precisamente, el lunes fue el cumpleaños 48 del preso político, dijo su padre, Jorge García Lujo.

“Las condiciones están muy malas en Boniato. Los presos están pasando hambre… y la falta de medicinas. Estamos esperando a ver, que el mundo reclame la libertad de toda esa gente que están presas injustamente”, señaló.

Familiares denuncian pésimas condiciones de encarcelamiento de presos del 11J
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"La falta de alimentos que hay en la prisión… Da lástima ver a los presos como están flacos. En este mundo tiene que haber algún día justicia; eso es una injusticia lo que hay aquí, en Cuba. Es un crimen, una injusticia (…) en las prisiones”, recalcó el padre de García García.

Los maltratos, por órdenes de la Seguridad del Estado, continúan contra Juan Enrique Pérez Sánchez, sentenciado a ocho años de cárcel en el penal de Quivicán, en Mayabeque, afirmó su esposa, Dayana Aranda Batista.

“Lo último que pasó con él fue que le robaron todas sus pertenencias; todas desaparecieron. A él, que es del 11J, para él allí no hay medicamentos. Ya fui a 15 y K [Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior] y puse una queja para ver si pasa algo [ante el] ensañamiento con Juan Enrique”, explicó su esposa.

A pesar del acoso al que es sometido, el preso político sigue firme con sus ideas, “él no cambia”, aseguró.

También este lunes, se demoró la llamada telefónica semanal que realiza el preso del 11J, Ángel Jesús Veliz Marcano y, cuando ocurrió, se realizó en presencia de un oficial del penal.


El joven cumple seis años de condena en la cárcel de mayor rigor de Kilo-8, en la ciudad de Camagüey, donde permanece en celda de castigo, aislado, y sufre de hipertensión arterial con solo 27 años de edad, dijo su madre, Ailex Marcano.

“Me han enfermado a mi hijo, él no está normalmente, en su estado de salud mental. Por supuesto, en las circunstancias en que él se encuentra, ya a tanto tiempo, ya hoy hace un mes y 17 días [que lo tienen aislado], yo temo que no hijo este coaccionado, que mi hijo este torturado sicológicamente para que él diga lo que ellos deseen”, denunció Marcano.

La mujer responsabilizó a las autoridades con lo que pueda suceder a su hijo.
“Se está jugando con la vida y la salud de mi hijo. Yo hago responsable a la Seguridad del Estado, que es quien dirige toda la maniobra que utilizan con mi hijo”, advirtió su madre.

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