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América Latina

Cuba, entre regímenes autoritarios de las Américas, según informe global (VIDEO)

Agentes de civil, armados con palos, se dirigen a reprimir una protesta pacífica en La Habana, durante un apagón el 30 de septiembre de 2022.

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de “regímenes autoritarios” de las Américas, según el Estado Global de la Democracia 2022, que detalla un clima generalizado de retrocesos en todo el mundo.

En el caso de Cuba, se observó en 2022 “un grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta”, explicó María Ángeles Morales, analista del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

“Hemos visto, desde hace algunos meses, cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. También se intensifica la voz de quienes se manifiestan no solo contra la pobreza, sino contra la falta de atención adecuada ante fenómenos naturales”, añadió Morales en entrevista con Radio Televisión Martí.

IDEA observa “grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta” en Cuba
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IDEA, con sede en Estocolmo, advierte de problemas graves en El Salvador, que “podría convertirse en el futuro en un régimen híbrido o autoritario”, y llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. Afirma que “tres de cada siete” países en retroceso se encuentran en las Américas, “lo que apunta a instituciones debilitadas”.


En cuanto a Estados Unidos, el estudio habla de “declive desde 2016”, especialmente en cuestiones como la “independencia judicial”.

Morales también mencionó “las acciones del 6 de enero de 2021” y el “retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos”.

El informe asegura que “la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones”.

Incluso en Europa, “casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos cinco años”. En Asia-Pacífico, “el autoritarismo se solidifica” y “solo el 54% de la población vive en una democracia”. Mientras tanto, en África, países como Gambia, Níger y Zambia “están mejorando su calidad democrática”.

“Globalmente, vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un deterioro que, en muchos casos, tiene que ver con el descontento y cómo este ha sido atendido por los gobiernos y las instituciones”, concluyó Morales.

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Nicaragua: 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes por "conspiración"

El Obispo Rolando Alvarez en una pancarta con el Papa Francisco. (Foto AP/Inti Ocon, Archivo).

Un juez nicaragüense condenó el lunes a 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes; dos seminaristas y un fotoperiodista por cargos de traición a la patria y propagación de noticias falsas, los mismos delitos que han sido imputados a críticos al presidente Daniel Ortega, denunció un organismo de derechos humanos local.

De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) las seis personas acompañaban al obispo Rolando Álvarez en la diócesis de Matagalpa, una ciudad al norte del país, cuando fueron detenidos y trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como el Chipote. Álvarez está a la espera de un juicio bajo los mismos cargos, aunque se encuentra bajo arresto domiciliar.

La Iglesia católica no ha hecho declaraciones tras la condena dictada por la justicia nicaragüense, señalada de estar controlada por Ortega, sin embargo el sacerdote Edwin Román, exiliado en Miami, escribió en Twitter que los sacerdotes fueron condenados de forma “injusta por la dictadura”.

“Mis hermanos sacerdotes encarcelados y condenados injustamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo… están viviendo en carne propia lo que los sacerdotes predicamos al pueblo de Dios: 'Resistid firmes en la fe'”, escribió el prelado.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), las seis personas condenadas también quedaron “inhabilitadas de por vida” para ejercer cargos públicos y de elección popular.

“Desde el Cenidh condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los derechos humanos”, agregó el organismo.

Nicaragua vive una crisis social y política desde el año 2018, cuando surgieron protestas contra el presidente Ortega, las cuales el mandatario catalogó de ser “un intento de golpe de Estado”.

Ortega ha acusado a la Iglesia católica de ser parte de ese plan, por lo que organismos de derechos humanos señalan que el mandatario ha empezado una cacería feroz contra los sacerdotes, quienes son considerados como el último bastión crítico al mandatario.

Foro Penal denuncia que existen en Venezuela 270 presos políticos

Vista general de El Helicoide, cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). (Photo by Federico PARRA/AFP).

La ONG Foro Penal afirmó este martes que en Venezuela hay 270 detenidos a los que considera presos políticos, cuatro menos en comparación con su recuento anterior, difundido el 17 de enero.

En el informe, publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares.

Asimismo, detalló que, del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.

Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 "detenciones políticas" desde 2014 y, además de los llamados presos políticos, "más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad".

El pasado 31 de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron al alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre los días 26 y 28 del mes pasado, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los derechos humanos que -denunciaron- sufren estos privados de libertad.

Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela "para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos", una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora.

Denuncian persecución por protestas en Venezuela: “a los líderes sindicales nos ponen contra la pared”

Gremios de diversos sectores salieron a las calles de Venezuela para reclamar salarios dignos el 23 de enero de 2023. (Álvaro Algarra, VOA).

El dirigente sindical venezolano Yuxcil Martínez llegó a inicios de semana a su casa y, según dijo en un audio que difundió a varios contactos, se encomendó a Dios, temiendo que lo detuvieran los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro tras su defensa de los derechos laborales en la empresa siderúrgica Sidor.

Específicamente, dijo esperar que la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo detuviera o que alguien atentara contra su vida. “No sé qué va a pasar de aquí a mañana (…) estos compañeros se afincaron en querer discutir conmigo”, añadió, narrando su jornada de discusión de acuerdos contractuales con representantes del Estado en Sidor.

Compartió su miedo luego de días de protestas para lograr mejoras laborales por parte de trabajadores del complejo siderúrgico, uno de los más grandes del mundo, pero que cuenta con cifras de inoperatividad que superaron el 90% de su capacidad instalada en 2022 y que estuvo completamente inactivo hace apenas tres años, de acuerdo con sus sindicatos.

Solo la mañana del jueves 12 de enero, la policía estatal detuvo a 18 trabajadores de Sidor y la empresa Bauxilium durante sus manifestaciones de calle en el estado Bolívar. Según fuentes citadas por el diario Tal Cual, los liberaron luego, pero de forma condicional.

Días antes de la denuncia de Martínez, otro trabajador de la empresa estatal eléctrica Corpoelec, Servio Gudiño, denunció en sus redes sociales que agentes de la DGCIM se apostaron fuera de su casa, fotografiándola. Aseguró que sus intenciones “no son buenas”.

“No soy ningún delincuente para que ellos estén actuando de esta manera, estoy claro en mi derecho”, dijo en un video que compartió. Gudiño participó el pasado 23 de enero en una concentración de trabajadores en Maracaibo para reclamar por sus bajos salarios.

Esta semana, denunció que Corpoelec lo despidió por presuntamente “brindar falsos testimonios” durante aquella jornada del 23 y faltar a su empleo para ir a la protesta.

En conversación con el diario El Pitazo, explicó que la DGCIM sí intentó detenerlo para “hacerle una entrevista” y que, al presentarse en el organismo de inteligencia, los funcionarios le aconsejaron expresar sus molestias por los “canales correspondientes”, advirtiéndole extraoficialmente sobre una inminente orden de arresto en su contra.

Se suman caos

Julio Marín, vocero sindical del estado occidental de Lara, denunció “atropello constante” en su residencia por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por cumplir con su “función” de defender los derechos de los trabajadores venezolanos.

También, 120 organizaciones civiles advirtieron de “persecución y amedrentamiento” contra el presidente del gremio de enfermeros del estado Carabobo, Julio García. Según indicaron, cinco agentes de inteligencia trataron de ingresar a su vivienda el pasado 20 de enero luego de su participación en múltiples manifestaciones para exigir mejores salarios.

Miles de empleados de instituciones públicas, especialmente educadores y trabajadores del sector salud, han manifestado desde los primeros días de enero para exigir mejoras salariales en las principales regiones, como la capital, Barinas, Zulia, Miranda y Lara.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron que, en ese contexto de conflictividad social, la policía científica detuvo arbitrariamente por varias horas a la docente universitaria María Fernanda Rodríguez, luego de que participara en una reunión en Caracas con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk.

A mediados de 2022, decenas de organizaciones civiles y sindicatos denunciaron una serie de “detenciones arbitrarias” de ocho defensores de los derechos humanos y laborales, y advirtieron que constituían “otro ataque a la libertad sindical” por parte del chavismo.

Uno de los casos incluyó el arresto de la esposa de José Castro, militante del partido opositor Bandera Roja y activista del sindicalismo venezolano, luego que los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado no pudieron detenerlo a él, denunciaron en conjunto.

Entonces, se reclamó la detención “arbitraria” de un segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los Derechos Humanos Laborales en Venezuela, Emilio Negrín. La primera ocurrió en 2021 contra el activista Javier Tarazona, aún detenido, precisaron.

Como ahora, aquellas organizaciones condenaron “una política gubernamental” para “neutralizar” a la disidencia trabajadora, que incluía despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios o prohibición de ingreso a sus empleos.

La llama sindical

Un experimentado líder sindical de Zulia, la región más poblada, contó a la Voz de América que el “hostigamiento” por parte de funcionarios del Estado venezolano debido a su participación en protestas y declaraciones públicas contra el gobierno es “permanente”.​

“Comienzan los funcionarios a seguirnos, con carros sin placas, van a las protestas, provocan a quienes los identifican. A los líderes sindicales nos ponen contra la pared”, manifiesta, bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.

Admite que los operativos sí hacen mella en algunos voceros. “Nuestras familias se preocupan. Unos dirigentes nos dicen: ‘en esta oportunidad no los acompaño (a protestar)’. Otros, que van a continuar. Tenemos las dos caras” de cómo reaccionan, dice.

Esta semana, hubo expectativas sobre eventuales mejoras contractuales que se alcanzarían en una mesa técnica entre delegados del Estado, empresarios y trabajadores con asesores de la Organización Internacional del Trabajo, en Nueva Esparta, en el oriente del país.

La reunión culminó sin lograrse el humo blanco entre las partes sobre asuntos como el salario mínimo mensual en Venezuela, mientras tres confederaciones de trabajadores denunciaban que el gobierno no hizo oferta alguna de montos o fecha a tratar el tema.

El delegado zuliano, sin embargo, dice notar lo mismo que otros voceros sindicales del sector educativo del centro del país apuntaron en días recientes a la VOA: que el actual conflicto los está unificando en una misma lucha, como no se había visto en años.

“La carencia es total y tiene que haber una respuesta. Hay ahorita una llama de una lucha sindical que tenía tiempo sin avivarse. El fracaso de la reunión (en Nueva Esparta) va a disparar las alarmas entre los sindicatos”, afirma, anticipando más protestas.

¿Quién es Maikel Moreno, el magistrado venezolano acusado de recibir sobornos en un tribunal de EEUU?

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas. (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo).

Maikel Moreno pasó de ser policía y escolta en su juventud a una de las figuras más influyentes del poder judicial venezolano. Es uno de los funcionarios públicos con mayores sanciones de gobiernos extranjeros, y tiene antecedentes penales.

Maikel Moreno, un magistrado venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares, es una figura pública de dos versiones: para el chavismo, es un abogado leal y diligente, mientras la oposición lo ve como una pieza política que facilita la violación del estado de derecho y la perpetuidad del oficialismo.

La Fiscalía Federal del sur de la Florida acusó el jueves pasado a Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entre 2017 y 2022, de conspirar para lavar capitales y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense en una nota.

De acuerdo con los documentos de la acusación, Moreno, de 57 años, tuvo “el poder de influir” con su autoridad en decisiones judiciales en su país mediante la designación de paneles de jueces en la Corte Suprema o removiendo jueces en tribunales menores.

La Fiscalía estadounidense alega que Moreno recibió entre 2014 y marzo de 2019 más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido acuerdos con instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.

Hace nueve años, antes de ser designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, “recibió un millón de dólares por transferencia a su cuenta bancaria personal en Miami de parte de un contratista venezolano”, afirma el Departamento de Justicia.

El caso en su contra incluye aseveraciones de que ayudó a sobreseer causas criminales y órdenes de captura para acusados en Venezuela, que acordó autorizar la toma judicial de una fábrica de automóviles de General Motors y que llevaba registros en un libro de los “millones de dólares” que habría recibido como sobornos a cambio de sus influencias.

Moreno nació en el estado oriental de Anzoátegui y fue policía del cuerpo de inteligencia del estado venezolano en su juventud, ejerciendo incluso como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con el portal de investigación venezolano Poderopedia.

Según reportajes especiales de la prensa en Venezuela y Estados Unidos, Moreno tuvo dos expedientes penales abiertos en su contra a finales de la década de 1980 por los asesinatos de dos hombres: uno en el estado sureño de Bolívar y otro en Caracas. Si bien estuvo detenido por uno de los casos, recibió beneficios procesales para quedar libre.

Casi una década después de aquella primera acusación, se graduó como abogado en la Universidad Santa María y, en 2014, logró un doctorado en derecho constitucional en 2014.

Una figura clave

Moreno, con más de 20 años de experiencia en el poder judicial, pasó a formar parte de la Corte Suprema de Venezuela con el apoyo mayoritario del chavismo en el Parlamento.

Según su hoja de vida publicada en el TSJ, dio sus primeros pasos en el poder judicial como alguacil en 1994, antes de ser asesor y consultor de la aerolínea privada Aeropostal, el Consejo Nacional Electoral y la policía del municipio central de Sucre.

Su experiencia como juez se desarrolló en tribunales de Caracas desde 2001, donde lideró casos de tenor político, como la condena contra el excomisario Iván Simonovis, un exasesor de inteligencia del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, exiliado.

En 2007, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, Moreno fue destituido como magistrado de la Corte de Apelaciones del circuito penal de Caracas por una decisión adoptada en el caso del asesinato de una abogada, cuyos responsables quedaron en libertad.

Años después, entre 2008 y 2010, ejerció como consejero y ministro consejero de las embajadas en Italia y Trinidad y Tobago, antes de su ascenso a la máxima corte.

Ya como magistrado, llegó a presidir la Sala Constitucional y sus sentencias incluyeron medidas contra las competencias y las decisiones del poder legislativo venezolano, que la oposición había ganado abrumadoramente en las elecciones de diciembre de 2015.

Uno de sus fallos, en 2017, concluyó que el TSJ asumiría las competencias de la Asamblea Nacional por presunto desacato de previas medidas judiciales.

Esa decisión generó críticas en figuras públicas asociadas con el chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reanimó las protestas de calle, así como las condenas de la comunidad internacional.

Sancionado y criticado

Moreno presidió por varios años el Tribunal Supremo de Justicia y hoy ejerce como líder de la Sala de Casación Penal. El chavismo, que ganó las votaciones legislativas de 2020 a pesar del veto opositor por presunta ilegalidad, lo reeligió como magistrado el año pasado.

Es uno de los funcionarios públicos de Venezuela con más sanciones internacionales sobre sus hombros. Estados Unidos, la Unión Europea y países como Ucrania, Noruega y Canadá lo han sancionado por presuntamente ayudar a socavar la democracia, violar derechos humanos y respaldar la represión contra manifestantes antichavistas.​

El magistrado también tuvo un rol político clave en la crisis política que inició en 2019 entre acusaciones de usurpación de la Presidencia contra Nicolás Maduro: juramentó al mandatario chavista como tal, ante la resistencia de hacerlo por parte del Parlamento, y respaldó las acusaciones legales contra Guaidó.

Exfuncionarios y asesores del expresidente estadounidense Donald Trump señalaron a Moreno como una de las figuras asociadas con el chavismo que habrían dado su visto bueno a la salida de Maduro del poder en las vísperas del fallido y débil golpe de Estado de abril de 2019, si bien el magistrado venezolano negó toda vinculación con esos planes.

Un año más tarde, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera capturar o enjuiciar a Moreno y su esposa por corrupción y vinculación con el crimen organizado. La oferta sigue vigente.

Acusaciones graves

Dirigentes del chavismo lo han descrito como un abogado respetuoso de las leyes, leal a los principios de la paz y la democracia, si bien la oposición lo señala como el responsable de las decisiones judiciales anticonstitucionales que han sostenido en el poder al madurismo.

José Vicente Carrasquero, politólogo venezolano, precisa que el antichavismo lo ve como una figura judicial clave que ha demostrado “fidelidad” a los intereses del oficialismo y dice creer que, si las instituciones venezolanas fueran “decentes”, estuviera siendo investigado por las graves acusaciones de corrupción en su contra en Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, el Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Moreno por los crímenes que la semana pasada actualizó ante la corte de la Florida. Según esas denuncias, los presuntos sobornos que recibió los invirtió en comprar y renovar inmuebles en Italia, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.

El poder judicial estadounidense precisó recientemente que los dos cargos que enfrenta por conspiración para lavar capitales suponen un máximo de 20 años cada uno, mientras que el par de acusaciones por vinculación con transacciones en propiedades derivadas del crimen incluye penas máximas de 10 años.

En Venezuela, una amenaza a las Organizaciones No Gubernamentales

Una maestra en Caracas exige mejor salario y mayores beneficios, el 30 de enero de 2023. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela aseguraron este lunes que enfrentan la "mayor amenaza" a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional, impulsado por la contundente mayoría oficialista.

El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, "rechaza de manera contundente" esta "maqueta legislativa", al considerar que representa "la mayor amenaza registrada en el país" contra su existencia y contra "el accionar libre e independiente" de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

"El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG", dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (entidad de Naciones Unidas) expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero.

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

La agrupación de las doce ONG cree que la iniciativa parlamentaria "no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente" de la sociedad civil y actores humanitarios.

"Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas", remarca el escrito.

De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a "un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo", en el que deberán presentar requisitos "exageradamente intrusivos".

El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG "realizar actividades políticas" y "promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones" del Estado.

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